La empresa de energía eléctrica que cobró durante años una tarifa con recargo debe restituir las sumas habidas indebidamente

shutterstock_98439209Partes: Lipsia S.A. c/ Edesur S.A. s/ cobro de sumas de dinero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 15-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84353-AR | MJJ84353 | MJJ84353

La empresa distribuidora que por una errónea interpretación del ‘Programa de uso racional de energía eléctrica’ cobró durante varios años una tarifa con recargo a un usuario del servicio, debe restituir esas sumas percibidas indebidamente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia por la cual se condena a una empresa distribuidora de energía eléctrica a abonar sumas de dinero -en el caso, más de $ 320.000-, inherentes a la devolución de los recargos realizados sobre la facturación de la sociedad consumidora durante varios años, en virtud de la aplicación de la res. 745/2005 de la Secretaría de Energía, mediante la cual se dispuso el Programa de uso racional de energía eléctrica; teniendo en cuenta que la prueba pericial contable demostró las incorrectas liquidaciones que llevó a cabo la empresa demandada como consecuencia de una errónea interpretación de la normativa.

2.-El objeto de la res. 745/2005 de la Secretaría de Energía, dirigido a evitar los consumos en exceso, se funda la obligación de abonar los cargos es la configuración del aumento desmedido del consumo del servicio público. No puede sostenerse que un usuario haya incurrido en tal exceso, si de la prueba pericial contable surge que existen diferencias a su favor.

3.-La empresa distribuidora de energía eléctrica no dio observancia a la norma si, lejos de contemplar los consumos que en definitiva tuvo la usuaria en el periodo de tiempo previsto por la resolución, parcializó la base promedio teniendo en cuenta únicamente los consumos que al año 2004 (fecha escogida por la resolución como parámetro de consumo) arrojaba uno de los medidores posteriormente unificados, sin atender aquellos que registraba el otro, lo que lleva a concluir que la distribuidora aplicó mal la res. 745/2005, en desmedro del usuario.

4.-El Principio de especial sujeción del concesionario, que propone el sometimiento al régimen de carácter público que rodea a la actividad, no implica que las empresas concesionadas que se encuentran constreñidas a dar observancia a las disposiciones que regulan su actividad, estén facultadas a formular interpretaciones de la normativa disvaliosas a los derechos de los usuarios.

5.-El cobro de una tarifa con recargos de parte de una empresa distribuidora de energía eléctrica, como consecuencia de una incorrecta interpretación del Programa de uso racional de energía eléctrica, en concordancia con la doctrina del pago indebido, permite afirmar que no existe obligación legal por la cual el usuario del servicio deba afrontar los cargos que le fueron facturados por la empresa distribuidora; razón por la cual debo existió un pago sin causa por parte de la accionante, que justifica la restitución de lo pagado por parte de la empresa distribuidora.

6.-Aun cuando en orden a lo normado por el art. 12 de la res. 745/2005 de la Secretaría de Energía se regula un sistema de compensación de los cargos y bonificaciones imputados a los usuarios, se destinado a una cuenta bancaria a favor del E.N.R.E., aquello no implica que una empresa distribuidora de energía eléctrica se exonere de responsabilidad, pues dentro de las facultades que le confiere el reglamento de percibir los montos que de ella se deducen, provocó el cobro de un pago sin causa.

7.-La circunstancia de que los fondos cuastionados fueron afectados a un sistema de compensación , no resulta oponible al usuario que en su buena fe abonó las sumas que le fueron facturadas por la misma demandada, sin perjuicio de los derechos que la empresa distribuidora pueda esgrimir ante el E.N.R.E. Si la distribuidora hubiera considerado que podría producirse un enriquecimiento sin causa del ente regulador por ser el destinatario de los fondos, puede convocarlo al proceso, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 94 del CPCCN.

Fallo:

Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Alfredo Silverio Gusman dice:

I.- A fs. 364/366 luce la sentencia del Juez de la anterior instancia, que decide hacer lugar a la demanda y condena a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. -en adelante, EDESUR- a abonar a LIPSIA S.A. la cantidad de $ 320.873,07 con más los intereses y las costas del juicio, inherentes a la devolución de los recargos realizados sobre la facturación de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en virtud de la aplicación de la Resolución 745/2005 de la Secretaría de Energía, mediante la cual se dispuso el «Programa de uso racional de energía eléctrica» -en adelante P.U.R.E.E.-.

