fbpx

Modelos vs. buscadores: Google y Yahoo pierden una nueva batalla

shutterstock_50684416Autor: Tomeo, Fernando

Fecha: 13-feb-2013

Cita: MJ-DOC-6583-AR | MJD6583

Sumario:

I. Introducción. II. La sentencia de grado. III. El fallo de cámara. IV. Conclusión.

Doctrina:

Por Fernando Tomeo (*)

I. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad de los buscadores de Internet por contenidos publicados por terceros que afectan derechos personalísimos tales como el honor y la imagen personal es materia de debate en el ámbito doctrinal y jurisprudencial hace años. Mucha tinta ha corrido y varias sentencias, con resultados contradictorios, se siguen dictando en casos similares.

El fallo de la Sala L de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que comentamos -«C., E. c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro» – introduce una cuestión novedosa en esta materia vinculada a la «violencia de género» y mantiene la solución final arrojada por otros precedentes judiciales dictados por la misma cámara (1) aunque contradice abiertamente el resultado del primer antecedente jurisprudencial dictado en el país el 10 de agosto de 2010 por la Sala D de la misma cámara en el caso «Bandana». (2)

Este primer caso permanece en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución del Máximo Tribunal, no obstante, reconoce un dictamen de la Procuración General de la Nación. (3) Entretanto, las sentencias de primera instancia, por casos idénticos, siguen proliferando con distintos resultados mientras seguimos esperando que la cuestión se debata en el ámbito legislativo.

La necesidad de legislación es evidente y lo hemos expuesto junto con distinguida doctrina en varias oportunidades, pero la solución legal no aparece. (4)

Todos los antecedentes de esta saga inagotable de juicios contra los buscadores no solo involucra a personajes del mundo artístico y de la moda, sino que comprende asimismo a cualquier persona que ve afectada su reputación por contenidos publicados en línea. Estos precedentes podrá reclutarlos el lector en un reciente libro del autor al que me remito «brevitatis causae». (5)

Pero insisto con algo que vengo sosteniendo desde hace años. La población necesita soluciones ágiles, rápidas y gratuitas cuando son difamados, agredidos o humillados en Internet por contenidos indexados por los buscadores. Las soluciones deben ser extrajudiciales.No podemos recargar a los tribunales con medidas cautelares o autosatisfactivas que pretenden poner coto a este tipo de acciones.

Es necesario establecer reglas de juego claras, pero legislar requiere de un análisis serio y completo, integrado con legislación y precedentes internacionales, coherente y con soluciones que contemplen equilibradamente todos los intereses en juego, con participación de los involucrados en el negocio, de los usuarios y de las instituciones que defienden la libertad de circulación de contenidos en Internet. Si no se dan esas pautas, mejor quedarnos con lo que tenemos y dejar en manos de los jueces la unificación de criterios.

Todo ello de la mano de un necesario tratamiento del derecho al olvido digital, sobre el cual me expediré en un nuevo trabajo para esta misma editorial.

II. LA SENTENCIA DE GRADO

Antes de iniciar el análisis de la sentencia de la Sala L de la Excma. Cámara Civil, hemos de efectuar una breve reseña de la sentencia de grado que la precedió. (6)

El 22 de marzo de 2012, el Sr. juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98 condenó a Yahoo de Argentina S. R. L. y Google Inc. a pagar a la actora la suma de $ 85.000 en concepto de daños y perjuicios por el uso comercial y no autorizado de su imagen personal, con más sus intereses y costas. Además ordenó el cese definitivo del uso antijurídico y no autorizado de su imagen y su nombre a través de los buscadores como así también eliminar la vinculación del nombre, imagen y fotografías de la actora con sitios de contenido sexual erótico, pornográfico y de acompañantes.

