El banco que otorga un crédito no puede alegar el desconocimiento del estado de cesación de pagos de la fallida

shutterstock_98439209Partes: Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad s/ quiebra c/ Banco del Sol Sociedad Anónima s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 17-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-84861-AR | MJJ84861 | MJJ84861

Al tratarse de un banco es indudable que al otorgar créditos a sus clientes debe contar con una información propia de la función que desempeña, de allí que no parece posible que desconociera el estado de cesación de pagos de la fallida.

Sumario:

1.-Si bien es cierto que la prueba del conocimiento de la insolvencia por parte de la demandada resulta ser un hecho que incumbe a la sindicatura que promovió la acción de ineficacia concursal de ciertos actos, no menos cierto es que en los casos de quiebra lo usual es que no exista una prueba directa de la colusión dolosa, sino que es dable entender que funcione un sistema de presunciones que tienda a simplificar la dificultad de acreditar el fraude (art. 969 del CCiv.).

2.-Si bien en la causa no obra prueba directa, rigurosa e inequívoca acerca del conocimiento del estado de cesación de pagos por parte del cocontratante de la hoy fallida, se advierten una serie de indicios que no pueden ser desatendidos, pues constituyen fundamento suficiente para decidir, sobre todo cuando no se aprecia prueba en contrario. Es que los indicios son precisamente aquellos hechos o circunstancias conocidas de las cuales se deduce por sí solos o juntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Y en tanto en el proceso formativo de su convicción el juzgador sólo excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que sucedieron los hechos, basta para fundar su decisión alcanzar un cierto grado de probabilidad acerca de la verdad según los principios de la sana crítica.

3.-Tratándose de un banco quien celebró la cuestionada operación con el fallido, es indudable que dicha entidad, al otorgar créditos a sus clientes debió contar con una información propia de la función que desempeña. Esto es, debió ponderar la situación económica y financiera del beneficiario de su crédito, para lo cual seguramente debe exigir la presentación de abundante documentación a los efectos de evaluar -justamente- la solvencia del deudor, y consecuentemente, el riesgo de la operación. De allí que no parece posible que el banco demandara desconociera la verdadera situación financiera de la hoy fallida.

4.-Para que el acto sea impugnado, no sólo el tercero debe haber tenido conocimiento del estado de cesación de pagos de la deudora, sino que además debe haber sido otorgado en el período de sospecha, y en perjuicio a la masa de acreedores, tal como de seguido analizaremos.

5.-La determinación de la fecha inicial de la cesación de pagos es una indagación de verdad, que responde a una verdad histórica y que no está limitada al plazo del art. 116 de la LcyQ, norma que estipula el tope del período de sospecha a los dos años anteriores a la declaración de la sentencia de quiebra rige con relación a la ineficacia de los actos perjudiciales a los acreedores, y no con relación a otros aspectos, como son, por ejemplo, las acciones de responsabilidad que pueden alcanzar -como lo dicen los arts. 173 y 174 ss. de la ley concursal- hasta un periodo anterior a un año de la determinación de la verdadera fecha de insolvencia, o en orden a la inhabilitación de los administradores de las personas jurídicas, que va a alcanzar a todos aquellos que administraron la persona jurídica, cuando ésta estuvo en cesación de pagos.

6.-Cabe enfatizar que la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos responde a una verdad histórica, y que el síndico y el juez tienen la obligación de especificar la fecha inicial del estado de cesación de pagos lo que implica no sólo investigar acerca del proceso de deterioro patrimonial, sino también la indagación de la situación del deudor en función de la realidad económica del patrimonio afectado por la insolvencia.

7.-Si la insolvencia -entendida como la imposibilidad de cumplir con las obligaciones expresadas- fue confesada al firmar el convenio de reconocimiento de deuda, no resultaría lógico sostener que el banco, por razón de ese contrato, sabía toda la situación de la hoy fallida, pero ignoraba el estado de cesación de pagos en que se encontraba, pues se trataría de una afirmación que no se compadece ni con la aludida realidad contractual, ni con la conducta que aquélla asumió en tal marco. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de dos mil trece, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “ASOCIACION MUTUAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD S/ QUIEBRA C/ BANCO DEL SOL S.A.” (Expte. nro. 52.473/2009), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva, Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 469/477?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I. La sentencia:

La sentencia de fs. 469/477 admitió la demanda promovida por el Síndico designado en la quiebra de la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad y declaró la ineficacia -en los términos previstos por el art. 119 de la ley 24.522 y respecto de la masa de acreedores- de la cesión de derechos creditorios y del reconocimiento de deuda, celebrados por la hoy fallida a favor de la demandada, por la suma de $852.803,10 mediante contrato de fecha 19/10/2001.

