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Empresarios «trinan»: rechazan proyecto de ley para expropiar mercaderías y penar hasta con prisión a comerciantes

Carlos-de-la-Vega-CACEjecutivos de negocios, representados por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Carlos de la Vega, irán esta semana al Congreso para reclamar por las modificaciones propuestas a las leyes que sancionan o multan a empresas por incumplimientos.

De la Vega y sus asesores se presentarán este martes en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside la radical Patricia De Ferrari, para plantear enfáticamente su rechazo a las iniciativas que impulsan un legisladores y cuestionarán los proyectos del oficialismo por tildarlos de «contradictorios».

Las normas hoy permiten «un plazo razonable para que el empresario se defienda, si es acusado por un inspector de la Secretaría de Comercio o de alguna provincia. Ese plazo, con las modificaciones planteadas para formular toda la defensa, se reduce a un día en algunos de los proyectos», aseguró De la Vega.

El titular de la CAC se mostró muy preocupado de que se aprueben las propuestas impulsadas por los diputados oficialistas Héctor Recalde y Juan Cabandié, que pretenden, por ejemplo, el cierre inmediato -y por un plazo de 48 horas- de locales que incumplan con la Ley de Lealtad Comercial.

«Se aumentan las penas, incluso hasta empresarios o comerciantes pueden ir a prisión, y se autoriza a los inspectores a clausurar negocios», enfatizó De la Vega. Y agregó que, en este casos, se admite la reincidencia (al contrario del proyecto del Código Penal) y se agravan las sanciones.

«Realmente es una falta de coherencia total en estos legisladores», agregó.

¿Qué dicen las iniciativas?
El proyecto de Cabandié implica modificar el artículo 19 de la Ley 22.802 (de Lealtad Comercial) para ampliar las sanciones contra los negocios en infracción. Y ratifica la posibilidad (que ya existe en la normativa vigente) para disponer el «decomiso de la mercadería en infracción».

También indica que se podrá «clausurar provisionalmente un establecimiento, a efectos de hacer cesar la conducta que infrinja las normas establecidas en la presente ley y normas reglamentarias o asegurar la prueba para la verificación de dicha infracción».

De aprobarse, bastará con la decisión del inspector para imponer el cierre del comercio en el acto. «De ser necesario, el funcionario actuante podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y al solo efecto de asegurar el procedimiento administrativo de comprobación de la infracción», agrega la iniciativa.

Por otro lado, aclara que la medida podrá ser apelada a través de un recurso a presentarse en un plazo no mayor a los cinco días.

Además, duplica los montos de las multas para aquellos comerciantes que sean sancionados más de una vez en menos de tres años, o que se hayan resistido a la clausura de su comercio.

En caso de que la autoridad de aplicación (la Secretaría de Comercio), tras analizar el caso, considere que es necesario, podrá «bajar las persianas» del punto de venta hasta 10 días y proceder al decomiso de la mercadería.

En tanto, Recalde presentó un proyecto de ley para modificar las leyes de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor con el fin de «cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios».

El legislador oficialista señaló que en su propuesta «se facilita el ejercicio de las facultades para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías».

Al respecto, explicó que «para ello se da homogeneidad a los aspectos procesales de las tres leyes, se reducen los plazos, se fija la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las Provincias, se actualizan las multas y se prevé su actualización mediante la aplicación de la fórmula de la movilidad jubilatoria».

Por otra parte, apuntó que «la parte que recurre a la Justicia deberá acreditar el cumplimiento previo (solve et repete) caso contrario la Justicia no se abocará, quedando firme la sanción».

La variante que propone Recalde es fijar la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las cámaras federales en las provincias.

Leyes vigentes
El Estado tiene como herramientas disponibles para evitar los abusos la Ley de Lealtad Comercial y la de Defensa al Consumidor, que le permiten avanzar con las investigaciones y considerar la aplicación de sanciones ante las diferentes infracciones.

La primera plantea que el que infringiere sus disposiciones será sancionado con multas de hasta $500.000 y los importes de las multas ingresarán al Presupuesto general de la Nación en concepto de rentas generales. Además, transcurridos diez días de recibida la respectiva intimación, la falta de pago hará exigible su cobro mediante ejecución fiscal.

En tanto, la Ley de Defensa al Consumidor plantea que, verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido tendrán sanciones de hasta $5 millones, con la posibilidad de clausurar el establecimiento o suspender el servicio afectado por un plazo de hasta 30 días.

A comienzos del año legislativo, la presidenta Cristina Kirchner había anticipado que enviaría al Congreso un paquete de proyectos de ley para regular los monopolios, los oligopolios e intervenir en las cadenas de valor, fijar un «precio justo» y así defender el derecho de los usuarios y consumidores contra lo que considera que son abusos en la suba de los precios.

Para la mandataria, se daría así «cumplimiento por primera vez al artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores».

Ese artículo dice que «los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de (…) sus intereses económicos» y faculta al Gobierno a la protección de esos derechos «contra toda forma de distorsión de los mercados» y «al control de los monopolios».

Fuente: Infobae Profesional

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