Indemnizan a usuario que sufrió un incendio por recarga de tensión eléctrica en un dispositivo electrónico

FuegoPartes: A. C. E. y otros c/ EDENOR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 5-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82978-AR | MJJ82978 | MJJ82978

Condenan a la proveedora de energía eléctrica a indemnizar a un usuario que sufrió un incendio en su vivienda, como consecuencia de una recarga de tensión eléctrica en un dispositivo electrónico.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda, y condenar a la compañía proveedora de energía eléctrica accionada a abonar en concepto de resarcimiento por los daños edilicios ocasionados en el inmueble propiedad de los actores – que sufrió un incendio originado en una sobrecarga de tensión eléctrica- y los daños producidos en los bienes del grupo familiar, en atención a que se probó la responsabilidad de la demandada en el hecho generador de los daños, habiéndose acreditado el nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión.

 

2.-Corresponde circunscribir la responsabilidad de la demandada dentro del ámbito de la responsabilidad contractual, en atención a que dicha responsabilidad consiste en la omisión de la conducta debida en ocasión de la ejecución de las obligaciones preestablecidas en el contrato de concesión, y en estos casos la responsabilidad del deudor queda comprometida cuando se configuran los siguientes presupuestos: su incumplimiento; la imputabilidad de éste en razón de su culpa o dolo; el daño sufrido por el acreedor y la relación causal entre dicho incumplimiento y el daño antes referido. No basta el incumplimiento de una obligación contractual sino que es además indispensable establecer el nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión.

 

3.-Si bien como principio general, incumbe al reclamante acreditar la negligencia imputada a la distribuidora eléctrica, no es menos correcto que pesa también sobre ésta el deber jurídico y moral de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, ponderando que muchas veces es la distribuidora de energía quien está en mejores condiciones de aportar los elementos enderezados a la consecución de ese fin. En un pleito de estas características entablado por un usuario (profano) contra un concesionario de servicios públicos (poseedor del ‘know how’), quien mejor puede ilustrar sobre las causas y proyecciones del siniestro es la prestadora del servicio.

 

4.-No existió negligencia en el actuar de los usuarios en tanto la conducta de aquellos en nada incidió en la consecución del resultado dañoso, dado que, en virtud de las probanzas de autos, no se encontraba en cabeza de los actores deber jurídico alguno de contar con aparatos tendientes a disminuir los efectos perjudiciales que un cambio en la tensión emitida por la distribuidora pudiera irrogarle en sus bienes.

 

5.-Corresponde declarar parcialmente desierto el recurso de la demandada en el punto relacionado con la presencia de los daños, dado que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 265 del CPCCN.

 

 

Fallo:

 

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dice:

 

I. A fs. 559/564 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por C. E. A., O. M. C., M. C. y A. E. M. contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA -en adelante, EDENOR S.A.-. Los actores imputaron a la accionada un desperfecto en la prestación del servicio causado por una variación brusca de la tensión eléctrica, lo que habría dado inicio -según sus dichos- al incendio producido el día 19 de octubre de 2007 en la vivienda de su propiedad sita en la calle Girardot 1615. Con motivo de aquél episodio, y dado que luego de la explosión de un artefacto electrónico (PC) el fuego se propagó rápidamente hacia otros ambientes, es que reclaman el pago de los perjuicios que le habría irrogado tal suceso en sus personas y en los bienes de su propiedad.

 

Para resolver de tal modo, el “a quo”, haciendo mérito de las constancias aportadas a la causa, consideró que EDENOR S.A. incurrió en un incumplimiento objetivo de los deberes de prestación del servicio con ajuste a los parámetros de calidad con el que aquél debió ser brindado. En tal sentido, tuvo por acreditada la existencia de una sobretensión en el flujo eléctrico, que ocasionó la explosión de un monitor, dando esto origen al proceso ígneo que arrojó como resultado la concreción de numerosos perjuicios en los bienes de los demandantes. En función de ello, dispuso el pago de la indemnización por los daños patrimoniales causados en el edificio y en los bienes del grupo familiar.Por otra parte, admitió la procedencia de la pretensión relativa a los gastos de tratamiento psicológico, como así también del perjuicio moral irrogado a la totalidad de las accionantes. El monto total de la condena justipreciada por el sentenciante alcanza a la suma de $231.600. En lo concerniente a los intereses, dispuso que aquellos deberán liquidarse a partir del día siguiente al evento dañoso a la tasa que perciba el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Ello, con excepción de la suma correspondiente al tratamiento psicológico, que por tratarse de gastos aún no realizados, no devengará réditos sino con posterioridad al dictado de la sentencia.

