Rechazan su pedido de que se traspase su línea telefónica al prefijo 011, a pesar de que a su vecino se lo habían asignado

Linea CelularPartes: Lemus Juan Andrés c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ cumplimiento de contrato

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 8-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-82575-AR | MJJ82575 | MJJ82575

Se rechazó la demanda por la que el actor pretendía que una empresa de telefonía le traspase su línea con prefijo interurbano a una con el prefijo directo -011-, reservado para domicilios del área AMBA’, pues a pesar de que a su vecino le había sido asignado, el accionante no probó su derecho.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por la que el accionante pretendía que una empresa de telecomunicaciones traspase el servicio de larga distancia correspondiente a su línea telefónica al de línea directa con la característica 011 para pagar más baratas las llamadas, pues ninguna de las pruebas producidas por el actor logró acreditar su derecho a que le asignen el mencionado prefijo.

2.-El Juez de grado hizo mérito del informe producido por la CNC según el cual el domicilio del actor no se encuentra dentro del Área Local AMBA, por lo que no correspondería el prefijo 011; tal conclusión proviene del ente regulador del servicio de telecomunicaciones, organismo con autoridad en la materia.

3.-Si bien es cierto que el a quo no se expidió sobre el catastro parcelario, certificado de domicilio, facturas de impuestos y servicios públicos, y contestación de oficio de la Dirección General de Catastro, no lo es menos que ninguna de ellas es útil para dejar de lado el informe de la CNC, máxime teniendo en cuenta la aclaración que allí consta en cuanto a que las Áreas Locales no necesariamente coinciden con las divisiones políticas de las distintas localidades .

4.-Aunque de la declaración testimonial de un vecino del actor, surge que el mismo vive frente a la casa del accionante y que el número de teléfono que tiene desde hace quince años corresponde a una línea de larga distancia, si dentro de la misma área local en donde se encuentra el actor existen excepciones al servicio, el apelante no expone cuáles serían ellas ni explica sobre qué bases fueron concedidas; tampoco, porqué habría de hacérsele extensiva una modalidad excepcional.

5.-Si bien en el caso la demandada fue declarada rebelde por incontestación de la demanda, la rebeldía misma no obsta a que el Juez reciba la causa a prueba y mande practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos… (art. 61 y 36, inc. 4 , del CPCCN.); tampoco, exonera al demandante de la carga de la prueba sobre los aspectos en que basa su reclamo (art. 377 del CPCCN.).

6.-La relación jurídica que vincula a las partes en este juicio no es la de un contrato privado sino que atañe al vínculo entre una empresa licenciataria y un usuario; relación está regulada por normas administrativas dictadas por la autoridad de control y también por las prácticas de la empresa aceptadas por el ente regulador porque se basan en la eficacia y eficiencia del servicio.

7.-El hecho de contar con un beneficio de litigar sin gastos concedido no es obstáculo para imponer las costas a quien lo obtuvo, porque aquél no implica un privilegio que exima eterna y definitivamente a quien resulte obligado sino que está sujeto a que éste mejore su fortuna, es decir, la exigibilidad de la obligación se halla subordinada al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, y por otra parte, la concesión del beneficio es siempre provisional y no causa estado.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de agosto del año dos mil trece hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “LEMUS JUAN ANDRES c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ cumplimiento de contrato”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El señor Juan Andrés Lemus, con domicilio en la calle La Pinta Nro. 3676 de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, demandó a Telefónica de Argentina S.A. (“Telefónica”) a fin de obtener el traspaso del servicio de larga distancia correspondiente a su línea telefónica -(02320) 46-1069- al de línea directa con la característica 011 (fs. 1/53).

En el escrito inicial, el actor expuso lo siguiente: que mediante el decreto 62/90, que fijó el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización del servicio de comunicaciones, se creó el Área Múltiple de Buenos Aires (AMBA), a la que correspondía el mismo servicio que en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, una línea con prefijo 011; que en esa zona se incluyó a la localidad de San Miguel -ex partido de General Sarmiento- (ver Anexo VII-1 del dec. mencionado en B.O. 12/1/90), a la que pertenece su domicilio; y por último, que como consecuencia de ello, el servicio con el que debería contar es el de una “línea directa”, cuyo costo en las llamadas a la Capital Federal es menor a la tarifa que corresponde si el llamado se efectúa desde un servicio de larga distancia.

Detalló, además, los numerosos reclamos efectuados ante la demandada y, posteriormente, ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

II En la sentencia definitiva de fs. 204/205vta., el Juez de primera instancia rechazó la demanda de Juan A. Lemus, con costas.Basó su decisión, principalmente, en el dictamen de la CNC que había desestimado el pedido de cambio de la característica de la línea porque el actor no residía dentro del área local AMBA (fs. 205, segundo párrafo). Tuvo en cuenta, también, que de las declaraciones testimoniales producidas en la causa se desprendía que todos los vecinos del señor Lemus poseían números telefónicos de larga distancia (fs. 205, cuarto párrafo).

III. Apeló el actor (ver recurso de fs. 210, concedido a fs. 211), quien expresó agravios a fs. 218/225, dando lugar a la contestación de fs. 227/230vta.

Para la apelante la sentencia es arbitraria por carecer de una fundamentación suficiente desde que solamente se han tenido en cuenta dos de las pruebas producidas: testimonial y nota emitida por CNC (Agravios 1º y 2º, fs. 218vta./221). Se queja, también, de la forma en que las mismas fueron valoradas (Agravio 3º, fs. 221vta./222). Por otro lado, cuestiona que se haya omitido merituar la rebeldía de la demandada de conformidad con lo establecido en el inc. 2º del art. 60 del Código Procesal (Agravio 4º, fs. 222vta./223). Finalmente, pide que se modifique la imposición de costas a su cargo en atención a que cuenta con el beneficio de litigar sin gastos concedido y, para el caso de que ello no prospere, se deje constancia de la existencia de aquél (Agravio 5º, fs. 223/224).

IV. Me referiré en primer término a los agravios identificados con los puntos 1º, 2º y 3º (ver fs. 218vta.).

Los mismos guardan una estrecha vinculación entre sí pues la apelante basa la arbitrariedad del fallo en omisiones y errores en la valoración de la prueba (ver fs. 219, último párrafo).

Como es sabido, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las probanzas de la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para dirimir el conflicto (art.386 del Código Procesal; Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

Aclarado ello, observo que el Juez de grado hizo mérito del informe producido por la CNC según el cual el domicilio del actor “no se encuentra dentro del Área Local AMBA, por lo que no correspondería el prefijo 011” (fs. 36 y 205, segundo párrafo). Tal conclusión proviene del ente regulador del servicio de telecomunicaciones, organismo con autoridad en la materia, circunstancia ésta puesta de resalto por el propio Juez (ver fs. 205, tercer párrafo).

Si bien es cierto que el a quo no se expidió sobre las constancias detalladas a fs. 220vta. -catastro parcelario, certificado de domicilio, facturas de impuestos y servicios públicos, y contestación de oficio de la Dirección General de Catastro-, no lo es menos que ninguna de ellas es útil para dejar de lado el informe mencionado, máxime teniendo en cuenta la aclaración que allí consta en cuanto a que “las Áreas Locales no necesariamente coinciden con las divisiones políticas de las distintas localidades” (fs. 36).

La manifestación del actor relativa a que esta prueba fue erróneamente interpretada “debido a la trascendencia que (el a quo) le otorgó”. (ver fs. 221, segundo párrafo) no puede tener asidero porque una cosa es hacer una interpretación equivocada de algo, y otra muy distinta, asignarle una determinada importancia. La apelante no logra explicar lo primero, mientras que lo segundo, está avalado por el artículo 386 del Código Procesal, que le permite al magistrado valorar la prueba a la luz de la sana crítica.

Además, en tanto constituye una simple manifestación, es insuficiente para dejar de lado lo dictaminado por la CNC, sobre todo, si no se ha cuestionado dicho informe en el momento oportuno (art. 265 del Código Procesal y fs. 205, segundo párrafo, in fine).

En cuanto al testimonio de Rubén Alberto Petris (fs. 154), el recurrente sostiene que el Juez de grado lo interpretó erróneamente (fs.205, cuarto párrafo). Veamos.

De la declaración agregada a fs. 154/154vta. surge que el señor Petris vive frente a la casa del actor y que el número de teléfono que tiene desde hace quince años corresponde, también, a una línea de larga distancia (ver contestación a las preguntas segunda a sexta). Preguntado por la característica numérica que poseen las líneas de sus vecinos contestó que 02320 para las casas de familia (ver respuesta a la novena pregunta). De la pregunta doce se desprende, también, que sus vecinos aledaños tiene la característica 02320.

Pues bien, no se advierte de qué modo la afirmación del a quo de que “todos los vecinos aledaños poseen la característica 02320” puede ser considerada errónea a la luz de los términos de la declaración transcriptos en el párrafo precedente.

V. En el cuarto agravio el recurrente cuestiona que no se haya tenido en cuenta la presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración de rebeldía a su favor (art. 60, inc. 2º, del Código Procesal; fs. 222vta.).

Efectivamente, Telefónica no contestó la demanda y fue declarada rebelde a fs. 110, situación que cesó con la presentación de fs. 125/131vta. (ver fs. 132).

Sin embargo, no debe olvidarse que la presunción cuya aplicación reclama el actor opera “en caso de duda” puesto que esa contingencia procesal no releva al Juez de dictar sentencia “según el mérito de la causa” (art. 60 del Código Procesal; esta Cámara, Sala II, causa nº 398 del 16/4/71). Dicho de otro modo, la rebeldía misma no obsta a que el Juez reciba la causa a prueba y mande “practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos.” (art. 61 y 36, inc. 4, del Código Procesal); tampoco, exonera al demandante de la carga de la prueba sobre los aspectos en que basa su reclamo (art.377 del Código Procesal; esta Sala, causa nº 8717/94 del 1/10/98).

Por lo demás, fueron los elementos aportados por el propio actor -dictamen de la CNC adjuntado a la demanda (fs. 36) y declaración del testigo ofrecido por el apelante (fs. 52, pto. c)- los que consideró el magistrado para rechazar la demanda. Ninguna de las otras pruebas producidas logró acreditar el derecho del usuario del servicio a que le asignen el prefijo 011 (considerando III, fs.205/205vta.).

VI. Lo expuesto determina la confirmación de la sentencia de grado. Sólo a mayor abundamiento, advierto que la relación jurídica que vincula a las partes en este juicio no es la de un contrato privado sino que atañe al vínculo entre una empresa licenciataria y un usuario. Esa relación está regulada por normas administrativas dictadas por la autoridad de control y también por las prácticas de la empresa aceptadas por el ente regulador porque se basan en la eficacia y eficiencia del servicio.

Si bien es cierto que el dictamen desvirtúa el derecho del apelante de un modo parcial por el empleo del tiempo verbal condicional -“no correspondería”-, no lo es menos que en la expresión de agravios no hay ningún argumento que relativice hasta tornar inoperante la apreciación hecha en el dictamen. En concreto, el actor no particulariza qué norma, práctica o criterio técnico autorizaría a obrar en consecuencia de lo que él pide.

Si dentro de la misma área local en donde se encuentra el actor existen excepciones al servicio de larga distancia, el apelante no expone cuáles serían ellas ni explica sobre qué bases fueron concedidas; tampoco, porqué habría de hacérsele extensiva una modalidad excepcional.

VII. La última cuestión a tratar concierne a las costas del proceso, que fueron impuestas al actor (fs. 205vta., segundo párrafo, y fs. 223/224).

El apelante manifiesta que la imposición de los gastos a su cargo importó desconocer la existencia del beneficio de litigar sin gastos concedido a su favor (fs.224, cuarto párrafo).

Al respecto, hay que aclarar que el hecho de contar con un beneficio de litigar sin gastos concedido no es obstáculo para imponer las costas a quien lo obtuvo, porque aquél no implica un privilegio que exima eterna y definitivamente a quien resulte obligado sino que está sujeto a que éste mejore su fortuna, es decir, la exigibilidad de la obligación se halla subordinada al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, razón por la cual se trata de una obligación condicional resolutoria. Por otra parte, la conc esión del beneficio es siempre provisional y no causa estado (conf. esta Sala, causas nº 7549 del 17/6/92; nº 8536 del 27/4/92 y nº 4910/92 del 10/3/93; Sala I, causa nº 4951 del 24/11/87; Sala II, causa nº 7536 del 12/6/90).

Lo expuesto me lleva a rechazar este agravio.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Fdo.:

Guillermo Alberto Antelo.

Graciela Medina.

Es copia fiel del original que obra en el T? 4, Registro N? 139, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

En atención al modo en que se resuelve y a lo dispuesto por el señor Juez de primera instancia a fs. 205vta., regulados que sean los honorarios correspondientes a la instancia de grado, el Tribunal procederá a fijar los de Alzada.

El Dr. Ricardo G. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo.

Graciela Medina.

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