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La competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo debe mantenerse si la demandada posee una dependencia en la C.A.B.A

mapa-politico-argentinaPartes: Lozano Quiroga Walter Gary c/ QBE ART S.A. y otros s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 14-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84539-AR | MJJ84539 | MJJ84539

La competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo debe mantenerse puesto que la demandada posee una dependencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sumario:

1.-Corresponde mantener la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo puesto que una vez verificada la existencia de una dependencia de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, surge procedente la competencia de los Tribunales de esta última, sin que interese el hecho de que la agencia o sucursal posea o no atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o que haya sido en ella o no, donde se contrató el seguro.

2.-Toda vez que la demandada posee al menos un domicilio comercial, con carácter de sucursal o agencia y que está emplazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habilita la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la ley 18345.

3.-No corresponde hacer lugar al recurso con efecto inmediato toda vez que, teniendo en cuenta una cuestión procesal, la declaración de competencia no pone fin al proceso de conocimiento y más aún, si se observa que el art. 110 de la L.O. es claro al disponer que las apelaciones interpuestas, aún en juicios prima facie inapelables, se tendrán presente con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento, en primera instancia, con la sentencia definitiva.

4.-Corresponde confirmar la imposición de costas a la demandada vencida puesto que es la parte que posee mayor solvencia económica, y es en términos de negociación, la parte fuerte del conflicto; máxime siendo que se trata de aquella a la cual una demora no la perjudica esencialmente.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO QUE:

I.- El actor, en el escrito de inicio, demandó a La Antonio Paluci, con domicilio en la Av. Madero Nº942, piso 4to. de la C.A.B.A., circunscribiendo su reclamo en concepto de «.cumplimiento de las prestaciones médicas y dinerarias derivadas de la ley 24.557 y de los daños y perjuicios derivados exclusivamente del incumplimiento de obligaciones a su cargo por parte de la demandada ART, en su carácter se aseguradora» (fs. 4).

Allí refirió, que cumple tareas en calidad de operario especializado de 1º, a las órdenes de su empleador VISOM S.A., cuyo domicilio es el sito en la calle José León Suarez Nº3451, de los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Relató, que la mencionada, es una empresa que se dedica a la industria y a la manufactura de productos derivados de Vacunos. También remarcó, que se desempeña en el sector de faena, y su tarea consiste en efectuar distintos tipos de corte sobre las medias reses, que vienen colgadas de ganchos a través de la noria, cuyo funcionamiento es permanente.

Mencionó que ingresan a la planta entre 800 y 900 vacunos por día, y que durante toda la jornada trabaja parado y flexionando sus piernas para poder manipular los vacunos, realizando un gran esfuerzo con sus brazos. Además, el sector donde desempeña tareas se caracteriza por ser muy ruidoso, debido al funcionamiento continuo de maquinarias diversas tales como ventiladores, y motores potentes.

Relató que la exposición permanente y continua a decibeles superiores a los normales, le provocó una caída progresiva de la audición en ambos oídos. Asimismo, y por las pesadas tareas que desempeña, sumándose a ello la postura corporal adoptada para llevar a cabo las mismas, contribuyeron a la aparición de fuertes dolores lumbares, cervicales y de rodilla.Manifestó que habitualmente, no le entregaban tapones auditivos, que solo lo hacían cuando había inspecciones.

II.-La demandada La Segunda ART S.A., contestó demanda a fs21/58, y opuso excepción de incompetencia territorial, toda vez que como surge del escrito de inicio, el domicilio del actor, y el del empleador, como así también el lugar de prestación de las tareas enunciadas, se encuentran ajenos a la jurisdicción del Juzgado. A su vez, remarcó que el contrato de trabajo tampoco se celebró en esta ciudad, sino en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé.

Mencionó que el actor, para justificar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, apeló a que La Segunda ART S.A., se domicilia en esta ciudad, lo que no resulta acertado, ya que tiene su domicilio en la calle Brigadier Juan Manuel de Rosas Nº957 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé.

III.-El aquo, previo a resolver la excepción interpuesta, corrió vista al Fiscal. (fs. 64)

IV.- El magistrado de la anterior instancia, desestimó la excepción de incompetencia territorial planteada por la demandada, con costas. Para decidir así, sostuvo, que el art. 90, inc. 4to. del Código Civil, señala que las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, a los efectos de la ejecución de las obligaciones contraídas por los agentes locales de la ciudad.

