Juez debe analizar en virtud del art.30 LCT si la codemandada ejerció el control que impone la ley en caso de actividad gastronómica

DemandaPartes: Augusto José Luis y otros c/ Devoto Ricardo D. y otro s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 16-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82589-AR | MJJ82589 | MJJ82589

Luego de determinar que la actividad gastronómica desempeñada por el codemandado enmarcaba dentro de aquélla contemplada por el art. 30 LCT, el a quo debió analizar si la firma codemandada -concedente de dicho servicio- ejerció o no el debido control que impone el citado precepto legal.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada, pues tras determinar que la actividad gastronómica desempeñada por el codemandado enmarcaba dentro de aquélla contemplada por el art. 30 LCT, el juzgador de grado debió analizar si la firma concedente de dicho servicio hubo o no de ejercer el debido control que impone el citado precepto legal, para luego, y una vez establecido ello, subsumir el supuesto en la hipótesis contenida en la norma.

2.-La prestación por parte del codemandado del servicio de comedor exclusivo a todo el personal de la firma codemandada durante los distintos turnos rotativos que existían en el establecimiento, aun cuando fuera una actividad secundaria, estaba integrada en forma permanente al establecimiento y coadyuvaba al logro de los fines empresariales, todo ello en los términos del art. 30 LCT.

3.-Tratándose la determinación de la índole de las actividades desarrolladas por una y otra codemandada, y la relación entre ambas de una cuestión fáctica, la mera contraposición de criterios no es apta para desvirtuarla, pues no cualquier disentimiento, error o apreciación opinable autoriza a tener por acreditado el absurdo.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 16 de octubre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Hitters, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 110.492, “Augusto, José Luis y otros contra Devoto, Ricardo D. y otro. Despido”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 5 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 210/221).

La codemandada Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 234/246), concedido por el citado tribunal a fs. 247.

Dictada a fs. 255 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal del trabajo hizo lugar a la demanda interpuesta por José Luis Augusto, Rubén Dardo Figueroa, Víctor Alcides Martínez, Marcelo Roberto Ravatino y Nicolás Esteban Ravatino, y condenó solidariamente a Daniel Ricardo Devoto y “Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A.” al pago de la suma que estableció en concepto de rubros salariales e indemnizatorios reclamados en el escrito de demanda por cada uno de los actores (fs. 210/221).

II. La codemandada “Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A.” interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. “d” y 47 de la ley 11.653; 6, 21, 22, 23, 30 (según art. 17, ley 25.013) y 80 (modif. art.45, ley 25.345) de la Ley de Contrato de Trabajo; 499, 509, 512, 626 y 666 bis del Código Civil; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional; 15, 25 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; ley 24.576 y doctrina legal que cita (fs. 234/246).

Cuestiona por absurda la conclusión de origen en cuanto consideró reunidos los presupuestos de aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y subsumió el caso en dicha norma. Con apoyo en doctrina de este Tribunal, refiere que a partir de los términos de la propia sentencia se corrobora que el servicio de gastronomía concesionado al señor Devoto en modo alguno “persigue el logro de los fines empresariales de la firma Mafis S.A.”, sin que baste para ello la existencia de una vinculación contractual entre los codemandados. Por el contrario, sostiene que si no existiera el comedor en la planta fabril en nada influiría respecto del proceso productivo industrial desarrollado en la empresa (manufactura de hilados), que continuaría funcionando, pues, en el mejor de los supuestos, puede considerarse que tal servicio tiene una incidencia “tangencial o indirecta” (fs. 238/243 vta.).

Afirma, además, que la empresa coaccionada cumplió acabadamente con las previsiones contenidas en el art. 17 de la ley 25.013, tal como -aduce- surge de la pericia contable (fs. 185/197), realizando el debido control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del concesionario, lo cual no fue evaluado por el tribunal (fs. 243 vta.).

Finalmente, controvierte los alcances de la condena solidaria en cuanto extiende a la empresa contratista la obligación de entregar al actor los certificados contemplados en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 243 vta./245 vta.).

III. El recurso prospera parcialmente.

1. a. El tribunal de grado tuvo por acreditada la existencia de una vinculación jurídica entre los demandados a través de un contrato de concesión.En este sentido, juzgó probado que el señor Daniel Ricardo Devoto (empleador de los actores) fue el concesionario gastronómico de la empresa “Manufacturas de Fibras Sintéticas S.A.” y que tenía a su cargo el servicio de comedor de todo el personal de la fábrica textil, operarios y empleados jerárquicos, de los distintos turnos (rotativos) que había en el establecimiento, suministrándoles el desayuno, almuerzo, merienda y cena (v. vered., fs. 211 y vta.).

Entendió que en el caso, la subcontratación del servicio de comedor exclusivo para el personal de la empresa concedente, aunque recaía en una actividad secundaria a la normal y específica de ésta, estaba permanentemente integrada al establecimiento y coadyuvaba al logro de los fines empresariales (v. vered., fs. 211 vta.).

Ya en la etapa de sentencia, el órgano judicial de grado -con cita del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina de este Tribunal- adjudicó a “Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.” responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales a cargo del demandado Daniel Ricardo Devoto incluyéndola, en consecuencia, en el ámbito subjetivo de la sentencia de condena (v. sent. fs. 217 y vta.).

b. Reiteradamente ha señalado este Tribunal que la evaluación del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso se invocan, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal del trabajo, insusceptible de revisión por ante la Suprema Corte, salvo absurdo, el que debe ser cabalmente demostrado por quien lo invoca (conf. causas L. 82.721, “Gabrielli”, sent. de 24-V-2006; L. 88.868, “Moracca”, sent. de 7-IX-2005; L. 72.505, “Saavedra”, sent.de 16-X-2002).

