La C.A.B.A. debe indemnizar a los familiares de dos menores que fallecieron por intoxicación por monoxido de carbono en un hogar

shutterstock_165131576Partes: G.C.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 7-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82532-AR | MJJ82532 | MJJ82532

Se hizo lugar a la demanda y se condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a indemnizar a los familiares de dos menores que fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono a raíz de un incendio en el hogar de tránsito dependiente de la accionada en el que se encontraban alojados. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a indemnizar a los familiares de dos menores que fallecieron a raíz de un incendio en el hogar de tránsito dependiente de la Dirección de la Niñez, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se encontraban alojados, pues el demandado violó su obligación de seguridad respecto a los mismos y no probó la existencia de caso fortuito.

2.-No se configuran los requisitos del caso fortuito pues la aseveración de que el hecho ha acontecido de modo inesperado y atento a la hora del evento dañoso, el factor sorpresa ha operado de un modo inesperado como lesivo para la vida y bienes existentes en el hogar, ya que todos se encontraban durmiendo, no constituye excusa suficiente para configurar el caso fortuito, toda vez que el evento era previsible y hubiera podido evitarse.

3.-Son caracteres del caso fortuito la imprevisibilidad y la inevitabilidad, quedando a cargo de quien alega el caso fortuito o fuerza mayor la prueba de la existencia de tal eximente, pues la culpa se presume en las hipótesis en las que se consideró frustrada la obligación de seguridad, lo que en el caso no aconteció.

4.-A los fines de establecer el valor vida debe tenerse en cuenta respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil; su educación, profesión u oficio; sus probabilidades de progreso y ahorro; aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social, mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de meritarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía, número de miembros de la familia, etc.

5.-En lo que hace al daño moral, cualquier hecho ilícito que produce afección a los íntimos sentimientos de la persona, aunque provenga de actuar meramente culposo, es decir, sin intención de agraviar, provoca in re ipsa daño moral resarcible, y a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc., quedando todos ellos librados al prudente arbitrio judicial.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de octubre de dos mil trece reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala “E” para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “G.C.A. C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “D.N.L.A. Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs.817/828 del primero de ellos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. CALATAYUD. RACIMO.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. A raíz de un incendio producido el 2 de julio de 2002 entre las 5,30 y 6 hs. de la mañana, en el hogar de tránsito dependiente de la Dirección de la Niñez, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle C. 1260 de esta ciudad, llamado ” P.L.”, en el que se encontraban alojados, entre otros, los menores E.N.R. de 10 años y L.A.D.N. de 14 años, quienes fallecieron a causa de la intoxicación aguda por monóxido de carbono, quedando carbonizados sus cuerpos, reclaman la madre del primero y los padres del segundo por sí y en representación de su hija menor M.D.N., por los daños que les ocasionó el fallecimiento, atribuyendo la responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Sr. juez a quo, en la sentencia de fs.817/828, luego de analizar detalladamente las constancias y pruebas obrantes tanto en la causa penal como en las presentes actuaciones y los autos acumulados a éstas, encontró responsable a la demandada y la condenó a abonarle a C.A.G.la suma de $102.000 y aL.A.D.N. y M.d. C.S. la suma de $152.000, con más sus intereses y las costas del juicio.

A ese fin valoró que en las pericias realizadas, tanto en esta sede como en la penal, se probó la falta de cumplimiento de los recaudos de seguridad requeridos a efectos del correcto funcionamiento del que fuera el hogar transitorio denominado “P.L.”. En la investigación efectuada en la causa penal, se determinó la falta de extintores de incendio y la existencia de violaciones al Código de Edificación (art. 4.9.1), por cuanto había entrepisos de madera, la inexistencia de plano de las condiciones de incendio, lo que llevó a tener por acreditada la falta de cuidado y el riesgo creado que pusieron en peligro la vida de los menores, por encima del riesgo permitido, de un modo jurídicamente relevante.

En la pericia obrante a fs. 415/436 de los autos “G.”, el experto responde que en el plano de obra municipal aprobado en el año 1967, el lugar donde se inicia el proceso ígneo figura como “habitación, en ese entonces estaba registrado como inmueble particular y atento al uso para el cual se lo había declarado no era necesario aportar documentación suplementaria referente a cuestiones de seguridad.

