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La falta de registración y falta de pago, justifican el despido indirecto

shutterstock_104383127Partes: Pizarro Diego Germán c/ IACO S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 10-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85546-AR | MJJ85546 | MJJ85546

Legitimidad del despido indirecto ante la falta de registro de la relación y pago de remuneraciones adeudadas.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda pues, el incumplimiento del empleador de las obligaciones que le impone la Ley de Contrato de Trabajo, tales como la registración del contrato de trabajo, el pago de las remuneraciones en las condiciones y plazos que establece la ley y el deber de ocupación, constituyen injuria suficiente que habilita la ruptura de la relación laboral en los términos del artículo 242 del mismo cuerpo legal y justifica el despido indirecto dispuesto por el trabajador.

2.-La firma accionada reconoce la falta de registración del actor, pero se la atribuye a él por no entregar la documentación pertinente para ello, lo que no es ajustado a derecho, toda vez que el empleador debió registrar al trabajador desde el inicio de la relación laboral, y tal documentación la debió requerir con antelación a la misma.

3.-Dentro de las obligaciones previstas por el Régimen del Contrato de Trabajo se encuentra la carga de consignar las extensión del horario laboral por aplicación de lo normado en el art. 6 de la ley 11544 y art. 52, inc. g) de la LCT, porque sólo de esta manera se permite la exacta evaluación de las obligaciones a cargo del empleador, entre ellas el débito salarial.

4.-Si la demandada no exhibe al perito contador constancia alguna que permita confirmar la extensión de la jornada cumplida por el actor, cabe concluir que el accionante ha probado indirectamente el presupuesto de hecho de su pretensión, si frente a la presunción que opera a favor de sus afirmaciones, el empleador no ha producido prueba alguna que permita determinar lo contrario.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, DANTE CARLOS GRANADOS, Conjuez de la Excma. Sexta Cámara del Trabajo, me constituyo en Sala Unipersonal a los efectos de dictar sentencia definitiva en los autos N° 17.545, caratulados «PIZARRO, DIEGO GERMÁN C/ IACO S.A. P/ DESPIDO», de los que;

RESULTA:

a) A fs. 10/12 comparece la parte actora, Sr. Diego Germán Pizarro ante el Tribunal, por medio de apoderado, e interpone formal demanda contra la firma IACO S.A. por la suma de $12.655,61, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más sus intereses legales tasa activa por los rubros mencionados en su liquidación de fs. 11.

Expresa que la actora ingresó a trabajar bajo las órdenes de la demandada para fecha 20/10/2006, cumpliendo funciones de Cocinero, categoría que se encuadra dentro del CCT 389/04, laborando jornadas completas superiores a las establecidas por ley, detalla las sumas percibidas durante la relación laboral y agrega que no se encontraba registrado en libros de ley.

Indica que la demandada le entregaba a su mandante recibos donde contaban únicamente el monto y la fecha de pago, lo que no cumplían con los requisitos legales, lo que motivara reiterados reclamos a fin de que se le abonara el sueldo en su totalidad, las horas extras y el sueldo conforme convenio, a lo que nunca obtuvo respuesta positiva.

Manifiesta que la demandada incumplía con la legislación laboral vigente y no daba respuesta positiva a sus reclamos verbales y con el fin de que se le regularizara su situación, es que el Sr.Pizarro le remite en fecha 09/03/2007, CD N° 852988096, donde emplaza en el término de 30 días a su registración, y emplaza a que se le abonen diferencias de sueldo, SAC y el sueldo del mes de febrero 2007, bajo apercibimiento de considerarse despedido.

Dice que la demandada pese a no cumplir con sus obligaciones como empleadora, le remite a su mandante en fecha 12/03, CD N° 851553022, en la cual expresa que atento a las faltas sin aviso de los día 01, 02, 03 y 05 de marzo de 2007, lo intima a presentarse a trabajar munido de la documentación que le fuera requerida y que ocasionare apercibimiento de clausura de establecimiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Salud a raíz de su incumplimiento, mediante acta N° 70695 de fecha 08/02/2007 por falta de certificado de manipulación de alimentos, bajo apercibimiento de tenerlo por despedido por abandono de trabajo y rechaza las cartas documentos por improcedentes.

Señala que siendo totalmente inexacto lo expuesto por la demandada en su CD es que el Sr. Pizarro le envía en fecha 14 de marzo nueva CD N° 8515560139, donde rechaza la recibida, niega haberse ausentado, expone que en realidad se le negó ocupación efectiva. Manifiesta que como es de conocimiento de la demandada que debe presentarse el 27/03/2007 ante la autoridad competente para que se le entregue el certificado de manipulación de alimentos. Concluye que habiendo rechazado los emplazamientos cursados por su parte y negándose ante los mismos a registrarlo y abonarle los rubros reclamados, se considera injuriado y despedido; y emplaza a que se le abone lo adeudado y liquidación final conforme despido incausado y se le haga entrega de la certificación de servicios y remuneraciones bajo apercibimiento de accionar.

Aduce que dado que la empresa no le entregó la certificación de servicios y remuneraciones en fecha 04/05, envía a la demandada nueva CD N° 863854400 mediante la cual emplaza en 48 hs.se le haba entrega de la misma bajo apercibimiento de accionar según ley 25.345. Aclara que la demandada jamás dio cumplimiento a dicho emplazamiento.

Liquida el reclamo, ofrece prueba, funda en derecho y solicita se haga lugar a la demanda instaurada en todas sus partes, con más sus intereses legales y costas.

b) A fs. 14 se dispone correr traslado de la demanda, la que es notificada conforme constancias de fs. 15.

c) A fs. 21/24 vta. comparece la parte demandada, IACO S.A., por medio de representante, contesta demanda y solicita su rechazo.

Formula negativa genérica respecto de los hechos.

En particular, niega: adeudarle la suma de pesos 15.655,61 al Sr. Pizarro; que el actor trabajara jornadas completas; que trabajara jornadas superiores a las establecidas por el CCT 389/04, que el actor formulara reiterados reclamos a fin de que se le abonara un sueldo distinto al percibido; horas extras por no realizarlas; no cumplir con la legislación vigente; reclamos verbales del actor; que el actor se haya ausentado de su lugar y funciones de trabajo con aviso; que se le haya negado ocupación efectiva; que el contenido de la carta documento del actor sea veraz; que la empresa deba entregarle al actor certificación de servicios toda vez que el mismo abandona su trabajo; diferencias de sueldo y las impugna; asimismo niega e impugna: la liquidación; que por media jornada el sueldo básico del actor sea el practicado en la liquidación; y cada uno de los rubros de la liquidación practicada.

Dice que la verdad de los hechos es que el Sr. Pizarro comenzó a trabajar en IACO S.A.a finales de octubre de 2006, en el negocio gastronómico de la demandada, cumpliendo la función de cocinero, por media jornada, sin cumplir horas extras, cobrando exactamente lo que debía abonarse por la cantidad de horas que el mismo cumplía.

Argumenta que el actor fue intimado en un primer momento a traer toda la documentación necesaria para su inscripción en los libros de ley, sin tener respuesta favorable alguna, sólo promesas por parte del actor.

Relata que no es cierto que el actor cumpliera con asistencia perfecta puesto que se caracterizaba por faltar y llegar tarde al horario que le estaba asignado.

Aduce que la demandada le solicitaba al actor la documentación para ser registrado conforme a derecho, pero él contestaba que no le convenía y dilataba la entrega de la documentación de referencia e incluso poniendo en peligro la continuidad del funcionamiento correcto del establecimiento con su proceder irresponsable y temerario lo que demuestra la aventura procesal que hoy intenta, burlando el principio de buena fe.

Señala que el actor intenta cobrar jornada completa, cuando ni siquiera cumplía con la media jornada que el mismo debía cumplir.

Asegura que el actor mandó su primera carta documento con fecha 09/03/2007; y que se le pagó el mes de febrero directamente al actor, sin recibo.

Refiere que el actor realizó abandono de trabajo, porque trabajó como bailarín en la fiesta de la vendimia Acto Central, mientras que abandonaba su puesto de trabajo en la época de mayor turismo para la providencia, produciendo un daño irreparable a la empresa y a sus compañeros que debieron quedar recargados de trabajo.

Exclama que es infundado el despido indirecto porque no se efectúa registración por exclusiva culpa del empleado, por lo que no corresponde ninguno de los rubros reclamados por el actor.

Reitera la impugnación a la liquidación con argumentos de hecho y derecho, ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda con costas.

d) A fs.26 se dispone correr traslado de la contestación de demanda, la que es notificada conforme constancias de fs. 27.

e) A fs. 30 y vta. se dicta el auto de admisión y sustanciación de pruebas.

A fs. 42/45 obra la pericia contable.

A fs. 63 obra informe del Correo Argentino.

A fs. 88 se fija fecha para la audiencia de la vista de la causa.

A fs. 95 obra acta donde consta la unipersonalización de la causa, la conformidad de los comparecientes, la celebración de la audiencia de la vista de la causa, absolución de posiciones en rebeldía de la demandada, absolución de posiciones de la parte actora, la declaración del testigo compareciente, los alegatos de la parte demandante y el llamamiento de autos para SENTENCIA.

Se tratan las siguientes cuestiones a resolver en Sala Unipersonal del Tribunal (Ley N° 7062).

PRIMERA CUESTIÓN: EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL.

SEGUNDA CUESTIÓN: RUBROS PROCEDENTES E INTERESES.

TERCERA CUESTIÓN: COSTAS.

CONSIDERANDO:

A LA PRIMERA CUESTIÓN DIGO:

1.1.) Relación Laboral – Categoría – Jornada de trabajo:

El vínculo laboral, la categoría profesional del trabajador, la fecha de ingreso no son hechos controvertidos ya que la demandada expresamente los reconoce en su responde. (arts. 45, 46, 54 y 108 del C.P.L. y 168 inc. 1º y 4° del C.P.C.).

En cambio, si se halla discutida la jornada de trabajo, mientras que la parte actora sostiene que laboraba jornada completa, la demandada sustenta que sólo lo hacía por media jornada; lo que constituye en la litis extremos legales cuyo peso probatorio recae prima facie sobre la parte actora; actori incumbit probatio, reus excipiendo fit actor. (arts.54 y 55 C.P.L).

Sin embargo, existe inversión de la carga probatoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 55 del C.P.L., que expresa que incumbirá al empleador la prueba contraria a las afirmaciones del trabajador, cuando exista obligación de llevar los libros, registros o planillas especiales, y a requerimiento judicial no se los exhiba o cuando no reúna las condiciones legales o reglamentarias.

Al analizar las pruebas producidas en la causa; observo que el perito contador informa que ha solicitado en reiteradas oportunidades los libros de sueldos de la empresa demandada y a la fecha de presentación de la pericia no le han sido aportados para su compulsa; y en consecuencia ha efectuado la misma con las constancias de autos y la página web de AFIP -conforme se observa en el link de fs. 42-.

De la prueba instrumental, destaco que no se refiere el intercambio epistolar a la jornada de trabajo del actor, es más éste ni siquiera la indica expresamente al solicitar su registración; solamente se podría considerar que reclamaba la registración por jornada completa, si se considera el reclamo de diferencias salariales que efectúa en su primer telegrama ley 23.789, de fecha 09-03-2007 , TCL 69853566, CD 852988096.

En cuanto a la prueba testimonial del Sr. Waldo Julio César Arias, quien previo juramento, señaló que no se encuentra comprendido en las generales de la ley (Art. 198, inc.II y III del C.P.C.); declaró que sabe que el actor trabajaba a la mañana y a la tarde, porque iba a cobrarle -al actor-, por los labores para él efectuados en su oficio de electricista del automotor, tanto a la mañana como a la tarde, en el Restaurante Tito -que con dicho nombre conoce al establecimiento de la firma demandada-. También expresa que no sabe si trabajaba todos los días, ni el tiempo -jornada- en que lo hacía.

La declaración testimonial no tiene suficiente convicción como para corroborar la extensión concreta de la jornada laboral efectuada por el actor, ya que el solo hecho de verlo en un determinado lugar, en diferentes horarios y de manera ocasional, no puede dar certeza de la extensión horaria.

En cuanto a la confesional de la parte actora, resulta necesario aclarar que el actor contestó siempre por la negativa, la absolución de posiciones ofrecida por la demandada, cuyo pliego se encuentra inserto a fs. 24; destaco la respuesta negativa a la cuarta posición: «Para que jure como es verdad que trabajaba media jornada», y su aclaración: Trabajaba todo el día.

A los efectos de esclarecer el hecho controvertido tengo presente que el art. 55 del C.P.L., establece a cargo del empleador la prueba contraria a las afirmaciones del trabajador cuando el obrero reclama el cumplimiento de las prestaciones impuestas por ley, como sería la jornada laboral, el pago de las horas efectivamente laboradas, la registración, el pago del sueldo y del SAC, o cuando exista la obligación de llevar libros, registros o planillas especiales y a requerimiento judicial no los exhiba o cuando se cuestione el monto de las remuneraciones, situación que se concreta en autos.Que por la Resolución N° 316/92 y sus modificatorias, de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, se determina que «.los empleadores de establecimientos que se dediquen a la prestación de servicios de venta, servicios públicos, empaque, expedición, administración, y otras actividades comerciales y/o industriales, deberán presentar por ante este Organismo Administrativo, para su aprobación y registración, el sistema de control horario de entrada y salida del personal dependiente, el que deberá consignar: a) Razón Social y/o Nombre y Apellido del empleador , b) Nombre y Apellido del trabajador.; c) Indicación de hora de entrada y salida del personal, en la jornada de trabajo, con la correspondiente firma la misma al comienzo y/o finalización de la quincena o el mes, según corresponda .» «. Esta documentación, luego de ser utilizada, deberá permanecer en el lugar de trabajo, para su posible contralor.»

Siguiendo el hilo conductor, considero que la media jornada denunciada por la firma demandada constituye una modalidad de la prestación laboral, -de acuerdo a las exigencias de la empresa o a las características de la actividad- cuya carga de la prueba ostenta en mérito a la inversión ordenada por la ley y la Teoría de las cargas probatorias dinámicas. Es decir, que la firma demandada debe acreditar en la causa la jornada laborada por el actor, particularmente a partir del sistema de control horario que obligatoriamente debe llevar conforme a la resolución antes transcripta en su parte pertinente; máxime en el supuesto como el debatido en autos, cuando se cuestiona la jornada de trabajo. Obligación a la que no se dio cumplimiento en el supuesto en estudio -dado que la firma demandada no acompañó las pruebas documentales pertinentes al contestar demanda, ni siquiera se las puso a disposición al perito contador- , lo que crea la presunción favorable a los dichos del trabajador. (Art. 55 C.P.L. y Res.316/92 S.S.T.S.S.)

«En el sentido expuesto se ha dicho que dentro de las obligaciones previstas por el Régimen del Contrato de Trabajo se encuentra la carga de consignar las extensión del horario laboral por aplicación de lo normado en el art. 6 de la ley 11544 y art. 52, inc. g) de la LCT, porque sólo de esta manera se permite la exacta evaluación de las obligaciones a cargo del empleador entre ellas el débito salarial. Razón por la cual si la demandada no exhibe al perito contador constancia alguna que permita confirmar la extensión de la jornada cumplida por el actor, cabe concluir que el accionante ha probado indirectamente el presupuesto de hecho de su pretensión, si, frente a la presunción que opera a favor de sus afirmaciones, el empleador no ha producido prueba alguna que permita determinar lo contrario (Conf. CNAT Sala VI, 29-8-01 «Valdez, c/ Seguridad Argentina SA» DT 2002-A-305 y «Pedraza, c/ Lar Gallego» 29-08-01, D.T. 988-B-1537)» (Citado por 7° CÁMARA LABORAL – Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Dra. SALAS, Ana María, autos N° 5189, caratulados «CASTEL, GILBERTO C/ KERKIRA S.A.P/ DESPIDO», 12/03/2013).

Por todo lo explayado y de conformidad con los fundamentos dados, la jurisprudencia y normas citadas, y las pruebas producidas, valoradas, ponderadas y analizadas de acuerdo a los criterios de libre convicción y sana crítica racional, considero que la verdadera jornada laboral trabajada por el actor es la completa; en especial, a partir de la presunción legal que se origina a partir de que la demandada no acompañó en la contestación de demanda, la documentación pertinente para probar la media jornada que aduce que había trabajado -principalmente planillas de control horario-. Máxime, cuando se ampara en la excepcional forma contractual que dice haber adoptado en relación al actor -contrato a tiempo parcial-; es más, no denuncia en el responde el horario cumplido por el actor, ni puso a disposición la documentación requerida por el perito contador para su compulsa, a pesar de encontrarse con la carga de la prueba por inversión legal. (Art. 9 LCT y 55 C.P.L.)

Creo congruente la decisión que tomo con la prueba testimonial rendida -repito, la cual no es determinante- y el reclamo de diferencias salariales efectuado por el actor al comenzar el intercambio epistolar -porque la sumas que indica como percibidas son superiores a las que le hubiera correspondido de trabajar media jornada-.

En mérito a los fundamentos dados y lo dispuesto por los arts. 9 de la ley 20.744, 55 del CPL y la Res. 316/92 S.S.T.S.S., concluyo que el Sr. Diego Germán Pizarro trabajó para la firma demandada, en el establecimiento gastronómico, en la categoría 6°) cocinero, cumpliendo jornada completa, conforme CCT N° 389/04 y ley N° 20.744, desde el día 20-10-2006 hasta el día 14-03-2007, fecha en que se dio por despedido.

ASÍ VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIGO:

2.1.) Antecedentes de la causa.

2.1.1.) Que el actor acciona por el cobro de la suma de $12.655,61 en concepto de capital conforme los rubros liquidados a fs.11, en base a un sueldo de $1.123,32, conforme categoría N° 6 Cocinero del C.C.T. N° 389/04, por un contrato de trabajo que rigió desde el 20/10/2006 hasta el 14/03/2007.

2.1.2.) La demandada se opuso a la acción instaurada en su contra y solicitó su rechazo, sostuvo que la relación laboral se extinguió con causa por abandono de trabajo porque trabajó de bailarín en la Fiesta de la Vendimia, Acto Central.

Así trabada la litis corresponde en primer lugar meritar la injuria laboral.

2.2.) Análisis de la extinción del contrato de trabajo.

El Sr. Pizarro remitió en fecha 09/03/2007, CD N° 852988096, en el que emplaza en el término de 30 días a su registración, y en 48 horas a que se le abonen diferencias de sueldos, SAC 2006 proporcional y el sueldo del mes de febrero 2007, bajo apercibimiento de considerarse despedido.

La firma demandada contesta en fecha 12/03/2007, a través de carta documento CD N° 851553022, en la cual rechaza el telegrama por improcedente y lo intima a presentarse a trabajar munido de la documentación que le fuera requerida y que ocasionare apercibimiento de clausura de establecimiento por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Salud a raíz de su incumplimiento, mediante acta N° 70695 de fecha 08/02/2007 por falta de certificado de manipulación de alimentos, bajo apercibimiento de tenerlo por despedido por abandono de trabajo.

Es dable que aclare que la documentación requerida por la demandada en la carta documento de ut supra, en razón a sus términos, tiene como objeto evitar la clausura del establecimiento y no la registración del actor.

El Sr.Pizarro se da por despedido en fecha 14 de marzo de 2007, por medio de Telegrama Ley 23.789, CD N° 8515560139, TCL 69353574, en el cual expresa que habiendo rechazado los emplazamientos cursados por su parte y negándose ante los mismos a registrarlo y abonarle los rubros reclamados, se considera injuriado y despedido; y emplaza a que se le abone lo adeudado y liquidación final conforme despido incausado y se le haga entrega de la certificación de servicios y remuneraciones bajo apercibimiento de accionar.

En mérito a la prueba rendida y evaluada, concluyo que la extinción de la relación laboral se produjo por despido indirecto, en fecha 14/03/2007, formalizándose a partir de la denuncia de la relación laboral efectuada por la parte actora, mediante telegrama ley N° 23.789; por lo que considero que se da cumplimiento con lo normado en el art. 241 LCT.

Desde ya descarto como causa de la ruptura del vínculo laboral, el abandono de trabajo en que habría incurrido el actor, -conforme indica la demandada-, porque el mismo no fue acreditado en autos. Además, la intimación formulada por la demandada fue en fecha 12/03/2007 y dos días después de su remisión, en fecha 14/03/2007, el actor rechaza la intimación y extingue la relación laboral; es decir, evidentemente antes de que se venciera el plazo por el cual fue intimado, el actor extinguió el vínculo.

La causa invocada por el actor en dicha misiva, es el rechazo por la accionada de los emplazam ientos formulados por el actor, que consistían en su correcta registración y en que se le abone diferencias de sueldos, SAC 2006 proporcional y el sueldo del mes de febrero 2007. Por lo que me corresponde analizar si la misma -la causa- resulta o no justa; para ello considero que tiene especial relevancia las pruebas aportadas por las partes.

En este sentido nuestro Máximo Tribunal Provincial ha dicho:»La proporcionalidad entre la injuria y el despido es una cuestión de hecho y de evaluación probatoria, actividad propia y discrecional de los jueces de mérito. Ellos, a través de las reglas de la sana crítica deciden per se si una causal tiene la gravedad suficiente para motivar un despido con justa causa,…» (S.C.J.M., SALA II, Expte.: 97.801 – DIMENSION S.A. EN J1163 LOPEZ OSCAR M. C/ DIMENSION S.A. P/ DESPIDO S/ INCONSTITUCIONALIDAD», 16/09/2010, LS 417-177).

De las pruebas producidas observo: que si bien la firma demandada dice haber pagado el mes de febrero del año 2007 -sin recibo- (fs. 23), ello no se ha probado en la causa; como tampoco el abono del SAC II 2006 proporcional.

La falta de pago indicada se condice con la prueba confesional, dado que la absolución de posiciones ofrecida por la actora a fs. 12 se tuvo por absuelta en rebeldía conforme constancias de fs. 95, por la incomparecencia del representante legal de la firma. Extraigo de ella, la tercera posición absuelta en rebeldía como una prueba más que corrobora la falta de pago: Para que jure como es cierto que al actor se le adeudan todos los rubros que se reclaman en esta demanda.

Por otra parte, la firma accionada reconoce la falta de registración del actor, pero se la atribuye a él por no entregar la documentación pertinente para ello. Lo que no es ajustado a derecho, toda vez que el empleador debió registrar al trabajador desde el inicio de la relación laboral, y tal documentación la debió requerir con antelación a la misma. (Arts. 7 y 18 de la ley 24.013; art. 2 del dec. 2725/1991 y arts. 52, 62 y 63 de la ley 20.744)

Dicho reconocimiento se corrobora por las constancias de autos, en especial la falta de documentación acompañada por la demandada, que se armoniza con el dictamen pericial contable (fs.43/45), del cual se desprende que la parte demandada no ha puesto la documentación a disposición del especialista para su compulsa.

En casos similares la jurisprudencia a resuelto: «El incumplimiento del empleador de las obligaciones que le impone la Ley de Contrato de Trabajo, tales como el artículo 52 referido a la registración del contrato de trabajo, el artículo 74 referido al pago de las remuneraciones en las condiciones y plazos que establece la ley y el artículo 78 referido al deber de ocupación, constituyen injuria suficiente que habilita la ruptura de la relación laboral en los términos del artículo 242 del mismo cuerpo legal y justifica el despido indirecto dispuesto por el trabajador.» (7° CÁMARA LABORAL – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN Magistrado/s: SALAS, Expte.: 9069 – CAMPOS REYES, MARLENE C/ ABRAHAM, SERGIO FABIAN Y OTS. P/ DESPIDO. 15/08/2013)

Por todo lo expuesto, normas y jurisprudencia citadas, pruebas rendidas, ponderadas, analizadas y valoradas entiendo que el rechazo efectuado por la firma demandada, -por medio de su carta documento de fecha 12/03/2007-, a los emplazamientos formulados por el actor tendientes a su registración laboral y cobrar el sueldo del mes de febrero del año 2007 y el SAC II 2006 proporcional, es una inobservancia de las obligaciones contractuales imputable a ella, causal de suficiente entidad y/o gravites cualitativa que produce una injuria suficiente que habilitó a activar el pacto comisorio implícito (desahucio indirecto) al actor, que así ha efectivizado; máxime cuando no se acreditó en autos el pago del sueldo reclamado. Es decir, existió justa causa de denuncia del contrato de trabajo, por lo que en base a las reglas de la sana crítica y a una evaluación prudencial de los hechos y de las pruebas producidas, considero que el despido indirecto ha sido debidamente motivado. (Arts. 7 y 18 de la ley 24.013; art. 2 del dec. 2725/1991; arts. 52, 55, 62, 63 y 242 de la ley 20.744; arts. 179, 182 del C.P.C.; y arts.54, 55 y 108 del C.P.L.).

2.3.) La actora reclama los siguientes rubros: diferencias de sueldo de Noviembre 2006, Diciembre 2006 y Enero 2007, sueldo mes de febrero de 2007 y 14 días del mes de marzo 2007, vacaciones 2006 y 2007 proporcional, 2° SAC 2006 proporcional, 1° SAC 2007 proporcional, indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sanciones de los arts. 80 de la LCT (Art. 45 ley 25345) y 1 y 2 de la ley 25.323.

A los efectos de la resolución de los rubros indicados, debo tener en cuenta que la firma demandada no puso a disposición la documentación requerida por el perito contador para su compulsa, por lo que el dictamen se realizó con las constancias de autos.

Destaco del informe contable -que se encuentra firme y no fue impugnado ni observado-, lo señalado por el perito contador a fs. 43 y 44 al responder los puntos 4 y 6, donde procedió al cálculo de los rubros reclamados, el cual coincide con la liquidación presentada por el actor. También resalto que la base de cálculo -mejor remuneración normal, habitual y mensual- utilizada por el perito es la misma que la del actor, donde detalla el sueldo y los adicionales que debió percibir según categoría y CCT para obtenerla.

Respecto al adicional por presentismo, la demandada expresa que el actor faltaba y llegaba tarde, pero no ha probado en autos estos hechos que alega; por corolario corresponde contabilizar éste adicional al efecto de cálculo de la remuneración que debió cobrar el accionante. (Art. 179 del C.P.C.y 55 C.P.L.)

En consecuencia a los extremos expresados y pruebas producidas, determino como la mejor remuneración normal, mensual y habitual que debió percibir el actor, conforme categoría 6°, cocinero CCT N° 389/04, por jornada completa, -sueldo bruto según escala salarial a partir de enero de 2007 de $851, con más sus correspondientes adicionales-, la suma de $1.123,32.

2.3.1.) Sueldo de febrero y catorce días de marzo de 2007.

Se trata de prestaciones de carácter alimentario, adeudadas al trabajador por el solo hecho de la puesta a disposición de fuerza de trabajo y cuyo cumplimiento debe ser acreditado por el empleador (arts. 55 del CPL, 103 y 138 de la LCT).

Al analizar las constancias de la causa, no surge probado el pago de tales sueldos, por lo que el rubro resulta procedente por la suma de ($1.647,54).

2.3.2.) Diferencias Salariales (Noviembre 2006, Diciembre 2006 y Enero 2007)

Con igual fundamento que el punto anterior, este rubro debe prosperar por la suma de ($1.369,96). .

2.3.3.) 2° SAC 2006

Al igual que al analizar el rubro anterior, no hallándose recibo debidamente firmado por el trabajador, en mérito a lo dispuesto por los arts. 121 y 122 de la LCT, se hace lugar por este rubro en la suma de ($280,83).

2.3.4.) 1° SAC Proporcional:

A los efectos de determinar el pago proporcional, nos debemos atener a lo normado por los arts. 121 y 123 de la LCT, y en méritos de las constancias de autos, de la cuales no surge el pago de este rubro, el mismo prospera por la suma de ($280,83).

2.3.5.) Vacaciones proporcionales (2006-2007)

Este rubro, de conformidad con el art. 156 de la LCT, debe liquidarse cualquiera sea la causa de extinción del vínculo.No habiendo acreditado con instrumento idóneo su pago, el mismo es procedente en la suma de ($314,54).

2.3.6.) Indemnización sustitutiva de preaviso.

Atento a lo resuelto en el punto 2.2.) de los considerandos y habiéndose omitido, en el caso en concreto, el preaviso que establece la ley (arts. 231, 232 y 246 de la LCT), corresponde hacer lugar a la indemnización por este rubro; y considerando la antigüedad de la actora, se acoge por la suma de ($1.123,32).

2.3.7.) Integración de la indemnización sustitutiva del mes de despido.

En mérito a lo determinado en el punto 2.2.); no tratándose de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 233 de la LCT -período de prueba-; y cumpliéndose los requisitos exigidos por el artículo citado: a) La extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador sin justa causa, ni preaviso o efectuado en forma deficiente; o en su caso, el despido indirecto producido por el trabajador en mérito de una injuria de tal gravedad que no consienta la prosecución del vínculo (Art. 246 LCT). b) Que la fecha en la que se extinga el vínculo laboral, no coincida con el último día del mes; este rubro procede por la suma de ($599,11).

2.3.8.) Indemnización por despido art. 245 de la L.C.T.

De conformidad a lo decidido en el punto 2.2.), a lo expresado por los artículos 245 y 246 de la LCT, la antigüedad del actor, la mejor remuneración mensual, normal y habitual (ver punto 2.3.); se hace lugar a este rubro por la suma de ($1.123,32).

2.3.9.) Multa del art. 1º de la ley 25.323

Dicha norma legal establece: «que la indemnización prevista por el art. 245 de la ley 20.744 t.o) serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.Atento a que se cumple con el requisito exigido por la norma, corresponde acoger el rubro por ($1.123,32)

2.3.10.) Multa del art. 2º de la ley 25.323.

Dicha norma sanciona la conducta dilatoria del empleador fehacientemente intimado, que genera gastos y pérdida de tiempo, por el no pago de las indemnizaciones previstas en los art. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 ( t.o ) o las que en el futuro las reemplacen y consecuentemente lo obliguen a la parte actora a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas; la que será prudencialmente fijada por los jueces según los antecedentes de la causa.

Confo rme expresa la SCJM en autos N° 105.367, caratulada: «ARABENA RAMON ALEJANDRO EN J° 9393 «ARABENA RAMON ALE-JANDRO C/ CARLOS PEREZ Y HERMANOS S.R.L. P/ DESPIDO» S/ INC. CAS»., de fecha 05-09-2013, son dos los requisitos a los que se supedita la procedencia del incremento previsto en la norma: a) la mora por parte del empleador en el cumplimientos de sus obligaciones que diera lugar a la iniciación de acción judicial u otra instancia de carácter obligatorio, para que sea admisible la indemnización agravada; y b) el emplazamiento al pago por parte del empleado.

Habiéndose cumplido estos requisitos exigidos por la norma (fs. 5), corresponde hacer lugar al rubro; por la mitad de la sumatoria de la indemnización por despido $1.123,32; indemnización sustitutiva de preaviso $1.123,32 e integración mes de despido $599,11, totaliza $2.845,75; su 50% son ($1.422.87).

También expresa la norma que si hubiere existido causa que justifique la conducta del empleador, los jueces mediante resolución fundada reducirán prudencialmente el incremento dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.

No observo la existencia de causal alguna que exima o reduzca el pago de este rubro, por lo que el mismo proceda in totum por la cantidad indicada precedentemente.

2.3.11.) Multa del art. 80 de la L.C.T.El art. 80 de la LCT impone como obligación contractual a cargo del empleador, el deber de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, tanto en el carácter de obligado directo o como agente de retención. También atribuye al empleador cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el deber de entregar al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y calificación profesional obtenida.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en numerosos pronunciamientos («Milán Viviana M.C/ Máxima AFJP» Sala II Pub. en Derecho del Trabajo A 2004 con comentario del Dr. Carlos Livellara, pág. 371; «FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS COOPERATIVAS LIMITADA (FECOVITA», de fecha 24 de agosto del año 2004, registrado en LS 340 fs. 195; «Sánchez, Raúl Mario en j° 36.056, Sánchez, Raúl Mario c/Laboratorio Bagó s/Cert. de trabajo s/casación», de fecha 10 de mayo de 2007, registrado en LS 377; entre otros) ha dicho que el art. 80 de la LCT establece dos obligaciones distintas: a) la entrega del certificado de trabajo con las indicaciones que prevé el 2º párrafo, y b) la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social, y que no se cumple con esta última obligación con la entrega del formulario PS 6.2 de ANSES.

Se ha señalado que ambas obligaciones son autónomas entre sí, y el empleador no está obligado a entregar las constancias documentadas si el trabajador no cumple previamente con la carga de exigir su entrega.

El art.45 de la ley 25.345 agregó una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente.

Ambas obligaciones impuestas por el art. 80 LCT requieren el emplazamiento al empleador para la procedencia de la indemnización. El decreto 146/01 (B.O 13/2/01) reglamentario de esta norma, establece el plazo perentorio de 30 días dentro del cual el empleador -una vez producida la disolución del vínculo, por cualquier causa,- debe entregar al trabajador el certificado y las constancias documentadas, no fecho se habilita al trabajador a requerirlo conforme lo establece el art. 80.

En definitiva, el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado y las constancias documentada de pago de los fondos de la seguridad social y sindicales es de treinta días corridos (30) contados desde la disolución del vínculo; de no efectuar la entrega, se habilita al trabajador para emplazarlo en dos días para que cumpla con ello; el incumplido al emplazamiento por parte del empleador le apareja una multa, de la que el trabajador se hace acreedor (Art. 80 LCT).

En el caso en estudio se observa que la actora ha dado cumplimiento con el requerimiento, en los plazos indicados por el art. 80 de la LCT y el decreto 146/01 (ver fs. 5 y 6) ; por lo que corresponde admitir la multa por la suma de ($3.369,96).

2.4.) En síntesis, la demanda prospera por la suma de ($12.655,60).

2.5.) INTERESES

Conforme lo dispuesto por los arts. 82 del C.P.L, 90 inc. 6 del C.P.C. (art.108 C.P.L.) y 622 del Código Civil, corresponde determinar los intereses a aplicar al capital de condena.

La parte actora solicita la aplicación de la tasa de interés activa; desde ya me adelanto que conforme lo resuelto por nuestro máximo Tribunal no hay dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley 7.198 respecto de los créditos alimentarios del actor, máxime a partir del plenario «AGUIRRE» de la S.C.J.M., de aplicación obligatoria conforme lo dispone el art. 149 del C.P.C.

En conclusión, por lo expuesto y las normas legales citadas, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la parte actora, condenando a la firma IACO S.A. a pagar al actor Sr. DIEGO GERMÁN PIZARRO, la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($12.655,60), en concepto de los rubros reclamados en la demanda y admitidos con más los intereses legales desde la fecha del despido y hasta el dictado de la sentencia de PESOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y CINCO ($17.045), con más sus intereses legales desde un día después del dictado de la sentencia y hasta su efectivo pago, a tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días que informa del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) que en el caso concreto resulta razonable aplicar y conlleva un resarcimiento legítimo y justo (todo ello conforme o con arreglo al fallo «Aguirre» del Alto Tribunal Provincial, arts. 149 y 222 del C.P.C., art. 82 C.P.L., art. 90 inc. 6 del C.P.C., arts. 622 y conc.del C.C., sentencias dictadas a posteriori de tal Fallo Plenario por Salas (I y II) de dicho Tribunal publicadas y conocidas y que configuran doctrina judicial como sólida fuente del Derecho, como así también que en el caso de autos la tasa pasiva resulta insuficiente para reparar el daño moratorio provocado por el condenado al pago que no ha satisfecho créditos de naturaleza alimentaria garantizados constitucionalmente; por todo lo cual corresponde hacer lugar al planteo efectuado por el actor al demandar y declarar la inconstitucionalidad de la ley 7.198 y su inaplicabilidad al presente caso.

ASÍ VOTO.

A LA TERCERA CUESTIÓN DIGO:

Las costa se imponen a la parte demandada por resultar vencida, de conformidad al principio chiovendano de la derrota. (Art. 35, 36.1 del C.P.C. y 31 y 108 del C.P.L.).

ASÍ VOTO.

Por corolario, paso a dictar sentencia definitiva en estos autos:

Mendoza, 10 de Abril de 2014.

Y VISTOS:

Estos autos en Sala Unipersonal de la Excma. Sexta Cámara del Trabajo;

RESUELVO:

I.- HACER LUGAR a la demanda, condenando a la firma demandada IACO S.A. a pagar al actor Sr. DIEGO GERMÁN PIZARRO, la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON SESENTA CENTAVOS ($29.700,60), en concepto de capital e intereses legales liquidados hasta el día de la fecha, los que se seguirán aplicando desde un día posterior a la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago; todo ello en el plazo de CINCO DÍAS de quedar firme la presente sentencia.

II.- IMPONER las costas a la firma demandada IACO S.A.

III.- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes, de conformidad a los arts. 2, 3, 13, y 31 de la ley N° 3.641 y a las actuaciones efectivamente realizada; como sigue: Al Dr. SANTIAGO LUIS SALASSA por la suma de pesos ($.); al Dr. JUAN PABLO SCARAMELLA por la suma de pesos ($.); al Dr. FEDERICO E. DONNA por la suma de pesos ($.); al Dr. JOSÉ ALBERTO PETRI por la suma de pesos o ($.); al Dr. MAURICIO F. PETRI por la suma de pesos ochocientos noventa y uno con dos centavos ($891,02); y a la Dra. SILVINA ELIZABETH BURGOS por la suma de pesos ($.).

IV.- EMPLAZAR a los condenados en costas para que dentro de DIEZ DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, abonen los aportes correspondientes a Derecho Fijo, Tasa de Justicia (actor exento) y Aportes Ley N° 5059.

V.- NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Caja Forense, Dirección General de Rentas y al Colegio de Abogados y Procuradores (1CJ).

VI.- NOTIFÍQUESE a la AFIP con copia de la presente.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-

Dante Carlos Granados -Conjuez de Cámara-

 

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