Responsabilidad del Estado provincial por los daños sufridos por un alumno mientras manipulaba una herramienta en el establecimiento educativo.

shutterstock_145279378Partes: C. J. B. y M. A. R. y por su hijo menor D. J. R. c/ Dirección Gral. de Escuelas Prov. Mza. p/ d. y p. s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 21-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-84894-AR | MJJ84894 | MJJ84894

Responsabilidad del Estado provincial por los daños sufridos por un alumno mientras manipulaba una herramienta en el establecimiento educativo. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó al Estado provincial a resarcir los daños sufridos por un alumno mientras manipulaba una herramienta en el establecimiento educativo, pues la responsabilidad de estos es rigurosamente objetiva, ya que prevé como única eximente el caso fortuito y, como en toda responsabilidad de naturaleza objetiva, no solo debe reunir las características de inevitable e imprevisible, sino que principalmente debe ser ajeno a la actividad educativa.

2.-El daño sufrido por el alumno accionante, estando bajo el control de la autoridad educativa, resulta de la propia actividad (o servicio) educativa, ya que se trata de una escuela técnica que enseña a operar maquinarias, siendo irrelevante que las apelantes se esfuercen en demostrar la diligencia debida desplegada por los docentes, ya que la no culpa no exime en este tipo de responsabilidad.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintiún días de marzo de dos mil catorce se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Segundo de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Gladys Delia Marsala y Silvina Del Carmen Furlotti, no así el Dr. Horacio C. Gianella por haberse acogido el beneficio jubilatorio y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 7.432/50.072, caratulados: “C. J. B. Y M. A. R. Y POR SU HIJO MENOR D. J. R. C/DIRECCION GRAL. DE ESCUELAS PROV. MZA. P/ D. Y P. P/ ORDINARIO” originaria del Segundo Juzgado Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 237 por Fiscalía de Estado y a fs. 238, la parte demandada, contra la sentencia de fecha 19 de febrero de 2013, obrante a fs. 222/230, la que decidió: hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Sres. J. B. C. y M. A. R. y D. J. R. en contra la Dción Gral. de Escuelas, imponer las costas por lo que prospera la demanda a la parte demandada en tanto que solo se imponen costas a los Sres. C. y M. A. R. por el rubro Daño Moral que se rechaza en tu totalidad y regular los honorarios a los profesionales intervinientes.

Habiendo quedado en estado los autos a fs. 288, se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Furlotti y Marsala.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. FURLOTTI DIJO:

1.Que a fs. 237 interpone recurso de apelación Fiscalía de Estado, por intermedio de apoderado, y fs. 238 hace lo propio la demandada en autos en contra de la sentencia que rola a fs. 222/230 que hace lugar parcialmente a la demanda, impone costas y regula honorarios.

Para así decidir el Sr. Juez de la causa tuvo en cuenta que: los Sres. J.B. C. y M. A. R., por su hijo menor D. Jesús R. promoviendo demanda por daños y perjuicios en contra de la Dirección General de Escuelas por la suma de $ 140.000 con más sus accesorios.

Explica que con fecha 25/04/2008 siendo aproximadamente las 8,30 hsDJR se encontraba desarrollando tareas en la sección máquinas y herramientas en el taller que el establecimiento tiene en la escuela técnica 4-120 ” José de San Martín”, en el tercer ciclo del EGB. Agrega que por instrucciones impartidas por el profesor Roberto Rauzi debía realizar conjuntamente con un compañero ( Esteban Terrero) una perforación de una planchuela. Indican que para ejecutar dicha tarea impartida se trasladan a la sección ” mantenimiento y soldaduras electromecánicas “utilizando la máquina conocida como taladro de columna. Señalan que dicha máquina es vetusta y carecía de los elementos de seguridad necesarios. Así la morsa que es un elemento importante de la máquina porque es la que sujeta el material se encontraba rota y no estaba colocada en la máquina, en su lugar se había colocado una planchuela de hierro donde afirmaba el material a perforar. Para concretar el trabajo encomendado el menor, ante la rotura de un elemento tan importante sujeta el material de hierro a perforar con la mano y en el momento en que estaba realizando la operación se atasca la mecha o broca y se produce un giro violento de la planchuela sostenida con las manos enganchándole el guante que utilizaba y la manga del guardapolvo no dándole tiempo a sacar la mano izquierda. Agregan que la mecha le va enroscando el brazo izquierdo hasta que un compañero en forma inmediata corta la corriente deteniendo la máquina. Indican que a raíz del accidente sufre lesiones graves en el brazo y antebrazo izquierdo debiendo ser trasladado al Hospital Perrupato.