Para resolver de tal modo, el «a quo» tuvo en cuenta que del peritaje contable producido en la causa, podía concluirse que la demandada no realizó en forma correcta las liquidaciones practicadas de acuerdo a la normativa ya referida. En primer término, advirtió que hasta el año 2004 el usuario contaba con dos medidores distintos en el inmueble de la Avenida Corrientes al 300 y que, a pedido suyo, fueron unificados bajo el número de uno de ellos (4394-K) el día 28.08.04. En tal sentido, entendió que para efectuar el cálculo EDESUR debió comparar todos los medidores que el usuario poseía en el año 2004 -fecha escogida por la resolución como parámetro de consumo-, contra el único medidor con que Lipsia contaba en los períodos cuestionados.Por último, fijó el cómputo de los intereses accesorios al monto de condena desde la fecha en que cada suma fue abonada por la actora hasta su efectivo pago, conforme la tasa que el Banco de la Nación Argentina percibe en sus operaciones de descuento a treinta días, plazo vencido.

II.- Dicho pronunciamiento fue materia de apelación por parte de la actora (fs. 367/368) y por EDESUR S.A. (fs. 381).

A fs. 400/404 funda su expresión de agravios la demandada, la que en esencia finca en: a) Yerra el sentenciante al considerar que la distribuidora eléctrica realizó una aplicación errónea de los cargos dispuestos por la Resolución 745/05. Dicho reglamento forma parte de un conjunto de normas que regulan el mercado eléctrico y que Edesur S.A., en cumplimiento con lo establecido en su Contrato de concesión, debe acatar en virtud del «Principio de especial sujeción del concesionario»; b) El «a quo» no ponderó que el pago de la actora, sin expresión de disconformidad con los cargos facturados, importó una aceptación de aquellos por aplicación del principio de los actos propios; c) Resulta improcedente el reintegro ordenado en tanto la Distribuidora únicamente reviste carácter de agente de percepción de los montos que se destinan al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista.

Dichos agravios fueron respondidos en el escrito de fs. 407/409 por Lipsia, quien solicita la deserción del recurso de conformidad con lo normado por el art. 265 del Código Procesal.

Por último, la accionante pese a encontrarse debidamente notificada a fs. 399vta. no cumplió con la carga impuesta por el art. 259 del Código Procesal, originando esto la deserción de su recurso conforme lo dispuesto en la providencia de fs. 410.

III.- Como punto de partida, corresponde aclarar que la existencia de los cargos inherentes a la aplicación de la resolución n°745/05 en la facturación del servicio de energía eléctrica brindado al usuario no se encuentran controvertidos en autos.En razón de ello, y atendiendo los planteos traídos a conocimiento de este Tribunal la cuestión a resolver gira en torno a dilucidar, en primer término, sí EDESUR S.A. ha realizado una correcta interpretación de la normativa por la cual se aplicaron los incrementos en el importe total abonado por la actora.

En el modo en que se sucedieron los hechos, queda claro que hasta mediados del año 2004 la energía eléctrica era proveída por la demandada en el domicilio de Lipsia mediante dos puntos de toma, correspondiéndose a cada uno de ellos un número distinto de medidor. En ese sentido, y a los fines de la facturación se identificó a aquellos bajo los números 4394-K y 64046-8 (v. fs. 88/108, 110/121 y 124). Ahora bien, también ha quedado suficientemente acreditado que a petición de la actora (fs. 126/128), la empresa distribuidora procedió el 28 de agosto de 2004 a unificar ambos medidores quedando asignados bajo el número de cliente 4394-K, esto es, bajo idéntica numeración que la anteriormente asignada para uno de ellos. Con posterioridad a la concurrencia de aquél hecho, el día 9 de mayo de 2005 la Secretaría de Energía dictó el «Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica» (P.U.R.E.E.), mediante el cual se sustituyó el Anexo I de la Resolución n°522/2004. En tal normativa se previó un sistema de cargos y bonificaciones correspondientes al cálculo de los ahorros y consumos en exceso por parte de los usuarios.En ese contexto fáctico-normativo centraré el análisis para dar respuesta al primero de los interrogantes que se suscitan en la causa, y que obedece a la interpretación efectuada por EDESUR a la norma en la que justificó los cargos que la accionante debió soportar.

