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No se configura la legítima defensa del demandado que le disparó al joven por robar combustible de su camión cuando ya estaba huyendo.

shutterstock_127612409Partes: G. I. R. y ot. c/ V. H. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea

Fecha: 13-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-81684-AR | MJJ81684 | MJJ81684

No se configura la legítima defensa que exima de responsabilidad al demandado por la muerte de la víctima, pues éste le disparó al joven por robar combustible de su camión, habiendo impactado el proyectil cuando aquél ya estaba huyendo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y prejuicios incoadas por los padres de la víctima fallecida, rechazando la legítima defensa opuesta por el demandado, pues surge probado que éste le disparó al joven por robar combustible de su camión, habiendo impactado el proyectil cuando aquél ya estaba huyendo, lo que descarta la vigencia de la agresión y por ende, la temporaneidad de la defensa.

2.-La legítima defensa sólo puede considerarse necesaria si es oportuna, es decir, si su ejercicio ha sucedido en tiempo a propósito y cuando conviene, aunque una defensa justificada desde el punto de vista de la oportunidad de su ejercicio puede no ser necesaria por la manera como fue ejercitada, esto es, por el medio defensivo utilizado.

3.-La oportunidad de ejercer la conducta defensiva legitimante abarca el lapso durante el cual la misma está en condiciones de satisfacer la finalidad protectora del derecho asignada a esta justificante: aquel período en que actuar en defensa sea racionalmente necesario para preservar el bien jurídico en peligro.

4.-La acción u omisión es racionalmente necesaria como defensa si guarda proporción con la agresión que la determina, vale decir, cuando implica un empleo adecuado de los elementos de defensa de que se dispone con relación al ataque.

Fallo:

En la ciudad de Necochea, a los 13 días del mes septiembre de dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: «G., L. R. y ot. c/V., H. E. s/Daños y perjuicios» habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Humberto Armando Garate, Oscar Alfredo Capalbo, y Fabián Marcelo Loiza, habiendo cesado en sus funciones el Dr. Garate (Decreto del P.E.N. nº 200 del 13 de mayo de 2013).

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª.¿Es justa la sentencia de fs. 388/395? 2a.¿Qué pronunciamiento corresponde?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:

I) Conforme surge de las constancias de autos a fs. 388/395 el Sr. Juez de grado dictó sentencia en la que resolvió I) Hacer lugar a la demanda instaurada por L. R. G. y M. N. G. contra H. E. V. sobre daños y perjuicios; II) Condenar al demandado a pagar al actor L. R. G. la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-) y a la actora M. N. G. la suma de pesos ciento sesenta mil ($160.000.-), en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia, con más los intereses calculados de conformidad con la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días desde la mora y hasta el efectivo pago; III) Imponer las costas del juicio al demandado vencido, IV) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que obren pautas para tal fin.

Contra dicho pronunciamiento a fs.396 y 400 interponen recurso de apelación los actores y el demandado respectivamente, obrando los agravios a fs. 425/438 y fs. 415/421.

II). Agravios del demandado:

1. En el primer agravio que el recurrente denomina «Nexo causal», expresa que «el a quo omite analizar la situación en que se dio la circunstancia del uso del arma de fuego y tampoco analiza la culpa de la víctima como causal eximente de la responsabilidad del suscripto».

Expresa que «omite en primer lugar analizar pormenorizadamente la conducta de Javier Andrés García quien conforme se encuentra acreditado en autos, el día 10 de septiembre de 2003, a las 3 de la mañana se encontraba violentando un bien de mi propiedad conforme surge de la instrucción policial», de la causa penal caratulada «V., H.E. Homicidio en relación al art. 35 C.P- Víct. J. A. G.».

Señala que «el suscripto utilizó el arma para defender su patrimonio ante la plena flagrancia de un delito sobre su patrimonio, utilizando un medio idóneo para la defensa de sus bienes y su persona».

Destaca que «aquí es donde se corta el nexo causal de la responsabilidad objetiva de la cosa riesgosa, porque precisamente si no hubiera sido por la conducta delictiva de Javier Andrés García, no se hubiera sucedido el desenlace fatal mediante el uso del arma de fuego, ya que García no pasaba caminando como un transeúnte a las 3 AM, en plena oscuridad, sino que estaba ejerciendo una actividad delictiva, conforme se encuentra probado en los presentes actuados».

Expresa luego que «el suscripto nunca tuvo intención de dañar a persona alguna, sólo quería alejar a la persona que me estaba robando.

Los disparos no fueron realizados con el propósito de lastimar.Prueba de ello es la calificación que se le dio en sede penal al incidente ocurrido».

Añade que «esta situación corta el nexo causal de plano, y exonera al suscripto de toda responsabilidad, toda vez que se encuentra acreditada con creces la culpa de la víctima».

Solicita en consecuencia se meritúe «la incidencia del riesgo y el obrar ‘doloso’ del dañado, en se caso, Javier Andrés García, que ha obrado con exclusiva culpa y responsabilidad en el evento que nos ocupa».

2. En su segundo agravio el apelante se refiere a los daños resarcibles.

2.1. Respecto del daño patrimonial, expresa que «debe considerarse en esta situación que el hijo de los actores no realizaba una actividad lícita al momento de su fallecimiento, todo lo contrario. En este caso, y de acuerdo a lo que surge de la causa penal, la víctima con sus antecedentes penales, era una carga para sus padres más que un beneficio».

Expresa que «el hecho de que la víctima conviviera con sus padres, no hace presumir que aportara a la economía familiar», por lo que – concluye el recurrente- «causa un perjuicio irreparable al patrimonio del suscripto que atenta contra el derecho constitucional de propiedad (art. 17 CN) que se pueda estimar como prudente, razonable y equitativo establecer un monto de indemnización en concepto de daño patrimonial por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000-) para cada uno de los progenitores».

2.2. Con relación al daño moral, señala que «la víctima se encontraba actuando ilícitamente, asumiendo todos los riesgos que implica un actuar delictivo en la nocturnidad y por tal motivo no se puede resarcir un daño que surge de una actividad ilícita como surge del caso de marras y de la causa penal que se encuentra acreditado que la víctima al momento de su deceso se encontraba ejerciendo una actividad delictiva sobre los bienes del demandado.Esta situación corta el nexo causal con el demandado tal como se manifestara en el primer agravio».

Aduce que «resulta contrario y violatorio del derecho constitucional de propiedad del suscripto que se le obligue a abonar una indemnización a favor de los padres».

2.3. En cuanto al daño psicológico señala el recurrente que los fundamentos expuestos en el punto anterior, debe desestimarse la aplicación de una indemnización a favor de la actora Sra. Guariglia de pesos diez ($10.000-) por ser violatorio del derecho constitucional de propiedad, causando al suscripto un gravamen irreparable.

2.4. Por los fundamentos expuestos precedentemente, a los cuales se remite por economía procesal, expresa el apelante que «debe además rechazarse la sentencia y la aplicación de intereses a la misma, por ser arbitraria y violatoria del derecho de propiedad del suscripto».

3. Por último y también remitiéndose a los argumentos ya expuestos, solicita se revoque la aplicación de costas a su parte, «por causar un daño irreparable al patrimonio del suscripto».

III) 1.Que a fin de otorgar una adecuada respuesta a los agravios vertidos por el demandado en torno a la responsabilidad, y en virtud de la insoslayable máxima iura novit curia, entiendo que en el caso han de aplicarse los principios atinentes a la responsabilidad subjetiva; en ese orden de ideas, más allá de que en la instancia se calificó como culposo, aún cuando había serios elementos como para atribuir al hecho la calidad de doloso, lo cierto es que en el caso lo que se esgrime a fin de exonerarse de responsabilidad resulta ser la causal de legítima defensa que excluiría la antijuridicidad del hecho.

Así, si bien discurre luego sobre la interrupción del nexo causal, el memorial expresa en su porción medular: «El suscripto utilizó el arma para defender su patrimonio ante la plena flagrancia de un delito sobre su patrimonio, utilizando un medio idóneo para la defensa de sus bienes y su persona.Cuando ocurrió el desgraciado hecho, entendí que estaban robando el patrimonio de toda una vida, que es el camión, y lo defendí de la mejor manera que pude, pensando también que estaba en riesgo mi propia vida, porque todos sabemos que los que salen a robar a las 3 am siempre o en la mayoría de los casos se encuentran armados, y ante cualquier situación que se dé entre ellos y la víctima (léase en este caso el suscripto que fue víctima de robo) se defienden de la misma manera. ESTAS SITUACIONES LLEVAN AL LADRON Y A LA VICTIMA A UNA SITUACIÓN EXTREMA DONDE AMBOS SE JUEGAN LA VIDA. Ante el encuentro entre el ladrón y la víctima LAMENTABLEMENTE ES ASI LO QUE PASA EN LOS HECHOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.»

Ahora bien, en nuestro Código Civil no se encuentra ninguna disposición que establezca expresamente con carácter general a la legítima defensa como eximente de responsabilidad civil por lo que, ante la ausencia de normas se debe ocurrir por analogía a lo que en esta materia el Código Penal en su art. 34 inciso 6, que son por lo demás, las notas que la caracterizan por su propia naturaleza y que emanan de lo dispuesto en los arts. 1066 y 1067 del Código Civil.

Ello así, «Para eximir de responsabilidad civil a quien ocasione un daño a otro en defensa de su persona o derecho, deberán concurrir los tres requisitos exigidos en la norma penal: agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende» (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de Responsabilidad, T. I, pág. 913, ed. La Ley, 2004).

Como sostiene Núñez, «Para que el autor de un hecho típico actúe en legítima defensa, el art. 34 incisos 6 y 7 del Código penal exige:a) una agresión ilegítima; b) a la persona propia o de otro o a los derechos propios o de otro; c) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; d) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y e) en el caso de defensa de la persona o derechos de otro, si éste provocó suficientemente al agresor, se requiere que el defensor no haya participado en la provocación (Tratado de Derecho Penal, T. I, pág. 345; v. también Belluscio-Zanoni, Código Civil comentado, anotado y concordado, t.5, comentario al art. 1066, págs. 12/13).

La ‘defensa propia’, en síntesis, sólo es legítima si el autor a) no ha provocado suficientemente la agresión y b) ha empleado un medio racionalmente necesario para impedirla o repelerla.

Siguiendo al autor citado, «la valuación tendiente a determinar la necesidad de la defensa, debe hacerse desde el doble punto de vista d e su oportunidad y del medio utilizado por el agredido.

La defensa sólo es necesaria si es oportuna, vale decir, si su ejercicio ha sucedido en tiempo a propósito y cuando conviene». Ahora bien, como continúa diciendo el mismo autor «Una defensa justificada desde el punto de vista de la oportunidad de su ejercicio, puede sin embargo, no ser necesaria por la manera como fue ejercitada, esto es, por el medio defensivo utilizado.» (ob. cit. pág. 366).

2.Analizadas las constancias de autos así como las de la causa penal que corre agregada por cuerda, estimo que en el caso no concurren los presupuestos fácticos sobre los que se asienta la legítima defensa.

2.1 En primer lugar estimo que la defensa no ha sido oportuna.

En efecto, conforme se encarga de expresar el propio demandado «el día 10 de setiembre siendo aproximadamente las 3 de la madrugada, escuchó los ladridos de un perro y siempre duerme con la ventana levantada, para ver hacia el exterior y de este modo vigilar el camión, que siempre lo estaciona sobre la vereda, cuando en un momento ve a un persona de sexo masculino, sacando gas-oil del camión, en ese momento baja el dicente las escaleras, alertando a esta persona con su presencia, al salir hacia la vereda, desde ese lugar el dicente efectúa tres disparos al aire, para que esta persona se fuera» (v. declaración indagatoria, f.39/41 causa penal); relato que coincide con la versión de los hechos que expone al contestar demanda (v. pto. III, DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS, f. 97vta./899vta.).

Ello demuestra que el demandado tuvo tiempo necesario para disponer de otras alternativas posibles y menos lesivas para repeler la agresión.

En efecto, si su único propósito era amedrentar, bastaba efectuar los disparos al aire (y sin que ello implique siquiera justificar esta conducta) sin necesidad de bajar.

Otro elemento que también da cuenta de la inoportunidad de la defensa es la propia declaración del demandado quien al absolver la posición cuarta -‘Para que jure como es cierto que previo al fallecimiento el hijo de los actores, J. A. G. transitaba por calle 80 desde calle 57 hacia calle 55 de la ciudad de Necochea’- responde: No es cierto, aclara él disparaba del camión que estaba en mi casa, salió disparando por la vereda de enfrente» (v. f.182).

De esta declaración puede válidamente colegirse que al momento de efectuarse el disparo, la víctima ya se encontraba huyendo, lo que descarta la vigencia de la agresión y por ende, la temporaneidad de la defensa (v. Núñez, ob. cit. pág. 368).

Como tiene dicho la Suprema Corte de Justicia Provincial «la oportunidad de ejercer la conducta defensiva abarca el lapso durante el cual la misma está en condiciones de satisfacer la finalidad protectora del derecho asignada a esta justificante: aquel período en que actuar en defensa sea racionalmente necesario para preservar el bien jurídico en peligro» (6/12/94, «Gutiérrez, Julio C.», DJBA, 148-1971).

Abona lo expuesto las conclusiones del informe de operación de autopsia obrante a fs. 34/35 de la causa penal, que indican que la herida de proyectil que ocasionó la muerte fue efectuado en la espalda y no a gran distancia de la víctima.

2.2 Amén de inoportuna, la defensa resulta también ilegítima en tanto no se advierte en el caso la racionalidad del medio empleado para repeler o impedir la agresión.

En palabras de Núñez: «La acción u omisión es racionalmente necesaria como defensa si guarda proporción con la agresión que la determina, vale decir, cuando implica un empleo adecuado de los elementos de defensa de que se dispone con relación al ataque» (ob. cit. pág. 372); proporción que no se advierte en el caso examinado.

No puede soslayarse que en el caso de autos el hecho que provoca la defensa del demandado es la posible apropiación del gas oil; como él mismo indica: «Al asomarme por la ventana logro ver una persona de sexo masculino, sacando gas oil del tanque de combustible del mismo» (v. contestación de demanda, PTO. III DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS, f.98), lo que por un lado, se contrapone con la supuesta situación de peligro que dice haber experimentado con riesgo para su propia vida, y por el otro, demuestra nítidamente, la irracionalidad del medio utilizado por el demandado, máxime cuando no existen constancias que permitan siquiera inferir que la víctima se hallara armada o portara algún otro tipo de elemento ofensivo que pudiera haberlo hecho creer que existía riesgo sobre su vida.

Como señala Orgaz «se requiere una racional proporción entre los bienes en pugna, el del agredido que se defiende y el del agresor, que aquél puede legítimamente lesionar al repeler la agresión; pues es a todas luces indudable que un bien patrimonial de poca importancia no puede autorizar la muerte o lesión grave del agresor, aún cuando esta muerte o lesión haya sido, en las circunstancias del caso, la única posibilidad práctica para impedir el ataque. Criterio que, va de suyo, es más riguroso cuando se trata de la defensa de bienes patrimoniales, que en los casos de defensa de la vida o integridad corporal» (La ilicitud, pág. 119, Nº 7; cit. por Trigo Represas-López Mesa, ob. cit. pág. 918).

Como se ha sostenido «El medio usado en la legítima defensa es racionalmente necesario si en su momento aparece idóneo, según la razón, con vistas a eliminar el peligro que para un derecho representaba la agresión y no se acredita la oportuna concurrencia de otra posibilidad defensiva que, también para la razón, tuviese equivalente suficiente y menor aptitud dañosa» (confr. SCBA, 5/5/98, «Alonso, María C, DJBA, 155-4527, cit. por Trigo Represas-López Mesa, ob. cit., pág. 917).

En síntesis, corresponde desestimar los agravios vertidos por el demandado en torno a la responsabilidad y confirmar en este aspecto la sentencia apelada (arts. 1109, 1066, 1067 Código Civil; 375, 384 y concs. CPC).

3.Despejada esta cuestión, corresponde ingresar al tratamiento de los rubros indemnizatorios que fueran apelados por ambas partes.

3.1 Comenzando por el rubro valor vida, y dando respuesta en primer lugar a los agravios del demandado, ha de señalarse que, más allá de esa expresión, toda persona porta, en cuanto tal, una capacidad productiva, la que -salvo supuestos excepcionales- significa una fuente de recursos económicos de los que resulta beneficiaria no sólo ella sino aquellos con los que se relaciona, y especialmente su núcleo familiar.

Ha quedado acreditado en autos que la víctima tenía al momento del deceso 19 años de edad (v. certificado de nacimiento obrante a f. 7), que vivía con sus padres y que trabajaba junto a su progenitor en una fracción de campo.

Así, f. 185vta. al responder la quinta pregunta -‘Que actividad desarrollaba el hijo de los actores de nombre Javier García al mes de septiembre de 2003’-, el Sr. Lucio Rodolfo Pérez declara: «Que le ayudaba a los padres, trabajaba con el padre».

Por su parte, a idéntica pregunta, la Sra. Marisa Luz Mora expresa: «Javier estaba trabajando con los padres, en la quintita, campito que tienen, no sé como se llama» (v. f. 187vta.).

En similares términos declara a f. 188/vta. la Sra. Sandra Raquel Romero quien señala:»Trabajaba con los papás ayudándolos y manejando un tractor».

Quiere decir entonces, que contrariamente a lo que sostiene el demandado, la actividad que tuvo en cuenta el Inferior para arribar a la determinación de este rubro no se fundó, como expresa, en una presunción si no en el medio de prueba testimonial aportado y transcripto precedentemente el cual no fuera impugnado, lo cual ha de ser considerado sin perjuicio de las eventuales actividades ilícitas que señala.

En cuanto a los agravios traídos por los actores, y a pesar del esfuerzo a los fines de elevar sustancialmente este monto, lo cierto es que la queja se reduce a algunas consideraciones generales y abstractas respecto de la actividad económica de la víctima y a la propia de los actores, pero sin aportar cálculo alguno que permita ver reflejado el aumento en este rubro que pretende.

En efecto, tanto si redujeron sus ganancias ante la pérdida de su hijo como si se vieron obligados a contratar a otra persona para realizar las tareas que realizaba aquél, bien pudieron, mediante un sencillo cálculo, reflejar ambos aspectos y demostar el error en la sentencia de grado; lo que no hicieron.

No es del caso que sea la humilde condición de la familia lo que restrinja el monto resarcitorio pero sí ha de evaluarse la labor que desarrollaba y a la luz de ello el monto fijado no puede apreciarse ni arbitrario ni absurdo. El equilibrio ha de buscarse también en que la indemnización a fijar no se alce en un indebido enriquecimiento sin causa carente de todo sustento (arg. art. 499 y concs. Código Civil).

Como se ha sostenido «Acorde con los elementos de juicio que se brinden en la causa, la indemnización a los hijos menores debe sustituir las reales y concretas ventajas que el muerto (su padre) aportaba a la familia, porque lo indemnizable a la postre no son las totales necesidades de subsistencia, sino la medida en que el extinto las satisfacía.Por lo tanto para establecer el monto de la indemnización debe atenderse a la condición socioeconómica de la víctima del ilícito, lo que dará la pauta para apreciar la cuantía de la pérdida patrimonial que sufren los menores por la desaparición de aquél que proveía verosímilmente su sustento material. Lo contrario importaría un enriquecimiento injustificado de quienes accionan, pues obtendrían luego de la muerte beneficios con los que antes no contaban o que no tenían perspectivas de lograr mientras el desaparecido vivía.» (conf.

CC0103 LP 223653 RSD-327-96 S 10-10-1996, JUBA sum. B201264) Ello así, propicio confirmar el acogimiento del rubro examinado y la suma fijada en la instancia en tal concepto (art. 1079 Cód. Civil).

3.2 Respecto del daño moral, como sostiene Zavala de González, «Es incuestionable la lesión de las legítimas afecciones de los padres, y el consiguien te daño moral resarcible, que derivan de la muerte abrupta de un hijo a raíz de un suceso que obliga a otro a responder» (Resarcimiento de daños, 2b Daños a las personas, pág. 275).

Como lo dice Mosset Iturraspe, «La vida de los hijos representa para los padres, desde el ángulo de los sentimientos, un valor incomparable.

El padre o la madre ven en los hijos el fruto de su amor, la continuación de sus vidas más allá de las propias, y esperan recibir de ellos buena parte al menos del cariño que han depositado, como consuelo y ayuda espiritual en los altos años de la vida» («El valor de la vida humana, p. 137, cit. por Zavala de González, ob. cit. págs.275/276).

Asimismo ha de tenerse presente que cuando se trata de la muerte de un hijo, el daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral, lo que en el caso el demandado no demuestra.

Sentada así la procedencia del daño, ha de evaluarse su cuantificación, respecto de lo cual y en atención al agravio de los actores, ha de señalarse que, como tiene dicho este tribunal, «Si bien dicha cuantificación en principio queda librada al arbitrio prudente de los jueces (arts. 165 CPC), respetando siempre el principio de congruencia, la disconformidad con el monto asignado, a fin de cumplir acabadamente con lo prescripto en el art. 260 del CPC, ha de consistir en una crítica concreta y razonada, de por qué el monto acordado resulta injusto.» (expte. 22, reg. int. 11(S) 4-1—2008).

En tales términos, debieron los actores concretar, en el específico caso, cuáles son las pautas o parámetros que han sido desatendidos por el Sr. Juez de grado, siendo a todas luces insuficientes las meras referencia genéricas expuestas en su memorial.

Lo contrario sería erigir en agravio una mera discrepancia personal sin apoyo en una seria y fundamentada argumentación como lo exige el artículo citado. Ello si bien no con la estrictez que pueda exigirse en otros rubros no puede ser desatendido absolutamente y conduce, en el caso, a desestimar el agravio así deducido (arts. 260/261 CPC; 1078 Código Civil).

3.3. Tampoco el agravio deducido por el demandado dirigido a cuestionar la indemnización acordada a la coactora Sra. Guariglia en concepto de daño psicológico ($10.000) cumple la manda del art.260 del CPC.

En efecto, el único argumento esbozado para criticar el acogimiento del mencionado rubro -«ser violatorio del derecho constitucional de propiedad, causando al suscripto un gravamen irreparable»- resulta una mera afirmación genérica, que no expresa con precisión los fundamentos de su crítica ni los errores que pudiere contener al respecto la sentencia apelada; lo que conduce a declarar la deserción del agravio así expuesto (art. 260/261 CPC).

3.4.De igual forma, omite también el recurrente asumir de modo concreto, los fundamentos dados por el a quo en sentencia (particularmente fs. 394/vta.) en orden a arribar al monto de condena, por lo que tal déficit conlleva también a su desestimación (arts. cits. CPC).

4. A idéntica conclusión ha de arribarse respecto del agravio deducido en último término por el demandado -‘aplicación de intereses’-, en tanto nuevamente el recurrente se limita a expresar su disconformidad sin dar fundamento a la oposición que plantea (arts. cits. CPC).

Por las consideraciones expuestas, propicio confirmar la atacada sentencia de fs. 388/395, por lo que a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ

DOCTOR CAPALBO DIJO:

Corresponde confirmar la atacada sentencia de fs. 388/395, con costas al recurrente vencido (art. 68 CPC); difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 dec. Ley 8904).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Necochea, 13 de septiembre de 2013.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se confirma la atacada sentencia de fs. 388/395, con costas al recurrente vencido (art. 68 CPC); difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 dec. Ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvanse junto con los presente, la causa: «V., H. E. Homicidio» (Art. 35 CP) y «V., H.E. s/Homicidio» Inc. de Suspensión de Juicio a Prueba». (arts. 47/8 ley 5827).

Dr. Fabián M. Loiza Dr. Oscar A. Capalbo Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria.

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