A su turno, la DGE contesta y solicita su rechazo.Se hace parte Fiscalía de Estado.

Se produce la prueba, las partes alegan y el Magistrado de Grado dicta sentencia, por los siguientes argumentos:

Explica la reforma introducida por la ley 24.830 al art. 1117 del Código Civil, que ha consagrado una responsabilidad objetiva de los propietarios de los establecimientos educativos. Cita el voto de la dra.Kemelmajer en el caso “Mathus”. Señala que la eximente de responsabilidad prevista en la norma sólo contempla el caso fortuito, el que conforme al art. 514, es todo evento que no ha podido preverse o que, efectivamente previsto, no se ha podido evitar. En razón de ello el titular del establecimiento no se libera de responsabilidad demostrando su obrar diligente o su falta de culpa, sino que debe probar la ruptura del nexo causal.

Se pregunta si la culpa de la víctima es eximente, al no estar contemplada en la norma. Aclara que existe consenso en que la culpa del alumno no libera al titular del establecimiento, si la víctima no ha alcanzado los diez años. Y que ello resulta dudoso respecto del menor mayor de diez años. Entiende, siguiendo a Kemelmajer, que sólo se prevé como causal de exención de la responsabilidad el caso fortuito y toda excepción en este sentido debe ser interpretada estrictamente.

En autos no ha sido controvertido que el menor D. Jesús R. resultó lesionado (si bien la extensión de los daños será luego analizada en caso de así corresponder), a raíz de un accidente con un taladro de columna en la escuela N° 4-120 ” José de San Martín” dependiente de la Dirección General de Escuelas.

La parte demandada resiste la pretensión esgrimida aduciendo que tomó todos los recaudos a fin de evitar el accidente protagonizado por el menor. Invoca como causal de exención de responsabilidad la culpa de la víctima, art. 1111 del Código Civil.

Estima que la conducta del menor no reúne los caracteres del caso fortuito para que opere como eximente.Señala que el menor resultó lesionado a raíz de un accidente que protagonizó con un taladro de columna perteneciente a la escuela a la que asistía. Refiere a los testimonios del Sr. Esteban Darío Terrero que, explica, que al ser interrogado sobre como ocurrió el accidente expresa que ” nosotros teníamos que hacer un trabajo, me mandaron a mí a hacer una perforación en una planchuela metálica, era mi trabajo, como D. no tenía nada para hacer el profesor dijo que fuera conmigo, la morsa no estaba, usamos un pedazo de riel que el día anterior habíamos usado. Prendo la máquina, giraba a altas revoluciones, la bajamos para que no fuera tan rápido, empezamos a hacer el agujero, se escapó la planchuela del riel y le empezó a llevar el brazo, se empezó a enroscar en la columna…… ” ( 4° pregunta) … Al ser interrogado para que diga porque causa no estaba la morsa en el taladro responde que ” las morsas las habían sacado de la máquina.” ( 1° ampliación ) . Al ser interrogado para que diga porque motivos separaba las morsas de los taladros responde que ” porque también usábamos las morsas para sujetar piezas, que este fijas, pero que nosotros podíamos mover, por ejemplo amolarlas .” ( 4° ampliación ).Al ser interrogado para que diga si el Profesor Gomina se encontraba presente en momentos antes y durante el accidente responde que ” antes del accidente se encontraba, durante el accidente no, contestó algunas preguntas y se fue antes del accidente ” .(6° ampliación). Concluye que de la testimonial surge mas que claro que el taladro de columna no tenía la morsa colocada. También que el perito ingeniero indica que ” No puede comprobar el funcionamiento de la máquina ya que no estaba habilitada para su uso, al realizarse una inspección visual muestra que el estado de conservación es bueno, el mandril golpeado debido a que para retirar o ajustar la broca no han utilizado la llave especial que se requiere, sino que han usado otro tipo de herramientas.No se dispone de protección envolvente en la zona de la broca para proteger la operación de proyecciones de viruta y evitar contactos fortuitos con la herramienta. No poseía iluminación localizada en el punto de trabajo. Esta máquina por ser un modelo antiguo no posee sistema de parada de emergencia. ” (fs. 116 vta.)

Agrega el perito a fs. 117 en la oportunidad de referirse a si es aconsejable que la máquina sea operada por los alumnos del establecimiento que ” no es aconsejable por que la potencia que desarrolla el eje ( usillo) es elevada. No hay posibilidad de resbalamiento ya que la transmisión es por tren de engranajes. La operación de la misma no debe ser realizada por alumnos inexpertos sin el acompañamiento de una persona con experiencia y capacitada.

Agrega también que el uso de la máquina requiera de la presencia de una persona con experiencia y una capacitada para actuar en caso de que ocurra una emergencia, mas que de la presencia de dos o mas alumnos. Por razones de seguridad la máquina debería contar con un freno magnético y pedal de parada de emergencia o pulsador. En el punto n) indica que se requiere de la supervisión de un profesor o de una persona experimentada para el manejo de la máquina, no se puede dejar a un alumno solo al mando de este tipo de máquina y sin las medidas de seguridad necesaria. Que el testigo Sr. Joel Leandro Visaguierre , al ser interrogado si en el momento del accidente se encontraba algún profesor acompañando a los alumnos en ese uso de la máquina contesta que” no, no se encontraba ningún profesor ” 5° ampliación. En igual sentido declara el testigo de fs. 108 Sr. Marcelo Fabián Tejeda en la 2° ampliación.E decir de dichas testimoniales se acredita que al momento del accidente los menores no estaban bajo la supervisión de un docente o de algún adulto experimentado en el uso de la máquina.

Concluye que en el caso no se ha acreditado que el accidente del que derivaran los daños cuya reparación se pretende, haya obedecido a un acontecimiento extraordinario e imprevisible configurativos del caso fortuito, por lo que la presunción de responsabilidad establecida por la norma del art. 1117 del CC.

Analiza los daños sufridos por la víctima del siguiente modo:

Incapacidad sobreviniente, que se reclama la suma de $ 70.000 en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente la qu e estima es un 27% parcial y permanente. Señala que entiende el concepto de incapacidad en sentido amplio, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Provincial. Las lesiones sufridas por el menor se ha acreditan con el acta n° 01/2008 acompañada por la demandada a fs. 19 y de la que surge que el menor sufrió fractura expuesta de antebrazo izquierdo y fractura de húmero izquierdo, siendo luego atendido quirúrgicamente, concordante con el informe obrante a fs. 129 del Hospital I Perrupato. El perito médico Vicente A. Meli a fs. 162 vta. informa que al menor se le hace descubrir ambos brazos y antebrazos encontrándose diferencia entre ellos, al hacerle mover el antebrazo y muñeca izquierdos lo hace con dificultades a diferencia del derecho, la movilidad activa y pasiva de la muñeca izquierda es indolora pero está disminuida con respecto a la derecha, no llega a los 90° de flexión dorsal; en el brazo izquierdo presenta una cicatriz en cara externa de mismo con tendenciaqueloide de unos 15 cms, con una hipoatrofia del bíceps, el antebrazo izquierdo presenta cicatrices interna y externa que es pon donde le pusieron los clavos de steimann, cicatrices anfractuosas y con la movilidad disminuida, pronosupinación también disminuida, con flexión y extensión de codo también que no llega a los límites normales.El codo no puede extender a los 180°, llega a los 160 °, medido con goniómetro como la movilidad de la muñeca que ya se relató que no llega a los 90° de flexión dorsal.- Además presenta una disminución de la fuerza del brazo y antebrazo izquierdo. Concluye que le corresponde una incapacidad parcial y permanente del 14 % conforme al baremo. Analiza la impugnación de la pericia. Señala que si bien el perito no contestó la impugnación formulada por la demandada respecto de la pericia rendida en autos, igualmente entiendo que los argumentos expuestos por la demandada resultan insuficientes para enervar las conclusiones del experto. Ello por cuanto el perito al momento de asignar porcentaje de incapacidad solo lo hace teniendo en cuenta las fracturas traumáticas con secuelas leves en brazo y antebrazo. Es decir cuantifica el porcentaje de acuerdo a un baremo, este es” Agenda para pericias médicas del Dr.DiDoménica, pag. 290/291.” diferente al baremo 478/98 consignado por la demandada.

Sin perjuicio de lo expuesto, entiende, que el porcentaje asignado por el perito solo resultara en el presente caso una pauta orientadora mas a los fines de la cuantificación, toda vez que los montos de incapacidad sobreviniente no puede surgir exclusivamente de los porcentajes rígidos que resultan de los diversos baremo, sino que deben ser fijados tomando en cuenta las circunstancias personales de la víctima. De tal modo, teniendo en cuenta la naturaleza de las secuelas existentes, la edad de la víctima a la fecha del accidente, su condición de alumno, estimo razonable fijar el monto de la indemnización por este rubro en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) al momento de la sentencia, más intereses.

Finalmente, admite el rubro daño moral por $30.000 al momento de la sentencia, por cuanto, señala que en autos, ha sido acreditada la existencia de las lesiones invocadas que forzosamente produjeron dolores, angustias e incomodidades a la víctima. Cabe considerar asimismo que el menor fue intervenido quirúrgicamente y hospitalizado en dos ocasiones.La primera vez se le hizo un toilette quirúrgico quedando internado por 7 días. Luego nuevamente el 6 de mayo del 2.008 es intervenido quirúrgicamente y sigue internado hasta el 9 de mayo-. También efectuó tratamiento de rehabilitación con fisio y kineioterapia, más intereses moratorios.

2. a fs. 258/262 expresa agravios, la Dirección General de Escuelas, por intermedio de apoderado, quien solicita que se revoque el pronunciamiento atacado con costas. Se queja por la interpretación que hace el “a quo” de la conducta desplegada por el menor R. y su compañero. La causa del accidente radica en el mal manejo de una máquina, sin ajustar su actuar a las actividades escolares. A la fecha del evento dañoso la víctima tenía 18 años, cur-saba tercer año del polimodal, último año del nivel. Hace un tiempo que ocupaba el taladro de columna, los docentes le hicieron saber innumerables veces los recaudos y precauciones, estaba supervisado por un docente. La conducta de R. es por lo menos un factor coadyuvante fundamental del siniestro. No se ha valorado que tuviera 18 años con todo lo que ello implica, comprender e interpretar debidamente el acto. No puede dejar de valorarse que meses después se sancionó la ley que establece la mayoría de edad a los 18 años. No valoró los testimonios de los docentes Caltabiano, Gomina y Rauzi, que conocen las circunstancias del evento. Transcribe parte de los testimonios. Se desprende que los docentes imparten enseñanzas precisas sobre el funcionamiento de la máquina. Los educandos son, de algún modo, artífices de su propia desgracia, reflexiona, el apoderado de la Dirección General de Escuelas.

Cuestiona el porcentaje de incapacidad atribuido por el perito médico. Solicita la reducción del monto indemnizatorio a $30.000. Refiere a las razones dadas al impugnar pericia. Con relación al daño moral, también pide la disminución de la cuantía a $ 20.000. señala que los montos otorgados son exorbitantes y desproporcionados.Reitera que la valoración de la prueba no ha sido correcta.

4. a fs. 268/271 expresa agravios el Director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, quien solicita que se revoque la sentencia porque el “a quo” hace una interpretación y aplicación forzada del art. 1.117 CC. Entiende que en autos se ha roto el nexo causal, por el accio-nar de la propia víctima. No ha tenido en cuenta la edad de la misma y que al poco tiempo se sancionó la ley 26.579. el menor de edad tenía pleno discernimiento de las cosas. No se ha merituado que el menor llevaba a cabo una actividad propia de la currícula de una escuela técnica, bajo la supervisión de docentes de la materia y que contaba con los elementos de se-guridad pertinentes. El “a quo” no ha valorado las testimoniales de Caltabiano, Gomina y Rauzi (docentes).

Tampoco valoró correctamente la prueba pericial médica, por similares razones a las expuestas en el recurso de la DGE. Solicita que se reduzcan el porcentaje de incapacidad y los montos otorgados por incapacidad y daño moral.

4. a fs. 273 contesta agravios la parte actora apelada, quien solicita se rechacen ambos recursos, por las razones que expone, a las cuales me remito en honor a la brevedad.

5. Antes de ingresar a la consideración del recurso, adelanto mi opinión contraria a su procedencia.

Sabido es que la responsabilidad de los establecimientos educativos (art. 1.117 CC) es una responsabilidad rigurosamente objetiva ya que prevé como única eximente el caso fortuito y, como en toda responsabilidad de naturaleza objetiva no solo debe reunir las características de inevitable e imprevisible, sino que, principalmente, debe ser ajeno a la actividad educativa. Excepcionalmente, se admite como eximente el hecho o culpa de la víctima cuando reúna las características del casus pre mentadas, conforme lo explica el Juzgador en la sentencia en cri-sis.( ver Kemelmajer de Carlucci, Aída R.”La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997, LL 1.998 1998¬B-047 7 y S.C.J.Mza, Sala 1, Tello, Mónica por su hijo menor en j° 78.685/36.070 Tello, Mónica Silvana por su hijo menor c/ c/ Dirección General de Escuelas de la Pcia de Mendoza p/ D. y P. s/ Inc. Cas, entre otros. De esta Cámara de Apelaciones, con fecha 18/12/2013, compulsar 101.138/36.864 caratulada: “BARRERA LUCERO LEANDRO MARTIN C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ D Y P” (preopinante Dra. Marsala).

En autos, el daño sufrido por el alumno accionante, estando bajo el control de la autoridad educativa, resulta de la propia actividad (o servicio) educativa ya que se trata de una escuela técnica, que enseña a operar maquinarias. Es irrelevante que, las apelantes, se esfuercen en demostrar la diligencia debida desplegada por los docentes, ya que la “no culpa” no exime en este tipo de responsabilidad. De ahí que los testimonios de los docentes, que aducen que no fueron valorados por el Sr. Juez, no modifican la sentencia en crisis, ya que, todos ellos apuntan a demostrar la diligencia debida desplegada por los mismos y el correcto funcionamiento de la máquina, pero no demuestran que el daño se haya producido por un caso fortuito. Ello así, debían demostrar que el daño se produjo por una causa extraña a la actividad educativa (caso fortuito), extremo que no ha sido probado por la accionada.

Tampoco libera la culpa del alumno por más próximo que esté a la mayoría de edad o que a los pocos meses se haya sancionado la ley que redujo la misma a los 18 años. La norma no prevé esta causal (culpa de la víctima) de liberación porque el bien jurídico tutelado es la integridad y la salud de los propios alumnos. Así se ha dicho: “El art. 1117 del Cód.Civil prevé al caso fortuito como único supuesto de eximición de responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos, razón por la cual de nada le valdrá a éstos acreditar que su personal obró con la mayor diligencia en el evento por cuanto, no es la culpa lo que fundamenta la obligación de responder sino el deber de garantía objetivo.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B • Carbajal, Nora Antonia c. Aragón, Olga y otros • 12/04/2010 • LA LEY 23/08/2010 , 8 con nota de Fernando Alfredo Sagarna • LA LEY 2010E , 14 con nota de Fer-nando Alfredo Sagarna • RCyS 2011-I , 114 con nota de Tomás Ignacio González Pondal • AR/JUR/23662/2010). y que: “Sólo el caso fortuito ajeno al responsable o al riesgo propio de la tarea es idóneo para liberar de responsabilidad al establecimiento educativo, ello conforme a lo establecido en el art. 1117 del Código Civil reformado por la ley 24.830 (Adla, LVII-C, 2899).” ( Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C • Grasso, Eduardo M. y otro c. Colegio Galileo Galilei SAE y otro • 04/09/2007 • RCyS 2007 , 1066 • ED , 6 • JA 2007-IV , 466 • ED 227 , 52 • AR/JUR/5773/2007).

Con carácter excepcional nuestro Máximo Tribunal Provincial, como mencionara precedentemente, ha entendido que en algunos supuestos el hecho o culpa de la víctima podría reunir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad, y operar como eximente. Tampoco es éste el supuesto de autos ya que el alumno estaba en horario de clase utilizando el taladro de columna, no hay prueba alguna de que su accionar haya sido imprevisible o inevitable o ajeno a la actividad educativa, por más gozara de pleno discernimiento y comprensión de la tarea que desarrollara. Por ello, sostener, como lo hace el apoderado de la D.G.E., que los educandos son “artífices de su propia desgracia”, es inadmisible a la luz del art. 1.117 CC.En este aspecto el agravio se rechaza.

Con relación a los daños, también, los agravios deben ser desestimados.

En relación al rubro incapacidad sobreviniente, los apelantes se quejan del porcentaje de incapacidad atribuido por el perito y la justipreciación que efectúa el “a quo”. El actor sufrió fractura expuesta de antebrazo izquierdo y fractura de húmero izquierdo. La queja con respecto al porcentaje de incapacidad determinado por perito traumatólogo debe ser desestimada por cuanto, el Juzgador claramente indica que dichos porcentajes son pautas meramente orientadoras de su decisión, expresando que: “toda vez que los montos de incapacidad sobreviniente no puede surgir exclusivamente de los porcentajes rígidos que resultan de los diversos baremo, sino que deben ser fijados tomando en cuenta las circunstancias personales de la víctima.” Es claro que el porcentaje fijado por el perito no fue determinante para fijar la indemnización. Para ello, tuvo en cuenta otras pruebas, por ejemplo, el acta n° 01/2008 (fs. 19) de donde surge las lesiones, que fue intervenido quirúrgicamente, (fs. 129 del Hospital Perru-pato).

Especialmente destaca, en relación a la pericia, que “se le hace descubrir ambos brazos y antebrazos encontrándose diferencia entre ellos, al hacerle mover el antebrazo y muñeca izquierdos lo hace con dificultades a diferencia del derecho, la movilidad activa y pasiva de la muñeca izquierda es indolora pero está disminuida con respecto a la derecha, no llega a los 90° de flexión dorsal; en el brazo izquierdo presenta una cicatriz en cara externa de mismo con tendencia queloide de unos 15 cms, con una hipoatrofia del bíceps, el antebrazo izquierdo presenta cicatrices interna y externa que es pon donde le pusieron los clavos de steimann, cicatrices anfractuosas y con la movilidad disminuida, pronosupinación también disminuida, con flexión y extensión de codo también que no llega a los límites normales.El codo no puede extender a los 180°, llega a los 160 °, medido con goniómetro como la movilidad de la muñe-ca que ya se relató que no llega a los 90° de flexión dorsal.”

Sin perjuicio de lo expuesto, explica, que el porcentaje asignado por el perito solo resultará en el presente caso una pauta orientadora más, a los fines de la cuantificación. Por cuanto estima que los montos de incapacidad sobreviniente no puede surgir exclusivamente de los porcentajes rígidos que resultan de los diversos baremos, sino que deben ser fijados tomando en cuenta las circunstancias personales de la víctima. Por ello, tuvo en cuenta, la naturaleza de las secuelas existentes, la edad de la víctima a la fecha del accidente, su condición de alumno, para justipreciar el daño en la suma de $ 50.000 al momento de la sentencia, más intereses.

Entiendo que el Magistrado de Grado, en ejercicio de las facultades del art. 90 inc. 7 del CPC, ha justipreciado, la incapacidad sobreviniente y el daño moral, razonablemente y con fundamento en las condiciones personales de la víctima y las secuelas que en él quedaron. En este sentido la cuantificación de estos rubros guardan similitud (por la gravedad de las lesiones) con casos similares de este Tribunal. En los autos n° 5.852/37.011, caratulados: “PESCI GEORGINA C/ TELLO ALVA-REZ HERNAN JUVENAL P/ D. Y P, del 24/07/2013, con voto preopinante del Dr. Gianella, se otorgó la suma de $ 40.000 en concepto de incapacidad sobreviniente. En donde, la actora tenía 36 años, restándole 35 de vida útil, que estaba dedicada a una intensa actividad de práctica y enseñanza de disciplinas gimnásticas como pilates, aerobics y sptep en un importante club de Mendoza y en un exclusivo gimnasio -Sexta Gym-, por lo cual percibía una remuneración mensual aproximada de $2.000, actividades que se han restringido severamente debido al accidente.Que por la lesión sufrida debió ser internada durante una semana en el Hospital Central, donde fue intervenida quirúrgicamente, tanto por su lesión vaginal como de su rodilla, en la cual se le colocó una férula durante 21 días. Con una incapacidad del 22% por las secuelas en su rodilla -13%- y la originada en un 9% por la cicatriz vulvovaginal, limitando la primera sensiblemente su práctica profesional deportiva y la segunda afectándola, por el dolor y molestias, al momento de efectuar el acto sexual. Se toma como base el salario mínimo vital y móvil, atento a que la víctima es una persona con título habilitante para el ejercicio de las actividades que ha probado realiza -todo conforme a la prueba ya analizada-, y ese monto es el mínimo que cabe presumir que percibe, en prome-dio, mensualmente. Conforme a la Resolución 2/2012 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil (art.1ro,), a partir del 1 de febrero del año 2.013 se elevó este salario a la suma de $2.875. El 21% de este monto es igual a $603,75, lo que llevaría a concederle una indemnización de $50.000, desde que su renta aproximada al día de la fecha es similar al monto mensual que más arriba he consignado. Sin embargo, conforme al concepto de daño antes explicado, destacando que las consecuencias de sus lesiones no le han impedido seguir ejerciendo su profesión, aunque por otra parte son irreversible.” (vto del dr.Gianella).

Recientemente, en autos N° 88.419/50.198, caratulados: “MOLLA ELSA MARGARITA Y OTS. C/ LOPEZ PESCI CRISTINA VERONICA P/ D. Y P. (ACCIDENTE DE TRANSITO” (10/02/2014) he dicho que: “Teniendo en cuenta que la presente obligación es de valor y que rige el principio de reparación integral (art.19 CN y 1083 CC), entiendo que, además de los precedentes citados, hay que tener en cuenta las fluctuaciones de la moneda nacional (la depreciación y la devaluación que ha sufrido, en especial el mes próximo pasado), a los efectos de lograr la indemnización más justa para la víctima.” (en el caso se acogió la apelación y se elevaron los montos indemnizatorios en donde la lesión sufrida se describe como Cervicalgia y Lumbalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis y reducción del rango de movilidad de la columna, 14% de incapacidad parcial y permanente. Incapacidad sobreviniente se modificó a $30.000 y daño moral a $20.000).

Por estas razones, las quejas de los apelantes deben rechazarse y confirmarse la sentencia atacada. Por lo expuesto propongo a mi distinguida colega de Cámara confirmar la sentencia puesta en crisis.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión la Dra. Marsala dijo que adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION, LA DRA. FURLOTTI DIJO:

Atento al modo como han quedado resueltos los recursos las costas de Alzada se imponen a las vencidas (arts. 35 y 36 ap. I CPC).

ASI VOTO

Sobre la misma cuestión la Dra. Marsala, dijo que adhiere al voto que antecede

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que se inserta a continuación:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 21 de marzo de 2014.

Y V I S T O S:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1. Rechazar los recursos de apelación interpuestos, a fs.237 por Fiscalía de Estado, y fs. 238 por la Dirección General de Escuelas, en contra de la sentencia que rola a fs. 222/230, la que se confirma en todas sus partes.

2. Imponer las costas de la Alzada a los recurrentes vencidos.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. GERARDO PROFILI, FRANCISCO FERNANDEZ y ROBERTO SORIA, en las sumas de PESOS .($.); PESOS . ($.) y PESOS .($ .), respectivamente. (arts. 3,15 y 31 LA):

NOTIFIQUESE Y BAJEN.

SF/mgt

Silvina Del Carmen Furlotti Gladys Delia Marsala

Juez de Cámara Juez de Cámara.

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