Y si bien a través de la doctrina elaborada en torno al absurdo se admite una apertura a la revisión de los hechos de la causa en casación, a ella sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de “extremas”, ya que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. En efecto, el vicio invalidante no queda configurado aun cuando el argumento del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. L. 84.407, “Giménez”, sent. de 10-V-2006; L. 79.601, “Rodríguez”, sent. de 23-II-2005; L. 73.207, “Lares”, sent. de 29-V-2002).

Anticipo que no logra el interesado demostrar la existencia de la hipótesis señalada.

En efecto, con cita de diversos precedentes de este Tribunal, el compareciente postula esencialmente que la actividad desempeñada por el concesionario en modo alguno encuadra en la hipótesis fáctica contemplada en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues alega que -a todo evento- el servicio gastronómico prestado por el señor Devoto incide de manera “tangencial o indirecta” en el logro de los fines de la empresa, y, por lo tanto, no genera la responsabilidad solidaria en cuestión.

Empero, en ese discurrir no logra concretar una réplica frontal y eficaz a los fines de desvirtuar el razonamiento que a partir de la valoración de las circunstancias acreditadas en la causa plasmó el tribunal en el fallo, afincado en que la prestación por parte del señor Devoto del “servicio de comedor exclusivo” a todo el personal de la firma codemandada durante los distintos turnos rotativos que existían en el establecimiento, aun cuando fuera una actividad secundaria, estaba integrada en forma permanente al establecimiento y coadyuvaba al logro de los fines empresariales.El quejoso agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores por el propio, exponiendo un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de las circunstancias fácticas del caso, sistema que -repetidamente- se ha considerado impropio para descalificar la decisión de grado (conf. causas L. 91.882, “Seminario”, sent. de 28-V-2008; L. 79.601, “Rodríguez”, sent. de 23-II-2005; L. 74.641, “Lodeiro”, sent. de 18-XII-2002; entre muchas).

En definitiva, tratándose la determinación de la índole de las actividades desarrolladas por una y otra, y la relación entre ambas de una cuestión fáctica, la mera contraposición de criterios no es apta para desvirtuarla, pues -reitero- no cualquier disentimiento, error o apreciación opinable autoriza a tener por acreditado el absurdo, se requiere algo más: la demostración del vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (conf. causas L. 93.752, “García”, sent. de 10-III-2010; L. 89.956, “Weber”, sent. de 12-XII-2007; L. 83.326, “Bertone”, sent. de 15-III-2006), extremos que, como ha quedado expuesto, no demuestra la quejosa que concurran en el caso.

2. En cambio, considero que le asiste razón a la quejosa cuando señala que el sentenciante desatendió evaluar si el principal había cumplido con los deberes de control que el art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.013) le impone.

Luego de expresar que la empresa principal deberá exigirle a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, la citada norma establece que, además, deberá requerirles a los cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, ello, en el marco de la responsabilidad solidaria allí instituida.

En virtud de lo dicho, tras determinar que la actividad desempeñada por el codemandado Devoto enmarcaba dentro de aquélla contemplada por el mentado art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, decisión que -como se dijo- ha de permanecer firme ante la ausencia de impu gnación idónea, el juzgador de grado debió analizar si la firma “Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.” hubo o no de ejercer el debido control que impone el citado precepto legal, para luego, y una vez establecido ello, subsumir el supuesto de autos en la hipótesis contenida en la norma. En consecuencia, y toda vez que el sentenciante no ha desplegado tal juicio, corresponde admitir, en este aspecto, el recurso interpuesto.

3. A tenor de la solución que se propone en el apartado precedente, no corresponde abordar el tratamiento del restante planteo traído por el quejoso.

IV. En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido con el alcance indicado en el punto III. 2. Los autos deben ser remitidos al tribunal de origen para que, con nueva integración, y sobre la base de los elementos objetivos de la causa y lo que aquí se decide, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.

Costas por su orden (art. 289, C.P.C.C.)

Voto por la afirmativa.Los señores jueces doctores Negri e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Comparto la propuesta decisoria a la que arriban los colegas preopinantes.

En cuanto al punto III. 2 agrego que, de la lectura del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su actual redacción, se desprende con claridad que el segundo párrafo contiene un agregado que se adiciona a la responsabilidad prevista en el primer párrafo.

La responsabilidad de esta norma es objetiva y entraña una herramienta legal de protección del crédito laboral.

Así el cedente o contratista no ha de eximirse de responsabilidad probando que efectuó el control de los recaudos específicos incorporados por la ley 25.013. El giro utilizado por el legislador “además”, en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, segundo párrafo, es indicativo de que a más de las exigencias que incluyó la ley 25.013, quedó incólume el deber general de responder, concerniente al amplio espectro de las obligaciones laborales. Asimismo, completa dicha protección al establecer el cuarto párrafo de la norma citada, que: “. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen . que fueren emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.”.

Por ende el tribunal deberá evaluar si “Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.” hubo de ejercer el deber de control respecto de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, “además” de las constancias establecidas en el segundo párrafo del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con el alcance indicado, doy mi voto por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III. 2 del voto emitido en primer término.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, sobre la base de los elementos objetivos de la causa y lo que aquí se decide, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.

Costas por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese y notifíquese.

Hector Negri

Daniel Fernando Soria

Juan Carlos Hitters

Hilda Kogan

Guillermo Luis Comadira – Secretario

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