Rechazan el pedido de recusación de dos vocales de Cámara, y multan al recusante

codigoPenalPartes: D. S. M. L. G. c/ P. G. D. s/ medidas precautorias

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 4-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83443-AR | MJJ83443

Se rechazó el pedido de recusación de dos vocales de Cámara, pues no se ha probado la existencia de una seria enemistad con las Juezas recusadas, ni que exista riesgo de imparcialidad por parte de éstas en el tratamiento del recurso. Multa al recusante.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la recusación intentada contra vocales de Cámara por las causales previstas en el art. 17, incs. 2° y 10° del CPCCN., pues no se ha probado que haya elementos suficientes como para presumir que existe una seria enemistad hacia los presentantes por parte de las magistradas recusadas, ni que pongan en duda su imparcialidad para analizar el recurso interpuesto en la causa.

2.-El instituto de la recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, de donde se desprende que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial.

3.-Para apreciar la procedencia del planteo de recusación corresponde atender tanto al interés particular, cuanto al general, que puede verse afectado por un uso inadecuado de este medio de desplazamiento de los jueces que deben entender en el proceso.

4.-Las causales de recusación son de interpretación restrictiva, máxime si se advierte que se trata de un acto de singular gravedad, dado el respeto que se le debe a la investidura de los Magistrados.

5.-En la especie, los peticionarios invocan las causales previstas en el art. 17, incs. 2° y 10° del CPCCN. y sostienen que existen elementos suficientes como para presumir que existe una seria enemistad hacia los presentantes por parte de las magistradas recusadas, que pone en duda su imparcialidad para analizar el recurso interpuesto en esta causa, a las vez que les imputa la utilización de las presentes actuaciones para promover, continuar y profundizar el enfrentamiento que públicamente mantienen con el restante integrante del Tribunal, conformando una mayoría automática que decide contrariando la ley, la justicia y la equidad.

6.-Para la procedencia de la recusación en el supuesto del art. 17, incs. 2° y 10° del CPCCN., es preciso la existencia de un estado de apasionamiento adverso del magistrado hacia la parte, que se manifieste a través de actos directos y externos; en esta inteligencia, ningún signo de odio, enemistad o resentimiento se observa de parte de las magistradas recusadas en las presentes actuaciones frente a los litigantes o a su representación letrada, ni dicha circunstancia se evidencia de las constancias obrantes en la causa en la que las mismas intervinieron.

7.-En principio, no resulta pertinente invocar las decisiones adoptadas por el magistrado en otro juicio a los fines de sostener la causal prevista en el art. 17, inc. 10 del CPCCN, como una suerte de una recusación ad eventum de posteriores pronunciamientos que, a su criterio, puedan ser resueltos indebidamente.

8.-La amistad o enemistad como causal que prevén los incs. 9 y 10 del art. 17 del CPCCN. deben serlo con la parte, ni siquiera con los letrados que actúan en su representación, y menos aún entre los integrantes de un tribunal colegiado.

9.-De haber existido la hipotética causal de recusación, su planteo en esta oportunidad resulta tardío (arts. 14 y 18 del CPCCN.); en efecto, la recusación debe ser opuesta con anterioridad al pronunciamiento judicial (principio de subsanación o expurgación de las nulidades (doctrina art. 170, CPCCN).

10.-La absoluta carencia de argumentos válidos, la permanente invocación a desafortunados antecedentes que -aunque reales, conocidos y puestos en conocimiento del Concejo de la Magistratura- resultan ajenos al trámite de la presente causa, el tenor de los calificativos respecto del obrar de las juezas recusadas (aún cuando se remita a consideraciones vertidas por otro Magistrado) denota una evidente falta de consideración y revela que, por ser fútil, no se ha tenido respeto en la investidura de las magistradas, obrando, en síntesis, con excesiva e inexcusable ligereza, que justifica sobradamente la imposición de la sanción prevista por la norma en análisis, máxime al tratarse de la segunda oportunidad en que la actora recusa de manera improcedente a las Sras. Juezas de la Sala D , correspondiendo en el caso la imposición de una multa al recusante.

