Indemnizan a un agente de policía que contrajo HIV al ser mordido por un sospechoso al que custodiaba en un hospital

AidsPartes: G.D.F. c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 21-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-83558-AR | MJJ83558

Se hizo lugar a la demanda y se condenó al Estado Nacional a indemnizar a un agente de policía que contrajo HIV en ocasión de haber sido mordido por un sospechoso al que estaba custodiando mientras era atendido en un hospital. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al Estado Nacional a indemnizar al agente de policía por los daños que sufrió cuando custodiaba de un detenido en un hospital, y sufrió una mordedura por parte de aquel que le transmitió HIV, pues dada la relación entre el agente y el Estado, éste último es responsable del establecimiento de protocolos que aseguren la seguridad de los agentes en estos casos.

2.-El Estado Nacional debe prestar el servicio de policía de seguridad en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que fue establecido; y responde por los perjuicios que padezcan los particulares como consecuencia de la falta de servicio; esa responsabilidad directa y objetiva en beneficio de los administrados no es inconciliable con la que tiene como empleador de sus agentes.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil trece hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “G.D.F. c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El Cabo 1º de la Policía Federal Argentina que identificaré, a los fines de resguardar su intimidad, con sus siglas D. F. G. (L.P. 1426) demandó al Estado Nacional por los daños y perjuicios sufridos en cumplimiento de su función estimándolos en $770.000, o lo que en más o en menos resultase de la prueba a producirse, con más la depreciación monetaria, intereses, gastos y costas del juicio (conf. fs. 5/27vta.).

Lo que sigue a continuación es la versión de los hechos formulada en el escrito de inicio.

El 22 de octubre de 1993 el actor participó de un procedimiento del que resultó un enfrentamiento armado con delincuentes en la “Villa 21” de esta Ciudad y la posterior detención del señor W.B.L.G. Como el apresado estaba herido fue trasladado en custodia al Hospital Penna. Una vez allí, intentó fugarse trabándose en lucha con G. a quien le gritó que tenía SIDA y lo mordió en la mano izquierda causándole una lesión sangrante. Entonces el actor fue examinado por un médico legista del nosocomio que le practicó la curación pertinente. Pero fue recién en el año 2001 cuando le detectaron la infección del virus H.I.V.La agresión dio lugar a la causa penal caratulada “Averiguación infracción a la ley 23.737, averiguación robos reiterados, atentado y resistencia a la autoridad, abuso y disparo de arma de fuego, tenencia de arma de guerra y su munición y lesiones”, en la que figuraba como víctima y que fue tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro.

28, Secretaría Nro. 122 (ver fs. 6, segundo párrafo). Por las lesiones que recibió del delincuente, se inició el sumario administrativo Nro. 458-18-000.001/04 en el que se concluyó que el contagio de HIV experimentado por el Cabo 1º era ajeno al servicio (fs. 10vta.).

En el año 2001 el agente empezó el tratamiento médico correspondiente en el Hospital Churruca – Visca. Las dificultades en su salud fueron creciendo junto con las internaciones, tanto en ese hospital como en la Clínica Santa Catalina de esta Ciudad, que -en total- duraron aproximadamente dos años. Debido a su situación fue retirado de la Fuerza mediante el Expediente Administrativo Nro. 458-06-000.243-01 revistando en la actualidad como Servicio Pasivo (fs. 7, in fine, y 10vta., primer párrafo). Hasta aquí la narración de lo ocurrido.

El demandante le endilga responsabilidad a la demandada por haber incumplido la “obligación contractual de seguridad” (fs. 11, tercer párrafo) que guardaba para con él, al no haber adoptado las medidas de bioseguridad que el caso requería -medidas preventivas, controles médicos y la provisión de la batería de medicamentos que usualmente se prescribe para inhibir el virus-. Califica al detenido W.B.L.G. como un factor de alto riesgo (fs. 6vta.) y se explaya sobre la “teoría de la creación de un riesgo injustificado” y la de la causa adecuada (fs. 11/12).

A continuación detalla las secuelas incapacitantes que padece actualmente como consecuencia de ser HIV positivo: infección por citomegalovirus, mielitis transversa, paraparesia, impotencia sexual, trastornos de esfínteres y ceguera en el ojo derecho (fs.13/14). Asimismo, describe las secuelas psíquicas, estéticas y morales que sufre las que, sumadas a las físicas, lo incapacitan en el 100% (fs. 14). Por ellas, reclama la suma total de $770.000, compuesta de los siguientes rubros: daño material / incapacidad física ($300.000); daño psicológico ($90.000); tratamiento psicológico / gastos médicos ($200.000); pérdida de chance ($40.000); daño moral ($100.000); daño estético ($40.000) (fs. 16/16vta.).

II. El Estado Nacional – Ministerio del Interior (Policía Federal Argentina) compareció oponiendo la excepción de prescripción y contestando la demanda en subsidio (fs. 45/62).

La excepción fue contestada por el actor a fs. 65/66, desestimada por el juez a fs. 68/69 y también por la Sala a fs. 78/78vta.

III. La señora Jueza de primera instancia admitió, con costas, la demanda por la suma de $596.000 con más los intereses que fijó en el considerando 6 (fs. 439/448vta.). La indemnización comprendió los siguientes rubros: incapacidad física ($300.000), tratamiento psicológico ($41.000), gastos médicos, de farmacia y traslados ($5.000), pérdida de chance ($50.000) y daño moral ($200.000). Los daños psicológico y estético fueron incluidos dentro del daño moral, mientras que el costo del tratamiento de rehabilitación fue rechazado por falta de prueba (ver fs. 445vta./447vta.). A dichas sumas, agregó intereses al 6% anual desde el día en que se constató la enfermedad del actor -5/9/01- hasta el dictado de la sentencia de primera instancia -6/9/12-, y desde allí hasta el pago de la condena a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días. Ello, con excepción de los intereses correspondientes al tratamiento psicológico que hizo correr desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, por tratarse de un gasto futuro (conf. considerando 6, fs.447/448).

Para decidir así, consideró que la demandada era responsable del daño experimentado por el actor con base en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Mengual” (Fallos: 318:1959) y lo fallado por esta Sala en la causa “Orellana” (fs. 441vta./442).

Apelaron ambas partes (ver fs. 455 y 457/457vta., y concesiones de fs. 456 y 458), quienes expresaron agravios a fs. 470/474vta. y 475/479vta., dando lugar a las contestaciones de fs. 481/482 y 483/484.

Los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios (fs. 457/457vta. y 459, concedidos a fs. 458 y 460) serán tratados, de corresponder, al finalizar el presente Acuerdo.

IV. El Estado se agravia de la condena en su contra. Sostiene que no es en la doctrina de “Mengual” en la cual debe ubicarse el sub lite sino en la que surge de los precedentes del Alto Tribunal “Azzetti” y “Lestón” (fs. 475, pto. II.a). A todo evento, cuestiona el monto de la indemnización reconocida al actor (fs.

476vta., pto. II.b) y que se haya omitido pronunciarse respecto de la consolidación de la deuda a su cargo (fs. 477vta., pto.

II.c).

Las quejas del actor atañen a la cuantía del resarcimiento por considerarlo insuficiente (fs. 470/473), al rechazo de las sumas pedidas por tratamiento de rehabilitación y daño estético (fs. 473/473vta.), y a la tasa y al dies a quo de los intereses (fs. 473vta./474).

V. No hay controversia en cuanto a que los hechos sucedieron de la manera descripta en el primer considerando de este voto, ni que la institución policial resolvió en sede administrativa que la afección del actor no guardaba relación con el servicio. Por lo tanto, abordaré lo concerniente a la responsabilidad de la demandada.

1. Responsabilidad del Estado Nacional Las quejas de la condenada no desvirtúan los argumentos de la Corte (Fallos:318:1959), por un lado, y de esta Sala (causa “Orellana” nº 9505/04 del 9/2/10), por el otro, en los que se fundó el a quo. Ya he dicho que las modulaciones que la Corte hizo después de “Mengual” -causas “Azzetti”, “Aragón” y “Lestón” (Fallos: 321:3363; 330:5205 y L.377.XLI REX de la misma fecha -18/12/2007- que “Aragón”) no son aptas para rechazar los reclamos de aquellos que pusieron en riesgo su vida en beneficio de toda la comunidad (ver esta Sala, causa nº 7501/06 del 8/3/12).

Entiendo que la mordedura recibida por un agente de parte de un detenido no puede, racionalmente, equipararse a un “acto bélico o acción de guerra” salvo que estos conceptos hayan cambiado considerablemente. El Estado Nacional es responsable de los perjuicios sufridos por G. por dos motivos: el primero es la doctrina sentada por la Sala in re “Orellana, Luís Alberto c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios” (Expte. nº 9505/04 del 9/2/10), a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae. Una copia certificada por el Actuario de dicha causa integrará la presente resolución.

El segundo motivo de la confirmación de la condena es independiente del anterior y consiste en la violación del deber de seguridad por parte del Estado Nacional. Es sabido que éste debe prestar el servicio de policía de seguridad en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que fue establecido; y que responde por los perjuicios que padezcan los particulares como consecuencia de la falta de servicio (Fallos: 315:968, 1892 y 2330; 321:1124 y sus citas; 322:2002 ; 328:4175 y 330:563 , entre otros). Esa responsabilidad directa y objetiva en beneficio de los administrados no es inconciliable con la que tiene como empleador de sus agentes. En esa relación jurídica está implícito el deber de seguridad cuyos contornos no pueden definirse en abstracto sino circunstanciadamente.En el sub lite, no se implementaron las medidas de seguridad que el caso demandaba de acuerdo a la experiencia que nutre la función policial. En su responde el Estado Nacional no aportó nada en esa dirección: no expuso las causas del operativo ni de la demora en identificar al detenido; tampoco el protocolo que debe seguirse en estos casos respecto de personas que estén infectadas de HIV, las cuales deben ser alojadas en un lugar acorde con ese tipo de afección, no sólo en beneficio de ellas, sino también en el de los agentes, médicos y personal de enfermería que deben estar en contacto con ellas.

No obsta a lo anterior lo resuelto por la autoridad administrativa en el sumario nº 458-18-000.001/04 porque lo dictaminado en ese ámbito no condiciona la tarea del Tribunal ni, mucho menos, lo e ximen de valorar la pretensión a la luz del derecho vigente y de las constancias del expediente (esta Sala, causa “Altamirano” nº 4799/99 del 5/7/12; nº 2703/06 del 27/9/12; Sala II, causa nº 5052 del 24/4/87).

2. Indemnización Adelanto que ninguna de las partes formula una crítica concreta y razonada del pronunciamiento (art. 265 del Código Procesal).

La actora se limita a calificar de injusto al pronunciamiento por haber “infravalorado” las circunstancias de la causa, mas no refiere ningún elemento que demuestre la insuficiencia de las sumas que le fueron reconocidas, o bien, la procedencia de aquéllas que le fueron negadas -v.gr. tratamiento de rehabilitación-. Las distintas manifestaciones relativas a que los perjuicios fueron de “gran entidad” y que el fallo no se adecua a la realidad experimentada por el actor (ver fs.

471/471vta., 473) no alcanzan para modificar lo resuelto por el a quo que, por lo demás, se ajusta a los criterios del Tribunal y a lo establecido en el art. 165 del Código Procesal.

En el caso del Estado Nacional, el apartado que esta parte dedica al cuestionamiento del monto de la condena -fs. 476vta., pto.II.b- contiene argumentos relativos a la cuestión de fondo, es decir, a su falta de responsabilidad en el hecho de marras. Alude así a que el actor estaba sometido a un régimen especial, a que el infortunio fue consecuencia del riesgo propio de la actividad y a que no se dan los presupuestos de las responsabilidades previstas en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil (fs. 476vta./477). Por ende, este aspecto del recurso debe correr igual suerte que el de su contraria y ser declarados desiertos (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

VI. Intereses – Régimen de consolidación.

La actora pretende que se sustituya la tasa del 6% anual por la activa del Banco de la Nación Argentina -a 30 días, tipo vencido-, según lo establecido en el plenario “Samudio”. Persigue, también, la modificación del punto de partida de los intereses que -según ella- debe corresponderse con la mora del deudor, configurada el día del hecho dañoso -22 de octubre de 1993- (fs. 473vta./474).

La demandada pide la aplicación del régimen sobre consolidación de deudas públicas, tema sobre el cual el a quo mantuvo silencio (fs. 477vta., pto. II.c).

Ambos litigantes tienen parte de la razón. El actor, porque ese tipo de interés es el vigente en el fuero (conf. esta Sala, causas n° 6370/92 del 6/4/95, nº 8778/93 del 8/9/95, nº 2592/00 del 2/8/05 y nº 978/03 del 10/6/08; Sala I, causa nº 6595/95 del 26/5/94; Sala II, causas 6378/92 del 8/8/95, nº 10.377/96 del 11/3/99). El demandado, porque el crédito está alcanzado por la ley de consolidación -que es de orden público (art. 16 de la ley 23.982)- ya que la causa es anterior a la fecha de corte prevista en ella (art.13 de la ley 25.344).

Así las cosas, el capital de condena -comprensivo de todos los rubros- devengará intereses a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días desde el 22 de octubre de 1993 (confr. esta Sala causa 2061/98 del 29/3/01; Sala II, causa 1547/97 del 26/10/00; Fallos 274:377 y otros) hasta el 31 de diciembre de 1999 (fecha de corte de acuerdo a lo establecido en el art. 13 de la ley 25.344); de allí en más se aplicará la tasa establecida en el artículo 6 de la ley 23.982.

Por ello, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada con excepción de lo concerniente a la consolidación de la deuda y a los intereses, que se lo modifica de acuerdo a lo indicado precedentemente.

Las costas de ambas instancias se imponen al Estado Nacional vencido en lo sustancial (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.:

Guillermo Alberto Antelo.

Graciela Medina.

Es copia fiel del original que obra en el T? 4, Registro N? 229, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada con excepción de lo concerniente a la consolidación de la deuda y a los intereses, que se modifica de acuerdo a lo indicado en el considerando VI. Las costas de ambas instancias se imponen al Estado Nacional vencido en lo sustancial (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Por la manera en que se resuelve corresponde dejar sin efecto la regulación de fs. 448vta. y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias (art.279 del Código Procesal).

Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que prospera la demanda -comprensivo del capital y todos sus intereses-, la naturaleza del proceso (fs. 37), el resultado obtenido, el mérito, la extensión y eficacia de la labor desarrollada por los profesionales, el carácter en el que actuaron y las etapas efectivamente cumplidas, se regula a favor de los letrados patrocinante y apoderado del actor, doctores Elías R. Sabbagh y Federico E. Sambucetti, las sumas de ($.) y ($.), respectivamente (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención a las cuestiones sobre las que versaron los dictámenes, y el mérito y calidad de sus informes, se fijan a favor de los peritos las siguientes sumas: ($.) para el Doctor René García Beltrame (fs. 265/280), ($.) para la Lic. Patricia A. Accorsi (fs. 225/229vta. y 377) y ($.) para la Contadora Sabina Paluci (fs. 374/375).

Por el incidente resuelto a fs. 68/69vta., confirmado por esta Sala a fs. 78/78vta., se regula al letrado patrocinante del actor, doctor Elías R. Sabbagh, la suma de ($.) por la primera instancia y ($.) por la Alzada (art. 33 de la Ley de Arancel).

Segunda instancia: atendiendo al resultado de cada recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los siguiente montos: recurso del actor: ($.) para el doctor Elías R. Sabbagh y ($.) para el doctor Federico E. Sambucetti; recurso del Estado Nacional: ($.) para el doctor Elías R. Sabbagh y ($.) para el doctor Federico E. Sambucetti (arts. 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Arancel).

En lo que concierne a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes por la demandada corresponde señalar que la relación de dependencia implicada en sus presentaciones conducen a tener por configurada, prima facie, la hipótesis prevista en el art. 2 de la ley 21.839, lo que exime al Tribunal de expedirse sobre el particular, salvo prueba en contrario por parte del interesado (arts. 9, 14 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, intégrese esta resolución con una copia certificada del precedente “Orellana” (causa nº 9505/04 del 9/2/10) al que se remite en el considerando V, pto. 1, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo.

Graciela Medina.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s