 

II. Dicho pronunciamiento fue materia de apelación por parte de Edenor S.A. (fs. 567) y por los actores (fs. 569).

 

A fs. 573/577 fundan su expresión de agravios los demandantes, que en esencia finca en la exigüidad de los montos reconocidos por el “a quo” en concepto de resarcimiento por daños al edificio y a los bienes que se encontraban en él. En ese sentido, advierten que existió por parte del Magistrado un apartamiento de las pruebas rendidas en autos y que no han sido ponderadas de un modo adecuado.

 

Dichos agravios fueron respondidos en el escrito de fs. 589/590 por Edenor S.A., quien solicita la deserción del recurso de conformidad con lo normado por el art. 265 del Código Procesal.

 

La demandada expresó sus agravios a fs. 581/586. En prieta síntesis, sostiene que: a) Yerra el sentenciante al tener por probada la responsabilidad de EDENOR S.A. en la generación del foco ígneo que diera lugar al incendio.En ese sentido, advierte que no se encuentra acreditada la existencia de la sobretensión en el flujo eléctrico indicada por los accionantes como causa del siniestro; b) La falta de prueba en lo que respecta al origen del incendio, impide tener por configurado el nexo causal entre el hecho alegado y la responsabilidad que se pretende imputar a la accionada; c) Los montos indemnizatorios han sido fijados en modo irrazonable en tanto no se haya sustento probatorio alguno que justifique su cuantía.

 

Los accionantes hicieron uso del derecho de contestar estos agravios a fs. 593/597.

 

III.- Sentados así los términos en los que se encuentra debatida la cuestión traída a conocimiento de la Alzada, por razones de orden secuencial resulta prioritario tratar el tema de la responsabilidad que los actores imputan a la concesionaria del servicio público; y más precisamente si se encuentra acreditado el nexo causal tal como lo sostuvo el sentenciante haciendo mérito a las pruebas rendidas en la causa, extremo que es puesto en duda por Edenor.

 

Como punto de partida, debo puntualizar que la responsabilidad que se imputa a la demandada consiste en la omisión de la conducta debida en ocasión de la ejecución de las obligaciones preestablecidas en el Contrato de Concesión (Anexo I, art. 25, inc. a), e) y g) y Subanexo 4 punto 1) y en el Reglamento de Suministro (art. 4 inc. a). Ubicada la relación aludida en el ámbito de lo contractual -pues así lo ha encuadrado el “a quo”, no mereciendo esa subsunción crítica de las partes-, cabe recordar que la responsabilidad del deudor queda comprometida cuando se configuran los siguientes presupuestos: su incumplimiento; la imputabilidad de éste en razón de su culpa o dolo; el daño sufrido por el acreedor y la relación causal entre dicho incumplimiento y el daño antes referido. Basta que uno de esos recaudos fracase para que el demandado quede exento de responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad (conf.esta Sala, causas n° 2666/99 del 25.06.02; n° 8813/99 del 30.4.02; 13947/03 del 22.02.07, entre otras).

 

En razón de lo expuesto, válido es recordar que cuando nos referimos a la relación de causalidad entre el daño padecido y el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción (conf. BUSTAMANTE ALSINA, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 267); entendemos por tal, como expresa Atilio ALTERINI, la imputación o atribución material de determinado efecto a cierto sujeto de derecho (ver “Responsabilidad Civil”, pág. 135).

 

Por ello, no basta el incumplimiento de una obligación contractual sino que es además indispensable establecer el nexo de causalidad entre el efecto dañoso y el hecho que suscita la responsabilidad en cuestión (LLAMBÍAS, J.J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 2ª ed., t.I, nº 281; BUSTAMANTE ALSINA, J., “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, 5ª ed., nº 580; BORDA, G., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 4ª ed., t.II, nº 1313; y conf. esta Sala, causa 7113 del 27.3.90;). Por lo tanto, no alcanza con comprobar que un hecho ha sido antecedente de otro para considerarlo su causa eficiente, sino que a ese fin es menester que tenga, por sí, la virtualidad de producir semejante resultado. Es decir que el hecho haya provocado el resultado dañoso por virtud de su propia potencia generadora (conf. esta Sala, causas 6924 del 14.11.89; 5076/98 del 16.10.2001; etc.; LLAMBIAS, J.J., ob.cit., nº 289).

 

IV.- Ahora bien, a fin de determinar la causa eficiente del proceso ígneo que dio origen a los daños en el inmueble, es necesario sumergirse en la actividad probatoria de las partes.

 

En esa faena, me impresionan como de suma utilidad el informe técnico elaborado por la Superintendencia Federal de Bomberos y el dictamen pericial llevado a cabo por el Ingeniero Salvador PENA.En primer término, de las conclusiones emitidas por Federico PUNTARULO de la División Cuartel V “Belgrano”, surge que el incendio derivó de una “contingencia del tipo eléctrico” (ver fs. 16 de la causa 1072/08 que en este acto tengo a la vista). Tal información, como haré notar en lo sucesivo, reviste de trascendental importancia en la construcción del nexo causal, por tratarse de un dato no menor en cuanto al origen del foco ígneo. Debo destacar entonces, que la accionada guardó silencio con relación a lo informado por el Cuerpo de Bomberos. Nótese que aún cuando su producción lo fue en el marco de una medida de prueba anticipada de la cual no tuvo conocimiento hasta el momento del responde de la acción, en su primera presentación nada observó respecto a aquél informe, como así tampoco lo hizo en oportunidad de presentar su alegato (v. fs. 72/83 y 554/557).

 

Con relación a la experticia presentada a fs. 246/248, el perito describe que “una sobretensión temporaria puede ocasionar daños irreversibles e inclusive un incendio en un equipo electrónico como un monitor de pc” (v. fs. 247 r7-r8-r9). Corroborando los dichos del Ing. PENA, el consultor técnico de los accionantes agrega que “al aplicar una sobretensión a un equipo electrónico se producen. sobrecorrientes con consecuente sobreelevación de temperatura. En tales circunstancias se produce un aumento de temperatura y la llamada “avalancha térmica” que termina con la destrucción del equipo, fusión de materiales y formación de un foco ígneo” (v. fs. 261/261vta.). En el mismo sentido, el consultor de parte destaca que la máxima tensión según la norma IRAM 4029 art. 4.2.2.-aplicable al caso por tratarse de un aparato electrónico-, con que debe alimentarse un aparato de estas características no debe superar un 6% de la tensión nominal para la cual fue diseñado, y este valor resulta muy inferior a los 380 Volts que se producen en la línea de la compañía distribuidora debido a errores de maniobra (fs. 263). Agrega entonces que “la consecuencia esperable de 380 Volts sobre un aparato electrónico es la destrucción del mismo y el posible incendio” (fs. 263 -último párrafo-).

 

V.- Lo expuesto hasta aquí sugiere que la existencia de una sobretensión en el flujo eléctrico emitido por Edenor S.A., funciona como causa para dar origen a la ignición de un aparato electrónico, como lo es, el monitor de una PC. Sin embargo, resta analizar si efectivamente tal circunstancia aconteció, para de este modo tener por acreditados los extremos apuntados por la actora como sustento de la imputación de responsabilidad que le reprocha a la accionada. En este punto, la distribuidora eléctrica se queja pues entiende que mal hizo el “a quo” en tener por probado que efectivamente aconteció tal desperfecto, sobre la base de que ninguna constancia se aportó al respecto.

