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Destrucción del patrimonio cultural en el Archivo General del Poder Judicial de la Nación

Bureau_of_Land_Management_Mobile_Shelving_Storage_06Fecha: 25-abr-2014

Cita: MJ-MJN-78926-AR

Por Dr. Marcelo Bazán Lazcano (*)

Cuando decimos que en el Archivo General del Poder Judicial de la Nación no todos los expedientes se conservan, podemos considerar esta afirmación como significativa de que algunos expedientes se destruyen en él.

No todos los expedientes que se conservan tienen valor histórico; su único valor es legal. Así, por ejemplo, entre los concursos, que no se destruyen, es difícil encontrar algunos provistos de valor histórico. Por el contrario, prácticamente todos los expedientes que tienen este valor se eliminan.

El decreto ley 6848/63 , que rige la materia, determina con claridad cuáles expedientes pueden destruirse y cuáles no. Analizaremos seguidamente el apartamiento de sus normas que constituye la práctica del Archivo en cuestión a este respecto.

No podemos aquí tratar con detalle la importante noción de los expedientes judiciales que pueden ser eliminados. Se relaciona con una clase de ellos a los que se considera susceptibles de destrucción (art. 17 ) y que difieren de la clase de los expedientes que «no podrían ser destruidos total o parcialmente» (art. 18 ). No sería exacto, sin embargo, identificar a los primeros con todos los mencionados por la misma norma del art. 17 como eliminables. Sería mejor llamarlos expedientes que solo pueden ser destruidos si no tienen «algún interés social o histórico» (art. 18). Se dirá que ellos pueden suprimirse si, y solo si, no poseen este «interés».

Los expedientes que se hallan es este caso son los criminales, correccionales, penales económicos, civiles, comerciales y laborales.

Ahora bien, estos expedientes no deben confundirse con los que «no podrán ser destruidos total o parcialmente» nunca, independientemente de que tengan o no valor histórico. Estos son las sucesiones, quiebras o concursos», las insanias, cartas de ciudadanía y los vinculados a derecho de familia y a derechos reales (art. 18).

¿Quién determina el valor histórico de los expedientes?

No es el caso de que lo hagan las «partes interesadas» en su conservación (art. 19 ), cuyo interés no necesariamente se identifica con el de la comunidad científica. Lo que hace el Archivo, sin embargo, es interpretar la norma del art. 23 , relativa a la validez de su resolución destructiva, en el sentido de que el plazo de 30 días otorgado a aquellas para impugnarla dentro de tres días de publicada en el Boletín Oficial, equivale a su evaluación historiográfica. Lo que hace el Archivo, en realidad, es abstenerse de esta evaluación y reemplazarla por la que correspondería a las partes, dentro de los plazos señalados. Así, es completamente falso decir que él determina, por la historicidad o no historicidad de estos expedientes, su preservación.

Cuando insistimos en que su examen por las partes no es el correspondiente al Archivo queremos decir que a este únicamente le compete la evaluación historiográfica requerida para la decisión de su conservación permanente o su eliminación.

Hay que hacer notar, una vez más, que no es la circunstancia de que un expediente sea de alguna de las categorías mencionadas por el art. 17 como que pueden destruirse lo que decide que este sea o no destructible. Que un expediente sea un expediente criminal significa que puede eliminarse, una vez trascurrido el plazo de 30 años desde su terminación o paralización. Pero este mismo expediente no puede destruirse si tiene valor histórico. Que el Archivo constantemente destruya o haya destruido juicios criminales de valor histórico no es sino una manifestación de que se ha desentendido de la norma que lo obliga a evaluar historiográficamente estos expedientes.

Por lo que respecta a la historicidad de los expedientes que se destruyen, hay por lo menos cuatro tipos que deberían tenerse en cuenta, para evitar la eliminación indiscriminada que constituye la regla en este Archivo. Una corresponde al valor individual derivado del carácter relevante de las personas involucradas en ellos; otra a su relación con prácticas institucionales de la sociedad; la tercera a su incumbencia a hechos históricos, y la cuarta a la que posee valor jurídico por su valor para la ciencia del derecho.

Consideremos ahora la inexistencia en este Archivo de catálogos descriptivos no solo de la documentación destruida, sino de la que no se destruye. No solo respecto de los expedientes que no deberían suprimirse por su valor histórico sino también de los que deben preservarse por su valor legal; no existen estos catálogos para los investigadores que acuden a la sala de investigaciones a realizar consultas. Todo lo que hay en él son índices que únicamente mencionan la carátula de los expedientes. No hay tampoco en este Archivo inventarios analíticos de la documentación, como no sea el que yo mismo elaboré sobre unos pocos expedientes antiguos que se hallaban abandonados.

Llamaremos a los modos de conducta que acabamos de describir como inherentes a la práctica institucionalizada en el Archivo General del Poder Judicial de la Nación, hecho derivado de la idoneidad de quienes tienen a su cargo la conservación o eliminación de su patrimonio documental. Debe quedar bien claro en qué sentido podemos hablar de esta idoneidad. Ella se relaciona con la falta de concursos de oposición y antecedentes para proveer a los cargos de responsabilidad en esta materia, y es una consecuencia de esta falta.

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(*) Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de La Plata. Ex Jefe de Redacción de la Revista del Archivo General de la Nación.

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