El nuevo sistema de notificación judicial

JusticiaAutor: Pruzzo, Eugenia

Fecha: 6-mar-2014

Cita: MJ-DOC-6615-AR | MJD6615

Doctrina:

Por Eugenia Pruzzo (*)

El proceso judicial puede ser definido como todas las acciones tendientes a lograr que el derecho material se efectivice. Así, el proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello.

El acceso a la justicia es un derecho constitucional que todo Estado debe garantizar a sus ciudadanos. Es la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Tanto a nivel nacional como internacional, este término ha sido últimamente visto como un equivalente al mejoramiento de la administración de justicia, pues dicho mejoramiento contribuye a la ejecución de este derecho.

La Corte ha establecido que el acceso a la justicia es un derecho de raigambre constitucional reconocido incluso en los tratados internacionales -consagrado específicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos – y, en este sentido, el proceso judicial no puede quedar obsoleto frente a los avances tecnológicos de la sociedad actual.

En esta línea de pensamiento, paulatinamente, y con cierto recelo, se han realizado avances en pos de la tecnificación del proceso judicial. Sin embargo, el cambio más emblemático se producirá el próximo mes de abril, cuando la notificación electrónica pase a ser de aplicación obligatoria para todas las causas que se promuevan en todos los juzgados y tribunales de las cámaras nacionales y federales.

El sistema actual establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone, dentro de los mecanismos de notificación, una forma general y otra específica para quedar anoticiado de las resoluciones y actos judiciales.Así, establece por regla que las notificaciones se hacen en la secretaría del juzgado los martes y viernes de cada semana, o el día hábil siguiente si alguno fuera inhábil, facilitando la lectura del expediente, entrega de copia y dejando la debida constancia en caso de no poder acceder a las actuaciones por no encontrarse disponibles. A este sistema general se lo denomina notificación automática o por nota y se encuentra previsto en el art. 133 CPCC.

Vale resaltar que la mencionada constancia en el libro de notificaciones resulta determinante porque, si no se concurre a los estrados del juzgado los días pertinentes -lo que se deduce de la falta de nota en el libro-, se presume que la parte ha quedado legalmente notificada.

En otro orden, si bien no se condice con la regla general, la manda legislativa del art. 40 del CPCC ordena la constitución del domicilio en el primer escrito que se presente, a los efectos de realizar las notificaciones. Consecuentemente, prevé consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de la manda, consistentes en que se tendrá por notificada a la parte en la forma y oportunidad fijadas por el art. 133 -por nota- (art. 41 CPCC).

Este domicilio legal en definitiva es requerido para cumplimentar las comunicaciones que se hacen por la forma específica de notificación, a saber: por cédula (art. 135 CPCC). Es la comunicación que efectúa el juzgado ante un acto procesal, cuya envergadura amerita adoptar mayores diligencias para lograr el anoticiamiento. En principio, dicho acto debería estar enumerado en el precitado artículo, pero siendo la norma de carácter meramente enunciativa el juez tiene facultades para disponer la notificación por cédula en otros casos, cuando por resolución fundada lo entienda pertinente.

Finalmente otro de los mecanismos que amerita ser mencionado es el establecido en el art.134 CPCC – la notificación tácita o implícita-, que se da en aquellos supuestos en los cuales, sin necesidad de un acto formal de notificación, se presume el conocimiento de una resolución judicial. (1) A diferencia de otros medios, la notificación se produce como consecuencia de la realización de un acto encaminado a otro fin distinto del de notificarse como, por ejemplo, la extracción de copias, el retiro del expediente para practicar alguna diligencia, etc.

En todos los casos, lo que pretende nuestro sistema jurídico de notificaciones es establecer un mecanismo de comunicación eficiente, real y que tienda al resguardo del derecho de defensa en juicio. En este sentido es firme la convicción, y así lo ha manifestado la jurisprudencia, de que desde la praxis judicial deben adoptarse soluciones que propugnen un sinceramiento de los mecanismos formales de anoticiamiento, para consagrarlos por sobre construcciones interpretativas rígidas. Es decir, que lo que se pretende es que el sistema de notificación cumpla su fin, a saber: dar a conocer un acto procesal, pero no que sea más importante cumplir la forma que lograr el anoticiamiento del acto.

