Es indudable la aflicción espiritual que sufrió el pequeño tras el traumático ataque que le propinó el perro mientras caminaba a su casa

13963219-perro-de-ataque-de-sesiones-de-entrenamientoPartes: T. M. M. y ots P.S.H.M. B. M. E. c/ Rodriguez Juan Diego s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 12-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-83638-AR | MJJ83638

Responde el dueño del perro que atacó al hijo de la actora, acogiéndose el daño moral reclamado, pues es indudable la aflicción espiritual que debió provocar al pequeño el traumático ataque que le propinó el animal, en circunstancias en que el mismo se dirigía caminando a su casa.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el fallo que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida a raíz de las lesiones sufridas por el hijo de la actora al ser atacado por el perro del demandado cuando el menor regresaba a su casa, pues el sistema de responsabilidad establecido en nuestra ley civil se enmarca en la teoría del riesgo creado.

2.-Al damnificado le basta probar la intervención del animal, la calidad de propietario o guardián de los demandados, la relación de causalidad entre los daños acaecidos y la actividad del animal; y al demandado no le basta para exonerarse la prueba de su falta de culpa, sino que debe romper el nexo causal, acreditando la culpa de un tercero, el caso fortuito o la culpa de la víctima, o aún la causal especial de liberación contenida en el art. 1127 del CCiv., para el caso en que el animal se haya soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo, lo que libera al dueño.

3.-Cabe acoger el daño moral reclamado, pues es indudable la aflicción espiritual que debió provocar al pequeño el traumático ataque que le propinó el perro del accionado, en circunstancias en que el mismo se dirigía caminando a su casa; así, las lesiones que el sorpresivo ataque del perro le causó naturalmente impactaron en el menor, sintiéndose amenazado en su integridad física y causándole sensaciones de inseguridad y zozobra.

Fallo:

En Mendoza, a los doce días del mes de diciembre de dos mil trece, re-unidas en la Sala de Acuerdos las doctoras Alejandra Orbelli, Silvina Miquel y Marina Isuani, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos N° 129.797/44.643 ca-ratulados “T. M. M. y ots P.S.H.M. B. M. E. c/ Rodriguez Juan Diego p/ d y p”, originarios del Sexto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, venidos es esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia agre-gada a fs. 378/386.-

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estu-dio: Dras Alejandra Orbelli, Silvina Miquel y Marina Isuani.-

En cumplimiento de los dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantean las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión la Dra. Alejandra Orbelli dijo:

I.- Que vienen estos autos a esta alzada en virtud del recurso de apelación deducido a fs. 398 contra la sentencia de fs. 378/386, que hace lugar parcialmente a la demanda instada por M. M. d. L. T. y M. A. B., en representación de su hijo menor de edad M. E. B. en contra de JUAN DIEGO RODRIGUEZ, condenando a este ultimo a abonarle a la actora en el plazo de DIEZ DIAS de quedar firme y ejecutoriada esta sentencia la suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS ($ 16.300) con mas los intereses establecidos en el considerando respectivo.-

En la sentencia de primera instancia el señor juez considera que según lo dispuesto por el art. 1124 del Código Civil “El propietario de un animal, doméstico o feroz, es responsable del daño que causare.La misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él, salvo su recurso contra el propietario”.

En los términos de esa normativa, son responsables por los daños pro-ducidos por animales, tanto el propietario como la persona a la cual se hubiere man-dado al animal para servirse de ella, por lo cual, es el propietario, el primer responsa-ble, y también lo es su poseedor, esto es, el que tiene el animal efectivamente, el que se sirve de él, pues esa circunstancia lo convierte en el guardián de la cosa (conf. C. 2da. Civ. y Com. La Plata, Sala 3ra., Gabrunski de Campos Paulina v. Agropecuaria 20 de mayo SA en Juba sum. B353125).-

