ART y empleador responden por el accidente sufrido por un trabajador que manipulaba una amoladora

15-amoladora

Partes: Vedoya Pablo Hernan c/ De Martino Marcelo y otro s/ d. y p. inconstitucionalidad s/ d. y p. inconstitucionalidad

Tribunal: Cámara de Apelaciones lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Sala/Juzgado: III

Fecha: 4-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85055-AR | MJJ85055 | MJJ85055

Responsabilidad solidaria del empleador y de la ART por el accidente sufrido por el trabajador al manipular una amoladora.

Sumario:
1.-Corresponde responsabilizar a la empleadora en los términos del art. 1113 del Código Civil por los daños y perjuicios sufridos por el actor, quien estaba trabajando con la amoladora cuando la misma se le escapa de las manos y se hiere la mano izquierda, toda vez que el operario estaba cumpliendo tareas ordenadas por su empleador y para su realización resultaba útil el uso del dispositivo en cuestión, no habiéndose acreditado fehacientemente negligencia del trabajador.

2.-Si las prestaciones comprometidas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, según le fueran impuestas por la Ley 24.557 o el contrato de afiliación, están destinadas a resarcir, al menos de modo parcial, los daños cuya reparación integral reclama el trabajador, y dentro de éstos se abarcan perjuicios comprendidos en el sistema legal especial o en el contrato de seguro, no hay razones para liberarla del deber de repararlos en la extensión del débito que le resulta exigible cuando ocurre el evento asegurado.

Fallo:

NEUQUEN, 4 de febrero de 2014

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: «VEDOYA PABLO HERNAN C/ DE MARTINO MARCELO Y OTRO S/ D. Y P. INCONSTITUCIONALIDAD L. 24557», (Expte. Nº 372904/2008), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra.

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo:

I.- Que la parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva del 28 de diciembre del 2012 (fs. 600/612), expresando agravios a fs. 647/654.

Argumenta que la juez de grado incurre en arbitrariedad al acoger el reclamo por accidente de trabajo cuando se ha comprobado mediante el testigo denunciado que el actor manipuló la herramienta por su sola voluntad, no habiéndosele ordenado tal tarea por parte de la empleadora y desconociéndose el motivo de su utilización. Pide condena expresa para la ART atento las posibles acciones regresivas de la misma y cuestiona la pretensión civil dado el consentimiento de la vía especial. Cita doctrina del TSJ.

Apela la imposición de las costas, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la acción con costas.

Corrido el pertinente traslado la parte actora contesta a fs. 661/664.

Manifiesta que el patrón reconoció el accidente de trabajo y que se contradice al pretender su desconocimiento mediante la declaración de un único testigo dependiente, no existiendo acción regresiva alguna y habiéndose declarado reiteradamente la inconstitucionalidad de la cláusula que veda la acción civil.

Solicita se rechace la apelación con costas.

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a la demanda entablada en concepto de daños y perjuicios ocasionados en accidente de trabajo, declarando la inconstitucionalidad del art. 39 ap.1 de la ley 24.557 y acogiendo la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la ART, en razón del reconocimiento del evento dañoso y no acreditada debidamente la alegada culpa de la víctima, trayéndose un único testigo dependiente cuyos dichos no fueron corroborados en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, debiendo deducirse lo abonado en sede administrativa.

Que el texto apelativo se advierte que la crítica incurre en un desarrollo argumental contradictorio, que en el caso de los últimos agravios se presentan insuficientes en relación a las exigencias proceales (art. 265 del CPCyC).

A.- Abordando el primer agravio, relacionado con la atribución de responsabilidad a la empleadora y la culpa de la víctima, resulta que la juzgadora establece la responsabilidad objetiva conforme el art. 1113 del Cód.

Civil por riesgo creado por la actividad o la cosa y la estrictez en la apreciación de las eximiciones, dando preeminencia al reconocimiento del accidente ante la ART frente al único testigo que es un dependiente del empleador demandado, y la ausencia de otra prueba corroborante.

El recurrente insiste en los dichos de tal testigo de que no debía usar la herramienta mencionada y justifica la falta de otros medio probatorios en que aquel era el único presente en el lugar, minimizando los efectos de la denuncia formulada.

Se observa sobre el particular, que en el escrito introductorio se narra el accidente de trabajo sufrido por el actor en momentos en que prestaba tareas para el demandado, habiéndose ordenado el armado de exhibidores metálicos, aquel manipula una amoladora sin las medidas de seguridad necesarias, produciéndose el evento dañoso a consecuencia de la rotura del disco (fs. 37 vta.); a su vez, en el responde se postula que los exhibidores eran de durlock y que la tarea de acondicionamiento de los mismos no requería ningún corte de amoladora, denunciando culpa de la víctima (fs.130 vta.).