Al respecto, el magistrado consideró que:«La calificación de «Google» como una herramienta exitosa -criterio que comparto y disfruto al utilizarla- como un buscador que explora en forma automática y constante los contenidos que terceros suben y que «Google» pone a su disposición en forma ordenada y actualizada permiten sostener la existencia de una «cosa» en los términos del artículo 1113 del Código Civil, de la que los demandados se sirven o tienen a su cuidado […] Resultando técnicamente habilitados para manejar, administrar o guiar a los usuarios por los contenidos, mediante sistemas que pueden clasificarlos, enlazarlos y seleccionarlos, eligiendo sistemas más amplios o unidireccionales de indexación […] Su carácter de «software» no la descalifica como tal pues implica un sistema organizado, en busca de un resultado, conforme las mismas palabras de su responsable. El productor de su obrar, el buscador, es la «cosa» de este caso, de la que se sirve o tiene a su cuidado, por lo que su obligación de responder se asienta en el artículo 1113 del Código Civil, citado».

En otras palabras, la sentencia de grado condenó a los referidos buscadores al considerarlos titulares de una herramienta o una cosa riesgosa (que utilizan y tienen bajo su cuidado) por la que deben responder con criterio objetivo en los términos del art. 1113, segunda parte, del Código Civil. El magistrado señaló asimismo que podía considerarse a Internet como una actividad riesgosa comprendida en la mencionada norma, encuadrándola incluso dentro de la Ley 24.240.

III. EL FALLO DE CÁMARA

1. Responsabilidad civil objetiva. El buscador gobierna la información

El voto de la vocal propinante, Dra.Marcela PÉREZ PARDO, aborda la problemática desde distintos puntos de vista en forma exhaustiva, por lo cual intentaré describir aquellos aspectos más destacados, sin perjuicio de efectuar alguna conclusión personal en el acápite siguiente.

Luego de efectuar una descripción de lo resuelto en la resolución de grado, la sentencia de cámara comienza a abordar las siguientes situaciones.

En primer término, la magistrada efectúa un pormenorizado análisis del concepto de «actividad riesgosa» citando a prestigiosos autores como Ramón Daniel PIZARRO, Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ y Guillermo BORDA, sosteniendo que podría considerarse que la actividad de los buscadores constituye una actividad riesgosa sobre la base de las siguientes pautas: «Podría pensarse que la actividad de las empresas accionadas, con sus motores de búsqueda en Internet reúnen aquellos caracteres. No solo por el gran volumen de contenidos de terceros que manejan, sino fundamentalmente porque de no ser por la existencia de aquellos motores, los contenidos lesivos que eventualmente alojen los millones de páginas web existentes no podrían prácticamente ser conocidos por nadie que no busque acceder directamente a la página en cuestión, para lo cual se requeriría conocer e ingresar su dirección exacta. La actividad de los motores de búsqueda facilita la divulgación de esos contenidos, potencia sus efectos nocivos, y desde este punto de vista bien podría ser considerada riesgosa sobre la base de las pautas antes mencionadas».

A continuación efectúa una descripción de las conclusiones más relevantes de la pericia informática practicada en las actuaciones (que mencionó particularmente la posibilidad de «filtrar» contenidos por parte de los buscadores) y concluye que quien gobierna la información en la web es el buscador. Al respecto, sostuvo en particular:«… queda claro que quien gobierna la información es el buscador, que podría ser configurado a efectos de evitar que determinada palabra aparezca indexada con otras, en algunos tipos de búsquedas o en cualquier búsqueda; siendo técnicamente posible adecuar la búsqueda de la información que están en condiciones de brindar y evitando palabras o su indexación».

Siguiendo la misma línea de análisis, la magistrada analizó las normas de responsabilidad civil aplicables al caso concreto para concluir que la responsabilidad de los buscadores en Internet es de naturaleza objetiva derivada del riesgo empresarial. Para ello consideró, textualmente, que: «En efecto, se trata de una actividad económica con riesgo de producir daño y que debe analizarse desde la órbita de la responsabilidad objetiva precisamente por el riesgo que la actividad genera para terceros (art. 1113 Cód. Civil) […] Si bien los contenidos de los sitios son cargados por terceros, lo cierto es que el fin de los buscadores es facilitar la llegada de aquellos a sus usuarios […] Los buscadores también son sitios de internet y sus responsables son quienes, en definitiva, deciden qué contenidos deben ser incluidos o no. Y en este sentido, pese a la insistencia de las demandadas, quedó acreditado con el dictamen pericial, que es técnicamente posible -y de hecho así lo hizo Yahoo Argentina- que las demandadas configuren el procedimiento de búsqueda a efectos de evitar que determinada palabra aparezca vinculada con otras, que es en definitiva lo reclamado por la actora. Aun cuando se trate totalmente de procesos automatizados, los demandados no pueden eximirse de la responsabilidad civil que su actividad genera pero además son quienes definen y diseñan esos procesos. Siendo su principal actividad la de facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes sitios de Internet, no quedan dudas que, las accionadas se encuentran en mejores condiciones para determinar y definir el modo de prevenir la producción de daños futuros como los reclamados en autos.Dado el inmenso volumen de información que existe en la red, los buscadores son una herramienta casi fundamental para localizar la información buscada por los usuarios. Pero estos solo intervienen limitando la búsqueda a realizar; son las demandadas quienes las llevan a cabo mediante el uso de programas desarrollados con dicho fin y en base a resultados seleccionados y presentados por el proveedor del servicio, diseñado y desarrollado por seres humanos».