11.-La decisión tomada por la mayoría de la Sala en las presentes actuaciones es nula de nulidad absoluta, por lo que dejo constancia de mi disidencia, incluyendo mi expreso no consentimiento con lo actuado, y reservando los derechos para pronunciarme oportunamente (voto del Dr. Diego C. Sánchez, en disidencia).

Fallo:

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013.- PS

Y VISTOS ; CONSIDERANDO :

I.- Toda vez que a los fines de pronunciarse en orden a la cuestión pendiente aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs. 40, habrá de omitirse tal diligencia y resolver sin más el planteo que nos ocupa.

II.- Liminarmente cabe destacar que, el instituto de la recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, de donde se desprende que está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial. Para apreciar la procedencia del planteo corresponde atender tanto al interés particular, cuanto al general, que puede verse afectado por un uso inadecuado de este medio de desplazamiento de los jueces que deben entender en el proceso (CNCiv Sala “A”, R. 574.255, del 7/4/11, entre muchos otros).

Es por ello que, las causales de recusación son de interpretación restrictiva, máxime si se advierte que se trata de un acto de singular gravedad, dado el respeto que se le debe a la investidura de los Magistrados (CNCiv Sala “A”, R. 577.120 del 8/6/11, entre otros).

III.- En la especie, los peticionarios invocan las causales previstas en el art. 17, incs.2° y 10° del C.P.C.C.N.

Sostienen -en síntesis- que existen elementos suficientes como para presumir que existe una seria enemistad hacia los presentantes por parte de las magistradas recusadas, que pone en duda su imparcialidad para analizar el recurso interpuesto en esta causa, a las vez que les imputa la utilización de las presentes actuaciones para promover, continuar y profundizar el enfrentamiento que públicamente mantienen con el restante integrante del Tribunal, conformando una mayoría automática que decide contrariando la ley, la justicia y la equidad.

Al respecto, cabe poner de resalto que -como reiteradamente lo ha dicho este tribunal- para la procedencia de la recusación en el supuesto enunciado es preciso la existencia de un estado de apasionamiento adverso del magistrado hacia la parte, que se manifieste a través de actos directos y externos (CNCiv Sala “A”, R. 583.850, del 10/5/12; íd., R. 583.897, del 7/11/10; íd., R. 573.314, del 17/6/11; íd., R. 23.690, del 6/11/87; íd., R. 41.182, del 17/4/89; íd., R. 65.176, del 28/5/90; íd. R. 157.607, del Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA D

21/10/94; entre muchos otros precedentes; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, t. II, p. 324; Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial Anotado, Concordado y Comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, T. I, p. 261; íd., Tratado de Derecho procesal Civil y Comercial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, t. I, p. 271).

En esta inteligencia, ningún signo de odio, enemistad o resentimiento se observa de parte de las magistradas recusadas en las presentes actuaciones frente a los litigantes o a su representación letrada, ni dicha circunstancia se evidencia de las constancias obrantes en la causa en la que las mismas intervinieron (“D. S. M., L. C/ P. G. D. S/ Medidas precautorias; Expte. n° 105.747/2011”).

Es decir, no se advierte la existencia de alguna constancia que permita apreciar una animadversión por parte de las Sras.magistradas ya mencionadas, hacia el letrado o la parte actora en esos autos, que afecte su imparcialidad a los fines de fallar en los recursos propuestos a su conocimiento.

A su vez, debe destacarse que, en principio, no resulta pertinente invocar las decisiones adoptadas por el magistrado en otro juicio a los fines de sostener la causal prevista en el art. 17, inc. 10 del CPCCN, como una suerte de una recusación ad eventum de posteriores pronunciamientos que, a su criterio, puedan ser resueltos indebidamente (esta Sala, R. 573.314, del 17/6/11).

Finalmente, es dable destacar que, en principio, la amistad o enemistad como causal que prevén los incs. 9 y 10 del art. 17 del C.P.C.C.N. deben serlo con la parte, ni siquiera con los letrados que actúan en su representación, y menos aún entre los integrantes de un tribunal colegiado (CNCiv Sala “A”, R. 601.030, del 18/7/12).

A todo evento debe agregarse que, de haber existido la hipotética causal, su planteo en esta oportunidad resulta tardío (doctrina arts. 14 y 18 del CPCCN).

En efecto, la recusación debe ser opuesta con anterioridad al pronunciamiento judicial (principio de “subsanación” o “expurgación” de las nulidades (doctrina art. 170, CPCCN). En el caso, la resolución que motivó la intervención de la Sala está fechada el 6 de agosto de 2013 (cfr. fs. 566/586 “D. S. M., L. G. c/P., G. D. s/Medidas Precautorias” -Expte. 105.747/2011-), y la recusación fue deducida el 13 de agosto de 2013, 12:32hs (ver cargo a fs.22vta).

Mal puede ahora la pretensa recusante invocar una violación del principio de defensa para invalidar tardíamente el pronunciamiento dictado por los jueces naturales de la cuestión (art. 18., Constitución Nacional).

Lo anteriormente expuesto conduce a concluir que la recusación intentada deviene claramente improcedente.

IV.- Sentado ello, corresponde analizar la eventual aplicación de la multa prevista por el art.29 del C.P.C.C.N.

La aludida norma contempla la imposición de sanciones a la parte que intentara un recusación que fuere calificada de maliciosa.- Sus fines son moralizadores y, por este medio, procúrase sancionar a quien formula una recusación que denota total falta de reflexión o que no se ha tenido en consideración la investidura de los Sres. Jueces cuyo desplazamiento en la causa se pretende, obrándose con ligereza y desconsideración frente a la trascendencia institucional de semejante accionar (conf. Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos Procesales.”, T° II-A, pág.527/8, coment. art. 29, con cita jurisprudencial; CNCivil, Sala “A”, R.108.921 del 27/4/92, id. R. 159.418 del 6/6/95).

Pues bien, la absoluta carencia de argumentos válidos, la permanente invocación a desafortunados antecedentes que -aunque reales, conocidos y puestos en conocimiento del Concejo de la Magistratura- resultan ajenos al trámite de la presente causa, el tenor de los calificativos respecto del obrar de las juezas recusadas (aún cuando se remita a consideraciones vertidas por otro Magistrado) denota, a juicio de los suscriptos, una evidente falta de consideración y revela que, por ser fútil, no se ha tenido respeto en la investidura de las magistradas, obrando, en síntesis, con excesiva e inexcusable ligereza, que justifica sobradamente la imposición de la sanción prevista por la norma en análisis, máxime al tratarse de la segunda oportunidad en que la actora recusa de manera improcedente a las Sras. Juezas de la Sala “D”.

Los principios generales del Derecho cumplen la función de informar todo ordenamiento jurídico; función que respecto del principio de buena fe adquiere especial significación y trascendencia, pues afecta al sistema en su integridad y no sólo en parcelas o a través de disposiciones aisladas (cfr. Ferreira Rubio, Delia Matilde “La Buena Fe.El principio general en el derecho civil”, Madrid, Montecorvo, 1984, pág.171.).

Así, desde el punto de vista del principio de la Buena Fe en el Derecho, deviene ineludible la necesaria observancia de un comportamiento de fidelidad en el marco del proceso dispositivo, basado en la adecuación de la voluntad de las partes al principio que inspira y fundamenta la relación jurídico-procesal (cfr. Díaz Solimine, Omar L. “La Buena Fe en la Estructura Procesal”, en Córdoba, Marcos M. (Director) “Tratado de la Buena Fe en el Derecho”, Buenos Aires, La Ley, 2004, T° 1, pág.864).

Y, en relación al abuso de recusar con causa se ha dicho que “la buena fe en el proceso significa un principio moral que, se caracteriza como un deber de conducta implicando, la seguida por la actora al deducir las recusaciones tratadas, una violación al principio de moralidad y un ataque a la buena fe procesal. Si las mismas denotan total falta de reflexión, se basan en circunstancias fáctico jurídicas falsas, a punto tal que se contradicen con las propias pruebas ofrecidas por la actora, revelando que no se ha tenido en consideración la investidura de los magistrados” cuya recusación se formula, ello conduce a su rechazo in limine (cfr. Superior Tribunal de Justicia, Santiago del Estero, 11/12/1995, “Habra Fernández, Carmen Margarita c/Provincia de Santiago del Estero”, SE Z0001916, J.A. Informática Jurídica, Documento Nº 19.3223).

De modo pues que el recusante -y, en su caso, también su letrado- son susceptibles de ser multados cuando los términos de la recusación importan un agravio a la investidura del magistrado recusado, lo cual potencia el deber de aplicar ex officio la sanción correspondiente (Díaz Solimine, Omar L., ob. cit., T° 1, pág.876).

V.- En atención a la forma en que se decide la recusación deducida, deviene ineludible -dada la naturaleza de la cuestión tratada- conocer acerca de la posterior excusación presentada por la Dra. Ana María Brilla de Serrat a fs.41/42.

Tal excusación formulada por la Vocal n° 10 se funda en razones de decoro y delicadeza “al afectarse severamente con injurias, calumnias y falacias inadmisibles, ajenas al marco cognoscitivo del recurso, el mínimo decoro y respeto que le es debido a un magistrado”. De modo liminar debe decirse que las causales que contempla el art. 30 del Código Procesal, por ser las mismas que las previstas por la ley ritual respecto de la recusación, son taxativas y de aplicación restrictiva y ello especialmente puesto que la autorización al juez a excusarse por existir una causa que le impone abstenerse de conocer en el juicio debe fundarse en motivos graves de decoro y delicadeza, pues debe tratarse que los mismos se inicien y culminen ante sus jueces naturares (cf. Art 18 de la C.N).

No obstante lo expuesto, habrá de señalarse que no corresponde a plicar estrictamente las normas que regulan la recusación con causa a los supuestos de excusación, las que deben ser apreciadas con mayor amplitud de criterio, a fin de hacer honor a los escrúpulos siempre respetables de los magistrados, que deben presumirse sinceros, de manera tal que los motivos de excusación son más amplios e imprecisos que los de la recusación y cubren ciertos casos de violencia moral, que sólo el juez sabe en qué medida pesan sobre su conciencia (cf. Art. 19 de la C.N. ; CNCiv, Sala C, 264355 “Sena Adalberto Claudio c/Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios”, 9-3-99).

Por lo tanto, tal estado es de apreciación personal y lo que es motivo para configurarlo, a juicio de un juez, puede no serlo para otro en idéntica situación, correspondiendo declarar admisible la excusación, s no puede afirmarse con certeza que sólo media un exceso de susceptibilidad o mera delicadeza.

Recuérdase que la causal “motivos graves de decoro y delicadeza”, abarca no sólo el honor, sino también el respeto, la reverencia, el recato y la estimación.Es no sólo la consideración externa de una persona, sino también su propia estimación. Comprende tanto el prestigio social representado por la dignidad del comportamiento, como el respeto que una persona debe al dictado de su propia conciencia (cf. Couture “Estudios”, II, pág. 184).

Como corolario de lo reseñado, habrá de admitirse la excusación en estudios a efectos evitar, por otra parte, que se profundicen las desavenencias existentes entre las vocalías (C.N. Civil, Sala B, 24/10/2012, “Amenedo, Carlos Andrés c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A” s /daños y perjuicios” expte n° 112568/03″).