No resultará ajeno al análisis que es el mismo empleador el que denuncia formalmente el siniestro ante la ART, describiendo que el empleado estaba trabajando un material con la amoladora cuando la misma se le escapa de las manos y se hiere la mano izquierda (fs. 122 y 123); en este sentido, las fotografías traídas por la accionada dan cuenta de estantes de durlock que fueron eliminados para la apertura de los exhibidores (fs. 94 y ss.), mientras que la pericia de seguridad instruye sobre la capacitación y medidas de seguridad necesarias para la manipulación de la herramienta en cuestión (fs. 345/346); finalmente, el testigo referido ratifica las fotografías y los dichos del perseguido, aclarando que es dependiente de este, con funciones de encargado del comercio, y afirmando que sólo requerían para las tareas, destornillador, pinza y martillo (fs. 289 y ss.).

Indudablemente, el marco legal lo aporta el artículo 1.113 del Código Civil que prescribe expresamente: «La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.» (cfme. arts. 19 de la Const. Nac.; 27 de la Const. Prov.; 1.068 y 1.111 del Cód. Civil; y 377 y 386 del Cód.Procesal).

La doctrina explica que «En cualquiera de estos casos, al demandante le basta con probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de que proviene aquél. Es al demandado a quien le compete probar que de su parte no hubo culpa (si la cosa no es viciosa o riesgosa) o bien la culpa de la víctima o de un tercero (si lo es).» (p. 329, Tratado de Dcho. Civil, Obligaciones II, Borda) «(para la).doctrina, hoy prevaleciente en la jurisprudencia, no basta con la simple prueba de la diligencia: es menester que se pruebe que el daño se produjo por culpa de la propia víctima o de un tercero o que resultó de un caso fortuito o el dueño es inimputable. Adherimos a esta doctrina que es la que mejor se adecua con nuestra opinión de que la responsabilidad del dueño se funda en el riesgo creado. Basta que haya relación de causalidad entre la acción de la cosa y el daño para que el propietario responda, a menos que se prueben las aludidas circunstancias eximentes, porque ellas probarían que el daño no resultó del riesgo sino de otras causas.» (ídem, p. 351).

Ante todo cabe tener presente la disposición legal citada que brinda el contexto de interpretación de los hechos, destacando que para eximirse de responsabilidad se deberá acreditar la culpa de la víctima o la utilización de la cosa en contra de la voluntad del dueño.

Sin embargo, la única evidencia traída a estos efectos por el empleador demandado ha sido el testimonio del encargado del local, quien manifiesta que la herramienta no debió ser usada.Más, nos encontramos dentro de una relación laboral en la que se ha encomendado cierta tarea y se ha puesto a disposición un kit de herramientas, entre las cuales se encontraba la cosa peligrosa, y el propio declarante admite que en ningún momento se prohibió el uso de ella, que el trabajador fue contratado para tareas de mantenimiento, que la orden era retirar los estantes de durlock y que no presencia el accidente ya que se había retirado del lugar.

Con ello, surge que el operario estaba cumpliendo tareas ordenadas por su empleador y que para su realización puedo entender útil el uso del dispositivo en cuestión para desarmar las placas de yeso y/o estructuras metálicas que aparecen en las fotografías, evidenciándose insuficiente el uso de un destornillador al no describirse ni acreditarse la técnica que se debía aplicar como tampoco que se haya vedado la utilización de aquel, extremos todos ellos que desacreditan la versión intentada, y comprobándose de esta manera la falta de suficiente diligencia del guardián de la cosa, sin que se acredite fehacientemente negligencia del operario, lo que torna aplicable la presunción legal de responsabilidad consecuente además con la admisión emanada de la denuncia administrativa.

La jurisprudencia ha dicho en un caso similar: «En el caso, el accidente que incapacitó en forma parcial a la trabajadora se produjo cuando la pollera y medias de nylon que vestía en la ocasión se incendiaron al pasar por delante del hogar a gas que se encontraba en el camino entre el escritorio de la accionante y la puerta de entrada -la actora cumplía funciones de recepcionista y debía recibir a las personas que ingresaban a la oficina- lo que le provocó quemaduras de tercer y segundo grado.Tal como lo señaló la Corte, resulta necesaria una prueba concluyente demostrativa de que el accidente de trabajo tuvo por causa una actuación negligente del damnificado «para dar adecuado sustento a la imputación de culpabilidad en que se centra el rechazo de la demanda de indemnización fundada en disposiciones del derecho civil» (Fallos:

329:2667 «Rivarola c/ Neumáticos Goodyear»). Sin embargo, la imputación de «culpa de la víctima» formulada por la apelante, debe desestimarse en tanto omitió toda indicación de la prueba que demostraría la alegada negligencia de la trabajadora, máxime cuando de la naturaleza de las tareas llevadas a cabo por la actora, resulta evidente que en el cumplimiento de ellas debía necesariamente circular en ese espacio, al menos desde su escritorio hasta la puerta principal de acceso a las oficinas de la agencia. Es que para liberar de responsabilidad al dueño o gardián no basta la mera invocación de culpabilidad de la víctima o de un tercero: la presunción de culpa del art. 1113 CC no cae ante cualquier indicio o inducción no muy claro, ni preciso, sólo se levanta con pruebas incuestionables y convincentes (CNACiv., Sala K, 29/2/08 «Guaranga, J.C. c/ GCBA»)».(Auto: T., P. S. c/ Bacam Process y otros s/ despido – CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO. – Sala: Sala IV – Mag.: Guisado – Pinto Varela – Tipo de Sentencia: SD – N° Sent.: 96102 – Fecha: 29/02/2012 – Nro. Exp.: 19795/09-LDT).

B.- Respecto al agravio relacionado con la reparación debida, en la sentencia de grado se fija el resarcimiento por daño físico y moral, tomando como pautas los porcentajes de incapacidad estimados por el perito médico y la incidencia patrimonial general de la minusvalía. Desde aquí, el apelante se torna más confuso aún.Imputa contradicción por desechar la acción contra la ART y luego descontar lo abonado por ella, aduciendo que su parte queda expuesta a acciones de regresión y que la aseguradora debe responder hasta el límite del seguro.

Como se puede observar no ataca concretamente el párrafo que cita de la sentencia, referido a la cuantificación del daño, y alude en forma vaga a otras cuestiones, la responsabilidad de la ART, lo que indudablemente transgrede la estipulación procesal del art. 265 del CPCC, que exige la critica concreta y razonada de la resolución que se persigue modificar.

C.- Acerca de la inconstitucionalidad del art. 39 LRT, el sentenciante así lo decreta en virtud de vedar al trabajador la acción integral que tiene todo ciudadano, verificándose concretamente la disminución de la reparación debida al comparar el régimen especial y común, según doctrina de la CSJN, descontando lo percibido de la ART ya que no puede cobrar dos veces por el mismo hecho; por su parte el recurrente defiende la LRT, haciendo hincapié en que la misma es obligatoria, preventiva, reparatoria e integral, inhibiendo la acción civil, esto último consentida por el reclamante que se sometió al trámite administrativo.

De esta forma en ningún momento se adentra en los fundamentos de la inconstitucionalidad, tales la restricción de los derechos del trabajador y la afectación económica producida por las tarifas menguadas, incumpliendo otra vez lo prescripto por la norma procesal de aplicación, al no brindar las bases lógicas y jurídicas imperiosas para plantear un debate revisor.

D.- En relación a la falta de legitimación pasiva opuesta por la ART, el pronunciamiento de grado la acoge, en razón de que no se encuentra cubierta la responsabilidad civil en el contrato de seguro, no habiéndose alegado ni probado omisión con incidencia en la causa del siniestro.

Sin embargo, la demandada insiste en acciones de repetición que no puntualiza, transcribiendo jurisprudencia.Aduce que si se obliga a la empleadora fuera de la ley, también se debe condenar a la ART fuera de las prestaciones de la misma.

Que tales argumentos resultan insuficientes como crítica, máxime cuando no se ha argüido expresa y fundadamente la condena de la aseguradora por la mayor incapacidad determinada en autos, a tal punto que la misma no ha sido determinada en porcentaje por la juez de grado, lo que no ha sido objeto de agravio conducente, y hubiera justificado el reclamo de la ampliación de las prestaciones especiales contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo a cargo de la aseguradora.

A ese supuesto se refiere el fallo del TSJ citado por el recurrente, «CONCHA ESPARZA ROBERTO ALFONSO C/ CEDICOM S.A.C.I.F.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», con la salvedad de que en aquel la ART nada había abonado, mientras en los presentes, al tiempo de la demanda, ya se había cancelado la prestación por incapacidad parcial y permanente prevista en la ley 24.557.