El a quo para decidir como lo hizo consideró:

1) Que en el caso se encontraba acreditada la existencia de un convenio de reconocimiento de deuda y refinanciación, por el cual, la actora -hoy fallida- le cedió y dio en pago $852.803,10 al Banco del Sol, suma que había percibido a través de la División de Remuneraciones de la Superintendencia de Administración de la Policía Federal.

2) Respecto de la acción de revocatoria concursal: precisó que su fundamento y objetivo era tutelar por la igualdad de acreedores. Advirtió acerca del riesgo de convalidar actos que la ley declaraba como inoponibles a la masa, por el tiempo y modo de su celebración, con lo cual se vulneraría la tutela referida.Recordó las exigencias que dicha acción requiere para obtener la declaración de inoponibilidad a la masa del acto que se impugna: i) que exista declaración de quiebra; ii) también una resolución que fije la fecha de cesación de pagos; iii) que subsista la masa; iv) el conocimiento por el tercero del estado de cesación de pagos; y v) que se haya producido un perjuicio.

Afirmó, entonces, que en el caso resultaba necesario probar: i) el conocimiento del estado de cesación de pagos y ii) el perjuicio ocasionado a terceros.

3) En relación al estado de cesación de pagos, señaló: i) que la demostración de su conocimiento debía ser positiva, rigurosa y convincente, aunque no necesariamente tratarse de prueba directa; ii) que la carga de la prueba debió recaer sobre quien pretendió la declaración de la inoponibilidad concursal y, iii) que su apreciación debió efectuarse en base a la conducta del buen hombre de negocios -en este caso “financiero”-.

Puntualizó que el banco demandado -por la función que desempeñaba- había contado con información propia de un co-contratante de la actora, más que la de un tercero ajeno al estado de situación económico financiero de la actora, y que si a pesar ello, no había conocido su estado de cesación de pagos, esto demostraba su propia incapacidad.

4) De seguido, también tuvo en cuenta la actividad de las partes y en especial la actividad de la institución bancaria demandada para valorar la pericia contable (art. 63 del Código de Comercio) celebrada en autos, de la cual arribó a las siguientes conclusiones:

i) Que la actora en sus libros contables no tenía registrada deuda alguna a favor de la demandada;

ii) Que la accionada no había exhibido al perito ni el contrato de asistencia financiera del 28/1/98, ni documentación alguna que respaldara la existencia real de un crédito en favor del Banco. Afirmó que sólo le presentó una planilla de excel (ver fs.296) que registraba cuotas impagas del préstamo personal tomado por la actora en el Banco del Sol S.A., pero sin certificación contable alguna que diera cuenta de algún respaldo documental que justificara la operación cuestionada por la actora. Así calificó de descuidada la conducta de la institución bancaria.

iii) Por todo ello, concluyó que la prueba pericial contable reveló la existencia de una operatoria favorable a la demandada, sin un respaldo que justifique los motivos por los cuales la actora -durante su estado de cesación de pagos- había firmado un convenio que la dejó sin su principal ingreso económico, como lo eran la cesión de las cuotas sociales, constituyendo incluso una preferencia respecto de obligaciones que originalmente no tenían esa garantía (art. 118 inc. 3 LCQ).

iv) Juzgó que no existieron en autos elementos ciertos o prueba de igual tenor que desvirtuaran las reglas de la sana crítica (art. 377 Cpr.), por lo que le otorgó a la pericia contable pleno valor probatorio, considerándola de vital importancia para probar no sólo el conocimiento del estado de cesación de pagos, sino también el perjuicio a los acreedores.

Así en base a dicha prueba, hizo lugar a la acción interpuesta, aunque por la suma de $743.850, esto es, por los pagos realizados por la Policía Federal al Banco Sol SA, dado que, atento lo informado por el perito contador $99.253,80 ya habían sido depositados en la quiebra (v. fs. 221 vta.).

II. El recurso.

La entidad bancaria demandada apeló a fs. 481, expresando sus agravios a fs.496/508, los que fueron contestados por la Sindicatura de la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad a fs. 511/513.

1) En primer lugar, se agravió de que el a quo pusiera en duda la existencia y legitimidad del crédito del Banco del Sol S.A., pues entendió que no se trataba de hecho controvertido.Por lo cual entendió que no es dable exigir la producción de prueba sobre el particular, y menos aún fundar la sentencia en esa supuesta falta de acreditación de tal extremo.

Que el juez sostuvo que no se han justificado los motivos por los cuales la actora firmó con la demandada el convenio cuya revocatoria se pretende. Asimismo, señaló que el acuerdo impugnado no generó preferencias para la demandada pues el Banco del Sol S.A. liberó el inmueble que oportunamente le cediera la fallida con motivo de los préstamos otorgados a favor de los socios de la mutual. Afirmó que ello constituyó sin duda un beneficio para la fallida, y de allí que no se hallaría cumplido el requisito relativo a la existencia de perjuicio a los acreedores.

2) En segundo lugar, se refirió a la improcedencia de la presunción de conocimiento del estado de cesación de pagos argumentada por el magistrado de la anterior instancia.

Afirmó que el primer sentenciante presumió el conocimiento que su parte debió tener de la insolvencia de la fallida, fundándose en la naturaleza de la actividad bancaria que desplegaba y en el deber de cuidado y previsión que se desprende del art. 902 CCiv.

Por el contrario, resaltó que en su relación habida son la fallida, la Mutual no asumió obligación de pago, sino que su tarea sólo se limitó a recaudar las cuotas de cada uno de los afiliados -que habían obtenido un préstamo-, y las tuvo que entregar al banco -percibiendo una comisión por dicha tarea-, de modo que no debió acreditar solvencia al respecto. Que es por ello que, en el caso puntual, no resultaba ajustado a derecho sostener la presunción acerca de que su parte debió conocer la existencia del estado de cesación de pagos de la fallida.

III. La solución:

I.Liminarmente señalo que no ponderaré todas y cada una de las argumentaciones de la demandada apelante, sino tan solo aquellas que estime que posean relevancia para sustentar sus conclusiones (fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 310:267), ya que no priva de fundamento suficiente a una sentencia la falta de tratamiento concreto de alguno de los argumentos expuestos cuando no habría variado la solución arribada.

II. Dicho ello, cabe resaltar que se encuentra fuera de cuestión que el contrato de reconocimiento de deuda y la cesión de créditos cuestionados, fueron celebrados entre la hoy fallida y la entidad bancaria apelante, los cuales no sólo fueron reconocidos por ambas partes, sino también acompañados a la pericia contable realizada en autos. En tal marco recuérdense las siguientes convenciones realizadas entre partes:

i) El 28 de enero de 1998, la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad y el Banco del Sol S.A. suscribieron un Acuerdo de Asistencia Financiera mediante el cual pactaron que el banco brindaría préstamos personales a los afiliados de la fallida (fs. 18/21), y que a su vez, la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad se constituiría en agente de cobro/pago de las cuotas, de modo tal que recibiría los pagos ya sea directamente de parte de los afiliados solicitantes o en virtud de la retención de haberes por parte de sus empleadores, y luego remesaría dichos fondos al Banco del Sol S.A.

ii) Que el 19 de octubre de 2001, la fallida y Banco del Sol S.A. suscribieron un Convenio de Reconocimiento de Deuda y Forma de Pago en virtud del cual la primera reconoció adeudar al banco la suma de $

852.803.10 (fs.5/6). Que las partes acordaron que el pago se efectuaría en 46 cuotas siendo el vencimiento de la primera de ellas en noviembre de 2002, y que se formalizaría a través de una cesión de derechos que la fallida percibiría mensualmente de la Policía Federal Argentina.

Asimismo, acordaron que el Banco del Sol S.A. liberaría el inmueble sito en la calle 50 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, mediante la devolución del Boleto de Compraventa que oportunamente se cediera en garantía del Convenio de Asistencia Financiera; y que también se acordó que la falta de pago de una de las cuotas “en la forma, como en la prioridad y privilegios” haría incurrir en mora automática a la fallida.

iii) Como Anexo a dicho convenio, las partes celebraron una Cesión de Derechos Creditorios en virtud de la cual la fallida acordó ceder, transferir y dar en pago al Banco del Sol S.A. las cuotas sociales de sus afili ados que percibía mensualmente de la Policía Federal Argentina (fs. 2/4), otorgándole al cesionario una preferencia sobre cualquier otro pago (conf. Artículo 3).

Ahora bien, también cabe recordar que respecto de estos contratos, el Síndico designado en la quiebra de la actora pretendió su declaración de ineficacia en los términos del artículo 119 de la ley 24.522 C y Q. Pues postuló que se trataban de actos perjudiciales a la masa de acreedores, que habían sido realizados en el período de sospecha, y con conocimiento -de parte del banco que contrató con la fallida- de su estado de cesación de pagos.