En mérito de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara en lo pertinente, SE RESUELVE: 1) Admitir la excusación formulada por la vocal n ° 12 de esta Cámara; 2) Rechazar la recusación con causa deducida contra la Dra. Patricia Barbieri, declarando innecesario decidir acerca de la recusación expuesta contra la Dra. Ana María Brilla de Serrat, en atención a lo resuelto en el punto anterior; 3) Imponer a la recusante en carácter de sanción una multa de pesos DIEZ MIL ($ 10.000) -con el destino previsto por el art. 35 inc. 3 del Código Procesal- que deberá depositar en el plazo de cinco días de notificado este fallo, bajo apercibimiento de ejecución.

Notifíquese al Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal en su despacho, a la interesada mediante cédula que se confeccionará por Secretaría, publíquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (conf. Acordadas 15 y 24/2013 -del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente-) y oportunamente archívese.-

DIEGO SANCHEZ

(En disidencia) HUGO MOLTENI

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

Disidencia del señor juez de Cámara doctor Diego C.Sánchez, titular de la vocalía N° 11 de la Sala “D” interviniente:

I He recibido este incidente de recusación con el expediente sobre medidas precautorias N° 105747/2011, de mano de los doctores Omar Luis Diaz Solimine y Hugo Molteni, que integran la Sala “D” (fs. 36) para resolver la recusación con causa interpuesta por la actora a fojas 12/22 (fs. 31v., primeros párrafos de fs. 41 y 41v.), tema exclusivo y excluyente (fs. 41v., párrafo tercero); he recibido los expedientes con el escrito de excusación de la doctora Brilla de Serrat agregado a fojas 41/42 y la resolución del incidente, ya pasada en limpio y firmada por dichos colegas; no tenía conocimiento de uno ni de otra, a pesar que el escrito fue recibido el pasado 25 de octubre por el señor prosecretario letrado de esta Sala “D” (fs. 42v., in fine).

Se han incumplido así, una vez más (cfr. exp. N° 35.682/2001, 11-04-10 y 26-08-11, “Bentancor José Omar c/ Lorenzatto Carlos Rodolfo David”, en el que intervino el Dr. Molteni; exp. N° 110470/09, 09-11-12 “Administrar Salud S.A. c/ Javorsky Carlos Alfredo” y, entre otros, los allí citados), las normas de los artículos 19, 271 y concordantes del Código Procesal, por un lado, como las de los artículos 37, 40 y 69 del RJNC -citado este último, con acierto, a fojas 34-, por el otro lado.

Aunque -repito- no tenía conocimiento de la resolución, aprecio que sus autores, los mencionados colegas de las Salas “C” y “A” de esta Cámara, bien “imaginaron” que no coincidiría con ella porque la imprimieron aclarando mi firma (En disidencia).

Saben que están dictando, por mayoría, una resolución que padece mayores vicios que la de fojas 566/586 del expediente principal N° 105747/2011 (que fue la que ocasionó las recusaciones que ahora “resuelven” mis colegas).

He subrayado “vicios” para destacar los que imputo a esta nueva mayoría.Si decisiones como la de fojas 566/586 me hicieron pensar que habían sido dictadas por la “Justicia tuerta” (acertado título de Ricardo Daniel Smolianski en su trabajo publicado en eldial.com – DC12A1), decisiones como las que hoy debo disentir me hacen entender -además- la razón por la que la Dama de la Justicia lleve los ojos vendados: no parece ser para representar la objetividad, como yo había creído desde siempre, sino para no ver el muy injusto resultado de esta “Justicia tuerta”.

¡Pero Maat, Isis, Temis, Dice, y otras diosas de la justicia ¡aquí hace más de doscientos años que el Pueblo sigue queriendo saber de qué se trata! He entrecomillado “resuelven” para precisar que, en mi opinión, no lo hace la mayoría sino que producen un acto nulo, de nulidad absoluta. Daré los, lamentablemente, muchísimos ejemplos que así lo demuestran (aunque no sean todos, pero en los que sobresalen tanto la extemporaneidad, como la ausencia de fundamentos lícitos y serios -por la simple omisión, o por autocontradicción, que los excluye, entre los muy insuficientes que se expresan-).

II La resolución que dicté a fojas 40 de este incidente ha sido consentida por la recusante por lo que, mal, se puede prescindir hoy de ella, como lo hace la mayoría, sosteniendo “I.- Toda vez que a los fines de pronunciarse en orden a la cuestión pendiente aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs. 40, habrá de omitirse tal diligencia y resolver sin más el planteo que nos ocupa”.

II – 1) También ha sido consentida dicha resolución por los propios colegas: por ejemplo, por dos veces citan las constancias del expediente “D. S. M. L. G. c/P. G. D.”; mal se puede entonces sostener que “aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs.40”; se incurre en autocontradicción de tal magnitud que, por sí, es suficiente para descalificar la “resolución”.

II – 2) Estando la resolución, dictada por este juez, único hábil de la Sala “D” en la que tramita el expediente (ver supra I), consentida, no puede “resolverse” hasta que sea cumplida, por lo que la decisión mayoritaria resulta extemporánea (también lo es por la omisión sobre prueba, como digo infra).

Reitero que es erróneo sostener: “aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs. 40”; demostrado antes con la actuación “D.”, lo haré infra con los otros expedientes (“Fundación c/Imágenes” y “Santana c/Romero”).

Y ello sin perjuicio de anticipar que considerar las constancias de dichos expedientes no significa obstrucción, ni demora alguna en este procedimiento; por la sencilla razón que “Santana c/Romero” se encuentra en esta Sala, aquí al lado de mi despacho, en el de la doctora Brilla de Serrat bajo siete llaves (como lo está todo en su poder desde el mismo día que ingresó a la Sala), y “Fundación c/Imágenes” fue efectivamente remitido por el juzgado N° 22 en cumplimiento de lo dispuesto a fojas 40; llegó a la Sala “D” y fue devuelto en el acto por la misma recusada doctora Brilla de Serrat (¡qué jueza recusada! ¡con esta devolución! ¡con el escrito de fs. 41/42! ¡o con la actuación de fs. 39!; nada de ello mereció una palabra de la mayoría en esta resolución, a pesar del texto del citado art. 19 del Cód. Proc. y las normas éticas).

Como lo demostraré, insisto, es desacertado decir: “aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs. 40”; deben existir otras “razones” para ocultar los expedientes “Fundación” y “Santana”. Repito pues lo antes expresado: ¡aquí hace más de doscientos años que el Pueblo sigue queriendo saber de qué se trata!II – 2 – 1)

“Es deber de los jueces otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva; la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia” Son conceptos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en una muy reciente sentencia, reitera los de siempre (01-10-13, S. 850. XLVIII, “Stieben, Luis Manuel y otros c/ EN – M° de Seguridad – GN – dtos. 1104/05 y 752109 Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” ).

Por tanto sostener, como lo hace la mayoría, que “aparece por completo innecesario contar con la vista de las actuaciones mencionadas en el decreto de fs. 40”, es renunciar conscientemente a la verdad. Son actuaciones que, a lo sumo con un llamado por teléfono, debían estar a la vista en el acto (resultan así innecesarios 9 días, 23 horas y 59 minutos, de los 10 días del art. 24 del Cód. Proc.).

II – 2 – 2)

“No hay verdadera paz sin verdad”. Papa Francisco “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Mahatma Gandhi “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Marco Tulio Cicerón “Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio”. Joan Manuel Serrat Lamentablemente no terminó con lo antes expuesto la renuncia consciente a la verdad por la mayoría.

No hay siquiera pronunciamiento suyo sobre la prueba oportunamente ofrecida por la recusante a fojas 21v.; allí expresamente solicitó: Que conforme lo dispone el artículo 24 del C.P.C.C.N.solicito se abra a prueba este incidente por el término de ley”. Con su silencio la mayoría ha omitido el pr ocedimiento reglado por los artículos 23, 24 y 25 del citado código ritual y ha violado el derecho superior de defensa en juicio.

Pero con este ilícito silencio estamos ante otro vicio, también suficiente por sí solo y aunque no existieren todos los demás, para coincidir en la nulidad de la resolución de la mayoría.

Y no lo digo únicamente por el incumplimiento de las normas citadas, o las de los artículos 161 (incs. 1 y 2) y concordantes del Código Procesal -también por sí suficiente-, sino por algo mucho más relevante, por otro ejemplo de la “Justicia tuerta”.

II – 2 – 3) Después de prescindir de la medida que dicté a fojas 40, sin pronunciarse sobre la prueba ofrecida por la recusante, la mayoría en el apartado más “extenso” de su resolución (IV) dice que analiza y efectivamente aplica la multa prevista por el art. 29 del C.P.C.C.N.

Dije “dice que analiza” porque en realidad no lo hace, para concluir imponiendo una multa ilícita, por un monto ilícito, precedida por igual procedimiento, o ausencia de él.

Es que no solo no se ha recibido prueba alguna, sino que ni siquiera ha sido oída previamente la parte sancionada, como requieren las normas Superiores y hasta las nuestras reglamentarias. Otro buen ejemplo de esta “Justicia tuerta”. Se imputa morosidad a una parte sin detenerse, mínimamente, siquiera a considerar que es la parte actora.

Sin extendernos sobre todo lo que en este mismo tribunal hemos escrito, dicho y oído sobre Eduardo Kimel, su causa, y consecuencias, me permitiré la trascripción de una sentencia de otro fuero (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Sala VII, 14-08-09, causa 37.006 “R. G. y otro”), que contempla aún nuestro reglamento ¡olvidado por los colegas de la mayoría!(por lo que he subrayado), y declara la nulidad en un supuesto de vicios, algunos próximos a los del sub lite:

“III. En la restante cuestión el Tribunal advierte que la sanción aplicada no ha observado el procedimiento que en la actualidad resulta aplicable, con desmedro del derecho de defensa y del debido proceso.

“En efecto, mediante la Acordada N° 26/08 del 21 de octubre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ponderó que, en el marco que confieren las normas de los arts. 18 y 19 del Decreto Ley 1285/58, resultaba necesario “adecuar su aplicación en los casos concretos en que corresponde el ejercicio de facultades disciplinarias a las exigencias contenidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” y que “la imposición de una sanción disciplinaria a una persona, en las circunstancias y por las causas señaladas, importa la determinación concreta de sus derechos y obligaciones y que el artículo 8°, inc. 1° de la mencionada convención, contiene garantías relacionadas con el debido proceso adjetivo que son de inexcusable cumplimiento, en cuanto aseguran el derecho de toda persona ‘.a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.”.

“Consecuentemente, encomendó a la Cámara Nacional de Casación Penal y a las cámaras nacionales y federales la adopción de las “previsiones reglamentarias necesarias a fin de poder ejercer las facultades disciplinarias que la ley confiere a los tribunales, en armonía con el respeto al debido proceso adjetivo.”.

“Con independencia de destacar que tal Acordada no ha oficiado sino como una nueva ratificación de la Corte Federal en relación a la potestad disciplinaria de los jueces respecto de la conducta de los letrados y litigantes, en verdad, cuando se aprobó por resolución del Acuerdo General de esta Cámara del 12 de diciembre de 2007 la reforma del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, quedó incorporado como artículo 213 el siguiente texto:”Cuando el magistrado considere pasible de sanción a una parte, letrado, procurador o perito por conducta procesal deshonesta, deberá formar incidencia y, previa toda resolución, oír al interesado, en el término de tres días”.

“Análogamente, en una reunión plenaria ulterior a la Acordada n° 26/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada n° 1082 del 10 de marzo de 2009, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó el art. 273 de su Reglamento, previéndose ahora que “.el juez o tribunal interviniente, previo a decidir oficiosamente sobre su imposición [alude a las sanciones del art. 18 del Decreto Ley 1285/58] deberá notificar por Secretaría al causante para que en un plazo perentorio formule el descargo pertinente.”, sin perjuicio de la actividad impugnativa que pudiere emprenderse.

“De ahí que ineludible resulte escuchar a quien pudiera ser pasible de sanción antes de resolver el punto, de modo que su aplicación inaudita parte resienta el derecho de defensa y el debido proceso garantizados constitucionalmente, sin que tal falencia resulte conjurada con la posibilidad de articular la ulterior vía recursiva, también reconocida.

“Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del auto documentado a fs. 739/757, punto IV, en cuanto fuera materia de recurso”.

III Me permitiré ejemplos finales de esta “Justicia tuerta”, de esta resolución mayoritaria nula por omisiva, infundada, autocontradictoria, etc.

Dicen los doctores Diaz Solimine y Molteni: “Como corolario de lo reseñado, habrá de admitirse la excusación en estudios a efectos evitar, por otra parte, que se profundicen las desavenencias existentes entre las vocalías (C.N.Civil, Sala B, 24/10/2012, “Amenedo, Carlos Andrés c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A” s /daños y perjuicios” expte n° 112568/03″)”.

Uno de los firmantes de dicha resolución es el doctor Diaz Solimine, siendo de pleno conocimiento del doctor Molteni tanto por la cita que de ella hace, como por su intervención resolviendo el Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL – SALA D

05 de abril de 2013, en el expediente n° 113.479/08 caratulado “García Alicia Norma c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros”.

Pero en “Amenedo”, con el mismo párrafo transcripto -y otros-, se admite la recusación y aquí no solamente se la rechaza, sino que se impone multa a la recusante ¡”Justicia tuerta”! En “Amenedo” la recusación admitida había sido interpuesta diez días después de notificada la sentencia definitiva, con el recurso extraordinario, pero aquí se dice: A todo evento debe agregarse que, de haber existido la hipotética causal, su planteo en esta oportunidad resulta tardío (doctrina arts. 14 y 18 del CPCCN). En efecto, la recusación debe ser opuesta con anterioridad al pronunciamiento judicial (principio de “subsanación” o “expurgación” de las nulidades (doctrina art. 170, CPCCN). En el caso, la resolución que motivó la intervención de la Sala está fechada el 6 de agosto de 2013 (cfr. fs. 566/586 “D. S. M., L. G. c/P., G. D. s/Medidas Precautorias” -Expte. 105.747/2011-), y la recusación fue deducida el 13 de agosto de 2013, 12:32hs (ver cargo a fs.22vta). ¡”Justicia tuerta”! III – 1) A fojas 41v.la doctora Brilla de Serrat dice que en “Fundación c/Imágenes” estoy apartado del proceso y todas sus causas conexas.

Aunque no se lo pueda creer no conozco la razón (desde el dictado de la resolución de la Sala “L” no he podido consultar el expediente -solo he recibido incomprensibles y parciales fotocopias-, y de este mismo incidente resulta la actitud también ilícita de esta eventual mayoría).

Sí sé que, como en “Amenedo”, fui recusado tardíamente, sin haber incurrido en causal alguna por lo que sigo reservando mis derechos.

De todos modos la mayoría que aquí “resuelve” también lo contradice y mientras en “Fundación” se admitió la recusación, aquí se la rechaza e impone multa, ¡”Justicia tuerta”! Por todo lo expuesto dejo así fundada mi disidencia reiterando mi decisión de fojas 40, que incluye mi expreso no consentimiento con lo actuado, y reservando los derechos para pronunciarme oportunamente.

Diego C. Sanchez

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