No existió contrato de trabajo entre la empresa demandada y quien desempeñaba tareas de montaje de equipos de forma autónoma

CertificadoLaboralPartes: Galindez Marcelo Antonio c/ Edalgui Alarmas o Central Station y otro s/ ordinario – despido – recurso directo

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Laboral

Fecha: 5-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83657-AR | MJJ83657 | MJJ83657

Rechazo de la demanda al haberse acreditado que el actor desempeñaba sus tareas de montaje de equipamientos de forma autónoma.

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido y, en consecuencia, rechazar la demanda deducida, pues de la prueba arrimada surgen diversos rasgos que son usuales y comunes entre empresarios y trabajadores autónomos en el rubro de los montajes de equipamientos, en el cual el instalador acostumbra a laborar por su cuenta; a ello cabe añadir que el actor no puso de manifiesto que se desempeñara en nombre y a favor de otro y tampoco que prestara alguna clase de tarea subordinada.

2.-Si bien al reclamante le asignaban la ruta de las colocaciones programadas y los elementos necesarios para hacerlas, ello no debilita la autonomía que deriva de otros datos: disponía de sus propias herramientas y movilidad, en caso de faltantes de materia prima la compraba, garantizaba personalmente los montajes, no estaba supeditado a horario fijo y cobraba diferentes precios según el número y las dimensiones de los sistemas colocados.

3.-En el tráfico comercial existen innumerables intercambios de bienes y servicios que son extraños a la normativa laboral, que conforman una extensa red indispensable para la obtención de los fines societarios; por eso ello no basta sin más para considerar incluida en el campo de aplicación de la legislación laboral cualquier conexión entre un empresario y los servicios de otro destinados a atender requerimientos de su industria.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil trece, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: «GALINDEZ MARCELO ANTONIO C/ EDALGUI ALARMAS O CENTRAL STATION Y OTRO – ORDINARIO – DESPIDO – RECURSO DIRECTO» 53527/37, a raíz del recurso concedido a la demandada en contra de la sentencia N° 65/08, dictada por la Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo, constituida en Tribunal Unipersonal a cargo de la señora juez doctora María del Carmen Piña -Secretaría N° 11-, cuya copia obra a fs. 138/156, en la que se resolvió: «I.- Rechazar en todas sus partes la demanda promovida por el actor, Marcelo Antonio Galíndez en contra de Eduardo A. Guillén, con costas por el orden causado, a cuyo fin se regulan los honorarios de los Dres. Daniel Buteler Novillo y Mariana Ferreira, en conjunto y proporción de ley, en la suma de un mil doscientos treinta y un pesos… y los de la Dra.Silvana Demichelis, en la suma de nueve mil doscientos treinta y cinco pesos… II.- Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Marcelo Antonio Galindez, en contra de CENTRAL STATION ARGENTINA SRL, y en consecuencia, condenar a la accionada a pagar al actor por los rubros mencionados, conforme se señala en la segunda cuestión, en concepto de capital la suma total de diecinueve mil trescientos setenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos… y en concepto de intereses calculados en la forma indicada en la mencionada cuestión, al día de la fecha, la suma total de catorce mil trescientos nueve pesos con treinta y cuatro centavos… los que adicionados al capital hacen un total de treinta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con siete centavos… III.- Emplazar a quien carga con las costas para que en el término de quince días reponga la tasa de justicia… que asciende a la suma de seiscientos setenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos… bajo apercibimiento… y cumplimente con los aportes previstos por la ley 6468 (t.o. ley 8404) que ascienden a la suma de trescientos treinta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos… para cada grupo de abogados, de conformidad al art. 17 inc.»a» de dicha ley, bajo el apercibimiento allí dispuesto. Hágase saber a quien carga con las costas que de no cumplimentar dicha tasa y aportes se girarán los antecedentes a la Dirección de Administración del Poder Judicial y a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, respectivamente, a los fines correspondientes. IV.- Regular los honorarios de los Dres. Daniel Buteler Novillo y Mariana Ferreira, en conjunto y proporción de ley, en la suma de siete mil quinientos setenta y nueve pesos… los del Dr. Blas Horacio Demichelis, en la suma de un mil seiscientos cuarenta y dos pesos… y los de la Contadora Elizabeth F. Esper de Pérez en la suma de ochocientos pesos.». Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION:¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte demandada? SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 1. El impugnante se agravia por la conclusión sobre la existencia de relación de dependencia. Afirma que es infundada, contradictoria e incongruente. La accionada vendía alarmas y sistemas de seguridad y el actor instalaba los equipos garantizando su colocación, lo que conlleva la asunción personal del riesgo como en cualquier actividad empresaria. Sostiene que no hubo motivos para activar la presunción de veracidad de los dichos de demanda, ya que el accionante no ofreció la exhibición del libro art. 52 LCT. Se omitió que el actor intimó por un lapso inferior al fijado por el art. 57 LCT y que, de cualquier manera, no se hubiera podido atender la solicitud de exponerle el libro de Sueldos y Jornales, pues se fue de la firma sin que nadie se lo pidiera. Niega que la injuria alegada tuviera entidad para justificar el despido pues la ley contempla sanciones y multas previas a la ruptura, ante la falta de respuesta a la regularización.

Finalmente objeta la distribución de las costas. 2. La Sentenciante concluyó que Galíndez era un trabajador estable, incorporado a una estructura ajena, que desarrollaba una prestación continua y permanente, con jornada, horario y remuneración. En esa dirección, le atribuyó a la demandada la calidad de empleador a raíz de que instituyó un sistema de venta de alarmas, monitoreo y services. Consideró que la labor de los instaladores era imprescindible y le reprochó conductas reñidas con la buena fe, que no estaba registrado y que rechazó recibir sendos envíos postales, pese a que fueron correctamente dirigidos al domicilio de los accionados. 3.Previo al análisis de las irregularidades es menester precisar que, desde una perspectiva normativa, el concepto de la prestación de servicios no es exclusivo del Derecho del Trabajo (Sent. N° 212/96).

En el tráfico comercial existen innumerables intercambios de bienes y servicios que son extraños a esa normativa especial. Huelga señalarlo, junto con los otros factores tanto materiales como inmateriales, conforman una extensa red indispensable para la obtención de los fines societarios. Por eso, ello no basta sin más para considerar incluida en el campo de aplicación de la legislación laboral cualquier conexión entre un empresario y los servicios de otro destinados a atender requerimientos de su industria. Así, lo ha previsto expresamente en el art. 23 LCT, norma que define la clasificación del contrato como de trabajo a partir de la fuente que le da origen, esto es, de la serie de acontecimientos que funcionaron como su condición operativa. Entonces, si bien en principio dicho carácter legal se supone a partir de la constatación de las prestaciones, la categoría queda desplazada cuando lo indican las circunstancias, relaciones o causas que las motivaron.

Esto impone el principio de primacía de la realidad (Sent. N° 31/13). En autos, se confirmó que el reclamante efectuaba instalaciones y services que garantizaba personalmente, avalando las operaciones concertadas. Lo hizo para Central Station y, también, para otras empresas (fs. 148/148 vta.). Cobraba según la importancia de los encargos y conforme una planilla que él mismo confeccionaba. Dijo, que en ocasiones contaba con ayudantes a los que instruía, sin mayores precisiones para identificarlos concretamente como dependientes provistos por la demandada (fs. 144, 146 y 147). No cumplía jornada fija y podía ocurrir que comprara «un tornillo», o cualquier otra pieza que le faltara (fs. 147 vta.). Los rasgos señalados son usuales y comunes entre empresarios y trabajadores autónomos en el rubro de los montajes de equipamientos, en el cual el instalador acostumbra a laborar por su cuenta.Al panorama descrito cabe añadir que nada puso de manifiesto que se desempeñara en nombre y a favor de otro (art. 4 LCT). Tampoco que prestara alguna clase de tarea subordinada.

Por el contrario, su quehacer cotidiano se desarrollaba íntegramente fuera del ámbito de control, gestión y dirección de la demandada. Esto es así, más allá de que se le asignara un listado de clientes y materiales, pues ello no excede de las facultades de coordinación para atender requerimientos propios de la actividad de comercialización de alarmas y equipos de seguridad domiciliarios e industriales a través de diferentes canales de venta (fs. 148). Además, es lógico que los componentes que se entregaban formaban parte de los productos vendidos.

No pudo comprobarse que el demandado Guillén o algún otro personal le diera órdenes y directivas puntuales o que Galíndez estuviera en situación de sujeción jerárquica puesto que los testigos dieron solamente referencias genéricas que no pasan de cuestiones organizativas.

O sea, al reclamante le asignaban la ruta de las colocaciones programadas y los elementos necesarios para hacerlas. Sin embargo, ello no debilita la autonomía que deriva de otros datos: disponía de sus propias herramientas y movilidad; en caso de faltantes de materia prima, la compraba (fs. 146 vta./148 vta.), garantizaba personalmente los montajes, no estaba supeditado a horario fijo y cobraba diferentes precios según el número y las dimensiones de los sistemas colocados. Inclusive, durante el lapso abarcado en el reclamo, estuvo percibiendo un subsidio estatal (art. 144 vta./145). 4. Por lo expuesto, corresponde anular el pronunciamiento y entrando al fondo del asunto (art. 105, CPT), determinar que el caso no está regulado por las leyes laborales, por lo que debe rechazarse la demanda, todo de conformidad con lo antes expresado.

Lo referido a los restantes agravios, vinculados a la exhibición del libro del art. 52 LCT, la valoración de los emplazamientos y la causa del despido, no amerita decisión, pues la pretensión recursiva se satisface con el resultado arribado.El planteo por las costas pese al rechazo de la demanda dirigida personalmente contra el Sr. Guillén, queda igualmente subsumido en la conclusión propuesta. Voto por la afirmativa. El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La Señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el recurso de casación deducido por la demandada y, en consecuencia, rechazar la demanda en todas sus partes. Las costas se imponen por el orden causado atento a las encontradas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre el tema de que se trata (art. 28, CPT). Los honorarios de los Dres. Rubén Carlos Feliú y Daniel Buteler Novillo, serán regulados por la a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo tenerse en cuenta el art. 27 de la ley citada.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo: Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo. La Señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, R E S U E L V E: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y anular el pronunciamiento según se expresa.

II. Rechazar la demanda en todas sus partes.

III. Con costas por el orden causado. IV. Disponer que los honorarios de los Dres. Rubén Carlos Feliú y Daniel Buteler Novillo, sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos y treinta por ciento, respectivamente, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 9.459 sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 de la mencionada ley.

V. Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.

 

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