Consideró que aunque sea cierto, y se tuviese por probado, que la demandada tiene su domicilio legal en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé,- y no como lo sostiene el actor en su demanda- , no se explica -dado que no es verosímil, que desde la ciudad de Rosario se atienda la totalidad de las obligaciones que genera la actividad de la demandada en el resto del país-, cuál sería la oficina comercial con la que se da respuesta a contingencias originadas en empresas que tienen su domicilio, como en el caso la empleadora del actor, en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires. (fs.16/17).

V.- Contra tal pronunciamiento, se alza la parte demandada. Señaló que el a-quo, haciendo suyos los argumentos del Sr. Fiscal, contradice las normas vigentes respecto de la constitución de domicilios legales, el alcance legal de los domicilios de las sucursales, de las oficinas comerciales, filiales etc., ya que según sus argumentos, todas se encuentran en un igual plano, y con los mismos efectos.

Consideró, que resultan erróneos los argumentos vertidos por el Sr. Fiscal en el dictamen de fs. 64 , toda vez que soslaya lo normado en el art. 90 del Código Civil, y asimismo lo dispuesto en el art. 11 de la ley 19.550, que establece la obligación de inscribir la sede social y consagra la validez de todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

Entendió la quejosa, que resulta irrelevante, al momento de fijar la competencia, que La Segunda A.R.T. S.A., posea una sucursal en esta ciudad, ya que el art. 19 de la L.O. es categórico al establecer la improrrogabilidad de la competencia territorial.

La perdidosa justificó su postura, y sostuvo que el art. 118 de la ley 17.418 admite que el damnificado pueda demandar al asegurador ante el lugar del hecho o del domicilio del asegurado, pero como surge de autos, .»el lugar del hecho fue en La Plata, Pcia. de Buenos Aires.». (SIC), y La Segunda ART S.A., tiene su domicilio en Rosario, Provincia de Santa Fé.

Por último, cuestionó la imposición de costas por la incidencia generada. Consideró al respecto, que el sentenciante las impuso, sin mayores argumentos, y que no analizó si la excepción interpuesta había sido justificada, desde el punto de vista del derecho que le asistía. Por lo que entiende, existen circunstancias que merituaban que, en caso de confirmarse la sentencia en crisis, el aquo impusiera las costas en el orden causado.

VI.- Liminarmente, y adentrándonos en una cuestión procesal, se observa que tal como lo dictamina el Fiscal General, el art.110 de la L.O., es claro al disponer, que las apelaciones interpuestas, aún en juicios prima facie inapelables, se tendrán presente con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento, en primera instancia, con la sentencia definitiva.

Siguiendo esta lógica, la declaración de competencia, no pone fin al proceso de conocimiento, por lo tanto, no corresponde hacer lugar al recurso con efecto inmediato.

Sin embargo, en estos casos, tanto en las rebeldías, como así también en las citaciones de terceros, las apelaciones deben concederse con efecto inmediato (criterio que fuera seguido por la Dra. Diana Cañal como Juez de Primera Instancia), y que en el caso puntual de las citaciones de terceros, se trató a de una interpretación que fuera previamente acogida por el anterior Procurador General, Doctor Bermudez, (hoy aceptada por la reforma procesal)-. Por ello, y en un pensamiento análogo, no guarda sentido que en casos como el presente, en donde se discute la competencia del Tribunal, el tratamiento de los recursos sea en forma diferida, ya que se trata del acceso a la justicia, y con criterios de celeridad y de economía procesal.

Ello es así, pues existe la posibilidad de agotar un procedimiento probablemente de manera inútil. En efecto, si se trata de terceros, y estos resultaren finalmente indispensables cuando se decidió prescindir de ellos, se deberá correr traslado de todo lo actuado o declarar la nulidad. En las rebeldías, la situación es semejante para el caso que se considere mal declarada la situación de contumacia.

Por lo argumentos vertidos, se considera completamente análoga, la situación de competencia.

