La publicación cursada a modo de intimación extrajudicial en el BO no es válida para suspender el plazo a la luz del ordenamiento tributario.

int-548453Partes: Dirección de Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Cordoba Ricardo Jose del Valle s/ recurso de apelación exped. interior (Civil)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Fecha: 30-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85735-AR | MJJ85735 | MJJ85735

La publicación cursada a modo de intimación extrajudicial en el Boletín Oficial no es válida para suspender el plazo a la luz del ordenamiento tributario.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 98. inc. b) del Código Tributario Provincial, y en consecuencia, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado, teniendo en cuenta que la publicación cursada a modo de intimación extrajudicial en el Boletín Oficial no es válida para suspender el plazo a la luz del ordenamiento tributario, en tanto éste reconoce tal modalidad con carácter subsidiario, es decir, una vez agotadas que fueran las posibilidades de realizarlo por los otros modos previstos en los incisos a, b y c del art. 54 Ley 6.006 T.O. Dto. Nº 270.

2.-La publicación de edictos está diseñada para suplir la frustración de los otros medios de notificación, citación o intimación de pago que se erigen como principales, lo que no ocurre cuando se invocan genéricamente inconvenientes en la recepción de intimaciones extrajudiciales de pago sin que se haya comprobado tal dificultad.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a los treinta días del mes de abril de dos mil catorce, se reunió la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Novena Nominación, integrada por los Dres. Jorge Eduardo Arrambide, Verónica Martínez de Petrazzini y María Mónica Puga de Juncos, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados «DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Contra CORDOBA Ricardo Jose Del Valle-RECURSO DE APELACIÓN EXPED. INTERIOR (Civil) (Expte. N° 2157474/36)», venidos en virtud del recurso de apelación interpuesto por el procurador del fisco de la Provincia de Córdoba, Dr. Armando Isaac Arroyo, en contra de la sentencia número doscientos setenta y nueve de fecha nueve de abril de dos mil ocho, dictada por el señor Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia, oficina Ejec. Fiscales de la Ciudad de Carlos Paz, Dr. Germán Almeida, que en su parte resolutiva dispuso:»I) Declarar la inconstitucionalidad del art. 98. inc. b) del Código Tributario Provincial, y en consecuencia, hacer lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado Ricardo José del Valle Córdoba y rechazar en todas sus partes la presente demanda ejecutiva.- II) Costas al actor vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. Perazolo Susana Beatriz, en la suma de pesos un mil ciento sesenta y siete ($ 1.167).- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-«-

El Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1.- ¿Resulta procedente el recurso intentado?

2.- En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley se fija el orden de la votación en la siguiente forma: Dra. María Mónica Puga de Juncos, Dra. Verónica Martínez de Petrazzini y Dr. Jorge Eduardo Arrambide.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA.

LA DRA. MARÍA MÓNICA PUGA DE JUNCOS, DIJO:

I).- Contra la Sentencia número doscientos setenta y nueve de fecha nueve de abril de dos mil ocho, interpuso el Dr.Armando Isaac Arroyo, en su carácter de procurador del Fisco de la provincia de Córdoba recurso de apelación (fojas 45), el que fue concedido por el a quo (fojas 49). Radicados los autos en esta Sede, expresa agravios (fojas 60/63 vuelta.) y son confutados por el demandado (fojas 70/72). El Sr. Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales evacua el traslado que le fuera corrido respecto de la inconstitucionalidad planteada en los términos que se leen a fojas 76/78 vuelta. Dictado y consentido el proveído de autos, queda la causa en estado de estudio y resolución.