 

A mi juicio el agravio no puede prosperar, en tanto encuentro elementos de convicción que me persuaden para tener por ciertos los dichos en los que la actora sustenta su petición. En tal sentido, cobran trascendental importancia dos circunstancias probatorias que bien fueron apuntadas por mi colega de la anterior instancia, y en cuales también me basaré para fundamentar mi veredicto. Por un lado, de la prueba testimonial rendida en autos se desprende que el día en que ocurrió el siniestro se vivenció en los inmuebles linderos al de los accionantes inconvenientes en el suministro de la energía eléctrica. Con relación a ello, al ser interrogado respecto de lo acontecido en su hogar el día del suceso, el testigo Héctor Abelardo CABRERA, manifestó que “explotó un foco de luz en su casa” (fs.126). En igual sentido, la Sra. Irma Noemí PORTILLO BARÚA indicó que “ese día a la mañana se le había quemado un ventilador de techo y el foquito”, y luego describió que “primero empezó a bajar, a hacerse más fuerte y más leve la luz luego hizo chispa y se quemó la lamparita y el ventilador” (fs. 127). Por otra parte, el Sr. Juan José RABERTO, testificó que encontrándose en la cuadra donde se sucedieron los hechos, pudo escuchar al Jefe de Bomberos manifestar que el inconveniente que causó el incendio se debió a “un problema de tensión” (fs. 128). Concordante con ello, la testigo Paula Bettina SUSIC, al evacuar la quinta pregunta que se le formulara, manifestó que ella “estaba ahí en un momento y los bomberos cuando se acercó Adriana (madre del coactor) y le dijo que podría haber sido un alta de tensión, porque todos preguntaban que era lo que había podido generar el incendio, porque no había nada prendido” (fs. 136). Ahora bien, esta percepción de los hechos que los testigos evidenciaron al momento de ser interrogados, no mereció ninguna objeción por parte de la accionada. En este aspecto, es dable poner de resalto que la representación letrada de Edenor S.A. siquiera concurrió a las audiencias, circunstancia ésta que hubiera permitido, de así considerarlo pertinente, formular las oposiciones o repreguntas a fin de desvirtuar su valor probatorio. Ante la ausencia de elementos que me lleven a desechar los dichos volcados por los deponentes, me inclino por conferirle suficiente fuerza convictiva para tener por acreditado -junto con el aporte de los restantes elementos- que existió efectivamente el incumplimiento de la accionada (arg. arts.386 y 456 del C.P.C.C.N.).

 

VI.- Si no se coincide con mi apreciación acerca de la suficiente prueba directa obrante en el expediente para fundar una condena contra el prestador del servicio público, juzgo que en el caso existen -cuanto menos- presunciones con fuerza probatoria, que permiten arribar a la conclusión de que efectivamente el incendio tuvo su origen en una sobretensión en el flujo eléctrico, configurando esto un desperfecto en la prestación del servicio cuyas consecuencias dañosas deben ser soportadas por quien tenía a su cargo la obligación contractual (arg. art. 163 inc. 5° C.P.C.C.N.).

 

A mayor abundamiento, no es posible soslayar que parecería que la demandada era quien se encontraba en mejores condiciones profesionales y técnicas para probar en este juicio la inexistencia del golpe de tensión alegado por la actora. Y esto no implica, tal como lo sostiene la quejosa en sus agravios, la prueba de un hecho negativo. Sólo bastaba con acreditar que el suministro fue prestado de modo regular en ese día, en cambio Edenor S.A. optó por no aportar prueba al respecto.

 

Es por ello que, la falta de toda prueba traída por esta parte, autoriza a extraer presunciones que no la favorecen. Por ejemplo, posibles registros propios, que pueda tornar aplicable el art. 388, Código Procesal (conf. esta Sala causa 8073 del 30.8.91 y sus citas, entre muchas otras). No desconozco que, como principio, incumbe al reclamante acreditar la negligencia imputada a la distribuidora eléctrica. Pero no es menos correcto que pesa también sobre ésta el deber jurídico y moral de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, ponderando que muchas veces -tal lo que aquí ocurre- es Edenor quien está en mejores condiciones de aportar los elementos enderezados a la consecución de ese fin (conf. esta Sala causas:5131 del 2.2.88; 7933 del 2.7.91; 7994 del 22.5.91; 61 del 1?.12.92; 7474/92 del 9.11.94; 6602/94 del 10.12.94, etc.; MORELLO, A., “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”, ED-132-953; PEYRANO, J., “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LL-1991-B-1034; y “Fuerza expansiva de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”, LL supl. diario del 22.4.96).

 

En un pleito de estas características entablado por un usuario (profano) contra un concesionario de servicios públicos (poseedor del “know how”), quien mejor podría ilustrarnos sobre las causas y proyecciones del siniestro es Edenor. Además vuelvo a recordar que, por tratarse de la prueba de hechos tendientes a dilucidar si la demandada se comportó en la hipótesis sin omitir “las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancia de personas, del tiempo y del lugar” -arts. 512 y 902, Código Civil-, resulta admisible recurrir a todo tipo de pruebas, inclusive la de presunciones (arg. art. 163, inc.5?, Código Procesal). A lo que agrego que, el curso natural y ordinario de las cosas, indica que un monitor en estado de reposo difícilmente pueda ocasionar un incendio, pero sí que -tal como dijo el perito y reafirmaron los testigos- un cambio en la corriente eléctrica pueda operar como causa eficaz para desencadenar la explosión que dio origen a la ignición (conf. arg. arts. 901, 903 y 904 del Código Civil).

 

VII.- Por último, también debe desecharse el planteo introducido por la demandada con relación a que los actores no adoptaron las medidas de seguridad mínimas e indispensables, incurriendo ellos en una negligencia que los hace responsables por su propia conducta (fs. 75).

 

Sobre este punto, a diferencia de lo que este Tribunal resolvió en los precedentes “Diaz, Diego y otro c/ Edesur S.A. y otro s/ daños y perjuicios” del 18.8.11 y “Agüero, Ángel Pedro y otros c/ Edenor S.A.s/ daños y perjuicios” del 24.11.11, en los cuales se eximió de responsabilidad a las distribuidoras de energía eléctrica por haberse demostrado que el daño se originó exclusivamente en las deficientes condiciones de seguridad de las viviendas; en el sub-examine no ha quedado demostrada, según las pruebas arrimadas, la concurrencia de aquél presupuesto. En efecto, el perito ingeniero, afirmó que “el tipo de protección que debe emplearse contra sobretensiones en la línea, se denomina Descargador de Sobretensión en sus diversas Versiones comerciales y no son de uso obligatorio en las instalaciones domiciliarias ni son exigidos por las distribuidoras de electricidad a sus clientes” (v. fs. 247). En este aspecto, destaco que las impugnaciones formuladas por la accionada en su presentación de fs. 267, nada aportan para desvirtuar las conclusiones referidas por el experto.

 

De lo expuesto se colige que no se encontraba en cabeza de los actores deber jurídico alguno de contar con aparatos tendientes a disminuir los efectos perjudiciales que un cambio en la tensión emitida por la distribuidora pudiera irrogarle en sus bienes. La plataforma fáctica y normativa que se configura en autos, que difiere a la de los supuestos mencionados en los cuales al momento de emitir mi voto propuse una solución distinta a la aquí planteada, permite aseverar que no existió negligencia en el actuar de los usuarios en tanto la conducta de aquellos en nada incidió en la consecución del resultado dañoso.

 

En cuanto al caso “Guasco” citado por la demandada para sustentar su postura, destaco que no se advierten en estas actuaciones circunstancias de hecho y de prueba que permitan adoptar la misma solución a la que arribaron mis colegas de la Sala III de esta Cámara. En efecto, y según se desprende de los argumentos tenidos en cuenta para rechazar la demanda, en el marco de la referida causa los accionantes no pudieron demostrar la existencia del incumplimiento por parte de Edenor.Tal es así, que la única prueba que justificó su postura consistió en el aporte testimonial, no validado por la experticia técnica ni por el informe de los Bomberos Voluntarios. Sólo a efecto de ser ilustrativo, recuerdo que en aquél supuesto, los demandantes contaban con armas de fuego en el inmueble siniestrado, circunstancia que dista de lo que efectivamente sucedió en la presente litis (ver en ese sentido, considerando 2, causa “Guasco Julio Jorge y otro c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios” , del 17/05/12).

 

VIII.- Establecida la responsabilidad de Edenor S.A. en el hecho generador de los daños, resta dar tratamiento a los agravios que los recurrentes esgrimen con relación a la existencia de los perjuicios y su cuantía.

 

En primer término, en orden a las manifestaciones vertidas por la demandada en punto a la presencia de los daños, corresponde recordar que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen técnicamente una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, debiendo en tales casos, declararse desierto el recurso (conf. esta Sala, causa “Magnarelli” del 19.11.10).

 

Desde este punto, la parte sólo refiere en breves párrafos que a lo largo de la causa la actora no ha logrado probar la efectiva concreción de los perjuicios con motivo del siniestro.

 

Tal aseveración, al margen de carecer de sustento probatorio alguno, no puede ser atendida a poco que se repare que los daños padecidos en ocasión del incendio han quedado efectivamente demostrados con la prueba aportada (v. informe técnico obrante a fs. 6/10, certificados de denuncias a fs. 279/282, pericial psicológica fs.230/242, entre otras). Ello, aún cuando exista una certera dificultad -a la que haré referencia al tratar las quejas de los actores- en determinar la cuantía que corresponde asignar a cada una de las pretensiones, extremo éste que no fue cuestionado por Edenor S.A. en tanto, en definitiva, no esgrimió agravio concreto con relación a los montos conferidos para cada uno de los rubros reclamados.

 

Por lo expuesto, propicio declarar parcialmente desierto el recurso de la accionada en lo que respecta al punto IV. e) de su expresión de agravios.

 

IX.- Llega el turno de abordar las quejas propuestas por los accionantes que refieren a la exigüidad de las sumas reconocidas en el dispositivo recurridos con relación a los daños sufridos en el edificio y en los bienes que el inmueble contaba al momento en que aconteció la ignición.

 

En primer término, aclaro que luego de formular una compulsa detallada de las pruebas rendidas en la causa, comparto en cierto modo la conclusión a la que arriba mi colega de la anterior instancia en cuanto a la carencia probatoria en la que incurrió la parte actora al momento de probar el “quantum” de los perjuicios efectivamente acreditados. Sin embargo, como se verá, propondré al Acuerdo una solución distinta en lo que refiere al valor que debe reconocérsele a los daños sufridos en la vivienda, pues al margen de reconocer la simpleza del informe elaborado por la perito oficial, entiendo que se trata un dato relevante que me orienta para la estimación de la cuantía que debe reconocerse por este item.

 

Como punto de partida, reitero que las pruebas arrimadas a la causa abonan los extremos sostenidos por los accionantes en cuanto a la generación de daños que afectaron su propiedad. Sólo basta referir a las fotografías del domicilio de los actores (fs. 7/8), las actas policiales labradas como consecuencia del hecho (fs. 279/282), las declaraciones de los testigos (fs. 126/128), el informe del cuerpo de bomberos (fs.16/17 de la causa n° 1072/2008), entre otras evidencias, para entender que de lo que aquí se trata es de intentar cuantificar la magnitud de esos perjuicios, encontrándose fuera de toda duda que efectivamente aquellos concurrieron.

 

En punto a los daños causados en la estructura edilicia, los apelantes centran sus criticas en la falta de ponderación del acta de constatación efectuada por la Escribana Ana María GNECCO (fs. 35) y el informe presentado por la perito arquitecta Ana MEREGA (fs. 165/171).

 

Con relación al acta notarial, debo decir que más allá de la descripción general del mal estado en el que se encontró el inmueble situado en la calle Girardot, nada aporta a la hora de estimar el “quantum” de las afecciones causadas en la estructura arquitectónica. Por ello, no quita ni pone a la hora de revisar la acreencia de los actores la referida prueba, en tanto de aquella se desprende la sola concreción de los daños, circunstancia ésta que no ha sido pasada por alto por el sentenciante.

 

Ahora bien, centrando el análisis en la prueba pericial obrante a fs. 165/171, como ya adelanté, debo advertir que para revisar la suma otorgada por el “a quo”, tomaré sólo como pauta orientadora lo informado por la perito arquitecta. Para concluir su dictamen pericial, MEREGA informó que la descripción del inmueble, “la cual ejemplifica los trabajos ejecutados y los faltantes, sirve de base para ponderar los precios de plaza relativos a materiales y mano de obra necesarios para concretarlos, teniendo en cuenta nivel medio de construcción”. De conformidad con ello, concluye que el precio “por la reconstrucción de los daños ocasionados por el incendio a la vivienda de autos asciende a $85.000” (fs. 171). Sin embargo, y aún cuando no ha merecido critica alguna por parte de Edenor S.A., pese a encontrarse debidamente notificado de acuerdo a las constancias de la causa (v. cédula glosada a fs.159), no me ceñiré únicamente a aquella suma, pues no puedo dejar de ponderar otros extremos que me parecen relevantes a la hora de la fijación del monto a reconocer por el rubro. En ese sentido, y advirtiendo que la experta informó que a la hora de elaborar el dictamen ya se encontraban refaccionadas algunas de las averías, destaco que los actores debieron acreditar en debida forma las erogaciones efectivamente realizadas antes de la labor pericial. Nada de ello aconteció y por ese motivo, me permito apartarme de la cifra que informa la experta en sus conclusiones periciales, la que me impresiona un tanto elevada y por ello, sugiero fijar el monto por este rubro en la suma de $65.000.

 

Por lo expuesto, entiendo que debe hacerse lugar a la queja de los actores, debiendo elevarse el daño material derivado de los perjuicios irrogados al inmueble a la suma de $65.000.

 

X.- Por último, resta analizar las críticas efectuadas con respecto al monto otorgado en concepto de “daños a los bienes del grupo familiar”.

 

Sobre este punto, debo decir que la prueba pericial presentada por el perito tasador a fs. 333/338 responde a la valoración de un listado de objetos denunciados por los actores, que no ha sido acreditado mediante ningún aporte probatorio que avale la denuncia unilateral de su existencia. En ese sentido, la parte pudo acreditar aquél extremo mediante testigos, documentación o pólizas de seguro, sin desplegar ninguna actividad tendiente a constatar la objetividad de sus dichos. Esta circunstancia, me persuade como suficiente para desechar el significativo monto de $557.337 que surge de la prueba pericial (fs. 338), pues una solución distinta a la que propicio conduciría a justipreciar en exceso un daño que no ha quedado certeramente acreditado.

 

Sin embargo, atendiendo la magnitud del incendio que se propagó en los ambientes destinados al living y comedor (v.informe de Bomberos antes indicado), que presumiblemente contaban con el mobiliario destinado a su propio uso, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 165 del Código Procesal, cuyo párrafo final faculta al Juez a la estimación directa de los daños reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto (conf. Sala III, de este fuero, causas 1281/93 del 12.4.96, 5094/92 del 9.5.95; FASSI-YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial”, T. 1, pág. 827), considero apropiado el monto reconocido por el “a quo” en este concepto. En otras palabras, evidenciados los daños en los bienes de propiedad de los accionantes y dada la ausencia e ineficacia de prueba relativa a la cuantía que corresponde reconocer, no queda otra alternativa que hacer uso de las facultades emergentes del art. 165 del Código Procesal. Por lo que considero adecuado confirmar la suma de $85.000 con relación a los daños producidos en los bienes del grupo familiar.

 

XI. En atención a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo de la cuestión y modificarla con relación al monto reconocido en concepto de daños edilicios, el cual se eleva a la suma de $65.000. Las costas de ambas instancias deberán sufragarse en el orden causado, atento a las dificultades técnicas y probatorias que exhibe el conflicto y la existencia de precedentes que pudieron llevar a la demandada a creerse con derecho a resistir la pretensión de los actores (art. 68 2° párrafo C.P.C.C.N.).

 

Los doctores Graciela Medina y Ricardo Víctor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhieren al voto que antecede.

 

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo de la cuestión y modificarla con relación al monto reconocido en concepto de daños edilicios, el cual se eleva a la suma de $65.000. Las costas de ambas instancias deberán sufragarse en el orden causado, atento a las dificultades técnicas y probatorias que exhibe el conflicto y la existencia de precedentes que pudieron llevar a la demandada a creerse con derecho a resistir la pretensión de los actores (art. 68 2° párrafo C.P.C.C.N.).

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

 

GRACIELA MEDINA

 

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

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