En otras palabras los buscadores, según el criterio expuesto, pueden controlar la información «facilitando» el acceso de contenidos a los usuarios pudiendo prevenir la generación de daños al ser quienes han diseñ ado el servicio de búsqueda y los programas desarrollados a tal fin.

Por otra parte, la magistrada consideró que no puede sostenerse válidamente que las accionadas se encuentren imposibilitadas de controlar los contenidos que indexan ya que entiende acreditado que tienen la posibilidad de incluir o crear «filtros» y que en definitiva, detrás de cada resultado de búsqueda, existió un grupo de especialistas en el tema que llevaron adelante un código de programación que tiene aptitud para producir daños como los reclamados en autos. En tal sentido la Sra. jueza refirió que: «Sostener como lo hace solo la codemandada Google Inc., que es imposible controlar este flujo de información, sería aceptar que el ser humano está gobernado sin más opción, por redes y computadoras fuera de control, circunstancia que a mi entender resulta inverosímil puesto que con los medios técnicos que supo organizar para brindar y facilitar información a sus usuarios en forma de empresa lucrativa, seguramente sabe y puede organizar o implementar los recursos tecnológicos para adaptarse a la normativa de los distintos Estados o para evitar daños a terceros como es el caso».

En conclusión y por aplicación de los conceptos que han sido mencionados, la Sra. jueza consideró que la actividad que desarrollan los buscadores es una actividad riesgosa en los términos del art. 1113 del Código Civil, fundada en el riesgo de la empresa.

2.La cuestión de género

Para fundar su fallo de condena, la Sra. magistrada introdujo un interesante análisis vinculado a la cuestión de género, considerando que en el caso concreto se configuró un supuesto de violencia simbólica y psicológica contra la accionante al indexar y mantener la foto de la modelo, contra su voluntad, en sitios web de pornografía y prostitución.

Al respecto, consideró que «se advierte también en el caso, una cuestión de género, al indexar y mantener la foto y el nombre de la actora, contra su voluntad, a sitios sexuales o que facilitan la pornografía o prostitución. Es violencia contra una mujer; a través de un medio de comunicación como es Internet, estigmatizándola por ser del mundo del modelaje o del espectáculo, o por haber trabajado como modelo publicitaria para la revista «Playboy». Ello también sin dudar genera violencia simbólica y psicológica. Nótese que las fotos que autorizó a determinado medio -y que pueden despertar solo interés particular- así como la difusión de algún video íntimo contra su voluntad, son indexadas a sitios sexuales, pornográficos, de prostitución o de acompañantes lo cual tiene aptitud para afectar su derecho a la imagen, al honor y a la dignidad o reputación personal que son derechos personalísimos e irrenunciables de todo ser humano (conf. art. 5 de la Declaración de los Derechos Humanos ; art. 6, 7 y 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre; art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica )».

Posteriormente, en un tono firme, la Sra.jueza manifestó su desacuerdo con algunas expresiones que habría vertido alguna de las demandadas en autos como la que hacía referencia a que «las artistas muestran conductas ambiguas […] que fomentan el escándalo […] lo cual no ofende sino que acrecienta su fama» (recordemos que la parte actora es la exreina del carnaval de Gualeguaychú, que pasó al conocimiento público en mayo de 2006 por su exhibición en bikini como símbolo de protesta ambientalista durante la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe celebrada en Viena).