La teoría tradicional en nuestro derecho, entiende que el fundamento de la responsabilidad se sustenta en una suposición de ‘culpa’ que se estima existente en el dueño o guardián de la bestia doméstica. En ese sentido, señala Llambías que media una ‘culpa en la guarda’ que el daño pone en evidencia. Adhieren Mazeaud y Tunc, Ripert y Boulanger, Salvat, Acuña Anzorena, Cammarota, Lafaille, Colombo, Raffo Benegas (ver Llambías, Código Civil Anotado, T° II-B p. 533 y 534).-

Otros autores, en cambio, consideran que la responsabilidad (rectius: imputabilidad causal), tiene base objetiva, si se trata de daños causados por animales feroces, mientras que, si quien causa el entuerto es un animal doméstico o domestica-do, la responsabilidad es subjetiva, y su fundamento radica en la culpa (Mosset Itu-rraspe, Cazeauz y Trigo Represas).-

Por su parte, Kemelmajer de Carlucci, destaca con relación a los ani-males domésticos (en rigor, el caso de autos) que aunque en la mayoría de los casos exista una culpa del guardián, la imputación será posible aunque ninguna negligencia o impericia pueda serle imputada. Salvo, claro está, la excepción de ‘soltura del ani-mal’ del art.1127 del Código Civil, con todas las limitaciones probatorias exigidas, el elemento subjetivo tampoco tendrá influencia…En suma, concluye, se da un deber de reparar con base netamente objetiva (ver autora citada en Belluscio Zannoni, Código Civil, Anotado, Comentado y Concordado, T° V, p. 677 y 678) (conf. C. Nac. Civ., Sala G, 6/9/2005 “Cañadell Carina Elizabeth v. Taglia Ferro Manuel Horacio”, El Dial).-

Más precisamente, se ha afirmado, que el fundamento de la responsa-bilidad consagrada por el art. 1.124 del C. Civil reposa en la idea de riesgo. Evidente resulta, entonces, la responsabilidad objetiva que emana de la norma indicada para el dueño del animal que aprovecha de sus beneficios, y en consecuencia, como una justa compensación del provecho debe cargar con los perjuicios causados por el mismo (conf. C. Civ. y Com. San Martín, Sala I, “Pitera Julio Cesar v. Musso Jorge” – Juba sum B 1951020 y C. Civ. y Com. San Nicolás “Nirich Jorge Alberto v. Sierra José” LLBS 2003-1068).-

Afirma que lo considerado impone la responsabilidad objetiva, el art. 1.113 del C. Civil extiende su influencia a todo el campo de la responsabilidad; con-secuentemente, el dueño o guardián sólo se liberan probando la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por el que no debe responder o el caso fortuito, eximentes éstas contempladas en el art. 1128 del C. Civil; a más, de las específicas causales de exone-ración referidas al hecho que el animal haya sido excitado por un tercero (art. 1.125), o la soltura o extravío sin culpa de la persona encargada de guardarlo (art. 1127) (idem fallo de la C. Nac. Civ. Sala G “Cañadell Carina….).-

Con respecto a los hechos no controvertidos relevantes para la solución del caso dice que son los siguientes: El día 8 de diciembre de 2006, el menor, M. E.B., fue atacado por un perro en el domicilio de calle Filipini 1056 de Godoy Cruz, Mendoza, tras ello, sufrió lesiones en su pierna a raíz de las morde-duras del animal.-

Las diferencias de posiciones entre los litigantes comienzan, en el sub-estudio, por cuanto la actora, al individualizar al sujeto procesal pasivo, Señor Juan Diego Rodríguez, dijo que al pasar por la vereda, el animal salió imprevistamente de la casa ubicada en calle Filipini 1056 de Godoy Cruz, donde al momento del hecho, vivía el demandado (dueño y/o guardián del animal). En tanto, las defensas argüidas por el demandado, contenidas en su líbelo, al parecer, y por la prueba producida en autos, más el discurso contenido en sus alegatos de fs. 364/365, consistió en la argu-mentación y posterior demostración de dos aspectos centrales: el primero de ellos, que no es propietario, ni guardián, ni tenedor del perro sino que tales calidades deben ser atribuidas a la Señora Nélida Figueras, quien es la dueña del inmueble en donde se produjo el hecho nocivo, que ubica en calle Filipini 1056, Godoy Cruz, y el segun-do, que el acontecimiento sucedió en el interior de ese domicilio al introducirse el menor en el mismo, sin autorización, ni motivo justificado alguno.-

Manifiesta el magistrado que teniendo en cuenta la forma en que ha quedado trabada la litis, y a los fines de clarificar el entuerto, es del caso, pues, anali-zar las pruebas producidas que, en su totalidad, estuvieron proyectadas por las decla-raciones testimoniales de los vecinos de los actores y también los de la demandada. Es así que los cuatro testimonios recolectados (Pérez, Bergantini, Aldecua, Nieddu) coinciden en que el menor fue mordido por el perro que habitualmente se encuentra o vive en el domicilio de la Señora Nelly o Nélida Zanni o Figueras, suegra del deman-dado. Más estas coincidencias comienzan a desaparecer cuando se trata de precisar quién o quienes residen en ese lugar, puesto que mientras los testigos de fs.138 y 140 (Pérez y Bergantini) aluden a que el demandado Rodríguez, su esposa y la Señora Figueras, viven todos en ese domicilio, particularmente, señalaron que el demandado Rodríguez se encuentra habitualmente allí, los testimonios de fs. 142 y 144 (Aldecua y Nieddu) son vacilantes e indecisos ante la pregunta concreta referida a la sindica-ción de si el Señor Rodríguez vivía en ese domicilio. Así, la testigo Aldecua, dijo que lo ha visto venir y quedarse, irse (a la 2° repreg.), y el testigo Nieddu, respondió que él entra, llega, no se en eso no me meto, no le pregunto si viven o no viven. Más cuando se le preguntó si habitualmente lo ha visto en esa casa respondió que sí (a la 1° y 2° repreg.).-

Algo similar ocurre con la propiedad del perro, puesto que, mientras el testigo de fs. 138 alude a que el perro es de ellos, haciendo alusión a la Señora Figue-ras, el demandado Rodríguez y su esposa, el testigo de fs. 142, cree, que el animal es del demandado y no de la suegra. Por su parte, los testimonios de fs. 142 y 144 coin-ciden en señalar que el perro es de la señora Figueras y no del demandado.-

Ante ello el magistrado expresa que aún cuando no exista coincidencia en los testigos que declararon en el juicio sobre estos últimos aspectos, han formado su convicción, en conformidad con las reglas del art. 207 del C.P.C., las declaraciones testimoniales rendidas en fs.138 y 140, y por ello, voy a juzgar demostrado en autos que tanto el demandado Rodríguez como su esposa Señora Figueras, y suegra, Señora Nelly Zanni Figueras, residían y/o convivían todos en el inmueble de esta última, y por ende, todos asumirían la calidad de guardianes del animal al momento del hecho ilícito, no sólo por servirse de él sino también por el hecho de tener un control sobre su cuidado y vigilancia, independientemente que la propiedad del animal recayese por sobre la Señora Nelly Figueras. Y ello, así lo considero, toda vez que la responsabili-dad, aquí juzgada, la del guardián, tiene un factor objetivo de atribución y la obliga-ción que impone es de carácter conjunta y concurrente con la del propietario (véase Código Civil Anotado Belluscio Zannoni pág. 683 pto. 8 – conf. Cám Civil y Com. La Plata 16-12-2003 “Castrillón Leandro v. Centro Navarro Sd y Ots. LLBS 2004, abril, p. 314).-

Otro punto controvertido por la demandada está dado en razón de con-siderar que el incidente dañoso se produjo cuando el menor ingresó, sin motivo ni autorización alguna, al interior del garage donde el perro residía echado junto a la Señora Figueras. La actora, por su parte, dijo que el accidente s e produjo en la vereda cuando regresaba a su domicilio.-

Sobre el particular, y si es que se contemplara, por vía de hipótesis, que la demandada pretendiera ampararse en una causal exculpatoria de la responsabi-lidad objetiva fundada en la culpa del menor, resulta viable reflexionar que éste al momento del accidente tenía 11 años y 6 meses de edad; se trata, pues, de un menor con discernimiento que puede incurrir en la culpa que erige el art. 1.113 del C. Civil como eximente de la responsabilidad presumida (conf. arts. 921 y 1.111 del C.Civil). Y en vistas de esta postulación, comienzo con el análisis de la prueba incorporada, no sin antes dejar aclarado, que la culpa de la víctima debe ser acreditada certera y cla-ramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, por cuanto constituye una excepción al régimen de responsabilidad. En tal sentido, se ha resuelto que el art. 1111 del C. Civil funciona para situaciones de certeza, por lo que se incurre en errónea interpretación, cuando se lo aplica sin que se de este ele-mento; los presupuestos deben ser claramente acreditados y es insuficiente un estado de duda (ver 4° Cámara Civil autos Nº 126.425/27.506, caratulados “Oros Adriana Ester c/ Riveros Fabián Enrique y Ots. por Daños y Perjuicios”).-

Entiende que, por aplicación de esta regla, la culpa del menor no ha sido acreditada con la contundencia de estos recaudos, esto es, que se pueda imputar al menor una conducta o una falta reprochable, jurídicamente, que imponga la ruptura del nexo de causalidad adecuada, aun considerando que el menor hubiera ingresado al interior del garage, sin motivo o autorización alguna, según sustentó la demandada, porque lo relevante en la causal de eximición invocada en la especie, es el nexo cau-sal entre la conducta de la víctima y el resultado perjudicial, esto es, que la acción de quien sufrió el daño haya sido causa del infortunio. Lo que cuenta -en verdad- es que el daño haya tenido su origen causal, total o parcialmente, en un hecho, una falta, una conducta objetivamente desacertada de la víctima, lo que juzgo es lo que no ha acon-tecido en la especie (conf. Goldenberg, Isidoro “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, Astrea 1984, págs.165-167).-

Concluye diciendo que tiene la suficiente convicción formada, a través del análisis y consideración de los elementos probatorios incorporados que, la actora, ha logrado acreditar los presupuestos necesarios para hacer efectiva la responsabili-dad que atribuye a su contraria.Su parte ha probado en autos el daño y la interven-ción activa de la cosa riesgosa en su producción, según fluye de los hechos analizados en el capítulo precedente. En función del marco normativo conforme con el cual se define la responsabilidad en el caso, era el demandado, en su calidad demostrada de guardián de una cosa riesgosa -un animal lo es- quien tenía a su cargo acreditar algu-na eximente que, de manera certera e indubitable, como dije antes, produjera, de mo-do total o parcial, la ruptura del nexo causal. Esto último no es, sin embargo, lo que en estos obrados ha acontecido (art. 179 C.P.C.).-

A fs. 402 esta Cámara ordena la expresión de agravios del apelante.-

II.- Que a fojas 405/408expresa agravios el demandado Juan Diego Rodrí-guez, con el patrocinio del Dr. Pablo Scordo, solicitando se acoja el recurso incoado y se revoque la sentencia en crisis y rechace la demanda en un todo con costas a la contraria.-

Como primer agravio expresa que no se probó que Rodríguez sea guar-dián del perro. El aquo considera a su criterio probado que Rodríguez vivía en el domi-cilio, era el guardián del perro por servirse de él y controlarlo. Sostiene que es un absur-do llegar a la conclusión que se es guardián de un perro por el hecho de vivir en el in-mueble donde el mismo está. Aun considerando que el demandado Rodríguez viviera en el inmueble, no puede por esa sola circunstancia, concluir en que también era guardián. Es evidente que el demandado es el yerno de la dueña del inmueble, pues está casado con su hija.-

Se agravia en segundo lugar del hecho que n haya considerado probado la eximente de responsabilidad por el comportamiento del menor habiendo ingresado a la casa de la Sra. Figueras, conforme lo dispuesto por el Art.1.125 del C.C.-

Entiende que ha quedado probado que el menor se introdujo en la pro-piedad de la Sra Figueras y que fue el menor quien provoca la reacción del perro.-

El tercer agravio consiste en la extensión del daño moral otorgado, ya que entiende que la suma otorgada por la sentencia de primera instancia luce exagerada te-niendo en cuenta los valores jurisprudenciales de los tribunales. Solicita que el monto se adecue a la suma de $ 5.000.-

Por último se agravia por la falta de imposición de costas por el rechazo de los rubros reclamados daño emergente e incapacidad.-

A fs. 412/415 se presenta el Dr. Federico Catanese por la parte actora y contesta los agravios solicitando el rechazo del recurso incoado y la confirmación de la sentencia en crisis.-

A fs. 421 toma intervención el Ministerio Pupilar.-

A fs. 425 se llama autos para sentencia practicándose el sorteo de la cau-sa.-

III.- Solución al caso

a.-Tratándose de daños causados por animales, rige el Art. 1124 del Có-digo Civil, que establece la responsabilidad del propietario del animal doméstico o feroz por los daños que causare, como también de la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de él.

Y por el Art. 1126 dicha responsabilidad subsiste, en caso de que el animal es-tuviese bajo la guarda de sus dependientes o no estuviese en los hábitos generales de su especie.

Todo ello, con las salvedades propias del capítulo, referidas a las causales de exoneración de responsabilidad, tales como el extravío o soltura del animal inimputable a la persona que lo guarda (Art. 1127 del Código Civil) y fuerza mayor o culpa de la víctima (Art. 1128).

En punto a la carga de la prueba, cabe destacar que las causas de exoneración de responsabilidad enunciadas por los Arts. 1127 y 1128 del C. Civil, deben ser de-mostradas por el presunto responsable, y ser apreciadas con criterio estricto (Jorge J. Llambías, Código Civil Anotado, t.II-B, p. 537).

Es decir, que bajo esta óptica, el sistema de responsabilidad establecido en nues-tra ley civil se enmarca en la teoría del riesgo creado, por lo que como ha sostenido pres-tigiosa doctrina “aunque en la mayoría de los casos exista culpa del dueño o guardián, la imputación será posible aunque ninguna negligencia o impericia pueda serle imputada. Salvo el caso de soltura del animal. -con todas las restricciones probatorias exigidas- ninguna influencia tendrá tampoco el elemento subjetivo.” (Confr. Belluscio-Zanoni, Código Civil Comentado, anotado y concordado, tomo 5, comentario al Art. 1124 elabo-rado por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, pag. 1124).

Así las cosas, al damnificado le basta probar la intervención del animal, la cali-dad de propietario o guardián de los demandados, y la relación de causalidad entre los daños acaecidos y la actividad del animal.

Y al demandado no le basta para exonerarse, la prueba de su falta de culpa, sino que debe romper el nexo causal, acreditando la culpa de un tercero (el que excitó al ani-mal, Art. 1125 del C. Civil), el caso fortuito o la culpa de la víctima (Art. 1128 del Có-digo Civil), o aún la causal especial de liberación contenida en el Art. 1127 del Código Civil, para el caso en que el animal se haya soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo, lo que libera al dueño.

En el caso de autos, no ha sido controvertido que el menor sufrió lesiones a raíz del ataque proferido por el perro.-

Es importante recordar que con respecto a la valoración de la prueba ri-gen las reglas de la sana crítica que son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez.Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería crítica, sino libre convicción. La sana critica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz seguimiento (Couture, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil pág. 270).-

El demandado Rodríguez se agravia de la conclusión del juez de instan-cia en cuanto lo considera responsable por ser el propietario del perro ya que no hay prueba alguna que haga concluir que se sirvió del perro o que ejerció sobre el mismo control o vigilancia o gobierno. Sobre este punto, cabe recordar que en materia de obli-gaciones, el actor prueba los hechos que suponen la existencia de la obligación, y el de-mandado los hechos que suponen la extinción de ella. En virtud de este principio, el actor tiene la carga de los hechos constitutivos de la obligación; y el demandado la de los hechos impeditivos, modificativos y extintivos. Couture sostiene que, en términos generales, pesa sobre cada uno de las partes la prueba de la veracidad o exactitud de aquellos hechos que ha afirmado como sustento de sus peticiones o de su pretensión jurídica; inclinándose por hacer gravitar la carga de los hechos constitutivos y convalida-tivos sobre aquel de los litigantes a quien la existencia de esos hechos conviene, ponien-do la de otros tipos de hechos, los extintivos y los invalidativos, sobre aquel litigante al que los hechos constitutivos y convalidativos perjudican (Fundamentos de Dere cho Pro-cesal Civil, pág.244). La “carga de probar”, entendida procesalmente como conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos, no importa “ni una obligación ni un deber” procesal (como v.gr. los de lealtad o veracidad), sino “un imperativo del propio interés del litigante”, cuyo incumplimiento le apareja el riesgo de perder el pleito al no ser estimadas sus afirmaciones. El litigante es, por tanto, libre “de probar o no probar”, sin otra consecuencia, en caso de no hacerlo, que la de perder la ventaja que le podría haber aparejado el cumplimiento eficaz y pun-tual de la carga, esto es, la de ganar el pleito” (Ramacciotti, “Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba”, T. 1, p. 534).-

Analizada la prueba colectada advierto que a fs. 16 obra Certificado de Control Antirrábico expedido por autoridad competente en donde claramente se consig-na que el propietario del animal es el señor Juan Diego Rodríguez, con domicilio en calle Filippini 1056 de Godoy Cruz, Mendoza y en el mismo consta que el animal mor-dió a la señora Miriam Bravo, y en razón de protección del territorio. Dicho certificado no se encuentra desconocido por el demandado y del mismo surge sin lugar a dudas quien es el propietario del perro, por ello entiendo que la contundencia de la prueba señalada no puede ser desvirtuada por el demandado, razón por la cual no hay margen de duda alguna sobre que él es el propietario del perro, que además ya había mordido a otra persona.-

b.- Asimismo comparto lo expresado por el señor juez de instancia en cuanto a que no se ha probado acabadamente la causal de exoneración invocada. El de-mandado fundamenta la causal esgrimida en el testimonio de la señora Aldecua que dice que vio que el niño salió del portón, pero lo dicho por esa testigo no se condice con lo expresado a fs.138 por la señora Pérez quien relata en su testimonial que el nene venía por la vereda y yo sentí un grito y lo metieron adentro al nene, en la casa del doctor. En sentido coincidente la testigo Bergantini en su declaración testimonial de fs. 140/141 manifiesta que:” yo estaba en mi casa y sentí un griterío y decían el perro gritaban y un niño que gritaba era aterrador el grito del niño, entonces salí a la vereda, yo lo sentí dese adentro de la casa, ví que alzaba a un niño desde la mitad de la calle y lo entraban a la casa del Sr. Rodríguez. Agrega la testigo que el perro lo mordió al niño, el titular se hizo responsable de curarlo y llevar el perro adentro, y en ese momento yo le dije el perro había mordido antes entonces me dijo que se le había escapado a la suegra, estaba plan-chando y como hacía calor tenía el portón abierto y se le escapó el perro”.-

Las declaraciones de las testigos, unido al hecho que conforme consta en el certificado de SENASA el perro ya había mordido antes a una persona me conven-cen que el argumento de la sentencia de primera instancia que el dueño o guardián de la cosa riesgosa -animal- es quien tenía a su cargo acreditar alguna eximente que, de ma-nera certera e indubitable que produjera de manera total o parcial, la ruptura del nexo causal, lo cual no ha acontecido en autos (Art.179 del C.P.C.), es incuestionable y no ha podido se desvirtuado por el apelante.-

c.-En cuanto al agravio referido al quantum resarcitorio en concepto de daño moral, sabemos que el daño moral es la lesión sufrida por una persona en sus dere-chos extrapatrimoniales, que tiene naturaleza eminentemente subjetiva e importa una lesión a afecciones legítimas, como pueden ser la paz, la tranquilidad de espíritu, la li-bertad individual, el honor, la integridad física, las afecciones familiares, etc.

Nuestra ley civil establece, que tanto el daño material como el moral deben re-solverse en una indemnización pecuniaria que fijará el Juez, y para ello debe tener-se en cuenta las consecuencias psíquicas y morales que el hecho haya producido en el actor, tales como los sufrimientos, angustias, abatimientos, expectativas frustradas, etc., sin que llegue a ser fuente de un beneficio inesperado ni de un enriquecimiento injusto.

En esta tarea de fijar el monto del daño moral, debemos tener presente que resul-ta imposible mensurar el dolor en cada caso particular, pues se trata de algo subjetivo y variable de una persona a otra. Por eso, la solución que se adopte en cada supuesto de-penderá de las circunstancias del caso y quedará librada a la apreciación judicial.

Y si bien es cierto, que dejar librado al mero arbitrio judicial la determinación del monto del daño moral dificulta a las partes el contralor del modo y de los elementos tenidos en cuenta para arribar al mismo; también lo es que en esta materia resulta difícil establecer parámetros que puedan ser razonablemente admitidos por los Tribunales que satisfagan todas las preocupaciones.

Por eso, hemos dicho muchas veces que “.entendemos que la prudencia y la razonabilidad entonces deben primar, siempre ellas con una adecuación concreta a un contexto socioeconómico e histórico preciso y con una clara télesis en lo justo senten-cial” (Confr.Las llamadas reglas de cuantificación del daño moral citadas por Mosset Iturraspe, J., “Cuantía del resarcimiento por daño moral”, en “Daño Moral”, Alveroni, Córdoba, 1994, pág. 30 y sgtes.).

Como ya se sabe, la indemnización por daño moral no se reduce al precio del dolor o a la pérdida de afecciones, sino que se apunta a toda modificación disvaliosa del espíritu, sea en la capacidad de sentir, de querer, y de entender. A partir del carácter resarcitorio de tal rubro, éste desempeña la función de satisfacer perjui-cios que no sean mensurables con exactitud, teniendo en cuenta las condiciones per-sonales de la víctima y la gravedad objetiva del perjuicio, como así también el resto de las circunstancias del caso. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 1197/02/27, “Giménez, Pablo M. y otros c/ Schuartz, Eduardo”, LA LEY, 1997-C, 262 – DJ, 1997-2-656).

El principio de individualización del daño requiere que la valoración de la indemnización del daño moral compute atentamente todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva -la índole del hecho lesivo y de sus repercusio-nes-, como las personales o subjetivas de la propia víctima. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 2000/03/07, “De Agostino, Nélida I y otros c/ Trans-portes 9 de Julio”, LA LEY, 2000-D, 882- DJ, 2001-2-72).

La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas: su reconocimiento y cuantía depende del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. (Art. 90 inc. 7° del C.P.C.). Sobre esta cuestión, se ha advertido que:”en la fijación del monto por resarcimiento del daño moral debe actuarse con suma prudencia, toda vez que son obvias las dificultades que existen para mensurar en dinero un detrimento de naturaleza no patrimonial, razón por la cual ha de tratarse de una suma que atienda apropiadamente a la magnitud del menoscabo espiritual y procure mitigar el dolor causado por la conducta antijurídica”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 1984/11/21, “Díaz de Paratian, Inocencia y otros c/ Em-presa Ferrocarriles Argentinos”, LL, 1985-A, 408 – DJ, 1985-1-799).-

El daño moral reclamado por la víctima en este caso resulta de los hechos mismos. Es indudable la aflicción espiritual que debió provocar al pequeño el traumáti-co ataque que le propinó el perro del accionado, en circunstancias en que el mismo se dirigía caminando a su casa. Las lesiones que el sorpresivo ataque del perro le causó, naturalmente impactaron en el pequeño sintiéndose amenazado en su integridad física y causándole sensaciones de inseguridad y zozobra, razón por la cual considero justa la suma fijada por el juez de grado la cual corresponde que sea confirmada.-

e.-Por ultimo con respecto al agravio de la imposición de costas por los rubros rechazados en la demanda previo a todo considero importante recordar el criterio de nuestro Superior Tribunal el cual sostiene que: “Con relación a la determinación de la imposición en costas y su cuantificación, conforma una facultad discrecional del Tribunal de sentencia, de modo que no procede dividir la condena a los efectos causí-dicos ni a otros, en la parte que prospera y en lo que se rechaza lo demandado, salvo, situaciones de evidente irrazonabilidad en la petición o ante el rechazo de algún rubro por su cualidad.Por tales razones, en los procesos por indemnización de daños y per-juicios, cuando el reclamante ha sujetado el monto del resarcimiento a las resultas de las probanzas efectivas, dejan-do en última instancia la estimación del daño librada a la prudencia y discrecionalidad del juzgador, no resulta aplicable la norma del art. 4 inc. b) de la Ley 3641, en tanto la prohibición fáctica en ella contenida no se hace presente en tales casos…. las faculta-des discrecionales de fijación de los montos indemnizatorios, no se encuentran limita-das en la ley procesal sólo a la instancia originaria, pudiendo ser ejercidas en todas y cada una de ellas, en mérito del principio de plena jurisdicción. Tanto es así que el Tribunal de Alzada está obligado a pronun-ciarse sobre todas las cuestiones litigiosas, aunque la sentencia de primer grado no contenga pronunciamiento sobre ellas, en el límite de los agravios – art. 141 ap. V C.P.C. – . Más aún cuando nuestra estructura procesal nos obliga a designar en la de-manda, con indicación del valor, lo reclamado – art. 165 inc. 3 C.P.C.- es que adquie-re especial relevancia el hecho de haber sujetado el monto indicado a la prudencia jurisdiccional, circunstancia que en concreto determina, la fijación de los montos re-sarcitorios, en uso de facultades propias”.(LS 189-177, L.S 330-127, L.S 369-30, L.S 378-74, LS 403-077).-

El único rubro rechazo en su totalidad por el señ or juez es el rubro da-ño emergente y al respecto impone las costas a los actores, con respecto al resto de los rubros como son de apreciación judicial, impone las costas conforme al criterio sustentado en el fallo Chogris por la Suprema Corte de Justicia, indicado ut supra, razón por la cual se impone la confirmación de la imposición de costas establecida en la sentencia en crisis.-

Por todo lo expuesto y si la solución que propongo es compartida por mis colegas, voto por el rechazo del recurso del demandado y la confirmación de la senten-cia de primera instancia.-

Así voto

Las Dras. Silvina Miquel y Marina Isuani adhieren, por sus fundamen-tos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Dra Alejandra Orbelli dijo:

Las costas correspondientes a la alzada deberán a ser soportadas por el demandado vencido (Art. 36 del C.PC.).-

Así voto.

Las Dras. Silvina Miquel y Marina Isuani adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose senten-cia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA

Mendoza, 12 de diciembre de 2013.-

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

RESUELVE

I.- Rechazar el recurso de apelación de fs. 398 y en consecuencia con-firmar la sentencia de fs. 378/386 en todas sus partes.-

II.- Costas en la alzada al demandado vencido.-

III.- Regular los honorarios de la segunda instancia a los Dres. Federi-co Catanese, María Marta Menegazzo, y Pablo Scordo en las respectivas sumas de Pesos . ($ .), .($ .) y. ($ .), a cada uno (arts. 15, 4 y 31 ley 3641) más I.V.A. respecto de los profesionales que acrediten su condición de responsables inscriptos ante la A.F.I.P. a cargo del demandado.-

NOTIFIQUENSE Y BAJEN.

Alejandra M. Orbelli. Juez de Cámara.

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Marina Isuani. Juez de Cámara.

  1. Gracias por esto, la verdad que es bueno conseguir sitios como este, ahora mismo trataré de comenzar un trabajo del cual este tema me va como anillo al dedo.

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