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Se hace lugar parcialmente a la acción de amparo, y se ordena la restitución del pago del «Retiro Programado» suspendido por ANSES

DineroPartes: Rodriguez Vanner Luis Daniel c/ MET AFJP y otro s/ amparos y sumarísimos

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social

Sala/Juzgado: III

Fecha: 13-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-84928-AR | MJJ84928 | MJJ84928

Se confirma la sentencia que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo, y ordena la restitución del pago del «Retiro Programado» que había sido suspendido por ANSES.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo y ordenó la restitución del pago del Retiro Programado , toda vez que el régimen de capitalización que incluía dicha modalidad de pago ahora suspendida por ANSES, resultó absorbido y sustituido por el Sistema Integral Previsional Argentino (art. 1 de la ley 26425), el cual a la vez impone al Estado Nacional la obligación de garantizar a los pretéritos afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia del S.I.P.A. (art. 2 de la ley 26425).

2.-Analizando las circunstancias del caso, se advierte que en la litis se debate el sustento de un menor, al momento de la interposición de la demanda y cuestiones de carácter alimentario y subsistencia, lo que torna aplicable lo dicho por la CSJN en la causa Juan J. Manauta y Otros c/ Embajada de la Federación Rusa , donde afirmo que en materia de Seguridad Social lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de los derechos sino con extrema cautela y, de acuerdo con el principio in dubio pro justicia socialis (Fallos: 322:2926).

3.-La mera invocación de la existencia de la vía ordinaria prevista en el art. 15 de la ley 24463 no resulta atendible para justificar el rechazo de la acción de amparo.

4.-Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de marzo de 2014

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:

Nada tengo que agregar al dictamen producido a fs192. por el Ministerio Público, cuyos términos comparto y a los que me remito en orden a la economía procesal. En consecuencia, en caso de prosperar mi voto correspondería declarar no admisible la acción de amparo intentada en autos, atento que la cuestión planteada requiere una mayor amplitud de debate y de prueba (art. 2, inc. d), de la ley 16.986), debiendo devolverse el expediente al juzgado de origen, a sus efectos.V2

EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:

I. Contra la resolución de la Juez subrogante del Juzgado de la Seguridad Social N° 10, que resolvió: hacer lugar parcialmente la ««acción de amparo» que interpuso el Sr. Luis Daniel RODRIGUEZ VANNER admitiendo la pretensión en lo que hace a la restitución del pago del «Retiro Programado» y la rechazó en cuanto a la devolución de los fondos correspondientes a «imposiciones voluntarias», depositadas en la Cuenta de Capitalización Individual (Nro. 639.387), registrada en «MET AFJP S. A.»; ordenó a la «ANSeS» a que efectúe el pago del retiro programado oportunamente contratado con MET AFJP con más los intereses conforma a la tasa pasiva que publica el BCRA; impuso las costas por su orden y reguló los honorarios del letrado de la parte actora; apelaron ambas partes.

II. La ANSeS, se agravia de la resolución del Juez «a quo», porque a) admitió parcialmente la acción de amparo y b) dispuso el pago de intereses.

III. Por su parte la actora, encuentra que la sentencia le causa perjuicio porque: a) al interés impuesto se aplicó la tasa pasiva anual que publica el BCRA; b) impuso las costas por el orden causado y c) los honorarios regulados, por considerarlos bajos.

IV. En relación al agravio sobre la admisibilidad de la «acción de amparo», recuerdo que el Alto Tribunal in re: «Freidenberg de Ferreyra, Alicia Beatriz c/Honorable Legislatura de Tucumán» dijo que:»el mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción, contaría, desde luego, con dichas vías alternativas, ya que de otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su art. 43 ha establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable» (Fallos: 331:1755).

Así las cosas, la cuestión planteada por la demandada en el «memorial recursivo», no resulta atendible ya que simplemente invoca la existencia de la vía ordinaria prevista en el art. 15 de la ley 24.463 para la dirimir la controversia.

Por otra parte, cabe destacar que el régimen de capitalización que incluía el «Retiro Programado» ahora suspendido, resulto absorbido y sustituido por el Sistema Integral Previsional Argentino (art. 1 de la ley 26.425), el cual a la vez impone al Estado Nacional la obligación de garantizar a los pretéritos afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia del S.I.P.A. (art. 2 de la ley 26.425).

Ello así, analizando las circunstancias del caso, advierto que en la «litis» se debate el sustento de un menor (Lucas Rodríguez Vanner), al momento de la interposición de la demanda y cuestiones de carácter alimentario y subsistencia, lo que torna aplicable lo dicho por la CSJN en la causa «Juan J. Manauta y Otros c/Embajada de la Federación Rusa», donde afirmo que «en materia de Seguridad Social lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de los derechos sino con extrema cautela y, de acuerdo con el principio «in dubio pro justicia socialis» (Fallos:322:2926).

En tal sentido, cabe concluir que «si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos» -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema- «Quiroga, Miguel Alberto c/Estado Provincial de Entre Ríos» (Fallos 327: 2955).

Por lo expuesto y ante la situación descripta, resulta -en el caso-, procedente la acción de amparo, por lo que corresponde confirmar lo resuelto por el Juez «a quo».

V. En cuanto a los planteos interpuesto por ambas partes sobre los intereses, cabe remitir a lo dicho por la CSJN en la causa «Siptale, Josefina Elida c/ ANSeS s/ impugnación de resolución administrativa» donde se resolvió que la tasa pasiva promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina es adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por la demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica en examen y el carácter alimentario de las prestaciones adeudadas (Fallos: 327:3721).

En tales condiciones, cabe confirmar lo resuelto.

VI. En lo que hace a las costas del proceso, no encuentro motivo alguno para apartarme del principio sentado por el art. 14 de la ley 16.986, cfr. Doctrina sentada por la CSJN. in re: «De la Horra, Nélida c/ Administración Nacional de la Seguridad Social» (D 296 XXXIII, 16/03/99, Fallos: 322:464), por lo que habrán de ser impuestas a la demandada en ambas instancias, visto que la parte actora se vió forzada a demandar en defensa de su legítimo interés, motivo por el cual se revoca lo dispuesto por el «a quo».

VII. Acerca de la regulación de los honorarios del letrado interviniente por la parte actora, conforme con lo prescrito en el art.279 CPCCN, las especiales circunstancias del caso, el cúmulo de tareas realizadas y el monto por el que prosperó la acción, resulta pertinente establecerlos en un 15 % del monto por el que efectivamente prospere la acción y, por la actuación ante esta Alzada, en un 30 % de lo precedentemente regulado (arts. 6, 7, 8 y concs. de la ley 21.839 mod. Ley 24.432).

VIII. Por lo expuesto y habiendo dictaminado el Ministerio Público Fiscal – fs. 192-, propicio: 1) declarar formalmente admisibles los recursos interpuestos en autos; 2) no hacer lugar al planteado por la demandada; 3) admitir parcialmente el interpuesto por el actor; 4) aplicar las costas conforme al considerando V; 5) regular los honorarios según lo dispuesto en el punto VII; 6) confirmar en lo demás la sentencia impugnada y 7) costas a la vencida (arts. 14 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

EL DR. NÉSTOR A. FASCIOLO DIJO:

En las particulares circunstancias del caso, adhiero a la conclusión a que

arriba el Dr. Poclava Lafuente.

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisibles los recursos interpuestos en autos; 2) no hacer lugar al planteado por la demandada; 3) admitir parcialmente el interpuesto por el actor; 4) aplicar las costas conforme al considerando V del voto del Dr. Poclava Lafuente; 5) regular los honorarios según lo dispuesto en el punto VII de los considerandos del voto del Dr. Poclava Lafuente; 6) confirmar en lo demás la sentencia impugnada y 7) costas a la vencida (arts. 14 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente cúmplase con la Comunicación dispuesta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada N° 15/13 (p. 4 y conc.) y remítase.

NESTOR A. FASCIOLO JUEZ DE CAMARA

JAVIER B. PICONE SECRETARIO DE CAMARA

 

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