Al respecto, la magistrada sentenció: «Estoy totalmente en desacuerdo con tales afirmaciones pues considero que aún en la hipótesis de mujeres que por alguna razón se hayan visto en la necesidad de ejercer la prostitución o vender su imagen en producciones pornográficas, ello de ningún modo puede significar o debe interpretarse que deseen continuar haciéndolo y/o que cualquier persona pueda de algún modo, lucrar con esas imágenes, y/o que haya renunciado definitivamente al reclamo de derechos personalísimos vinculados al honor y a su dignidad personal. Entiendo que efectivamente la actual mirada y normativa constitucional, de la cual es expresión la Ley 26.485 , impone al Estado evitar toda discriminación de género, y la sanción de todo tipo de violencia contra las mujeres (art. 2, 3 y 4 de dicha ley) y en el caso, el accionar de los buscadores demandados importan violencia contra la mujer en los términos del art. 4 y 5 apartado 2, 4 y 5 de la Ley 26.485, expresada a través de una modalidad mediática, en los términos previstos por el inc. f del art.6 de la ley)». Y agregó: «La pornografía, la prostitución, así como los sitios sexuales a los cuales se ha indexado la imagen y el nombre de la actora, se vinculan a prácticas de discriminación sexual que constituyen una violación a sus derechos civiles y esconden los alcances colectivos, sistemáticos, organizados y en parte socialmente amparados o consentidos de un sistema proxeneta o prostibulario, con el cual las demandadas implícitamente están colaborando».

En conclusión y de acuerdo al criterio expuesto por la magistrada en el caso concreto se configuró un supuesto de violencia de género en los términos dispuestos por la Ley 26.485.

3. Libertad de expresión, reputación personal y derecho a la imagen. Ley de Defensa del Consumidor

Posteriormente la magistrada abordó la consideración del derecho a la libertad de expresión y publicación de ideas en la prensa considerando que no constituye un derecho absoluto que pueda afectar derechos personalísimos como el derecho al honor y a la imagen personal.

Al respecto la sentenciante consideró que: «Los buscadores permiten que las personas -usuarios satisfagan en Internet su derecho a buscar y recibir información. Sin embargo, los derechos no son absolutos. Y en este sentido, no puede controvertirse que la vinculación -sin autorización- del nombre e imagen de la actora con sitios de contenido sexual y pornográfico es capaz de producir un menoscabo a dichos derechos personalísimos».

El fallo analiza in extenso y en forma pormenorizada el derecho a la libertad de expresión como así también los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen personal con abundantes citas legales, doctrinales y jurisprudenciales, agregando que la imagen de la actora había sido divulgada sin su consentimiento en violación al art.31 de la Ley 11.723 para concluir que indexar el nombre o la imagen de la actora a sitios pornográficos en modo alguno puede considerarse «una manifestación de una opinión o una idea» que suponga protección legal.

Al respecto resultan claras las siguientes afirmaciones: «… ninguna autorización tienen las demandadas a reproducir o difundir la imagen de la actora sin que resulte relevante el modo en que fue introducida en la red por terceros. Por tales razones y por entender que resulta por ahora el único modo de evitar el uso indebido de la imagen en los términos del art. 31 de la Ley 11.723 en el futuro, entiendo que debe admitirse la pretensión de eliminar la imagen de la actora en el sistema de búsqueda por imágenes que ofrecen ambos accionados […] Y es aquí en donde se encuentra el límite a la libertad de expresión o al derecho a informar que invocan las demandadas. Es que no puede considerarse que la indexación de su nombre o imagen a páginas de contenido sexual o pornográfico pueda considerarse una «manifestación de opiniones o ideas» o «la transmisión de información». Nada más alejado a ello es el caso discutido en autos. Y si el derecho a informar de las accionadas, se limitara a exponer los resultados de sitios relacionados con las palabras claves buscadas por un internauta, tampoco podría en este caso, equipararse dicha actividad a la desplegada por un medio de prensa. Nada se está informando y ninguna idea u opinión se está expresando, sino que se utiliza la imagen de la actora con la única finalidad de atraer usuarios a determinados sitios de Internet».