Eso se condice con el principio de que no es válido declarar la nulidad por la nulidad misma. En lo atinente a la nulidad, cabe señalar que es doctrina de la Corte que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de una nulidad por la nulidad misma.(2)

Ello así, pues los principios procesales que hacen a la lealtad y la buena fe en el trámite de las causas, por cuya vigencia y correcto cumplimiento han de velar los magistrados, exigen ponderar la actitud de las partes en función de tales particularidades, sin caer en fundamentos aparentes que desvirtúen la finalidad del proceso jurisdiccional, que atiende a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, (3) no debiendo convertirse el proceso en una ficción, que afecta gravemente el derecho de defensa. (4)

Lo expuesto no implica desoír las formalidad que establece nuestro ordenamiento legal, al contrario, las normas sobre notificación deben valorarse con suma prudencia si se pretende, por excepción, apartarse de sus reglas, pues en definitiva tienen por finalidad la protección del derecho de defensa y la buena fe de quienes intervienen en el proceso, solamente se propugna no caer en una exigencia extrema sobre el cumplimiento de las formas previstas por el Código. Por ello, sin prescindirse del texto de la ley, la decisión debe ajustarse al momento histórico en que ella se pronuncia, a su momento teleológico y sistemático, guardando la coherencia de la norma con la totalidad del sistema, con directa vinculación a la problemática a resolver y con relación a las repercusiones sociales de un determinado modo de entender la solución. (5)

En este contexto, surge un proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia que inició la Corte Suprema en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial.

A mediados del año 2011, se sancionó la Ley 26.685 de expedientes digitales, la que fue rápidamente reglamentada por la Acordada 31/11 , implementando la obligación de constituir un domicilio electrónico para las causas judiciales que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Surge entonces en escena el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE), de carácter oficial y exclusivo para los procesos judiciales.El sistema obliga a constituir un domicilio electrónico, y como corolario otorga un código de usuario para acceder y visualizar las notificaciones que son remitidas por el juzgado a la cuenta de destino.

Partiendo de la base de que debe constituirse un domicilio electrónico, todo interesado debe realizar un trámite que posee dos instancias.

La primera de ellas exige una registración virtual que se efectúa en el portal del Poder Judicial de la Nación (http://www.pjn.gov.ar) o en el de la Corte Suprema de Justicia de Nación (http://www.csjn.gov.ar), donde se solicita una serie de datos personales y documentos. Esta registración posee una validez de treinta días, dentro de los cuales se debe realizar la segunda instancia consistente en un trámite personal, pues caso contrario decae la registración en su totalidad, debiéndose realizar nuevamente todo el procedimiento.

Así, concluida la registración virtual, debe concurrir el interesado en forma personal ante los juzgados o tribunales federales con sede en provincias, juzgados y tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la Mesa General de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o al Colegio Público de Abogados CABA, o a los Colegios que constituyen la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en el marco de los convenios suscriptos con sendas instituciones, (6) esta instancia del trámite permite verificar la identidad y validar la documentación que se ha, previamente, digitalizado.

La acordada es clara en establecer que este será el único medio admitido a efectos de efectuar las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias que deban practicarse personalmente o por cédula, pero no sustituirá la notificación por cédula cuando esta deba realizarse en el domicilio real conforme lo disponga el Código Procesal. En este sentido, los traslados de demanda, reconvención y citación de personas extrañas al juicio, entre tantos otros, serán notificados por medio de la cédula convencional.Como corolario, debe decirse que la notificación se considerará perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta de destino y los plazos se computarán según la normativa procesal que corresponda. De haber más de un letrado presentado en la causa -siempre estamos hablando de personas físicas porque las personas jurídicas están excluidas del sistema- la notificación queda perfeccionada en el usuario que se instituya como principal. Y, en cualquier caso, cuando no se cumplimente el requisito de constituir domicilio, la notificación se producirá en los términos del art. 133 del CPC, es decir, notificación automática o por nota.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el sistema no habilita la posibilidad de responder, enviar o reenviar correos, es decir, que el letrado no lo puede utilizar como un medio de consulta o comunicación directa con el juzgado actuante. El único fin es notificar los actos procesales de manera unilateral.

