Empleador y ART responden solidariamente por las patologías padecidas por el actor a raíz de la exposición a vibraciones reiteradas

336660Partes: L. D. H. c/ Artes Gráficas Rioplatenses y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 15-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83736-AR | MJJ83736

Responsabilidad solidaria del empleador y de la ART por las patologías padecidas por el actor a raíz de la exposición a vibraciones reiteradas, tanto como la realización de esfuerzos importantes en posiciones antifisiológicas.

Sumario:

1.-Corresponde mantener la condena civil de la empleadora por las patologías sufridas por el actor, pues la pericia técnica constató el mal estado de los trayectos realizados por el actor en el autoelevador, en especial dando cuenta de los baches y bocas en desnivel susceptibles de producir los golpes que menciona el actor al inicio, de modo que dichas tareas tendrían incidencia en la incapacidad padecida por obra de la exposición a vibraciones reiteradas, tanto como la realización de esfuerzos importantes en posiciones antifisiológicas.

2.-Corresponde confirmar la condena de la ART en los términos del art. 1074 CCiv., pues atendiendo al rol que la legislación mencionada ha otorgado a dichas entidades, no puede la demandada pretender actuar como una simple compañía de seguros, sino que pesan sobre la misma deberes de conducta y acciones concretas que le son impuestas por la normativa que la rige, y que no han sido cumplidas en el caso.

3.-Cabe confirmar el rechazo de la excepción de prescripción, pues la recurrente se limita a reiterar que el actor habría tomado conocimiento de su dolencia en el año 2005, pero no tiene en cuenta ni refuta lo argumentado por el a quo respecto del momento a partir del cual debe computarse el plazo de prescripción -toma de conocimiento de la real incapacidad y de su carácter irreversible-, lo que se habría producido en este caso recién cuatro años después, al haber sido dado de baja el actor por el Servicio de Salud Ocupacional, en virtud de sus patologías y antecedentes quirúrgicos.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2013, para dictar sentencia en estos autos:”L. D.

H.C/ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES Y OTRO S/ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, viene recurrida por ambas demandadas a tenor de las

presentaciones de fs. 862/870 y fs. 871/882.

Los honorarios regulados han sido objeto de apelación por parte de ambas demandadas, de la representación letrada de

Artes Gráficas Rioplatense S.A. y del perito ingeniero.

Seguidamente trataré los agravios de las demandadas atendiendo a la incidencia de cada uno sobre el resultado final

del litigio.

En primer lugar abordaré el recurso de La Caja ART S.A. quien se agravia porque se rechazó su defensa de

prescripción, punto en el que adelanto que en mi opinión la queja no puede prosperar.

En ese sentido, no puedo soslayar que la recurrente se limita a reiterar que el actor habría tomado conocimiento de

su dolencia en el año 2005, pero no tiene en cuenta ni refuta lo argumentado por el Señor Juez “a quo” respecto del momento a

partir del cual debe computarse el plazo de prescripción -toma de conocimiento de la real incapacidad y de su carácter

irreversible-, lo que se habría producido en este caso recién en septiembre de 2009 al haber sido dado de baja el actor por

el Servicio de Salud Ocupacional, en virtud de sus patologías y antecedentes quirúrgicos.

Ese aspecto de la sentencia no ha sido objeto de controversia eficaz por parte de la recurrente, quien por el

contrario se limita a insistir en forma dogmática con los argumentos vertidos en su contestación de demanda, sin explicitar

por qué razón debería entenderse que es en aquél primer episodio que el actor podría haber tomado conocimiento pleno de la

real incapacidad padecida, en especial atendiendo a las sucesivas atenciones médicas de que fue objetocon posterioridad.

En consecuencia, propongo confirmar lo actuado en primera instancia.

La demandada Artes Gráficas Rioplantese S.A. sostiene que la sentencia le agravia porque no tuvo en cuenta el art. 39

LRT en tanto remite al art. 1072 C.Civil.

Este aspecto del recurso no puede prosperar en tanto la recurrente no controvierte con argumentos suficientes la

declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión a la que arribó el Señor Juez “a quo”, luego de una extensa

fundamentación en la que remitió incluso a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sentada en el precedente “Aquino

c/Cargo” .

Por todo ello, este punto del recurso que trato no puede prosperar y en consecuencia propongo confirmar lo actuado en

primera instancia.

Esta misma demandada se agravia porque se concluyó que el reclamo encuadra en las previsiones del art. 1113 C.Civil.

Sostiene que no se ha valorado adecuadamente la prueba producida, en especial la testimonial a la que hace referencia.

Tampoco en este punto considero que le asista razón a la recurrente.

Efectivamente, la demandada basa su queja fundamentalmente en declaraciones de testigos que fueron propuestos por su

parte, cuyos dichos fueron tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia, habiendo sido objeto de una valoración que

la demandada no intenta siquiera controvertir en esta instancia.

A tal punto es ello así que de las transcripciones sesgadas de sus declaraciones que se incluyen en el recurso, se

desprende que todos los testigos aludidos afirman que el recorrido que el actor debía efectuar con el autoelevador estaba en

buenas condiciones.

Sin embargo, la pericia técnica llevada a cabo en autos constató el mal estado de esos trayectos, en especial dando

cuenta de los baches y bocas en desnivel susceptibles de producir los golpes que menciona el actor al inicio, a lo que se

suma la comprobación de que el actor llegaba con su cabeza al techo del mismo, sin que se cumplieran normas ergonómicas.

Lo expuesto, que también fue tenido en cuenta por el Señor Juez “a quo”, revela que los testigos que mencionala

recurrente han estado influenciados por el hecho de ser dependientes de la accionada, habiendo intentado con sus

declaraciones favorecer la postura de esta última, lo que resta valor de convicción a las mismas.

Luego la demandada pretende cuestionar las conclusiones arribadas por el perito médico, pero en este punto sus

manifestaciones son insuficientes para modificar lo actuado.

La demandada se limita a reiterar lo manifestado al impugnar la pericia médica, pero esa impugnación fue debidamente

contestada por el experto, sin que se agreguen argumentos científicos que puedan poner en entredicho los resultados de

aquélla.

A todo evento, la recurrente no tiene en cuenta que el señor perito manifestó que “de probarse las tareas del

actor”, las mismas tendrían incidencia en la incapacidad padecida por obra de la exposición a vibraciones reiteradas, tanto

como la realización de esfuerzos importantes en posiciones antifisiológicas.

Tanto las vibraciones emanadas por el autoelevador, como los esfuerzos y posiciones mencionadas fueron objeto de

prueba a partir de la pericia técnica y la testimonial merituada en primera instancia, por lo que también en este punto

propongo rechazar el recurso intentado.

A mayor abundamiento destaco que los argumentos con los que se pretende cuestionar la incapacidad psicológica

receptada por el perito -además de la valoración que podrían merecer en el plano ético- no fueron sometidos a consideración

del sentenciante por lo que resultan extemporáneos (conf. art. 277 CPCCN).

El resto de las manifestaciones vertidas carecen de relevancia para justificar la revisión de lo decidido en grado.

La co demandada La Caja ART S.A. se agravia porque fue condenada solidariamente con fundamento en el art. 1074

C.Civil, aspecto del recurso que considero que no puede tener andamiento.

En ese sentido, no puedo soslayar que ni de la contestación de demanda ni del recurso que trato se desprende cuáles

habrían sido las acciones adoptadas por la ART a fin de dar cumplimiento a la obligación legal de proveer una prevención

eficaz, tal como lo disponen los arts. 1, 4 y concs.Ley 24.557.

Es que atendiendo al rol que la legislación mencionada ha otorgado a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, no

puede la demandada pretender actuar como una simple compañía de seguros, sino que pesan sobre la misma deberes de conducta y

acciones concretas que le son impuestas por la normativa que la rige, y que no advierto que hayan sido cumplidas en el

presente caso.

Por ello, propongo en este punto confirmar lo decidido en primera instancia.

La co demandada La Caja ART S.A. apela el monto derivado a condena en concepto de reparación del infortunio padecido

y los intereses aplicados sobre el mismo.

En lo que hace al monto de condena no advierto que la presentación que trato aporte elementos que permitan modificar

lo decidido en primera instancia, en especial teniendo en cuenta que estamos en presencia de un trabajador que promediando

sus 40 años, de estado civil divorciado y con tres hijos, enfrenta una incapacidad del 66%, con la incidencia negativa que

ello tiene sobre su actividad en todas las áreas, atendiendo a la proyección hacia el futuro de su proyecto de vida tanto

laboral, como familiar y social.

