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Se ordena a la universidad demandada a inscribir al amparista discapacitado en la carrera de Profesorado Universitario de Educación Física.

CotratroPartes: E. P. N. c/ Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM) s/ amparo ley 16986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Sala/Juzgado: II

Fecha: 17-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-84944-AR | MJJ84944 | MJJ84944

Se ordena a la universidad demandada a inscribir al amparista discapacitado en la carrera de Profesorado Universitario de Educación Física.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y ordenó inscribir al actor en la carrera de Profesorado Universitario de Educación Física, debiendo tener por aprobadas todas aquellas materias que requieran rendimientos físicos, pues la negativa de la institución es un acto de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, porque contradice la normativa legal y supralegal, y los propios motivos fundadores de esa misma universidad y los de la educación superior, ya que fue creada para la educación inclusiva de la juventud, sin que esa finalidad pueda ser desairada por los encargados presentes del establecimiento.

2.-Frente a la postura perseverante del actor para ingresar al profesorado de educación física, se exhibe una resistencia de la accionada que, sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales, aparecería sustentada en estereotipos materialmente discriminatorios o, al menos gravemente sospechosos de tales, siguiendo el informe técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

3.-Imponer una imagen de qué rasgos físicos debe tener una persona para poder ejercer la profesión de Profesor de Educación Física significa la adscripción a un paradigma obsoleto a partir de la adopción con rango superior a las leyes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4.-Es obligación de la demandada realizar los ajustes razonables para la evaluación del actor, esto es, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizarle su derecho de aprender y acceder al mismo título habilitante oficial de validez nacional, en igualdad de condiciones con los demás alumnos del profesorado de educación física de la universidad demandada.

Fallo:

San Martín, 17 de marzo de 2014.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.Llegan estas actuaciones a conocimientodel Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuestopor la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA contra la sentencia de fs. 642/654vta. que hizo lugar a la acción de amparo de EP N., y ordenó inscribirlo «en la carrera de Profesorado Universitario de Educación Física [.] tenga por aprobadas todas aquellas materias que requieran rendimientos físicos y en Folklore y Tango, y Observación y Práctica Docente sólo deba rendir sus aspectos teóricos», con costas [cfr. fs. 659/665vta.; art. 15, ley 16.986].

La accionada apela y expresa agravios con pretensiones derogatorias y costas, con réplicas del accionante [cfr. fs. 659/665vta., 674/685vta.].

Del legajo surgen los siguientes hechos esenciales y decisivos adquiridos en este proceso de conocimiento abreviado, a saber [arts. 163, 5), 377, 386, CPCC]:

El 18 de abril de 2008, el sr. E P N, actualmente de 33 años, con una discapacidad «motora», por diagnóstico de «cuadriparesia espástica» y antecedentes «perinatales» obtuvo el título de «Licenciado en Educación Física», expedido por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA [cfr. fs. 2, 3, 6].

Desde el 1° de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se desempeñó como colaborador externo de la materia «Didáctica para la Integración en Educación Física» [cfr. certificación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, fs. 7].

El 6 de julio de 2011, asumió el cargo de auxiliar docente de secretaría en la Jefatura de la Región 8 [El Palomar] de la Dirección General de Cultura y Educaciónde la Provincia de Buenos Aires, y luego, a partir de julio de 2012, cumplió servicios en la Dirección de Educación Física [La Plata] de esa Dirección General [cfr. fs.541 y609].

El 9 de septiembre de 2011, el Departamento de alumnos de la Universidad de San Andrés, certificó que «es alumno regular de la Maestría en Educación con Orientación en Gestión Educativa»; habiendo finalizado lacursada a mitad del 2012, restándole preparar su tesis [cfr. fs. 540 y 637].

En septiembre de 2012 fue invitado por laAlianza Internacional de Discapacidad [IDA, Internacional Disability Alliance] a participar del taller «Desafíos y Oportunidades de Monitoreo de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad» a realizarse en Ginebra [cfr. fs. 608 y610vta./611].

Por otra parte, es ayudante en la enseñanza de gimnasia deportiva en el Club Social y Deportivo Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires [v. CD agregado por cuerda]. Otros antecedentes detallados por el actor en su currícula personal [cfr. fs. 4/5]:

Auxiliar en colonia de educación para personas con discapacidad, en la Municipalidad de Ituzaingó [2000-2001]; y Auxiliar de educación física, en el Centro deFormación Laboral de Castelar [2002-2003], y en el Centro Deportivo y Recreativo «Gorki Grana» de Morón [2004]; y Coordinador del taller deportivo en la ONG Unión Discapacitados Ituzaingó Solidario [2007-2008] y en la ONG Centro Comunitario de Discapacitados de Morón [2008-2009]; y Participante en organizaciones a favor de los derechos de las personas con discapacidad [Centro Comunitario de Discapacitados de Morón (CCODIM) y Red por los Derechos delas Personas con Discapacidad (REDI)]; Receptor del premio Guyo Sember «Al pensamiento crítico y reflexivo» porpublicaciones relacionadas al ejercicio docente de personas con discapacidad motriz en el campo de la educación física, en la revista digital «EFDeportes» y el periódico «El

Cisne»; Expositor como disertante para lacátedra Didáctica de la Educación Física Integrada, en la Universidad Nacional de La Plata [2003]; en la Jornada de Discapacidad y Trabajo, en la Universidad Nacional de BuenosAires [2004]; en el curso de Educación Física para Personascon Discapacidad del Centro de Estudios para la Salud de LaPlata [2004]; también en la presentacióndel proyecto:

Personas con Discapacidad Docentes de Educación Física, en laUniversidad Nacional de La Matanza [2004]; en la ponencia:

«La Discapacidad como Experiencia Educativa», en la Federación Internacional de Educación Física [2004], y en elPrimer Congreso de Educación Física Especial, en el panel:

«El Ejercicio Docente de Personas con Discapacidad en Educación Física» [2010]. Sobre ese plexo de elementos de juicio adquiridos por este proceso de conocimiento abreviado, no hay una prueba opositora de la accionada según las reglas de la sana crítica [doct. arts. 897, 1111, Cód. Civil; arts. 163, 5), 377, 386, CPCC].

Sin embargo, el 11 de febrero de 2010, la Secretaría Legal y Técnica de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMATANZA rechaza la inscripción del actor porque «no resulta posible realizar nuevamente ‘adecuaciones curriculares’ [cfr. fs. 48/49]. A esa negación de la inclusión del alumno solicitante, se responde desde el informe técnico n. 32/2010del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo [INADI] de 14 de mayo de 2010, donde se indica que:

«un/a Profesor/a de Educación Física, tendrá como alumnos/as a personas con distintas destrezas físicas. Cabe suponer que el día de mañana, el Sr.N.-si obtuviera efectivamente el título requerido- podría encontrar dentro de su alumnado a personas con características físicas idénticas a la suya propia [.] no habría mejor estímulo para ese alumno/a que ver como Profesor de Educación Física a una persona cuyas características físicas no coinciden necesariamente con los cánones impuestos desde la concepción tradicional del cuerpo», porque «imponer una imagen de qué rasgos físicos debe tener una persona para poder ejercer la profesión de Profesor de Educación Física significa la adscripción a un paradigma que, a partir de la adopción con rango supralegal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha devenido obsoleto». A la vez que, «la adopción de la Convención implica la obligación de realizar ajustes razonables que permitan el ejercicio de los derechos de todas las personas», y que «en la actualidad la tecnología brinda herramientas útiles a las personas a fin de ejercer el derecho a enseñar [.] que podrían facilitar la enseñanza incluso de aquellas actividades que una persona no puede realizar», por lo que concluyó que no obstante «la actitud favorable que ha propiciado la Universidad de La Matanza hacia la persona con discapacidad, cabe destacar que la falta de adecuaciones en la currícula del Profesorado de Educación Física, constituye una actitud encuadrable en el art. 1° de la Ley N° 23.592» [cfr. fs. 52/60].

Contra esas conclusiones de la autoridad federal especializada en materia de discriminación, no hay una demostración opositora de la accionada en este proceso deconocimiento abreviado, según la reglas de la sana crítica [doct. arts. 1°, 2°, 4°, a) y e) y cc, ley 24515; arts. 897,1111, Cód. Civil; arts.163, 5), 377, 386, CPCC].

El 29 de diciembre de 2010, el demandadorsolicitó al Rectorado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA, que «autorice [su] inscripción para el ciclo 2011 al Profesorado Universitario en Educación Física dictado en la Universidad a su cargo en los términos del art. 62 inc. g) del Estatuto de la Universidad [.] también que se [lo] exima de cumplir con los requerimientos sobre rendimientos físicos exigidos para el ingreso y cursado de las materias correspondientes a dicho Profesorado o, en su caso, se realicen las adecuaciones curriculares pertinentes respecto de las materias adicionales que exige el Profesorado en relación a la Licenciatura» [cfr. fs. 19/44]. El 25 de febrero de 2011, el accionante presentó ante esa oficinauniversitaria un pedido de pronto despacho [cfr. fs. 45/46], y el 18 de abril de 2011, inicia esta demanda judicial [cfr. fs. 81/112].

II. Ante todo, cabe señalar que «el plazo establecido por el art. 2°, inciso e), de la ley 16.986, no puede entenderse como un obstáculo infranqueable, ni es aceptable la interpretación restrictiva de una vía consagrada en la Constitución Nacional (art. 43), cuando ha sido invocado y prima facie acreditado que se trata de la protección de derechos que trascienden el plano patrimonial», con más andamiento siguiendo el exigente estándar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece quetoda persona tiene un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes para ese amparo de sus derechos fundamentales [doct. Fallos, 329:4918, 335:44; art. 8, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 75, 22), Const.Nacional]. Luego en el caso examinado, la acción esadmisible, con más andamiento cuando su objeto procesal [el acceso a la educación sin exclusiones arbitrarias], tiene un intenso arraigo en el Derecho Constitucional patrio, especialmente a partir de la incorporación de los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, porquemediante la legislación y las medidas de acción positivas [como las sentencias de los tribunales competentes] se debe garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato «sin discriminación alguna», y el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales y de los reconocidos en los tratados sobre derechos humanos, «en particular» respecto de «las personas con discapacidad» [doct. arts. 14, 16, 31, y 75, 19), 22) y 23), Const. Nacional].

Entonces, desde el plano de «la ley suprema de la Nación», veamos los graves, precisos y concordantes fundamentos a favor de la pretensión del accionista. En primer término, laDeclaración Universal de los Derechos Humanos dispone que

«todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación» y que «el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos», ya que la educación tiene «por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales» [arts. 7 y 26, 1) y 2)].

En segundo lugar, el Pa cto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que «la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales», y para lograr el pleno ejercicio de ese derecho «la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados» [arts.13, 1) y 2), c)].

En tercer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que «toda persona tiene derecho a la educación», para lograr «una digna subsistencia», y el «mejoramiento del nivel de vida», y «ser útil a la sociedad». Por eso, el derecho de educación comprende «el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado» [art. 12].

Cuarto. La regla especial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [ley 26.378], precisa que «personas con discapacidad» son «aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás» [art. 1].

Que «discriminación» es «cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil, o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables», que son «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales» [art.2]. Ese mismo valor inclusivo o «sin distinción alguna» [de «raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social»], tiene el plus del compromiso internacional del Estado argentino de «adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales [.] las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter [por ejemplo, de las sentencias de los tribunales] que fueren necesarias» en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [arts. 2, 1) y 2) y 26: igualdad significa «derecho sin discriminación a igual protección de la ley»]; y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos [arts. 1, 1), 2, y 24]; y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [art. 2, 1) y 2)], etc.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [ley 26.378], reconoce «el derecho de las personas con discapacidad a la educación», y a fin de «hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles [.], con miras a: desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana [.] desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas» [art. 24, 1), a) y b)].

De este modo, garantiza que «se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales [.] se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva» y «se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión» [art.24, 2), c), d) y e)]; por eso para el caso examinado, se asegura que «las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, [.] en igualdad de condiciones con las demás» y que «se realicen ajustes razonables» para ellas [art. 24, 5)].

Un paso más. Este horizonte hermenéutico se completa con el alto estándar de la Declaración Universalde Derechos Humanos, porque «todos» los seres humanos que nacen «libres e iguales en dignidad y derechos», y dotados de «razón y conciencia», tienen el deber de «comportarse fraternalmente» entre sí [doct. arts. 1, 2, 7 y cc]. Desde ese valor del reconocimiento del derecho ajeno del «prójimo» como «amicus» [. «inmicus» u «hostis»], es útil sopesar elinforme de la relatoría especial de Naciones Unidas, sobre el»Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidades» [cfr. A/HRC/4/29, 19/2/2007].

Allí se dice que: «es indiscutible que las personas con discapacidad de ambos sexos y de todas las edades tienen derecho a la educación [.] los sistemas educativos deberían dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas que hay que solucionar, y actuar de manera positiva ante la diversidad del alumnado, considerando las diferencias individuales como otras oportunidades para enriquecer la enseñanza para todos [.] además, la práctica de separar al estudiantado con discapacidad puede entrañar su mayor marginación social, situación en la que se encuentran generalmente las personas con discapacidad [.] en cambio, se ha demostrado que la educación inclusiva puede limitar la marginación. Esa marginación propicia los estereotipos, los prejuicios irracionales y, por ende, la discriminación [.] la inclusión abarca, no sólo los derechos del alumnado marginado, sino además y de una manera más amplia la agilización de los cambios culturales y de valores en el sistema educativo y en la comunidad en general» [cfr. n.7, 9, 11 y 23]. De modo que, los Estados deben velar para que «las personas con discapacidad puedan disfrutar de una educación disponible, accesible, aceptable y adaptable en un pie de igualdad con el resto de los ciudadanos», contemplar la promoción de la «formulación de planes de estudios comunes a todos los alumnos» y «prever una solución jurídica individual eficaz» [cfr. n. 28, 33].

Porque «el principal problema es la muy arraigada estigmatización social de las personas con discapacidad. Los estereotipos a menudo combinados con hostilidad y actitudes tradicionales hacia las personas con discapacidad actualmente prevalentes entre maestros/as, autoridades escolares, autoridades locales, comunidades e incluso familias, pueden reforzar la exclusión», como lo reconoce la Convención «no es la «discapacidad» lo que obstaculiza plena y efectivamente la participación en la sociedad, sino mas bien «las barreras debidas a la actitud y al entorno en esa sociedad»» [cfr. n. 36], por eso, las recomendaciones de «revisar los métodos de examen para garantizar que pudieran participar las y los estudiantes con discapacidad», y de «alentar a las personas con discapacidad a capacitarse como maestros», y de «revisar y adaptar el contenido del plan de estudios de conformidad con las mejores prácticas» [cfr. n. 84, d), e), yg)].

Finalmente, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMATANZA se debe ajustar a las disposiciones de la ley 24.521[educación superior], según la cual el Estado «reconoce ygarantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo» [art. 2]; que dicha educación «tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel» [art. 3]; y que «los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: al acceso al sistema sin discriminación de ninguna naturaleza»; y que «las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con [.] los apoyos técnicos necesarios y suficientes» [art. 13, a) y f); art.2, ley 23748].

Precisamente, los fundamentos de la creación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA son consecuentes con la pretensión del actor, porque uno de loslegisladores dice: que «el nacimiento de nuevos centros de estudios superiores debe llenarnos de satisfacción. Se trata de la formación de los recursos humanos, tarea a la que contribuirán estas universidades [.] Podemos dar un concepto de universidad, diciendo que es la institución que conserva el conocimiento por la documentación, el que incrementa con la investigación y trasmite por la docencia; esta tarea tiene como finalidad la formación del hombre, al que instruye y educa para vivir en la sociedad a que pertenece con libertad y dignidad; lo capacita para ser útil a sí mismo y al prójimo, y para que sepa y pueda elevar su nivel de vida espiritual y material, tanto suyos como de la sociedad en que vive y actúa. Este concepto está señalando cuál debe ser hoy el objetivo primordial de las nuevas universidades [.] Así sus planes de estudio deben responder a esos requerimientos [.] Por realidades del medio en que se desarrollarán sus tareas [.]

ello, insistimos, el concepto de universidad que hemos referido sirve de indicador para que estas nuevas universidades, estructuren sus programas en base a las

Todo el entusiasmo por estas leyes que hoy se sancionan, todo el país que se esforzará para que estas universidades puedan cumplir con su cometido, no deberá ser bajo ningún concepto desairado por los que en el futuro sean los encargados de organizar las universidades. El resto del país contribuirá a la formación de recursos humanos en estas nuevas universidades pero debe quedar claro que sólo se retribuirá el esfuerzo, si se estructuran planes de estudio que atiendan la problemática y sirvan, en cons ecuencia, como palanca de desarrollo»

[cfr. Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 28/29 de septiembre de 1989, fs. 2675 y ss.; art. 1°, ley 23748].

III. Recapitulando.La prueba complejaadquirida por el proceso, evaluada según la sana crítica, demuestra con la certeza suficiente para este juicio deconocimiento compendiado, que la negativa de la UNIVERSIDADNACIONAL DE LA MATANZA a la pretensión de inscripción en elprofesorado del accionista, es un acto de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, porque contradice la normativa legaly superlegal examinada, y los propios motivos fundadores deesa misma universidad y los de la educación superior según el»concepto de universidad» del legislador, ya que fue creada para la educación inclusiva de la juventud, sin que esa finalidad pueda ser desairada por los encargados presentes de esa universidad [cfr. Diario de Sesiones del Senado de la Nación, arriba].

En efecto, valoramos que frente a la postura perseverante [durante años] del actor para ingresaral profesorado de educación física, nos hallamos ante una resistencia de la accionada que sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales, apareceríasustentada en estereotipos materialmente discriminatorios o, al menos gravemente sospechosos de tales, siguiendo el informe técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo [INADI], conforme las reglas de la sanacrítica. ¿Por qué? Porque imponer una imagen de qué rasgos físicos debe tener una persona para poder ejercer la profesión de Profesor de Educación Física, significa la adscripción a un paradigma obsoleto a partir de la adopción con rango superior a las leyes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [cfr. INADI, informe, supra; doct. art. 1°, ley 23592; arts.163, 5), 377, 386, CPCC]. En consecuencia, ese plan de estudio de la licenciatura en Educación Física de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA, cuyo título obtuvo el actor, por la incorporación al derecho interno del bloque de convenciones y leyes anteriormente referenciadas con jerarquía de ley suprema de la Nación, debe entenderse siguiendo el principio de actualidad y sana crítica, como una parte lógicamente indivisible de la carrera del profesorado de educación física cuyo ingreso debe ser accesible, aceptable y adaptable al actor en un pie de igualdad con el resto del alumnado, para lograr una solución judicial personal eficaz [cfr. Relatoría de Naciones Unidas, arriba; doct. arts. 1, 2 y 7, Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 163, 5), 6), 377, 386, CPCC].

Por ello, es obligación de la demandada realizar los «ajustes razonables» para la evaluación del actor, esto es, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizarle su derecho de aprender y acceder al mismo título habilitante oficial de validez nacional «en igualdad de condiciones con los demás» alumnos del profesorado de educación física de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA [doct., art. 2°, definición de «ajustes razonables», Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad]. O en otros términos, de acuerdo con sus dotes naturales, los probados méritos y el demostrado deseo de aprovechar esos recursos universitarios que proporciona el Estado nacional [doct. art. 12, Declaración Americana de losDerechos y Deberes del Hombre; arts. 14, 16 y 75, 19), 22) y23), Const. Nacional; arts. 163, 5), 6), 377, 386, CPCC].

CONCLUSIÓN. En el estricto marco de respeto de las garantías constitucionales de acceso a un sistema educativo en todos los niveles, respetando la diversidad humana, y los talentos y creatividad de las personas con discapacidad para fomentar «al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión» [doct. art.24, 1) y 2),Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad], laUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA deberá EN FORMA INMEDIATA inscribir al accionante en la carrera del Profesorado Universitario en Educación Física en las materias faltantes. Y como consecuencia de ello y en segundo lugar, revisar los métodos de examen en cuanto a los requerimientos físicos, con los «ajustes razonables» yacordes a las destrezas del actor para no resultar de imposible cumplimiento en contra de los antedichos principios de igualdad de oportunidades e inclusión académica y social [doct. art. 24, 5), Convención sobre los Derechos de lasPersonas con Discapacidad; arts. 163, 6) y 258, CPCC].

En consecuencia, por las razones expuestas, corresponde RECHAZAR el recurso de apelación de laUNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA, y CONFIRMAR la sentencia de fs. 642/654vta., en cuanto HACE LUGAR a la demanda de E.P:N, con el alcance de este pronunciamiento contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA.

Las costas se imponen en ambas instanciasen el orden causado atento las particularidades del caso y lonovedoso de la cuestión [doct. art. 17, ley 16.986; arts. 68, 2do. párrafo, 163, 6) 8), CPCC].

Por lo expuesto, oída la Fiscalía General, el Tribunal RESUELVE:

1°) CONFIRMAR la apelada sentencia de fs.

642/654vta. que HACE LUGAR a la demanda de E.P.N contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA con los alcances indicados en el considerando III de este pronunciamiento.

2°) COSTAS de ambas instancias en el orden causado atento las particularidades del caso y lo novedoso de la cuestión.

3°) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se practique la correspondiente por la instancia de origen y denuncien losprofesionales involucrados si se encuentran comprendidos enel art. 2 de la ley 21.839 [doct. art. 17, ley 16986; arts.

163, 164, CPCC, y demás citas]. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE [Ley 26.856 y Acordada CSJN 24/2013] yDEVUÉLVASE.

FIRMANTES: Dres. Rudi – Criscuolo – Gurruchaga

PROSECERARIA FIRMANTE: Dra. García.-

Fecha de firma: 17/03/2014 Firmado por: ALBERTO DANIEL CRISCUOLO Firmado por:

MARIANA ANDREA GARCIA, PROSECRETARIO DE CAMARA Firmado por: DANIEL MARIO RUDI

Firmado por: HUGO DANIEL GURRUCHAGA

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