De la lectura detenida de la Resolución n°745/2005, y en especial de las consideraciones previas, se vislumbra el objetivo esencial de la implementación del P.U.R.E.E. Resulta palmario que la finalidad buscada responde a incentivar «el ahorro para generar excedentes, que puedan ser utilizados para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios que incrementan su necesidad de energía, producto del crecimiento de la actividad económica».

Por otra parte, surge de forma categórica que quienes resultan destinatarios del referido Programa, son aquellos que revisten el carácter de «usuarios demandantes». Y es que, lo que se busca en los sujetos es la «adopción de conductas racionales y conservativas en el uso de la energía eléctrica». Tal circunstancia, que se ve plasmada en los primeros considerandos del reglamento en análisis, se encuentra reafirmada a lo largo de su articulado; que en todo momento refiere a los usuarios y las distintas categorías que aquellos adoptan según los grados de uso de energía que requieran.

En lo que aquí interesa, los arts. 7 y 9 prevén las bonificaciones y cargos relativos a los consumos de los usuarios caracterizados según categorías tarifarias «T2» y «T3», de aplicación al supuesto de autos por tratarse de «Medianas y Grandes Demandas».

IV.- Precisado lo expuesto, varios son los extremos de los que me voy a ceñir para sostener, al igual que lo hizo el «a quo», que la distribuidora formuló una aplicación incorrecta de la normativa en cuestión.

Por un lado, cobra vital trascendencia lo referido en orden a los sujetos destinatarios.En este aspecto, reitero que la resolución refiere a aquellos «usuarios del servicio». Dicho esto, se advierte que se trató de un único usuario y en un mismo domicilio, sin perjuicio de la circunstancia acontecida con relación a la unificación de sus medidores. Es decir, para tener por configurada la conducta del usuario que repercuta en el deber de abonar los cargos por consumo en exceso, al momento de tomar el parámetro de medición promedio del año 2004, la distribuidora debió contemplar que en aquél periodo los medidores se encontraban divididos bajo dos tomas. La circunstancia técnica del modo en que se mide la utilización del servicio no es responsabilidad del usuario que se ajustó a la disposición normativa; y en autos no se ha demostrado que sumado el consumo de ambos medidores originarios, se haya superado la cifra que arrojó aquél en que fuera unificado con antelación al dictado de la Resolución 745/2005.

Con relación a lo expuesto, debe atenderse principalmente al objeto e incluso al espíritu -pauta de interpretación que la Corte Suprema ha priorizado reiteradamente conf. Fallos 328:566; 330:2286 ; 330:1855 ; entre otros- del reglamento que, como ya he referido en el anterior Considerando, se encuentra dirigido a evitar los consumos en exceso. De este modo, el presupuesto normativo en que se funda la obligación de abonar los cargos es la configuración del aumento desmedido del consumo del servicio público. No puede sostenerse que la actora haya incurrido en tal exceso. Tal extremo se encuentra corroborado en el informe pericial contable, que no ha sido impugnado por la accionada. En él refiere el experto que «.de acuerdo a los términos de la Resolución n°745/05, considerando la situación de la actora en lo que respecta a los valores que se tomaron como referencia (consumo de kwh del año 2004).» existen diferencias a favor de Lipsia (fs.326, punto a).

De este modo, EDESUR no dio observancia a la norma, pues lejos de contemplar los consumos que en definitiva tuvo la usuaria en el periodo de tiempo previsto por la referida resolución, parcializó la base promedio teniendo en cuenta únicamente los consumos que al año 2004 arrojaba el medidor 4394-K, sin atender aquellos que registraba el rotulado bajo n°64046-8 (v. en ese sentido, los anexos glosados al dictamen pericial a fs. 313/318). Sin eufemismos: EDESUR aplicó mal la Resolución 745/2005, en desmedro del usuario.

Por otra parte, debo advertir con relación al «Principio de especial sujeción del concesionario» esbozado en la expresión de agravios, que no desconozco que el sometimiento del concesionario al régimen de carácter público que rodea a la actividad supone colocarse en un status diferenciado del que ostenta la generalidad de los administrados, con deberes y cargas más estrictos (conf. DE LA RIVA, Ignacio, «La libertad de empresa en los servicios públicos concesionados», disponible en Revista de Derecho Administrativo, N°15, ps. 293/309). Sin embargo, aquello no implica que las empresas concesionadas que se encuentran constreñidas a dar observancia a las disposiciones que regulan su actividad, estén facultadas a formular interpretaciones de la normativa disvaliosas a los derechos de los usuarios, cuando del texto de la norma se desprende con claridad los fines perseguidos. Esta particular sujeción a la normativa que regula las concesiones públicas, debe formularse atendiendo a una interpretación razonable de la resolución con los términos que de ella surgen y los fines que se tuvo en miras al momento de su sanción.

Asimismo, debo agregar que en caso de duda, EDESUR pudo consultar al Ente Regulador de la Electricidad -E.N.R.E.-, en orden a lo dispuesto en el art.14 de la resolución n°745/2005, que habilita al ente a «decidir los procedimientos a seguir en situaciones de carácter excepcional». Ninguna constancia aportó que permita inferir que lo hizo, y por tal motivo, es claro que en este caso el cargo por consumos en exceso no debió ser facturado.

A mayor abundamiento, quisiera destacar dos aspectos que a mi juicio robustecen la solución que propongo al Acuerdo: a) No es un dato irrelevante la naturaleza del item que se factura, que se condice en definitiva con una penalidad, por lo tanto debió interpretarse con mayor prudencia; b) Ante la asimetría existente entre las partes y la naturaleza de la relación, debe preferirse la solución que más concilie con los intereses del usuario (arg. art. 42 de la Constitución Nacional).

V.- Establecida entonces la conducta reprochable que asumió la demandada al momento de emitir las respectivas facturas, dos son las cuestiones que restan tratar en orden a los agravios propuestos por la recurrente. En primer término, aquella que se refiere a la ausencia de reserva por parte de la actora al momento de realizar las erogaciones, y por otra parte, la alegada falta de legitimación para proceder al reintegro, en tanto los fondos percibidos por EDESUR fueron afectados al sistema de auto-sustentabilidad del llamado P.U.R.E.E.

Con relación al primero de los interrogantes, para determinar la procedencia de una acción de repetición de las sumas abonadas prescindiéndose de una manifestación de disconformidad a la hora de su realización, corresponde observar la naturaleza jurídica del acto en cuestión. Ello, desde que su estudio a la luz de la normativa que regula esta materia permitirá determinar si, en definitiva, la accionante debió dejar sentado que aquellos cargos no eran aceptados voluntariamente, o si, por el contrario tal requisito resulta excusable para proceder al reintegro.

En lo relativo a lo que la doctrina nacional ha denominado «pago indebido», estamos en presencia de una traslación patrimonial que, con aspecto de pago, no es tal.En efecto, el pago supone el cumplimiento de una obligación (conf. art. 725 del Cód. Civ.), y es un acto jurídico cuyos elementos son los sujetos, el objeto y la causa. Ahora bien, esta última comprende sus dos vertientes en el sentido de que debe estar presente la «fuente» -deuda anterior que sirve de antecedente del pago- y el fin u objetivo al que se orienta el «solvens»: la extinción de la deuda. El llamado «pago indebido» adolece de la falta de alguno de esos elementos, que lo despojan del carácter cancelatorio (conf. ALTERINI, Atilio A., AMEAL. Oscar J., LÓPEZ CABANA, Roberto M. «Curso de Obligaciones», T. II, pág. 451, cuarta edición actualizada).

Con prescindencia de la categorización que se ha efectuado de los distintos supuestos que puedan sucederse, en lo que aquí interesa debo referir a aquél que contempla la posibilidad de entablar la acción de repetición cuando se trata de un pago sin causa, y más precisamente, ante la carencia de la causa fuente. Sólo recuerdo que esta situación, acontece cuando se realiza un pago sin deber nada, por no corresponderse a deuda alguna ante la inexistencia de una obligación para enfrentarla.

En razón de lo expuesto, y ante la conclusión a la que he arribado respecto de que no existía obligación legal por la cual la demandante debía afrontar los cargos que le fueron facturados por la empresa distribuidora, debo decir que ninguna duda cabe de que existió un pago sin causa por parte de la accionante. De este modo, esta ausencia de título o causa que justifique el pago, obliga al «accipiens» a restituir lo recibido indebidamente (conf. LLAMBIAS, Jorge J. «Tratado de Derecho Civil. Obligaciones» T. II, pág. 1013).