Finalmente la Sra.jueza consideró que la cuestión planteada en autos podría encuadrarse en las previsiones de la Ley 26.361 ya que la actora ocupa un lugar de «tercero» en la relación de consumo que se entabla entre el buscador y el usuario, afectado por dicha relación de consumo, por lo que tendría derecho desde esta perspectiva a reclamar por el daño sufrido en los términos de los arts. 1, 2, 3 y concordantes de la Ley 24.240 (texto ordenado según Ley 26.361 ).

4. Los votos de los Dres. Flah y Liberman. Daño material y moral. La reparación civil

Sentado lo expuesto, la Dra. Lily R. FLAH adhirió al voto de la Dra. PÉREZ PARDO aunque aclaró que consideraba a la responsabilidad de los buscadores encuadrada en el contexto de un factor de responsabilidad subjetivo como sostienen distintos autores, entre los cuales me enrolo, pero remarcando su coincidencia plena con los argumentos expuestos por la vocal propinante en relación a la cuestión de género planteada en autos.

Por su parte el Dr. LIBERMAN adhirió al voto de la Dra. PÉREZ PARDO recordando que: «Google, Yahoo y demás buscadores son empresas comerciales con actividad en todo el mundo, y no fundaciones o asociaciones civiles sin fin lucrativo o de bien público. La gratuidad de acceso para el común no quita que lucran con publicidad directa o indirecta, y con una amplísima gama de productos. Conocidos algunos, ocultos muchos otros. Los «buscadores» obtienen enormes ganancias con su actividad de dirigir búsquedas en Internet por el interés de los usuarios u otros parámetros de sondeo. Pero esas búsquedas significan magnificar, difundir, aumentar y facilitar el acceso a los sitios. Sean inocuos o dañinos».

Finalmente y por todo lo expuesto el Tribunal dispuso modificar parcialmente la sentencia recurrida y:1) condenar a las demandadas a eliminar en forma definitiva de sus páginas tanto la imagen como el nombre de la accionante solo cuando estuvieran indexados con sitios web de contenido sexual, pornográfico, erótico y similares; 2) condenar a los accionados a eliminar la imagen de la actora del sistema de búsqueda por imágenes que ofrecen; 3) elevar las indemnizaciones por daño moral, condenando a Yahoo de Argentina S. R. L. a abonar a la actora la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) y a Google Inc la de pesos cien mil ($ 100.000) con más intereses calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y expresa imposición en costas.

IV. CONCLUSIÓN

Como conclusión me permitiré volver sobre algunas ideas sobre las que vengo insistiendo hace años como así también elaborar alguna nueva consideración en particular como reflexión en relación al fallo que comentamos:

a) A mi entender, es necesario legislar sobre esta materia y establecer reglas de juego claras. Lo contrario es más de lo que tenemos: contradicción y confusión.

Hasta tanto dicha legislación se concrete, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que fijar una doctrina en un fallo fundado que comprenda un análisis medular de esta problemática con amplio desarrollo en la jurisprudencia y el derecho comparado.

b) A mi entender, no resulta viable imputar responsabilidad objetiva al buscador de Internet, ya que no contribuye a la generación del daño ni como autor ni como editor del contenido. El buscador no es el creador del contenido dañoso ni tampoco el administrador del sitio donde el mismo se aloja.

Considero aplicable a los buscadores de Internet responsabilidad subjetiva (arts.512, 1109 y concordantes del Código Civil) por contenidos publicados por terceros cuando existe un obrar negligente de su parte, esto es, cuando se le comunicó (en forma fehaciente) la existencia de un contenido ilícito y el buscador no toma las medidas necesarias para bloquear o eliminar el mismo.

El buscador de Internet tomará «conocimiento efectivo» de un contenido dañoso cuando sea notificado extrajudicialmente de su existencia y deberá proceder a bloquear el contenido si el mismo ha sido correctamente individualizado (URL) y resulta ostensible y manifiestamente ilegal, ya que cuenta con los elementos y las herramientas técnicas necesarias para evitar la «viralización» del daño.

c) Es cierto que el buscador puede «filtrar o controlar contenidos» (cualquier perito lo puede dictaminar), pero ello no implica que lo deba hacer «ex ante», esto es, antes de tomar conocimiento de la existencia de un contenido dañoso en la web.