En ese plano no figura el entrepiso de madera que se construyó a posteriori en forma antirreglamentaria, ya que ante el cambio de uso y aumento de superficie verificada en obra por entrepisos materializados en madera y por ser el presente un tema de seguridad contra incendios se debería haber presentado ambos planos de “condiciones contra incendio” para cumplir con la ordenanza 36973.En la siguiente respuesta agrega el perito que “el inmueble no se encontraba en condiciones reglamentarias para ser destinado a hogar de menores”, y que del informe efectuado por la DGVH surge que no se registran actuaciones respecto del hogar “P.L.” y que “el establecimiento no se encuentra empadronado ni figura habilitado en la DGVH”.

Tales conclusiones se reiteraron en el expediente “D.N.”, a fs.456/77, en que el que obra idéntico informe pericial.

Prueba de que lo ocurrido no podría configurar el caso fortuito invocado por la demandada , es la afirmación del experto durante toda la pericia acerca de que los medios antes indicados son para evitar este tipo de problemas (incendios) y que de haber contado con los mismos es muy probable que se hubiese evitado la muerte de los menores. Y reitera en el punto 10) que teniendo en cuenta los antecedentes colectados en la causa penal, era previsible la ocurrencia del evento dañoso. Más adelante detalla que existían las siguientes contravenciones al Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires:

-art. 4.9.1 no permite construcción en entrepiso con materiales combustibles en lugares habitables -art. 4.6.2.4 c) no se respetó lo previsto por este artículo para el mínimo espacio libre de entrepiso, que debe existir.

– art. 2.1.1.1. no se cumplió con el permiso requerido para efectuar los trabajos de este caso -art. 4.6.4.0. no se cumple con lo previsto para la iluminación y ventilación de locales -art.4.12.2.3 no se cumplió lo reglamentado en este artículo sobre las prevenciones contra incendio, de 1 extintor cada 200 metros cuadrados de superficie cubierta, perfectamente indicados. En el caso explica el perito que el hogar debería haber contado con dos matafuegos en la planta baja y uno en la planta alta.

-arts.4.7.1.4 y 4.7.1.7 sobre medios de salida de un edificio, luces de emergencia, también incumplido.

Lo hasta aquí expuesto demuestra a las claras que en el caso no se configuran los requisitos del caso fortuito que, por lo demás, no fuera invocado como defensa al contestar la demanda, circunstancia ésta que por sí sola debería llevar a su rechazo, toda vez que la demandada, cuando aludió al modo de ocurrencia del evento y omitiendo toda referencia al desarrollo que hicieran los actores acerca de la inexistencia de caso fortuito, se limitó a señalar que “el mismo ha acontecido de modo inesperado y atento a la hora del evento dañoso, el factor sorpresa ha operado de un modo inesperado como lesivo para la vida y bienes existentes en el hogar, ya que todos se encontraban durmiendo”.

Dicha aseveración no constituye excusa suficiente para configurar el caso fortuito, toda vez que -como se dijo- el evento era previsible y hubiera podido evitarse.

Es que, son caracteres del caso fortuito la imprevisibilidad y la inevitabilidad.

Acerca del primero de ellos, a criterio de Le Torneau y Cadiet (cit. por Trigo Represas y López Mesa en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, t. I, págs. 844 y 845, N° 5.1.b.9 y nota 863), “la imprevisibilidad no es una vaga posibilidad de realización, si no todos los eventos serían previsibles; decir que un evento es imprevisible significa que no hay ninguna razón particular para pensar que él se producirá”.

Se trata de la razonable imprevisibilidad, evaluada conforme a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, por lo que el obligado debe actuar con prudencia en el prever, pues de lo contrario incurriría en negligencia. Por ello se ha exigido que el acontecimiento sea extraordinario, o sea, que exceda del curso normal de lo que suele suceder. La inevitabilidad o irresistibilidad, apunta a que el hecho supere la aptitud normal de previsión que sea dable exigir del responsable y que posea tal envergadura que sea imposible de obviarse (conf. esta Sala, voto del Dr.Calatayud in re “López, Antonio c/ Municipalidad s/daños y perjuicios” del 4-10-84 y sus citas; íd., mi voto en la c. publ. en E.D. 117-228 y sus citas).

Por lo demás, como señalara la jurisprudencia y el Dr. Racimo en la c. 508.901 en la que voto en primer término del 24-9-08, la prueba del caso fortuito incumbe al deudor porque el demandado se coloca en las excepciones en la posición del actor ya que al acreedor la basta probar la legitimidad de su crédito que es fundamento de su demanda (García Goyena, “Concordancias”, Madrid, 1852, art. 1014, pág. 50 y en el mismo sentido, Llerena, “Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino”, 3a. ed., t. I, pág. 418 y Machado, “Exposición y Comentario del Código Civil Argentino”, 1931, t. II, pág. 170; Ricci, Diritto Civile, Turín, 1912, vol, 6, pag. 255, nº 202; Giorgi, “Teoría de las obligaciones”, Madrid, 1909, t. 2, pág. 44; Pothier, “Tratado de las obligaciones”, Buenos Aires, 1993, nº 656, pág. 412; Zachariae, Le Droit Civil Français, Paris, 1857, t. 3; nº 549, pág. 400; Aubry y Rau, “Droit Civil Français”, 4a. ed., 1871, T. 4, pág. 104; Laurent, “Principes du Droit Civil Français”, 6a. ed., Paris, 1878, t. XVI, nº 278, pág. 338; Colmo, “Obligaciones”, Buenos Aires, 1944, nº 121, pág. 94; Gasperi, “Tratado de las Obligaciones”, Buenos Aires, 1945, pág. 734, nº 767; Salvat, “Obligaciones”, 6a. ed. Benos Aires, 1952, T, I, pág. 174; L.M. Rezzónico, “Obligaciones”, 9a., ed,. Buenos Aires, 1961, t. I, pág. 181; “Código Civil”, Bueres-Highton, Buenos Aires, 2004 t. 2-A, pág. 181). En palabras de Demolombe “es el deudor, evidentemente, quien debe probar el caso fortuito que él alega, porque ¡él lo alega! ¡Él lo afirma!Y puesto que él dice estar liberado de su obligación, hace falta que él pruebe el hecho, que ha producido esa liberación” (Demolombe, “Cours de Code Napoleon”, Paris, 1868, XXV, nº 561, pág. 549, en cursivas en el original).

Este también es el criterio de la Sala que ha señalado que queda a cargo de quien alega el caso fortuito o fuerza mayor la prueba de la existencia de tal eximente, pues la culpa se presume en las hipótesis en las que se consideró frustrada la obligación de seguridad (votos del Dr.Calatayud en c. 434.010 del 28 de diciembre de 2005 -LL 2005-F, 73- y en causas 72.378 del 20 de septiembre de 1990 y 110.970 del 24 de junio de 1992 en c. 428.221 del 31 de agosto de 2005 con citas de Busso, “Código Civil Anotado”, t. III pág. 329 nos. 232 y 233; Llambías, “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, t. I pág. 249 n° 206 y pág. 127 n° 22, respectivamente; Mayo en Belluscio, “Código Civil y leyes complementarias anotado, comentado y concordado”, t. 2 pág. 670 n° 12), lo que en el caso no aconteció.

En suma, si mi criterio fuera compart ido, deberá desestimarse la presente queja, lo que lleva al análisis de los agravios de ambas partes sobre la procedencia y monto de los distintos rubros indemnizatorios.

II.Como se señalara en anteriores precedentes de la Sala, a los fines de establecer el “valor vida” debe tenerse en cuenta respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil; su educación, profesión u oficio; sus probabilidades de progreso y ahorro; aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social, mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de meritarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía, número de miembros de la familia, etc.; factores todos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial (conf.voto del Dr.Calatayud en causa nº 44.485 del 26-6-89 y citas que hace de Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, 2º ed, t.4- pág. 26l, nota 66; CNCiv.Sala “C”, E.D. 84- 332; sala “D”, E.D. 75-306; íd. E.D.80-808, nº37; esta Sala, L.L.l988-C-l06; mis votos en causas nº40.863 del l-3-89; nº3l.l25 del 7-l2-87, entre muchos otros; ver también, Borda, “Obligaciones”,t. II, pgs.4l9 y sigts., nºl582; Belluscio, “Código Civil Anotado”, T 5, pg.200 y sus citas; etc.). Desde otro ángulo, y como lo señalé en anteriores oportunidades, en el caso resultan de aplicación los arts.l084 y l085 del Código Civil en lo que atañe a la fijación del “quantum” indemnizatorio, que rigen todos los hechos ilícitos que tienen por resultado la muerte de una persona, sean dolosos o culposos, puesto que la intención del autor no cambia la sustancia del acto contrario a derecho (conf.art.ll09 del Código Civil; Belluscio en colaboración con Kemelmajer de Carlucci, en “Código Civil Comentado”, T 5, pág.l65; mi voto en causa nº l9.000 del 23/6/86; ídem, c.33.l8l del 9/ll/87; ídem, causa nº 83.380 del 27/8/9l, entre otros). Ello lleva a sostener que, a los fines de la fijación del resarcimiento, no se pueden aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar el fin de la norma que, por lo demás, deja librada “a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización” (art.l084, segunda parte). Bien se ha dicho que la muerte de un ser querido no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que pueda dar (ver fallos citados y causas nº44.039 del l/8/89 y nº106.l64 del 7/5/90, entre otros).

En el caso de E.N.R., en base a tales pautas, habrá de valorarse las circunstancias personales del extinto, su edad a la época del hecho (10 años), la de su progenitora (36 años); posición socio-económica de la familia, que surge del beneficio de litigar sin gastos (ver fs. 4 y fs.10); el hecho de que la actora es soltera (fs.261), tiene otros tres hijos; que percibe un “Plan Trabajar” y se ayuda con trabajos en casas de familia por horas; en especial que se trata aquí de valorar el eventual apoyo económico de la víctima y la “chance” futura como así también la ayuda y sostén espiritual, la colaboración en diferentes situaciones de la vida, que es de esperar de cualquier hijo, sin perjuicio -claro está- de que -como dije- la actora tiene otros tres hijos, quienes también le deberán asistencia futura, de ser necesario y que, seguramente, más adelante la prestarán.Por lo expuesto, y computando también que, la circunstancia de que en el futuro seguramente formaría su propio núcleo familiar y que la posibilidad de ayuda se vería reducida sensiblemente, tiempo probable de vida de la actora, ingresos estimados en base a la condición socio-económica de las partes, es que estimo prudente propiciar que se eleve la indemnización a la su suma de $85.000 reclamados (art. 165 del Código Procesal).

En cuanto al menor L.A.D.N., de 14 años, ambos progenitores reclaman la suma de $85.000; por lo que teniendo en cuenta la edad de la madre (32 años) y la del padre a la época del hecho (44 años); posición socio-económica de la familia, que surge del beneficio de litigar sin gastos (ver fs. 26/28 ); el hecho de que ambos viven en concubinato y tienen ocho hijos más (6 mujeres y dos varones); que la actora es ama de casa y su concubino hace changas de albañilería y jardinería; que es analfabeto; que viven en una casilla; que el menor se encontraba en estado de calle; que al igual que en el caso anterior se trata aquí de valorar el eventual apoyo económico de la víctima y la “chance” futura como así también la ayuda y sostén espiritual, la colaboración en diferentes situaciones de la vida, que es de esperar de cualquier hijo, sin perjuicio -claro está- de que -como dije- los actores tienen otros ocho hijos, quienes también le deberán asistencia futura, de ser necesario y que, seguramente, más adelante la prestarán.

Por lo expuesto, y computando también que, la circunstancia de que en el futuro seguramente formaría su propio núcleo familiar y que la posibilidad de ayuda se vería reducida sensiblemente, tiempo probable de vida de los actores, ingresos estimados en base a la condición socio-económica de las partes , es que estimo prudente propiciar que se eleve la indemnización a la su suma reclamada de $85.000 para ambos progenitores (art. 165 ya citado).

III. La pericia obrante a fs.251/264, luego de entrevistar y suminstrarle diferentes test, concluye que la actora C. A.G. presenta un diagnóstico de sindrome de depresión reactiva con neurosis de angustia, lo que la lleva a portar una incapacidad parcial y permanente equivalente al 10% de la Total Obrera. Recomienda un tratamiento psicoterapéutico durante un año y medio, a razón de una sesión semanal. Posteriormente el perito contesta un pedido de explicaciones y aclara que el porcentaje de incapacidad es permanante, y que lo estimó teniendo en cuenta una buena respuesta al tratamiento indicado.

A los fines de establecer la indemnización por incapacidad (comprensivade la física y la psíquica), tiene dicho la Sala que debe apreciarse un cúmulo decircunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de sus posibilidades, su edad, cultura, estado físico, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación (conf.mis votos en L.34.743 del l0/3/88; ídem, nª44.825 del 3/5/89; ídem, íd, c.nº 6l.742 del 27/2/90; ídem, íd., l07.380 del 23/4/92, entre varios otros), aunque sin atenerse a pautas matemáticas (ver, entre otras, causa mencionada nº 6l.742; ídem, c.l06.654 del l4/4/92, etc.). Y en el caso, cuadra tener en cuenta no sólo la pérdida de un hijo a la edad de diez años, sino también la forma en que ello sucedió; importancia del cuadro detectado, puesto de manifiesto por el experto; demás circunstancias que se evaluaron antes; incidencia de la incapacidad en su vida de relación; nivel socio-económico de la víctima que es de presumir; la circunstancia de que el resarcimiento no contempla únicamente el aspecto laboral, sino la totalidad de los del ser humano y la incidencia que la incapacidad habrá de tener en ellos (ver L.6l.903, con voto del Dr.

Mirás, del l2/3/90; L. nº45,086 del l0/5/89, con voto del Dr.Calatayud; mi voto en L.nº45.623 del 22/5/89, entre varias otras). En base a tales elementos de juicio y demás circunstancias de autos, computando el grado de incapacidad, como así también el costo del tratamiento recomendado y los antecedentes reseñados, considero equitativo propiciar que se reduzca el importe fijado a la suma de $28.000 (art. 165 citado).

En lo relativo a M.d. C.S.y L.D.N., padres de quien en vida fuera L.A.D.N., tomando en cuenta las pautas antes indicadas, lo que surge del informe pericial de fs.363/415; que más allá de que el psicodiagnóstico fuera efectuado por una profesional elegida por los actores, el experto la avaló y no se demostró que tuviera errores o desaciertos, como así también que la primera posee una neurosis depresiva moderada y que conforme al baremo que cita le otorga una incapacidad de un 25%, necesitando un tratamiento por veinticuatro meses a razón de dos sesiones semanales; que L.A.D.N., porta una incapacidad del 20%, encajado con la descripción del Grado III, cuyas características describe, posibilidades de reversión mediante el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico recomendado, con controles a un año y que prescribe un tratamiento de doce meses con dos sesiones semanales, lo que me lleva a propiciar que se eleve la indemnización, comprensiva del costo del tratamiento, fijándose para M.d.C.S. en $55.600 y para L.D.N., en $50.400 (art. 165 del Código Procesal).

IV. En lo que hace al daño moral, punto sobre el que también centran sus críticas las partes, y como lo decidiera esta Sala en numerosos precedentes, cualquier hecho ilícito que produce afección a los íntimos sentimientos de la persona, aunque provenga de actuar meramente culposo, es decir, sin intención de agraviar, provoca in re ipsa daño moral resarcible (conf.esta Sala c.178.986 del 17/10/95; c.234.859 del 10/3/98, entre muchos otros). Y como lo señalara en numerosos precedentes, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc., que dando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas nº43.l69 del l8-4-89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25-4-9l; Sala “B”, E.D.57-455; Sala “D”, E.D.43-740; Sala “F”, E.D. 46-564 etc.).

Teniendo en cuenta todas las circunstancias señaladas y, en particular, el profundo dolor que importa la pérdida de un hijo en la plenitud de su vida, lo inesperado y trágico de la desaparición de ambos menores, la forma en que aconteció y demás circunstancias ya valoradas, es que también considero equitativo propiciar que se fije en $57.000 la indemnización para cada uno de los actores (art. 165yacitado). V. La actora se agravia p or sostener que el a quo omitió toda consideración sobre el costo del tratamiento psicológico reclamado en la demanda. En el caso de G., bajo el rubro “Daño psicológico. Tratamiento”, el juez dijo que el perito no se expidió sobre el tratamiento necesario y sus efectos, por lo que limitó la indemnización a la incapacidad psíquica sobreviniente.

Y en el de D.N. y S., si bien hizo referencia a las conclusiones periciales tanto en lo relativo a las respectivas incapacidades como al tratamiento, al fijar el “quantum” dijo “reconozco el valor del tratamiento, de las condiciones expuestas por el perito, la reparación del perjuicio en este aspecto, el que se pondera, de acuerdo a las pautas que el perito proporciona en la suma total de ($.) para L.A.D.N. y en la suma de ($.) para M.d.C.S….”. En este segundo caso, sólo quedó en claro que fijó el costo del tratamiento, mas no el del daño psicológico.

Como en el considerando pertinente, se involucró en la indemnización fijada tanto el daño psicológico como el pertinente tratamiento, es que el presente agravio queda superado.

VI. Se agravia la Sra. Defensora de Menores de Cámara que no se haya resarcido el daño que la muerte del menor L.A.D.N. ha causado en su hermana M.D.N., en la actualidad menor de edad. Centra su queja en la fijación del daño moral que sostiene ha padecido esta última por la muerte repentina y violenta de su hermano, víctima fatal del evento dañoso que provoca la litis.

Sin embargo, de la compulsa de los autos “D.N.” (fs. 30/53) surge que los aquí actores, quienes demandaron por sí y en representación de su hija menor M.D.N., no reclamaron indemnización alguna para esta última en concepto de daño moral, razón por la cual parece claro que el a quo no incurrió en omisión alguna, puesto que se limitó a fallar en base a las pretensiones esgrimidas en la demanda.

El artículo 277 del Código Procesal establece que el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancias, por lo que esa sola circunstancia impide hacerlo, puesto que lo contrario importaría tanto como fallar extra petita, lo que no resulta admisible. Ello es suficiente para propiciar que se desestime la presente queja.

VII. La sentencia fijó los intereses a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde que se produjo cada perjuicio objeto de reparación, para lo cual tuvo en cuenta que las cifras fueron expresadas en valores actuales. Y a partir de su citado, la activa a que alude el plenario “Samudio” .

De ello se agravian ambas partes.La actora, porque pretende que se fije la tasa activa desde que se produjo el perjuicio.

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2-8-93 y “Alaniz Ramona Evelia y otro c/Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/daños y perjuicios” del 23-3-04 -que ratificó el anterior-, estableciendo la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (ver autos antes mencionados “Samudio”).

Ahora bien, la Sala considera que aceptar que la tasa activa mencionada se devengue desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, arrojaría un resultado objetivamente injusto y representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, se estaría computando dos veces la misma cosa: la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, dado que en esta se contemplaron valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda (ver fallos de esta Sala -aunque referidos a la tasa pasiva promedio- en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11- 07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a. ed., t. I pág.338 nº 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L. 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7- 332, en especial, cap. V).

Y reiteradamente ha decidido que cuando se establecieron -como en el caso- los rubros indemnizatorios a valores de la fecha de la sentencia, es decir, actuales, debe aplicarse la tasa del 6% anual por el período comprendido entre la fecha del evento dañoso y el del referido pronunciamiento, haciéndolo con posterioridad la activa prevista en el plenario referido (ver causas 522.330 del 21-4-09 y 527.451 del 12-5-09; Vázquez Ferreyra, La tasa aplicable en los juicios de responsabilidad civil, en L.L. del 10-6-09, pág. 7).

Y como en el caso, la demandada consintió la sentencia en cuanto fijó la tasa pasiva mencionada desde la fecha deshecho hasta la de la sentencia, sólo cuadra desestimar la queja y proponer que se la confirme en este aspecto.

En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo principal que decide, aunque propiciar que se eleve la indemnización a la suma de $ 170.000 para C.A.G. y $ 305.000 para ambos coactores D.N. y S. Las costas de Alzada se impondrán a la demandada, que resultó sustancialmente vencida, máxime cuando lo atinente a los intereses se trata de una cuestión sobre la que no existe criterio jurisprudencial uniforme (art. 68 del Código Procesal).- Los Sres.

Jueces de Cámara, Dres. Racimo y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr.Dupuis, votaron en el mismo sentido.Con lo que terminó el acto. F.M.RACIMO. M.CALATAYUD. J.C.DUPUIS.

Este Acuerdo obra en las páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, octubre 7 de 2013.

Y VISTOS:

Atento a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, aunque se eleva el monto de la indemnización a la suma de $ 170.000 para C.A.G. y $ 305.000 para ambos coactores D.N. y S. Las costas de Alzada se imponen a la demandada. Se difiere la adecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada.

Notifíquese y devuélvase.

 

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