III. Adelanto que el argumento alegado por la entidad bancaria referido al desconocimiento que tuvo de la insolvencia de la empresa con la cual celebró esos contratos, posteriormente fallida, deberá ser rechazado.

B. Es que, si bien es cierto que la prueba del conocimiento de la insolvencia por parte de la demandada resulta ser un hecho que incumbía a la Sindicatura (art.377 Cpr.), no menos cierto es que en los casos de quiebra lo usual es que no exista una prueba directa de la colusión dolosa, sino que es dable entender que funcione un sistema de presunciones que tienda a simplificar la dificultad de acreditar el fraude (art. 969 del CCiv.). (v. resolución de esta Sala, del día de la fecha, mi voto, in re “Sicela SAIC s/ Quiebra s/ Incidente de medida cautelar s/ Tercería de dominio promovida por Bruzzese Jorge y otro” (Expte. nro. 73.203/2004).

Si bien en la especie no obra prueba directa, rigurosa e inequívoca acerca del referido conocimiento, se advierten una serie de indicios que no pueden ser desatendidos, pues constituyen fundamento suficiente para decidir, sobre todo cuando -como en el caso- no se aprecia prueba en contrario. Es que los indicios son precisamente aquellos hechos o circunstancias conocidas de las cuales se deduce por sí solos o juntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Y en tanto en el proceso formativo de su convicción el juzgador sólo excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que sucedieron los hechos, basta para fundar su decisión alcanzar un cierto grado de probabilidad acerca de la verdad según los principios de la sana crítica (conf. Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Ed. 1993, pág. 274).

C. Desde esta óptica, no puede pasar inadvertida la prueba producida en autos tendiente a acreditar el conocimiento que tuvo el banco de la insolvencia de la Mutual.

i. Nótese así, el contexto en que se celebró el Contrato de reconocimiento de deuda y la cesión aquí cuestionados, así como la

claridad de los propios términos de tales contratos.

En el Convenio de Reconocimiento de deuda en su art. 1 (fs. 5) las partes refieren al monto adeudado de $852.803,10, y agregan en el art.2 “Dicho importe proviene de saldos pendientes que “LA DEUDORA” debe por operaciones financieras celebradas con “EL ACREEDOR” con anterioridad al presente”, de lo que se deduce que dichas deudas derivaron del incumplimiento de la fallida del Convenio de Asistencia Financiera firmado con el banco el 28 de enero de 1998, esto es, con anterioridad al que aquí se cuestiona, así como también la intención declarada del banco de proporcionar a la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad un mecanismo que le permitiera salir de la insolvencia allí confesada.

ii. Avalan esa tesitura las declaraciones testimoniales recabadas en autos, de las cuales surge la misma conclusión acerca de que la deuda proviene incluso de otros convenios anteriores al que aquí se reclama.

Nótese que el Sr. Enrique Alberto de Robles, quien fuera contador de la actora, a fs. 54/57 declaró respecto al dinero que la actora percibía, en nombre del Banco del Sol -en el marco del Convenio de Asistencia Financiera- y acerca de la forma en que se entregaba al Banco: “Que no se hacía en tiempo y forma en que estaban comprometidos los vencimientos, siempre había retrasos, que dieron origen a

refinanciaciones. ” (v. respuesta a la 4ta. pregunta).

En el mismo sentido, el Sr. Edgardo J. Obeid, empleado de la actora, quien dijo haber operado con el banco demandado (v. las generales de la ley a fs. 73). Además manifestó en relación al Convenio de Asistencia

Financiera, que la actora ” suscribió convenios para asistir crediticiamente a los afiliados de la Mutual”. Respecto a las fechas dijo:

“.que las fechas aproximadamente fueron en el año 1995 y 1998.que no recuerda exactamente las fechas de la cobranza, pero de hecho sí porque operaron desde el año 1995 hasta el año 2006. ” (v. respuestas a las preguntas 2da y 5ta.).

Asimismo, a fs. 298/300 declaró el Sr. Ricardo E.Maitsch, funcionario de la entidad bancaria demandada, quien afirmó: “Que el Banco del Sol actuó de acuerdo a buenas prácticas de su profesión,, apoyado en los estados contables presentados por la Mutual y priorizó el beneficio hacia la Mutual para fortalecer una alianza estratégica y continuar generando créditos en el futuro ” (v. respuesta a la pregunta 6ta.). Entiendo que el conocimiento de la contabilidad de su contratante, indudablemente supone que el banco conocía la situación patrimonial de la empresa hoy fallida.

iii. En esta línea de pensamiento, y coincidiendo con el a quo, es que no puedo dejar de observar que la demandada se trata de una entidad bancaria que indudablemente al otorgar créditos a sus clientes debió contar con una información propia de la función que desempeña. Esto es, debió ponderar la situación económica y financiera del beneficiario de su crédito, para lo cual seguramente exigió la presentación de abundante documentación a los efectos de evaluar -justamente- la solvencia del deudor, y consecuentemente, el riesgo de la operación. De allí que no parece posible que el Banco del Sol S.A. desconociera la verdadera situación financiera de la Asociación Mutual de las Fuerzas deSeguridad.

Entiendo que todas estas circunstancias sirvieron de sustento de una decisión fundada, pues se trata de indicios, los que recabados en las presentes actuaciones, resultan suficientes en suma para formar convicción acerca de que la entidad bancaria demandada conocía el estado crítico de cesación de pagos que atravesaba su co-contratante, la Asociación Mutual.

D. Súmese a ello, que tampoco dejo de observar otro aspecto requerido para la admisión de la acción de ineficacia concursal (art. 119 LCyQ), pues -como dijimos- para que el acto sea impugnado, no sólo el tercero debe haber tenido conocimiento del estado de cesación de pagos de la deudora, sino que además debe haber sido otorgado en el período de sospecha, y en perjuicio a la masa de acreedores, tal como de seguido analizaremos.

i.En relación al estado de cesación de pagos, es preciso enfatizar que la determinación de la fecha inicial de la cesación de pagos es una indagación de verdad, que responde a una verdad histórica y que no está limitada al plazo del art. 116 de la LCyQ. (conf. “Acciones de recomposición patrimonial y conflictos laborales en la quiebra” de Daniel Vítolo y Efraín H. Richards, Ed. Ad Hoc, ponencia de Francisco Junyent Bas, sobre la “La definición del período de sospecha es una indagación de verdad”, pág. 145/148).

La norma citada que estipula el tope del período de sospecha a los dos años anteriores a la declaración de la sentencia de quiebra rige con relación a la ineficacia de los actos perjudiciales a los acreedores, y no con relación a otros aspectos, como son, por ejemplo, las acciones de responsabilidad que pueden alcanzar -como lo dicen los arts. 173 y 174 ss. de la ley concursal- hasta un periodo anterior a un año de la determinación de la verdadera fecha de insolvencia, o en orden a la inhabilitación de los administradores de las personas jurídicas, que va a alcanzar a todos aquellos que administraron la persona jurídica, cuando ésta estuvo en cesación de pagos.

En una palabra, cabe enfatizar que la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos responde a una verdad histórica, y que el síndico y el juez tienen la obligación de especificar la fecha inicial del estado de cesación de pagos lo que implica no sólo investigar acerca del proceso de deterioro patrimonial, sino también la indagación de la situación del deudor en función de la realidad económica del patrimonio afectado por la insolvencia.

Es esta línea, puede hablarse de dos subsistemas: uno, con límite máximo de dos años establecido por la ley y, otro, sin ninguna limitación en el tiempo.Todo ello, siguiendo el esquema de fijación judicial con limite, de conformidad a los que regulaban la ley 11.719, la ley 19.551 y hoy la ley 24.522.

ii. Lo cierto es que en autos no hay controversia acerca de que el Convenio de reconocimiento de deuda y la cesión fueron suscriptos por las partes el 19/10/01, y conforme informa el Síndico (v. fs. 12 vta.) la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad se presentó en concurso preventivo el 28/12/01, y que la fecha de inicio de cesación de pagos se fijó en el principal el 28/12/99.

Todo lo cual me convence más aún acerca de que a la fecha de suscripción del convenio cuya impugnación aquí se busca, 19/10/01, la Asociación Mutual de las Fuerzas de Seguridad ya hacía prácticamente dos años que se encontraba en estado de endeudamiento, lo que confirma el conocimiento que la entidad bancaria demandada debió tener de tal situación.

Agréguese a ello que estos actos fueron celebrados dos meses antes de que la actora presentara su concurso preventivo, 28/12/01, a la cual posteriormente le fuera decretada la quiebra con fecha 13/9/06.

De todo esto se deriva una forzosa conclusión: que si la insolvencia -entendida como la imposibilidad de cumplir con las obligaciones expresadas- fue confesada al firmar el Convenio de reconocimiento de deuda, no resultaría lógico sostener que el banco, por razón de ese contrato, sabía toda la situación de la Asociación Mutual, pero ignoraba el estado de cesación de pago s en que se encontraba. Pues se trataría de una afirmación que no se compadece ni con la aludida realidad contractual, ni con la conducta que aquélla asumió en tal marco.

En síntesis, tal conocimiento del estado de insolvencia evidencia una complicidad que el banco tuvo al contratar con la deudora el negocio en cuestión.

IV.Es por ello que, de seguido, habré de ocuparme del otro agravio de la demandada, referido a si el Contrato de reconocimiento de deuda y de cesión generó a la Asociación un perjuicio susceptible de ser subsanado por esta vía.

i. Para lo cual adelanto, que probado que el acto se celebró dentro del período de sospecha y, acreditado también que el banco demandado sabía de la insolvencia de la Asociación Mutual, forzoso es concluir que el desprendimiento patrimonial consecuente a aquel contrato generó a ésta un perjuicio que corresponde presumir.

ii. Así resulta de lo dispuesto en el art. 119 de la ley 24.522 que rige la cuestión; norma que, al imponer sobre el demandado la carga de demostrar que, no obstante, el acto impugnado no ha causado daño, lleva, como implícito presupuesto, que el legislador presume que todo desprendimiento patrimonial ocurrido en esas condiciones ha producido daño. (conf. esta Sala, in re: “Renka S.A. s/quiebra c/ Volvo Do Brasil Vehículos Ltda. y otro s/ordinario”, Expediente n° 55249.08, del 12/11/2012).

iii. A mi modo de ver, la obtención de un crédito no importó para la Asociación acceder un beneficio de asistencia financiera, menos aún el reconocimiento de una deuda y la cesión de derechos creditorios que la fallida percibía mensualmente de la Policía Federal Argentina.Pues, precisamente esta Cesión de créditos -pactada como Anexo del Convenio de reconocimiento de deuda- indudablemente implicó el egreso del patrimonio del deudor de su principal flujo de ingresos, el cual era la suma de las cuotas sociales que la Policía Federal retenía a sus afiliados.

Es decir, en vez de que los activos permanezcan en el patrimonio de la Asociación Mutual, con dicho egreso de capitales ésta colocó al banco demandado en una situación mejor que al resto de los acreedores quirografarios en clara violación al principio de igualdad concursal.

Es por ello que entiendo, que se ha cumplido el presupuesto esencial del sistema de inoponibilidad concursal referido al perjuicio a los acreedores, el cual no cabe verlo sino como una disminución o menoscabo de la garantía patrimonial del deudor a consecuencia, entre otras, de la vulneración del principio de la par conditio omnium creditorum, tal como ocurrió en el caso.

IV. Por último, no dejo de observar que el Banco del Sol refirió a la omisión incurrida por el a quo al no tratar la liberación del inmueble sito en la calle 50 entre 9 y 10, nro. 733/735 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, que su parte habría hecho mediante la devolución del boleto de compraventa de dicho inmueble que oportunamente se cediera con motivo de garantía del Convenio de Asistencia Financiera, es decir, con motivo de los préstamos otorgados por la demandada a favor de los socios de la mutual fallida.

Al respecto, y más allá de la orfandad probatoria en la que incurrió la demandada al no presentar siquiera una copia simple de dicho documento, lo cierto es que -tal como sostiene la Sra. Fiscal- “ello de modo alguno importó la inexistencia de perjuicio sino que, en todo caso, podría ser un elemento a considerar al estimar la extensión del mismo”. Argumento que comparto y que no varía la solución aquí arribada.

Por lo que propongo a mis distinguidos colegas, que este agravio también sea rechazado.

IV.Conclusión.

En síntesis y por los motivos expuestos, propongo al acuerdo desestimar los agravios de la demandada y confirmar la sentencia de grado en todos sus términos, con costas de Alzada a cargo de la demandada sustancialmente vencida (conf. art. 68, primer párrafo CPCC). Así voto.-

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan R. Garibotto y Julia Villanueva adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores Villanueva, Garibotto, Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. del libro n° de Acuerdos de la Sala “C” de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

Rafael F. Bruno Secretario

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013.-

Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (Cpr. 68).

Notifíquese por Secretaría a las partes y a la Sra. Agente Fiscal en su público despacho.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Julia Villanueva Juan R. Garibotto Eduardo R. Machin Rafael F. Bruno Secretario.

 

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