Sin embargo, considero que le asiste razón a la recurrente en lo que hace al curso de los intereses, ello en tanto

tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala VII, en los casos en que se persigue la reparación integral es recién en el

momento de la sentencia cuando el daño puede ser debidamente merituado.

En consecuencia, el monto de condena fijado en primera instancia debe entenderse ponderado a la fecha del presente

pronunciamiento, debiendo correr los intereses a partir del momento en que el mismo quede firme y hasta el efectivo pago.

Las costas han sido impuestas en un todo de acuerdo con el principio del art. 68 CPCCN por lo que propongo confirmar

lo actuado.

Las regulaciones de honorarios que se cuestionan lucen en mi opinión adecuadas a las tareas cumplidas y pautas

arancelarias aplicables por lo que propongo confirmarlas (conf. art.38 L.O.).

La co demandada reclama la aplicación al caso de la ley 24.432, pero el planteo tampoco podrá tener favorable acogida

pues de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala la Ley 24.432 resulta inconstitucional, en tanto impone un límite

porcentual a la condena en costas a cargo de la parte vencida (“Alcorta Olguin, Cristian José c/ Molino San Martín SA y otro

s/ Accidente – ley especial” S.I. 32.643 del 30/6/2011″, “Tula Ana Mabel c/ KraftFoods SA y otro s/ Accidente – Acción Civil”

S.D. 43.620 del 9/6/2011, “Barberis Nilda Maria y otrs c/ Adecco Argentina SA y otros s/ Diferencias de Salarios” S.I. 32.753

del 19/8/2011 y “VillarruelHector Omar c/ Liberty ART SA s/ Accidente – Acción Civil” SD 43.748 del 24/8/2011, entre otras).

En efecto, según la interpretación que viene haciendo en forma reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos

del art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humano, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos se

encuentran comprendidos dentro del concepto de reparación (confr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y

Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C N° 39, párr. 79; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay.

Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005; Caso DacostaCadogan vs. Barbados. Reparaciones y Costas. Sentencia

del 24 de Septiembre de 2009; entre otros). La Corte Interamericana sostiene tal conclusión a partir de que la referida norma

establece, entre otras cosas, que si fuera procedente, se dispondrá el pago de “una justa indemnización” a la parte

lesionada.

Nuestra Corte Suprema de Justicia, también remite al concepto de “indemnización justa” entre otros en el precedente

“Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.”, cuando frente a un reclamo por accidente decretó la

inconstitucionalidad del art.39.1 de la Ley 24.557.

Allí sostiene la Corte que la indemnización debe ser integral, que vale tanto como decir justa, porque no sería

acabada indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte (Fallos: 283:213, 223, considerando

4° y su cita).

En ese marco, la reparación del perjuicio no sería justa e integral si se hiciera lugar al reclamo de la parte

demandada y se aplicara la limitación en costas dispuesta por la Ley 24.432.

Si bien en el presente caso la inconstitucionalidad de dicha norma no fue solicitada por las partes, los fundamentos

reseñados demuestran que la limitación impuesta respecto de las costas por la Ley 24.432 en el caso de autos resulta clara y

manifiestamente violatoria de las garantía constitucionales y de las que surgen de normas internacionales aplicables conforme

lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 C. Nacional.

En consecuencia, y conforme lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Banco Comercial de

Finanzas S.A. (en liquidación BCRA) s/ Quiebra”, existe razón suficiente para proceder a declarar de oficio la

inconstitucionalidad de la limitación por ley 24.432.

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por las demandadas vencidas, fijando los honorarios de los letrados

que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo hasta aquí expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada

estableciendo que el monto de condena de $960.000 (Pesos Novecientos sesenta mil) se fija a valores actuales del presente

pronunciamiento, y los intereses se aplicarán desde que el mismo quede firme y hasta el efectivo pago. 2) Confirmar la

sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso.3) Imponer las costas de alzada a las demandadas y fijar

los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: no vota (art. 125 ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1)Modificar parcialmente la sentencia apelada

estableciendo que el monto de condena de $960.000 (pesos novecientos sesenta mil) se fija a valores actuales del presente

pronunciamiento, y los intereses se aplicarán desde que el mismo quede firme y hasta el efectivo pago. 2) Confirmar la

sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas y fijar

los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% (veinticinco por ciento) de lo regulado para primera instancia. 4)

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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