Sobre este tema, el Código Civil en su Capítulo VIII del Título XVI ha regulado expresamente dentro del conjunto de previsiones que aluden a aquello «dado en pago de lo que no se debe», aquél supuesto general de pago sin causa.Tal es así, que previó en su artículo 792 expresamente la posibilidad de repetir lo pagado al establecer que «El pago efectuado sin causa. puede ser repetido, haya sido o no hecho por error».

De lo hasta aquí expuesto se colige que, los requisitos para que proceda la repetición cuando el pago carece de causa-fuente, sólo requieren la demostración de dos extremos. Por un lado, la translación patrimonial del bien y por el otro, la carencia de la causa-fuente (conf. ALTERINI-AMEAL- LOPEZ CABANA, ob. cit. ps. 456/457). Siendo que ambos extremos han quedado suficientemente probados en autos, la carencia de disconformidad como óbice para la procedencia de la demanda carece de todo fundamento legal y por tal motivo, corresponde rechazar la defensa introducida por EDESUR para repeler la acción.

VI.- Por último, debo expedirme respecto de la argüida imposibilidad de EDESUR de reintegrar los fondos que fueron destinados al sistema de Auto-sustentabilidad del P.U.R.E.E. En referencia a este punto, y como aclaración preliminar, debo decir que aún cuando dicho extremo fue introducido por la demandada en su responde de la acción 206vta./207, no ha sido objeto de pronunciamiento en la anterior instancia. Sin embargo, la circunstancia de haber sido mantenida esta defensa en su expresión de agravios, habilita al Tribunal a su tratamiento, aunque desde ya adelanto no puede obtener acogida favorable.

Sobre este punto, advierto que aun cuando resulta cierto que en orden a lo normado por el art. 12 de la Resolución 745/2005 se regula un sistema de compensación de los cargos y bonificaciones imputados a los usuarios, y que el excedente de dichos fondos se destina a una cuenta bancaria a favor del E.N.R.E., aquello no implica que EDESUR como responsable en la aplicación frente a aquellos de esa normativa se exonere de la responsabilidad que le genera su obrar negligente. La empresa distribuidora, como concesionaria de un servicio público, tiene la obligación de emitir las facturas de acuerdo a la normativa vigente.Ante el incumplimiento de su obligación, debe responder pues dentro de las facultades que le confiere el reglamento de percibir los montos que de ella se deducen, provocó el cobro de un «pago sin causa». Dicho en otros términos, la circunstancia de que aquellos fondos fueron afectados a un «sistema de compensación», no resulta oponible al usuario que en su buena fe abonó las sumas que le fueron facturadas por la misma demandada, sin perjuicio de los derechos que, de ser el caso, EDESUR pueda esgrimir ante el E.N.R.E.

Como consecuencia de ello, el hecho de que la accionante no haya dirigido la acción contra el E.N.R.E. en nada obsta la posibilidad de condena respecto de la empresa distribuidora. Ello es así, pues entiendo que las obligaciones que pesan sobre cada uno de ellos, son de carácter concurrente (conf. LLAMBÍAS, J.J. «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», 3ra. ed., T. II, pág. 594, n° 1287), siendo indiferente en el caso que se encuentren inmersos en el proceso la totalidad de quienes pudieran revestir la condición de deudores en el marco de la relación planteada. A ello se agrega, que si EDESUR hubiera considerado que podría producirse un «enriquecimiento sin causa» del ente regulador por ser el destinatario de los fondos, pudo convocarlo al proceso, haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 94 del Código Procesal, mas nada de esto aconteció al momento del responde de la acción. Por ello, es procedente su condena en tanto su deber de responder no finca en la existencia de un enriquecimiento a favor suyo, sino en la mera circunstancia de haber obrado sin apego a la norma, originando esto el pago indebido de la actora.

VII.- Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recurso y agravios. En cuanto a las costas devengadas por el trámite ante la segunda instancia, deberán ser soportadas por la demandada vencida (art. 68 C.P.C.C.N.).

El señor juez de Cámara Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

La doctora Graciela Medina por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Costas de alzada a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

 

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