La responsabilidad por el uso indebido del sistema recae sobre el titular del código de usuario, a quien se le imponen sendos deberes como, por ejemplo, que tienen que mantener la contraseña en secreto, cerrar su código de usuario al final de cada sesión, notificar a la Corte de manera inmediata cualquier pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros a la misma, usarla en forma personal e intransferible, entre otros.Como contrapartida, las trasgresiones o irregularidades a las pautas, deberes u obligaciones que impone el reglamento aprobado por la acordada facultan al tribunal notificante a denegar, retirar, suspender o bloquear el acceso a los contenidos o la prestación de los servicios.

Así, podemos decir que lo reseñado fue el primer paso de envergadura del plan de implantación progresivo de este servicio -Sistema de Notificación por Medios Electrónicos- cuya elaboración y coordinación recae sobre la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Comisión Nacional de Gestión Judicial, encargada de delinear políticas estratégicas y planes operativos en relación a la incorporación de nuevas tecnologías y criterios de gestión que modernicen el Poder Judicial, se refirió al nuevo sistema.

Así, destacó que, si bien el domicilio electrónico debe ser denunciado en la primera presentación judicial que se efectué, sin perjuicio de las ya mencionadas consecuencias que acarrea su falta de constitución, el interesado podrá denunciarlo con posterioridad cobrando en ese momento virtualidad a todos sus efectos.

También sostuvo que, cuando haya más de un letrado en la causa -un letrado principal y hasta tres secundarios-, si están debidamente habilitados por el sistema, todos van a poder acceder a las notificaciones que se cursen al principal.

Finalmente, explica que, cuando se emite una notificación, se envía automáticamente un aviso al correo electrónico denunciado, el que solamente informa que se ha recibido una nueva notificación, pero este mensaje no es la notificación. Tampoco las cédulas ni sus eventuales archivos adjuntos son enviados por correo electrónico.En ese marco, el Poder Judicial no se responsabiliza por el arribo de los correos electrónicos emitidos que pueden resultar fallidos.

Es recién en el año 2012 -Acordada 3/12 – cuando la Corte dispone que la notificación electrónica pase a ser obligatoria en los expedientes promovidos directamente ante la Corte Suprema de Justicia Nacional referidos, únicamente, a los recursos de queja por denegación del recurso extraordinario (arts. 256 y 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y cuando el tribunal de origen tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiempo después, y con misma línea, se aprueba la Acordada 29/12 , extendiendo la utilización del sistema a las causas provenientes de tribunales federales con asiento en las provincias.

Esto repercutió en la Acordada 4/07 , que reglamenta las formalidades que deben cumplir los escritos por los que se interpone un recurso extraordinario federal o un recurso de queja por denegación de aquel, ya que se debió extender a las presentaciones relativas a estos recursos lo reglamentado respecto al domicilio electrónico.

En el mes de mayo del año 2013, se implementó el Sistema de Gestión Judicial en los fueros y dependencias del Poder Judicial de la Nación -Acordada 14/13 – y con posterioridad mediante la Acordada 15/13 se instauró la publicación obligatoria de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas suscriptas por las cámaras nacionales, federales y los tribunales orales, a través del Centro de Información Judicial, permitiendo no realizar esta publicación únicamente en los casos en los que resulta necesario resguardar derechos personalísimos. En consonancia la Acordada 24/13 aprobó el Protocolo de Registro de Sentencias, Acordadas y Resoluciones Administrativas, previendo que la publicación solo se podía hacer una vez que se encontraren notificadas las partes.No resulta difícil imaginar la repercusión que ello tuvo sobre el sistema de notificación, ya que agilizar la misma y acortar los tiempos resultaba necesario a fin de poder proceder a la publicación en tiempo y forma.

Finalmente, en el mes de octubre de 2013 se dicta la Acordada 35/13 , deviniendo obligatorio el sistema de notificación electrónico para todos los recursos ordinarios y, de ser denegados, los recursos de queja correspondientes, las denuncias por retardo o denegación de justicia y todas las presentaciones varias, que se interpusieran a partir del 14 de octubre de 2013.

Simultáneamente, la Acordada 36/13 extiende este sistema para las notificaciones que deben efectuarse en las causas radicadas ante la jurisdicción prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, con arreglo a lo dispuesto en la Acordada 51/73, y con relación a todas las causas que se promuevan a partir del primer día hábil de noviembre de 2013. Para clarificar qué sucedía con las causas que ya estaban en trámite con anterioridad, estableció que se debía cursar una intimación judicial para que la parte -en plazo perentorio- constituya el domicilio electrónico.

Como derivación casi obligada de todo lo expuesto, el 15 de octubre de 2013, la Corte da el gran paso y se firma la Acordada 38/13 , por la que extiende la aplicación del Sistema de Notificación Electrónica a todo el ámbito del Poder Judicial de la Nación y se habilita el diligenciamiento de notificaciones por medios electrónicos en los procesos judiciales a través del Sistema de Gestión Judicial, incluyendo tanto a las que se realicen de oficio como aquellas que deban confeccionar las partes.Así, tal como surge de dicha acordada, el 1 de abril de 2014, la utilización del Sistema de Gestión Judicial se impone de manera obligatoria para todas las causas que se promuevan en todos los juzgados y tribunales de las cámaras nacionales y federales e incluso las cédulas y mandamientos, de oficio o de parte.

Este ineludible avance es un paso importante en la tan necesaria y anhelada despapelización de la justicia, sobre todo en un mundo donde cada vez más se accede con confianza, facilidad y rapidez a la comunicación por medios electrónicos y/o virtuales.

De este modo, aun con cierta resistencia, uno de los poderes más burocráticos y apegados a las formas rígidas ha tenido que actualizarse y ceder -al menos en lo que refiere a la materia de notificaciones judiciales- al cambio del soporte papel por el electrónico.

La gran repercusión en definitiva es que favorece a la ciudadanía, es decir, que al agilizar el sistema judicial al menos en uno de sus aspectos beneficia el trámite de las demandas judiciales, que representan el acceso de la gente a la justicia. Esto sin perjuicio de la comodidad que generará a los operadores jurídicos -jueces actuantes y letrados, entre otros- aunque deban hacer un esfuerzo inicial para adaptarse al sistema.

El único obstáculo es alcanzar el grado de tecnificación requerida y por ello la acordada -previendo posibles fallas técnicas- aclara que lo acordado se realizará «en la medida de que este implementado el sistema».

El tiempo dirá si estamos frente a una mejora global, es decir, frente a un primer paso para lograr eficiencia y celeridad en los procesos con reducción de los tiempos y cotos o si fue una mejora aislada.Finalmente, por qué no soñar que en algún momento se logren expedientes digitales en su totalidad, tomando como base que resulta imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida, que se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable.

———-

(1) CNCiv, Sala F, 22/8/1996, ED 173, 31; íd., Sala E, 28/5/1998, ED 179, 516.

(2) CSJN, «Romero Severo César Alvaro s/ extradición», 31/3/1999, MJJ60136 , consids. 3 y 5.

(3) Conf. CSJN, Fallos: 305:126.

(4) Morello, Sosa y Berizonce, Códigos procesales, t.II-C, pp. 344-345, N° 8; CSJN, Fallos: 305:126.

(5) CNCom, Sala D, in re «Sasetru S. A. s/ quiebra» del 21/12/1982, ED, 104-404.

(6) El listado de centros de validación se encontrará disponible en la página http://www.pjn.gov.ar y se mantendrá actualizado con las futuras incorporaciones de centros de validación.

(*) Profesora de Patrocinio Jurídico, UBA. Profesora invitada en cursos de posgrado, UBA. Profesora auxiliar de Régimen Jurídico de la Información, UP. Disertante en congresos y jornadas de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) y de APDIF (Asociación para la Protección de Derechos Intelectuales de Fonogramas) sobre derecho procesal, derecho marcario y derechos intelectuales. Ha colaborado en las obras Recursos ordinarios y extraordinarios del Dr. Roland Arazi y Código Procesal Civil y Comercial comentado de los Dres. Roland Arazi y Jorge Rojas.

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: