El Colegio de Abogados multó a un profesional que abusó de la relación de confianza de su cliente, violentando el Código de Ética

escudocpacf

Partes: A. A. B. c/ CPACF(EXPTE 19829/05) s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 29-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82953-AR | MJJ82953 | MJJ82953

Se confirma la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina del CPACF, que impuso una multa a un matriculado en virtud de que el accionar de éste violentó el deber de lealtad, probidad y buena fe prescripto en el Código de Ética.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que impuso al recurrente una multa de $ 20.000, prevista en el inciso c, del art. 45 de la ley 23187, por violación de lo dispuesto por los arts. 44 incs. e, g, y h , de esa ley y arts. 10, inc. A y 19 inc. A , del Código de Ética, en virtud de que el matriculado en el marco de las tareas supuestamente encomendadas por un cliente abusó de la relación de confianza, y su proceder violentó el deber de lealtad, probidad y buena fe prescripto por el art. 6º inc. e , de la ley 23187 y art. 10, inc. a, del Código de Ética.

2.-Corresponde rechazar el planteo de nulidad del procedimiento sustentado en la omisión de la audiencia de vista de causa, en atención a que en virtud del art. 10, inc. 5º, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina, esta audiencia debe ser designada fin de que se reciba la prueba testimonial o, en su caso, las explicaciones de los peritos, hipótesis que no se configuraron en la especie toda vez que sólo se ofreció y produjo prueba documental e informativa. Asimismo, el recurrente no planteó en esa etapa y ni siquiera hizo reserva de hacerlo con posterioridad la nulidad de lo actuado con sustento en la mentada omisión, encontrándose precluida la oportunidad para hacerlo. El recurrente no ha invocado, concretamente, los perjuicios que supuestamente causó la alegada nulidad, como así tampoco las defensas jurídicas de que se vio privado el profesional sancionado.

3.-Corresponde rechazar los planteos del accionante, y ratificar la sanción impuesta, en atención a que la revisión judicial de las sanciones estipuladas por el Tribunal de Disciplina, está limitada a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria, y en el caso, la conducta desarrollada por el abogado recurrente pone de manifiesto el incumplimiento de los deberes que el ejercicio de su profesión le impone respecto de sus clientes, de los terceros que se pueden ver perjudicados por su desaprensivo obrar, así como de los tribunales de justicia a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, máxime si se tiene en cuenta lo previsto por el art. 15 del reglamento citado respecto de la independencia de las acciones penales y los sumarios infraccionales originados por un mismo hecho y que a criterio de este Tribunal se advierte la violación de los principios alegada por su apoderado.

4.-La determinación y graduación de la intensidad de las sanciones aplicadas, es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad.

Fallo:

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013.-

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 274/285 por el sancionado contra la resolución obrante a fs. 253/256; y CONSIDERANDO:

I. Que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició actuaciones sumariales contra el abogado A. B. A., como consecuencia de la denuncia efectuada por el doctor Otaegui, en representación del señor Jorge Oscar Rosiere.

La aludida denuncia hace referencia -en síntesis- a que el letrado, aprovechándose del estado de salud psicofísico de M. E. C. y P. M. que le impedía comprender sus actos, había logrado que ella le confiriera un poder amplio de administración que utilizó para cerrar las cuentas bancarias de la mandante y apoderarse de parte del dinero allí depositado y que lo instituyera como heredero universal mediante el otorgamiento de un testamento. Aseguró que la conducta antijurídica se había llevado a cabo con la connivencia de la dama de compañía de la perjudicada y de la escribana que había suscripto las correspondientes escrituras públicas (confr. fs. 45/48).

II. Que la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio, mediante resolución del 18 de diciembre de 2012, impuso al mencionado abogado una multa de $ 20.000, prevista en el inciso c, del art. 45 de la ley 23.187, por violación de lo dispuesto por los arts. 44 incs. e, g, y h, de esa ley y arts. 10, inc. a y 19 inc. a, del Código de Ética.

Para resolver de ese modo, el tribunal manifestó que de la profusa labor desarrollada en el marco del expediente penal Nº 58.508/00 caratulado “A. y otras s/ defraudación a un menor o incapaz”, en el que se declaró extinguida por prescripción la acción incoada contra el profesional, surgían elementos suficientes para tener por debidamente acreditado que el matriculado en el marco de las tareas supuestamente encomendadas por la señora C.había abusado de la relación de confianza que mantenía con ella.

Aseveró que aquél se había valido del poder general otorgado por la prenombrada para cerrar las cuentas bancarias que poseía en el BankBoston, sucursal Flores, a fin de trasladar los fondos cuentas propias abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Indicó que, a tal fin había abierto otras cuentas en la citada entidad a la orden conjunta de él y su mandante y de allí efectuado extracciones importantes transfiriendo el saldo a las aludidas cuentas propias el 3 de septiembre y el 1º de noviembre de 1999.

Asimismo aludió al informe psiquiátrico efectuado por el Cuerpo Médico Forense en el que los facultativos habían afirmado que el síndrome psicoorgánico que presentaba su clienta ya se encontraba instalado en su totalidad clínica y con carácter severo y que los actos formalizados por ella el 23 de agosto de 1999 (otorgamiento del poder general en su favor) y el 26 de octubre de ese año (escritura mediante la que se lo instituía como heredero universal al igual que a su dama de compañía) se encontrarían viciados por tal circunstancia.

Puntualizó que los hechos analizados merecían reproche toda vez que se había violentado lo prescripto por los arts. 44, inc. d, de la ley 23.187 y 19, inc. c, del Código de Ética que imponía a los abogados el deber de abstenerse de disponer de los bienes o fondos de sus clientes, aunque fuera temporalmente, toda vez que las explicaciones ensayadas por el profesional en punto a la autorización y el destino de aquéllos no generaban convicción respecto de la inexistencia del elemento subjetivo que toda falta ética requería para su configuración.

Agregó que su proceder había violentado el deber de lealtad, probidad y buena fe prescripto por el art. 6º inc. e, de la ley 23.187 y art. 10, inc.a, del Código de Ética, siendo estos los deberes fundamentales de los abogados.

Acotó que la actuación del profesional debía revelar un tratamiento prolijo y ético de las cuestiones de cualquier índole que se le encomendaran lo cual, a la luz de las constancias de la causa, no había sido debidamente valorado por el doctor A. en ocasión de disponer de los fondos de su cliente.

III. Que, contra dicha resolución, el apoderado del sancionado dedujo recurso de apelación (cfr. fs. 274/285).

Expresó, en primer término, que en el sumario se había violado el principio del debido proceso toda vez que no se había realizado la audiencia de vista de causa prevista por los arts. 10 y 10 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina. Tal omisión había privado a su mandante de ser oído por sus pares. Sobre esta base, solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado e hizo referencia a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en la causa “Machado” (Fallos: 334:1372), que consideró aplicable al caso.

Señaló, asimismo, que la decisión impugnada no se encontraba debidamente fundada ya que, en franco apartamiento de los principios de “no aplicación extensiva” y de “analogía”, se había decidido sobre la base de presunciones en contra de su cliente carentes de sustento fáctico.

Agregó que la señora C.había otorgado un poder amplio en favor del letrado estando en pleno uso de sus facultades en el marco del cual había efectuado los cierres y aperturas de cuentas que individualizó, acotando que la transferencia hecha a una cuenta abierta por aquél en la ciudad de América tenía su razón de ser en que ese era su lugar de residencia y desde el cual desplegaba su mandato, quedando un saldo dinerario a la orden del juzgado donde tramitaba la inhabilitación.

Indicó que el letrado asimismo había efectuado trámites referentes a los contratos de arrendamiento de campos de su poderdante y a la bóveda familiar en Chacarita, así como gestiones con los asesores contables de aquélla y todos estos hechos y actos jurídicos habían sido aprobados por ella mediante notas del 10 de septiembre y 15 de octubre de 1999 cuya autenticidad no había sido cuestionada en ninguna de las causas tramitadas contra el doctor A., en especial por el curador designado en el proceso de inhabilitación de la causante.

Aludió a que no se había configurado una “retención indebida” de los bienes de la señora Cobodevilla por parte del abogado y agrego que “siendo el mandato un contrato que obliga a rendir cuentas” (sic) nadie le había pedido que las rindiera.

Afirmó que la causante había fallecido siendo una persona hábil surgiendo tal circunstancia de la pericia efectuada por la doctora Rosa Liliana Rosaminer (que reseñó) que refutaba la tomada en cuenta en la resolución en crisis. Hizo hincapié en que la causa penal iniciada por administración fraudulenta en concurso ideal con circunvención de incapaces en contra de su mandante había finalizado por prescripción de la acción.

A continuación hizo una reseña de las demás causas judiciales relacionadas con las partes de las que concluyó principalmente que la señora C.poseía capacidad al momento de otorgar el poder y firmar el testamento.

En otro orden de ideas, consideró que se habían violado respecto de su cliente los principios de “inocencia”, “in dubio pro matriculado” e “interpretación más favorable”, toda vez que no se encontraban debidamente probados los extremos en que se había sustentado la sanción y de “razonabilidad” en cuanto no existía equilibrio entre el fin perseguido por aquélla y el medio empleado para su consecución, por lo que se había configurado un exceso en el ejercicio de la facultad de punición.

IV. Que corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo contestó a fs. 301/302 vta.

V. Que, oportunamente, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante (fs. 304).

Consideró que no encontraba en la especie óbices que impidieran declarar la admisibilidad formal del recurso.

VI. Que, previo a tratar los agravios esgrimidos por las partes, cabe recordar que el tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo a aquellas que sean conducentes para resolver el concreto conflicto (confr. Fallos: 258:304; 262:222; 291:390, entre otros).

VII. Que, respecto de la omisión de la audiencia de vista de causa, cabe señalar que según el art. 10, inc. 5º, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina ella debe ser designada fin de que se reciba la prueba testimonial o, en su caso, las explicaciones de los peritos, hipótesis que no se configuraron en la especie toda vez que sólo se ofreció y produjo prueba documental e informativa.

Si bien ello es suficiente para descartar el agravio planteado, a mayor abundamiento, no puede soslayarse que cumplido por el Tribunal de Disciplina el procedimiento en cuanto citó a las partes para alegar, el recurrente no planteó en esa etapa y ni siquiera hizo reserva de hacerlo con posterioridad la nulidad de lo actuado con sustento en la mentada omisión, encontrándose precluida la oportunidad para hacerlo (fs.245/246).

Aún más, en el escrito en examen, si bien solicitó la nulidad del procedimiento por ese motivo, lo cierto es que no invocó las defensas de las cuales se habría visto privado de oponer, resultando insuficiente la alusión a que resultaba de vital importancia haber sido escuchado en forma directa por sus pares.

En tales términos, es oportuno recordar que tiene dicho este Tribunal que el litigante que pretende la declaración de nulidad de las actuaciones de conformidad con lo prescripto en los artículos 169 y siguientes del código procesal, debe necesariamente mencionar de un modo expreso el perjuicio que el vicio le causa y el interés jurídico que procura subsanar, siendo insuficiente a tal efecto la invocación genérica de principios o garantías constitucionales o el uso de fórmulas imprecisas (conf. exigencia que emana del artículo 172 del código de rito) (conf., “Impsat S.A. c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”, sentencia del 21-12-1995 y “Alonso Mario Oscar (TF 9341.-I) c/D.G.I.”, sentencia del 15-10-1998, entre muchos otros).

Asimismo, se ha sostenido que adoptar un temp eramento diferente significaría contradecir el principio que no admite la declaración de nulidad sin perjuicio, ni la nulidad por la nulidad misma (conf., esta Sala, “Caligiuri Pedro c/ Resolución 29.792/04 -Superintendencia de seg”, sentencia del 9-8-2005, “Canet Lilia Viviana c/ EN – M° Desarrollo Social – DGI”, sentencia del 14-2-2006, entre otros; y, doctrina de la CSJN, Fallos: 314:290; 319:119; 320:1611; 322:507; 324:1564, entre otros).

En el caso, como se adelantó, no se han invocado, concretamente, los perjuicios que supuestamente causó la alegada nulidad, como así tampoco las defensas jurídicas de que se vio privado el profesional sancionado.

Por último, a efectos de despejar cualquier duda al respecto, es menester señalar que la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el caso “Machado” (Fallos:334:1372) no resulta aplicable al caso en cuanto las circunstancias de hecho tenidas en cuenta para decidir en esa causa son harto diferentes a las del sub lite.

Nótese al respecto, que en aquel pronunciamiento se hizo mérito especialmente en que el pleno del Colegio, al dictar un acto sancionatorio, se había referido expresamente a lo actuado en la audiencia de vista de causa que no había sido realizada, sin dar oportunamente las explicaciones correspondientes a la inclusión de tal referencia en dicho acto, no habiendo la Sala III de este fuero evaluado debidamente el agravio que daba cuenta de lo reseñado.

VIII. Que, despejado el óbice procedimental analizado, respecto de la cuestión de fondo planteada, es preciso recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala I, “A. I. W. A.c/ Colegio Público de Abogados del Capital Federal”, sentencia del 29/8/00; Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27/07/09; esta Sala, “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)” sentencia del 4/08/11 y “Gini Reynaldo Samuel c/ CPACF (Expte 24784/09)”, sentencia del 5 de junio de 2012, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la infracción profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de ese tipo de faltas, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Álvarez, Teodoro c/ CPACF”, el 16 de agosto de 1995, esta Sala “Ponce” y “Gini” ya citadas, entre otras).

IX. Que, en ese marco, cabe adelantar que los agravios del recurrente no son suficientes para enervar los fundamentos de la resolución que se impugna.

Es que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la resolución sancionatoria que justifique su revocación o modificación por parte de esta Cámara.

Por el contrario, la conducta desarrollada por el abogado pone de manifiesto el incumplimiento de los deberes que el ejercicio de su profesión le impone respecto de sus clientes, de los terceros que se pueden ver perjudicados por su desaprensivo obrar, así como de los tribunales de justicia a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, máxime si se tiene en cuenta lo previsto por el art. 15 del reglamento citado respecto de la independencia de las acciones penales y los sumarios infraccionales originados por un mismo hecho y que a criterio de este Tribunal se advierte la violación de los principios alegada por su apoderado.

X.Que, respecto de la intensidad de la sanción aplicada, cabe destacar que en numerosas oportunidades se ha señalado que su determinación y graduación es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re “Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -Disp 76/08 (Expte B-9828/06)”, 2/11/10, “OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)”, 7/6/11, entre otras).

En el caso, el importe de la multa fijado en autos no aparece como manifiestamente arbitrario si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida, ni resulta desproporcionado ponderando la falta que se imputa y las circunstancias de hecho comprobadas en la causa, sin que exista, por lo tanto, mérito suficiente para modificar la sanción impuesta (cfr.

Fallos: 313:153, considerando 6°; 321:3103, considerandos 4° y 6°).

XI. Que, en conclusión, por las consideraciones expuestas, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados, no se advierte en autos la existencia de arbitrariedad, vulneración del derecho defensa, ni desproporción manifiesta entre la sanción aplicada al doctor A. y la infracción cometida, razón por la cual corresponde rechazar la apelación deducida; con costas.

XII. Que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6°, 7°, 8° -modificado por el art. 12, inciso e), de la ley 24.432-, 9°, 19, y lo preceptuado en los arts. 37 y 38 -por analogía- y concordantes de la ley 21.839, habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción de multa impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 301/302 vta.), corresponde regular en la suma de cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200) los honorarios del doctor Juan Pablo Echeverría, quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1) Rechazar la apelación deducida contra la resolución de fs. 253/256; con costas (art. 68 del CPCyCN).

2) Regular en . pesos ($) los honorarios profesionales del doctor Juan Pablo Echeverría.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

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