A la vez de todo lo expuesto, y adentrándonos ya en el tema central, corresponde señalar, que resulta un hecho público y notorio que la demandada La Segunda ART SA, posee un domicilio de envergadura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Madero Nº942, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como ha resultado de las numerosas causas que llegaron a este Tribunal.Adhiriendo al criterio de la demandante, cabe señalar que este Tribunal, al pronunciarse en la causa «Pereyra, Pedro Etelvino c/ Papirus y Cía. SRL s/ accidente – acción civil» (SD Nº 92.988 del 28.2.2012), resolvió en coincidencia con la opinión mayoritaria de la Cámara Nacional Civil, que, cuando se trata de una acción de daños y perjuicios, en donde el damnificado extiende su pretensión contra el asegurador del demandado, puede interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o el de la compañía aseguradora, como así también en cualquier agencia o sucursal. Este razonamiento se deriva del juego armónico de los arts. 5, inc.4º del CPCCN y 118, 2do. párr., de la ley 17.418.

Por ello, una vez verificada la existencia de una dependencia de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, surge procedente la competencia de los Tribunales de esta última, sin que interese el hecho de que la agencia o sucursal «.posea o no atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o que haya sido en ella o no, donde se contrató el seguro» (CNCiv., Sala C, «Pereyra, Maximiliano Ezequiel y otro c/ Melero, Matías y otros», del 15.3.2011; citado en LL 4.10.2011).

En el caso, la aquí demandada, posee al menos un domicilio comercial, con carácter de sucursal o agencia y que está emplazado en Av. Madero Nº942, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta así, que con este elemento, se habilita la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la ley 18.345.

En este contexto, corresponde confirmar la resolución de fs.65/66, y en consecuencia, mantener la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo.

En relación al segundo agravio esgrimido por la demandada, y relacionado con la imposición de costas, es dable considerar que conforme el principio general, la imposición de costas es a cargo del vencido, ya que es la consecuencia propia de haberse generado la necesidad de litigar, y comprende los gastos, y costos del proceso. En el caso concreto, ant e la excepción intentada por La Segunda A.R.T. S.A. en su contestación de demanda, (fs.29/58), la actora presentó dos escritos: En uno contestó la excepción de incompetencia (fs. 61/62), y en el otro contestó los agravios esgrimidos por la contraparte en su escrito de apelación (fs. 77/78).

La equidad en materia de imposición de costas, debe funcionar como medio valedero para asegurar a los justiciables, no sólo la verdad de sus pretensiones, sino también la comprensión de sus posturas. La facultad que tienen los tribunales de eximir parcialmente o totalmente de costas al vencido, reviste carácter excepcional, y está inspirada justamente en razones de equidad.

En el presente caso, el actor debió iniciar una demanda para que en sede judicial se le reconozcan los derechos que consideró, no fueron debidamente reparados por la aquí demandada La Segunda ART S.A. Una vez interpuesta la demanda, la accionada opuso excepción de competencia, lo que motivó un retraso en el trámite de la causa de casi seis meses- según surge del cargo impuesto en la contestación de demanda (fs. 58vta).

De lo expuesto se desprende, que la parte que posea mayor solvencia económica, es en términos de negociación, la parte fuerte del conflicto. Es decir, aquella a la cual una demora no la perjudica esencialmente. Las ventajas económicas, se traducen muchas veces en desmedro de los derechos de la parte débil.En el presente caso, el trabajador -sujeto especialmente tutelado en materia de legislación laboral-, es quien ante la posibilidad de un juicio dilatado, deba ceder en sus pretensiones, vulnerándose su derecho de obtener una sentencia justa en dicho proceso. Tales circunstancias, hacen caer el principio general enunciado en el párrafo 2º del art. 68 del C.P.C.CN., no resultando equitativo imponer las costas en el orden causado como se solicitó.

En consecuencia, corresponde confirmar esta parte del fallo apelado. Asimismo, y en consonancia con lo dispuesto, las costas de alzada serán soportadas por la demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios para cuando medie pronunciamiento definitivo.

Cabe señalar también, que en estos actuados, se cumplió con lo dispuesto por el art. 41, inc. c) de la ley 24.946, al remitirse las actuaciones a la Procuración General del Trabajo (fs. 85).

En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a la suma fijada en concepto de honorarios del profesional actuante en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar en todos sus términos la resolución de fs. 65/66, declarando la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer de las presentes actuaciones. II.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. III.- Diferir la regulación de honorarios para cuando medie pronunciamiento definitivo. IV.- Hacer saber que en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a la suma fijada en concepto de honorarios del profesional actuante en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. V.- Remitir los presentes autos al Juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Victor A. Pesino

Juez de Cámara Diana Regina Cañal

Juez de Cámara Ante mi:

Stella Maris Nieva

Prosecretaria Letrada

 

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