II).- El apelante reseña los antecedentes de la causa y expresa que la sentencia puesta en crisis carece de fundamentación lógica y legal. Sostiene que en función de la normativa específica que regula la materia, el caso que nos ocupa presenta un plazo de prescripción de seis años, contados a partir del primero de enero de 1999, por lo que su cómputo se interrumpió con la interposición de la demanda de fecha 30/XII/2004. Señala que en materia tributaria corresponde aplicar las previsiones establecidas por el Código Tributario Provincial, en cuanto dichas normas responden a las características que califican a esta clase de obligaciones y a la realidad de los hechos, lo que autoriza su primacía respecto de la ley de fondo. Señala que el artículo 97 inc. b) del referido Código establece un plazo de prescripción de cinco años para promover acción judicial a los fines del cobro de la deuda tributaria, el cual debe computarse según lo prescripto en su artículo 98. Destaca que el artículo 99 del CTP establece los actos que producirán la suspensión del curso de la prescripción, indicándose específicamente en el apartado b) del artículo 97 el supuesto de intimación administrativa de pago de la deuda tributaria, hasta un año después de notificada.Aduce que dicha intimación administrativa fue oportunamente realizada por la Dirección General de Rentas mediante publicación en el Boletín Oficial, cuya copia certificada luce agregada a fojas 30/34 de autos. Agrega que el contribuyente omitió el cumplimiento de los «deberes formales de los contribuyentes responsables y terceros» enumerados en el título quinto de la ley Nº 6006. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Solicita que se haga lugar al recurso interpuesto, con costas. Plantea Reserva del Caso Federal.

III).- Corrido el traslado a la contraria en los términos del art. 372 del C.P.C. es evacuado por la Dra. Susana Beatriz Perazolo, en su carácter de apoderada del demandado (70/72). Pide que se declare su improcedencia con costas. –

IV).- Corrido traslado al Sr. Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales, éste lo evacua en los términos que se leen a fojas 76/78 vuelta de los presentes. Afirma que la simple lectura del expediente permite concluir que mas allá de que se aplique la normativa dispuesta por el art. 98 inc. b del Código Tributrario o el inc. 3 del art. 4027 del Código Civil, los períodos fiscales reclamados se encuentran prescriptos. Entiende que el derecho de la demandada se encuentra debidamente resguardado, sin la necesidad de propugnar la inconstitucionalidad del dispositivo opugnado.

V).- Respecto del primer motivo de agravio relativo a la improcedencia de la inconstitucionalidad del art. 98 inc. b del CTP (108 inc. b en Ley 6006, T.O. Dto. 574/2012), debemos decir que en principio este resulta abstracto desde que aun computando los plazos de prescripción conforme lo dispone la norma en crisis, igualmente la totalidad de los distintos periodos fiscales reclamados se encontrarían prescriptos.-

De ello se deriva que no existe para el apelante agravio en ese punto. Aunque la situación podría variar si se le asigna un efecto suspensivo a la notificación por edictos pues de entenderse, como se pretende, que tenga tal efecto recobraría importancia la validez constitucional de la forma de cómputo prevista en la normativa tributaria.De tal manera corresponde analizar primero la procedencia del segundo motivo de agravio. Sin perjuicio de ello, aclaramos que la defendida constitucionalidad de la norma que invoca la apelante, y que apoya en jurisprudencia que cita tanto de las Cámaras Civiles como del Tribunal Superior de Justicia, ha quedado revocada por la de la CSJN. En efecto, esta Alzada ya se expidió respecto a un planteo de inconstitucionalidad del art. 98 inc. b del Código Tributario Provincial en los autos «DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CORONEL, MARCELO FABIÁN – Presentación Múltiple Fiscal – Recurso de Apelación (Expte. N° 1193534/36)» (Sentencia nº 82 del 27/09/11). En esa oportunidad sostuvimos unánimemente la inconstitucionalidad del artículo 98, inciso b del Código Tributario Provincial, criterio que mantenemos. Y esto es así desde que -como se dijo- la cuestión ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (01/11/2011) revocando la decisión del Tribunal Superior de Justicia en la causa «Fisco c/ Ullate» (F. 391. XLVI).

VI).- En función de ello, corresponde considerar la eficacia suspensiva de la notificación o intimación extrajudicial formulada el día 13/XII/2002 (fojas 33), por la que el Fisco pretende haber suspendido por un año el plazo de vencimiento de la prescripción. Insistimos, que el punto es crucial en la suerte del recurso, puesto que en función de esta intimación es que la actora considera que la acción entablada el 30/XII/2004 ha sido en tiempo y forma para interrumpir el plazo de prescripción. –

En este sentido debemos precisar que la publicación cursada a modo de intimación extrajudicial en el Boletín Oficial no es válida a la luz del ordenamiento tributario, en tanto éste reconoce tal modalidad con carácter subsidiario, es decir, una vez agotadas que fueran las posibilidades de realizarlo por los otros modos previstos en los incisos a, b y c del art. 54 Ley 6.006 T.O. Dto. Nº 270.En efecto, este instrumento (publicación de edictos) está diseñado para suplir la frustración de los otros medios de notificación, citación o intimación de pago que se erigen como principales, lo que no ocurre cuando se invocan genéricamente inconvenientes en la recepción de intimaciones extrajudiciales de pago sin que se haya comprobado tal dificultad.–

El apelante, pretende endilgar culpas a la ejecutada por no haber mantenido actualizado su domicilio. Pero lo cierto es que nada de ello acreditó. Sólo acompaña una impresión de pantalla de la que surge que se habría emitido un «aviso-Comunicación» el día 08/XI/2002 (fojas 32), pero ello no tiene ninguna validez probatoria para considerar realizada la intimación prevista en el CTP.–

Cabe decir que efectivamente la norma en cuestión, si bien establece la opción de notificación por publicación edictal en el B.O. lo hace en forma subsidiaria y frente a la eventualidad de dificultades que imposibiliten la intimación a través de las otras formas de notificación, más idóneas y al domicilio fiscal del contribuyente. Por ende, no constituye una opción más a favor del acreedor, como sí la constituye la enumeración que en forma de incisos (a./c.) efectúa el art. 54 Ley 6006 mencionado. Si así fuera, también por una correcta técnica legislativa, integraría ese orden. Por el contrario, el párrafo que autoriza la publicación está colocado en forma extrovertida a la enumeración, a continuación de ella, justamente porque importa un supuesto subsidiario frente a la imposibilidad. Por lo tanto, corresponde considerar que esa notificación es inválida a los fines de la suspensión del plazo de prescripción que pretende la actora.-

Por lo antedicho, el recurso merece rechazarse.

LA DRA. VERÓNICA F. MARTÍNEZ DE PETRAZZINI, DIJO:

Adhiero a los fundamentos expuestos por la Dra. María Mónica Puga de Juncos, por lo que comparto la conclusión a la que arriba.

EL DR. JORGE EDUARDO ARRAMBIDE, DIJO:Comparto la solución propiciada por la Vocal del primer voto, por lo que me expide en consecuencia en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

LA DRA. MARÍA MÓNICA PUGA DE JUNCOS, DIJO:

De con formidad con lo expuesto al considerar la primera cuestión, corresponde: 1) Rechazar el recurso y confirmar el pronunciamiento de primera instancia en todo cuanto fue cuestionado; 2) Las costas entiendo que deben imponerse al apelante vencido (art. 130 CPCC); 3) Los honorarios de la Dra. Susana Beatriz Perazolo se habrán de regular en el treinta y cinco por ciento del mínimo de la escala que corresponda en atención a lo que ha sido materia del recurso, con respeto del mínimo legal equivalente a ocho jus (art. 40 CA). No regular honorarios al letrado de la actora Dr. Armando Isaac Arroyo en virtud de lo dispuesto por el artículo 26, CA (a contrario sensu).

LA DRA. VERÓNICA F. MARTÍNEZ DE PETRAZZINI, DIJO:

Comparto lo expresado por la Vocal que me precede en voto. Adhiero a la solución brindada al caso.

EL DR. JORGE EDUARDO ARRAMBIDE, DIJO:

Comparto la solución propiciada por la Vocal del primer voto, votando en consecuencia en idéntico sentido.

Por todo ello y disposiciones citadas.

SE RESUELVE: I).- Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en todo cuanto fue motivo de impugnación.

II).- Imponer las costas a la apelante vencida.

III).- Regular los honorarios de la Dra. Susana Beatriz Perazolo en el treinta y cinco por ciento del mínimo de la escala que corresponda en atención a lo que ha sido materia del recurso, con respeto del mínimo legal equivalente a ocho jus (art. 40 CA). No regular honorarios al letrado de la actora Dr. Armando Isaac Arroyo en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 CA (a contrario sensu).

Protocolícese, hágase saber y dése copia.

 

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