d) La cuestión de género que plantea el fallo es interesante y novedosa y se relaciona con otra problemática pendiente en nuestra legislación: el derecho al olvido en Internet. El tema dará que hablar.

e) La ciudadanía necesita soluciones rápidas y gratuitas para dar de baja o bloquear el acceso a contenidos difamatorios en Internet o a imágenes no autorizadas. No podemos obligar a los ciudadanos a recurrir a la justicia a pedir protección en estos casos abarrotando de expedientes a los tribunales. La solución debe provenir de los legisladores y de los mismos proveedores de servicios de Internet (ya sea que se trate de buscadores o redes sociales) que garanticen mecanismos ágiles y sencillos para solicitar la baja o el bloqueo de contenidos.

A mi entender el equilibrio pasa por la aplicación del procedimiento del «notice and take down» previsto en la legislación americana con los alcances que al respecto le he dado personalmente al concepto de «conocimiento efectivo» que garantice soluciones extrajudiciales rápidas y eficaces.

———-

(1) V. CNCiv, Sala J, autos «K., A. P.c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios», 31/8/2012, MJJ74318 , y CNCiv, Sala L, autos «S. M., M. S. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios», Expte 89.007/06, nov. 2013.

(2) V. CNCiv, Sala D, autos «D. C., V. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios», 10/8/2010, MJJ59552 .

(3) V. dictamen de la Procuración General de la Nación, 22/8/2013; «D. C., V. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios»; 544.LXLVI (recurso de hecho).

(4) V. GRANERO, Horacio R., «¿Existe un nuevo concepto de daño? (la responsabilidad actual del derecho civil)», elDial.com, Suplemento de Derecho de la Alta Tecnología; FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, «Medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual en Internet -los actos elusivos- la protección jurídica contra la elusión»; THOMSON, Federico, «Daños causados a través de buscadores de Internet», La Ley, 2010-B, 448; TOMEO, Fernando, «La protección de la imagen y la reputación corporativa en la web 2.0», Suplemento Actualidad La Ley del 2/2/2010, p. 1; UZAL, María E., «Jurisdicción y derecho aplicable en las relaciones jurídicas por Internet», ED, 208-719; VANINETTI, Hugo A., «La responsabilidad civil de los buscadores en Internet. Afectación de los derechos personalísimos. Supuestos para analizar», ED, sup. del 16/6/2010, Nº 12.525; TOMEO, Fernando, «La responsabilidad civil en la actividad informática», RCyS, 2010-111, TOMEO, Fernando, «Las redes sociales y su régimen de responsabilidad civil», La Ley, 2010-C,1025; TOMEO, Fernando, «¿Qué responsabilidad les cabe a Facebook y Twitter por lo que se publica en sus páginas?», iProfesional, 27 de octubre de 2010; TOMEO, Fernando, «Las relaciones de consumo web 2.0 y el consumidor social media», Revista de los Contratos, los Consumidores y Derecho de la Competencia, 2010-1, p.75-93; TOMEO, Fernando, «Responsabilidad civil de buscadores de Internet», La Ley, 2010-E, 108; CASTRILLO, Carlos, «Responsabilidad civil de los buscadores de Internet», Sup. Act., 11/1/2010, pp. 1-3; BORDA, Guillermo (h.), «La responsabilidad de los buscadores de Internet», JA, 2010-II, del 9/6/2010; FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Sara L. y SCOTTI, Luciana B., «Internet, comercio electrónico y derecho a la intimidad: un avance de los tribunales argentinos», elDial.com; FRENE, Lisandro, «Responsabilidad de los ‘buscadores’ de Internet», La Ley, 2009-F, 1219; GINI, Santiago Luis, «Internet, buscadores de sitios Web y libertad de expresión», Sup. Act., 23/10/2008, entre otros.

(5) V. Tomeo, Fernando, Redes sociales y tecnologías 2.0, Astrea, 2013, pp. 11-42.

(6) V. «C., E. c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ interrupción de la prescripción», Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98, 22/3/2012; Expte. 48.004/2009.

(*) Abogado especialista en Derecho Informático, Seguridad de la Información y Derecho Corporativo. Codirector y profesor del curso de posgrado en Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes Sociales, UBA. Autor de Redes sociales y tecnologías 2.0, Astrea, entre otros trabajos.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: