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Se reduce la cuota alimentaria que debe el cónyuge declarado culpable en un juicio de divorcio, por encontrarse jubilado

clases-de-remuneracion-300x225Partes: C. L. S. M. c/ G. B. F. A. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 6-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-85317-AR | MJJ85317 | MJJ85317

Se reduce la cuota alimentaria que debe el cónyuge declarado culpable en un juicio de divorcio a su mujer, teniendo en consideración que actualmente se encuentra jubilado, por lo que sus ingresos son menores, y que la reclamante cuenta con medios propios de subsistencia.

Sumario:

1.-Corresponde reducir el monto fijado en concepto de cuota alimentaria a cargo del cónyuge que resultó culpable en un juicio de divorcio, del 30% al 25% de los haberes jubilatorios percibidos por el alimentante, en virtud de que al ser éste último jubilado, sus ingresos mermaron respecto de su etapa laboral y, por otro lado, la cónyuge inocente cuenta con otros medios de subsistencia, los cuales le garantizan un nivel de vida acorde al exigido por el art. 207 del CCiv.

2.-La obligación de prestar alimentos que pesa sobre el cónyuge que ha sido declarado culpable de divorcio debe analizarse teniendo en cuenta el nivel económico, social, cultural y de esparcimiento del que gozaba, rigiendo el principio general contenido en el art. 207 del Cciv., referido al cónyuge inocente, que remite a la valoración de los roles durante la convivencia como pauta de análisis sobre la que encuentra basamento normativo la cuota alimentaria a fijarse.

3.-Corresponde establecer la cuota alimentaria a cargo del cónyuge que ha sido declarado culpable de divorcio, conforme a las posibilidades económicas del alimentante, procurando preservar el nivel de vida que gozaba el cónyuge reclamante durante la convivencia matrimonial, evaluándose las tareas desempeñadas durante la convivencia, las posteriores a la separación, la posición económica, social y cultural del matrimonio y de cada uno de los esposos, así como su capacitación y/o su aptitud laboral potencial y las demás circunstancias de vida de los cónyuges. En tal sentido, son determinantes las distintas funciones que los cónyuges se hubieran atribuido durante la convivencia y que hayan sido acreditados en autos con los elementos objetivos de convicción colectados y que demuestra que el demandado fue sostén principal del matrimonio.

4.-En lo que respecta a las posibilidades económicas del alimentante, no es necesaria la prueba directa de sus ingresos, pues basta un mínimo de elementos que den las pautas para estimar el monto de la pensión. Así, la prueba del caudal económico del alimentante podrá surgir de prueba directa e indicios sumados o de presunciones, exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias, aunque con criterio amplio en favor de las pretensiones del demandante.

5.-La circunstancia de que el alimentante sea un jubilado y, consecuentemente, sus ingresos mermaron respecto de otro tiempo, constituye un elemento de valoración para la fijación de la cuota a favor de la ex-cónyuge; asimismo debe considerarse la circunstancia que la alimentada realiza actividades lucrativas en el ámbito propio de las decoraciones o venta de dulces, como también el hecho que posee inmuebles que le reportan alguna utilidad, y que todo ello constituyen recursos que le facilitan la obtención de sus propios ingresos. El hecho que la actora no realizara una actividad que significara el ingreso principal del matrimonio no significa que ello sea un derecho cristalizado a través del tiempo y, consecuentemente, que deba descargarse en el alimentante el peso de su manutención, cuando quien solicita alimentos cuenta con posibilidades de atender, al menos, parte de sus propias necesidades.

6.-En un juicio de alimentos, incluso cuando no haya prosperado en su totalidad la pretensión de la accionante, las costas deben ser soportadas por el alimentante, pues la imposición al demandado está determinada por la naturaleza del juicio, ya que lo contrario significaría hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de la obligación al disminuir la pensión, desconociendo su finalidad asistencial. Por lo demás, no es una sanción contra el litigante perdidoso sino el medio de resarcir los gastos que se ha visto obligado a hacer el vencedor para conseguir el reconocimiento de sus derechos.

Fallo:

Buenos Aires, 06 de marzo de 2014.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Contra la sentencia de fs. 402/406, se alza la parte demandada, sosteniendo sus agravios 414; siendo replicados los fundamentos por la actora a fs. 429.

La resolución impugnada condena al demandado a abonar en concepto de alimentos para su ex-cónyuge el 30 % del monto de los haberes jubilatorios que perciba el alimentante por todo concepto, previo descuentos de ley. Asimismo, dispone el efecto retroactivo de la sentencia a la fecha de la mediación; y le impone al vencido las costas del proceso.

II. Entre los fundamentos centrales del recurrente se expresa que «.la actora ha decidido no hacer nada con su vida.»; «.eligió libremente vivir como lo hizo y con posterioridad a su separación optó por quedarse en la comodidad de la victimización.» «Es claro que no es este el espíritu del ordenamiento que rige la materia. La norma prevé la contribución en caso de necesidad y no una renta vitalicia» (ver fs. 419 vta./20). Subsidiariamente, reprocha el monto de la pensión fijada a favor de la actora e impugna la imposición de costas en su contra.

III. Sentado ello, es menester apuntar primeramente que para proceder al estudio de la cuestión traída a conocimiento ha de abordarse el análisis sólo de los agravios conducentes pues, tal como lo ha sostenido señeramente nuestro más alto tribunal, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fassi-Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y concordado.», t.1, p.825; CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros). Desde antiguo lo viene sosteniendo la Corte y diversos tribunales inferiores:los jueces no están constreñidos a seguir a las partes en la evaluación de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver la cuestión debatida (Fallos: 300:522 y 1163; 301:602; 302:1191; Fassi, Santiago C., «Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado», t. I, p. 278).

IV. Ahora bien, la obligación de prestar alimentos que pesa sobre el cónyuge que ha sido declarado culpable de divorcio debe analizarse teniendo en cuenta el nivel económico, social, cultural y de esparcimiento del que gozaba, rigiendo el principio general contenido en el artículo 207 del citado ordenamiento, referido al cónyuge inocente, que remite a la valoración de los roles durante la convivencia como pauta de análisis sobre la que encuentra basamento normativo la cuota alimentaria a fijarse.

En tal sentido, corresponde establecer la misma conforme a las posibilidades económicas del alimentante, procurando preservar el nivel de vida que gozaba el cónyuge reclamante durante la convivencia matrimonial, evaluándose las tareas desempeñadas durante la convivencia, las posteriores a la separación, la posición económica, social y cultural del matrimonio y de cada uno de los esposos, así como su capacitación y/o su aptitud laboral potencial y las demás circunstancias de vida de los cónyuges.

Para ello, son determinantes las distintas funciones que los cónyuges se hubieran atribuido durante la convivencia; roles que fueron acreditados en autos con los elementos objetivos de convicción colectados y que demuestra que el demandado fue sostén principal del matrimonio. Adviértase, que ello surge inclusive al decir el apelante en sus agravios que «.la actora ha decidido no hacer nada con su vida (no ha sido impedida ni fue obligada a nada); eligió libremente vivir como lo hizo» (fs. 419 vta.); «.podría estar percibiendo haberes jubilatorios (aunque más no sea como «ama de casa» si tal es el carácter que se pretende adjudicar).» (fs.421 vta.).

En lo que respecta a las posibilidades económicas del alimentante, es menester recordar que no es necesaria la prueba directa de sus ingresos, pues basta un mínimo de elementos que den las pautas para estimar el monto de la pensión. Así, la prueba del caudal económico del alimentante podrá surgir de prueba directa e indicios sumados o de presunciones, exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias, aunque con criterio amplio en favor de las pretensiones del demandante.

Sobre tales consignas, advertimos que en autos se ha probado que no resultan equivalentes los recursos de la actora a los de su ex cónyuge y que, consecuentemente, aquél cuenta con ingresos suficientes para solventar los mismos. Para ello, ameritamos que de las probanzas producidas se desprende que el demandado percibe ingresos por $ 18.000 mensuales (ver fs. 118 y declaración de fs. 221).

Por otra parte, no puede soslayarse que el alimentante es actualmente jubilado y, consecuentemente, sus ingresos mermaron respecto de otro tiempo, lo que torna dicha circunstancia elemento de valoración para la fijación de la cuota a favor de la ex-cónyuge. Asimismo debe considerarse la circunstancia que la alimentada realiza actividades lucrativas en el ámbito propio de las decoraciones o venta de dulces, como también el hecho que posee inmuebles que le reportan alguna utilidad (ver declaración testimonial de fs. 221/4), y que todo ello constituyen importantes recursos que le facilita la obtención de sus propios ingresos.

Ese sentido, el hecho que la actora no realizara una actividad que significara el ingreso principal del matrimonio no significa, por cierto, que ello sea un derecho cristalizado a través del tiempo y, consecuentemente, que deba descargarse en el alimentante el peso de su manutención, cuando quien solicita alimentos cuenta con posibilidades de atender, al menos, parte de sus propias necesidades.De cualquier manera, frente al déficit probatorio evidenciado en autos y considerando que los elementos arrimados al expediente no constituyen indicadores objetivos determinantes del caudal económico de la alimentada, no menos cierto resulta también que todo lo antes señalado, sumado a la edad de la actora, permite conformar un cuadro fáctico que torna viable, necesaria y exigible la prestación alimentaria que reclama.

Por las razones expuestas, considerando la edad de los litigantes, su estado de salud, los bienes que poseen cada uno, y atendiendo también la prueba rendida respecto de los ingresos actuales del alimentante, entendemos que corresponde confirmar el fallo en crisis en cuanto a la procedencia del reclamo, aunque por resultar elevado el porcentual fijado en concepto de cuota alimentaria entendemos que debe reducirse al 25 % de los haberes jubilatorios que perciba el alimentante por todo concepto, previo descuentos de ley, por resultar más ajustado.

V. Tocante a las costas, es menester destacar que, incluso cuando no haya prosperado en su totalidad la pretensión de la accionante, estás deben ser soportadas por el alimentante. Es que en los juicios de alimentos la imposición al demandado está determinada por la naturaleza del juicio, ya que admitir lo contrario significaría hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de la obligación al disminuir la pensión, desconociendo su finalidad asistencial; sin que concurran razones de peso para apartarse de este principio que guía su aplicación en este tipo de procesos. Por lo demás, no es una sanción contra el litigante perdidoso sino el medio de resarcir los gastos que se ha visto obligado a hacer el vencedor para conseguir el reconocimiento de sus derechos.

Igual proceder debe adoptarse con respecto a los gastos causídicos generados ante esta segunda instancia, donde el demandado resultó, además, sustancialmente vencido.

VI. En mérito a lo considerado, el tribunal RESUELVE: modificar la resolución apelada, reduciendo el monto fijado en concepto de cuota alimentaria al 25 % de los haberes jubilatorios que perciba el alimentante por todo concepto, previo descuentos de ley; b) confirmar la sentencia apelada, en todo lo demás que decide y fue motivo de apelación y agravio, con costas de alzada al demandado, por resultar sustancialmente vencido (art.68 y 69 del Cód. Procesal).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y, oportunamente, devuélvase haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo en forma conjunta.

Fdo.

Marta del Rosario Mattera.

Zulema Wilde.

Beatriz A. Verón.

Es copia fiel de su original que obra en el expediente a fs. 469/71. Conste.

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