Tal antecedente dicta que:

«1.- Si las prestaciones comprometidas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, según le fueran impuestas por la Ley 24.557 o el contrato de afiliación, están destinadas a resarcir, al menos de modo parcial, los daños cuya reparación integral reclama el trabajador, y dentro de éstos se abarcan perjuicios comprendidos en el sistema legal especial o en el contrato de seguro, no hay razones para liberarla del deber de repararlos en la extensión del débito que le resulta exigible cuando ocurre el evento asegurado. Lo contrario implicaría relevarla de reparar los perjuicios emergentes de un infortunio laboral, aceptando su incumplimiento contractual y, al mismo tiempo, conllevaría el desobligarla del cumplimiento de las prestaciones que le han sido impuestas legalmente por el régimen especial que la emplaza como responsable directa. (del voto del Dr.Kohon).

«2.- En el marco de un reclamo de daños y perjuicios, emergentes de un accidente de trabajo, sustentado en las normas del Código Civil, cabe extender la condena a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -en el caso, citada como tercero por el empleador- si la indemnización pretendida por la víctima abarca daños cuyo resarcimiento la A.R.T. está obligada a prestar, legal o contractualmente, pues en nada modifica su situación la normativa que resulte aplicable a la pretensión, siempre y cuando se cumplan los extremos fijados en el régimen legal específico que las regula y no se la condene más allá de lo que éste y el contrato la obliga. (del voto del Dr. Kohon).

«3.- No se advierte que menoscabe el derecho de propiedad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo la extensión de la responsabilidad de la condena impuesta al empleador en una acción de derecho común, que quedaría a resguardo con la limitación a la cobertura específicamente impuesta por el régimen de la Ley 24.557 o el contrato, sino que, una solución contraria, traería aparejado un enriquecimiento indebido a costa del empleador, quién, además de hallarse compelido legalmente a abonar las cuotas del contrato de afiliación, también resultaría condenado al pago total del daño derivado del infortunio, mientras que la aseguradora quedaría liberada de responder a pesar de haber recibido el pago de aquellas cuotas (del voto del Dr. Kohon).

«4.- Si el propio sistema de la Ley 24.557 admite a la víctima o sus derechohabientes -en los casos señalados en el art.39° -la posibilidad jurídica de que la pretensión resarcitoria se sustente en las normas del derecho común, sin que por ello las aseguradoras queden eximidas de brindar las prestaciones impuestas por aquél, no existen óbices constitucionales ni legales para extender la misma solución legal para otros supuestos, como el de autos, a la luz de las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Aquino». (del voto del Dr. Kohon).

«5.- Corresponde declarar procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley, en virtud de la causal prevista por el inc. d), del art. 15º, de la Ley 1.406, y casar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, revocando parcialmente la sentencia de grado que eximió de responsabilidad a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por haber fundado el actor su reclamo en un régimen jurídico general que le es ajeno, en tanto, a la luz de la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re «Aquino» y sus proyecciones, la aseguradora debe responder por las prestaciones que legal y contractualmente están a su cargo y en la medida del seguro, aún cuando las víctimas de infortunios laborales funden su reclamo de reparación integral en las normas del derecho civil.(del voto en mayoría).

«6.- Si el actor -en el marco de un reclamo de daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo por vía de la responsabilidad del derecho civil- no demandó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por el cumplimiento de la ley especial y ni siquiera solicitó su comparecencia en juicio, sino que la empleadora solicitó su citación como tercera a fin de que cumpla con las prestaciones que resultan de la Ley de Riesgos de Trabajo y el contrato firmado entre ambas, no cabe extenderle la condena que impuso a la asegurada resarcir al trabajador el daño moral, daño emergente y lucro cesante, en tanto la citada solamente puede ser condenada en los términos del contrato y es un hecho no controvertido que se encontraba cumpliendo con las obligaciones a su cargo, máxime si, como se indica, su responsabilidad queda limitada a lo dispuesto por la ley 24.557 y el contrato. Por lo que no resulta de aplicación, al caso concreto, la doctrina sentada por la C.S.J.N. (Disidencia del Dr. Gigena Basombrio)».

Así es como el apelante no alcanza a conformar el silogismo jurídico que lo lleve a obtener el resultado pretendido, la revocación o modificación del decisorio impugnado, lo que de ninguna manera puede ser integrado por el tribunal de alzada, sin afectación del derecho de defensa y la obligación de imparcialidad, por lo cual, los agravios analizados deben ser declarados desiertos.

III.- Finalmente, en lo que hace a la disposición de las costas, teniendo en cuenta lo resuelto y lo previsto en el art. 68 del CPCC, también deberá ser confirmada.

IV.- Por las razones expuestas, y en atención a los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo del recurrente vencido, a cuyo efecto deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley arancelaria.

Tal mi voto.

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo:

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 600/612, en todo lo que fuera materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68 C.P.C.C.).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes e esta Alzada, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Fernando Marcelo Ghis ini

Marcelo Juan Medori

Audelina Torrez – Secretaria

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: