En virtud de las tareas realizadas, se juzgó comercial y no laboral, el vínculo de un mensajero y la empresa demandada

cadete%20motoPartes: Donaires Gabriel Alejandro c/ Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 30-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82513-AR | MJJ82513 | MJJ82513

Las tareas de mensajería realizadas por el actor para la demandada no obedecieron a un vínculo laboral, sino comercial, por lo que la demanda es improcedente.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el fallo que rechazó la demanda por no haberse acreditado el vínculo laboral, ya que el accionante nunca subsumió su fuerza de trabajo en una organización empresarial ajena, pues para la ejecución de sus funciones de mensajería utilizó una moto de su propiedad, asumiendo los gastos de su uso, sin un régimen horario determinado y pudiendo ser reemplazado por otra persona; a ello se agrega una prestación discontinua por parte del actor y una ostensible variabilidad en la percepción de las sumas recibidas por sus servicios.

2.-La utilización de los adjetivos personal e infungible remiten a una actividad indelegable por parte del trabajador, de alcances intuito personae, de modo que esta prestación no es sustituible por otra equivalente, característica que las normas generales exigen para considerar presente la fungibilidad; por ello, el vínculo existente entre el accionante y la sociedad demandada se encuentra enmarcado en los alcances propios de una relación comercial.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia (fs.423/426) que rechazó la demanda interpuesta se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 433/445, que recibió réplica de la contraria. Asimismo, el perito contador y las representaciones letradas de la parte actora y demandada apelan los honorarios regulados a su favor por reputarlos exiguos. Finalmente, la parte actora apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por considerarlos altos.

II.- Se agravia la parte actora porque el Sr.Juez de grado entendió que las partes no se encontraban vinculadas por un contrato de trabajo.

En primer lugar considero relevante poner de relieve, y como he tenido oportunidad de señalar, uno de los temas que suscita mayores controversias dentro de la doctrina y jurisprudencia es aquél referido a los alcances de la dependencia laboral, fundamentalmente en aquellos supuestos que presentan particularidades que impide incluirlos a priori en una u otra categoría -trabajo dependiente o trabajo autónomo- que se encuentran en una zona gris, supuesto en el cual se debe recurrir a lo que se ha llamado “haz de indicios” a fin de averiguar si en ese vínculo contractual subyace una relación laboral en los términos del artículo 21 y concordantes de la ley de la ley de contrato de trabajo, en función de las circunstancias fácticas que rodearon el vínculo.

No tenemos en nuestro país, normas que regulen supuestos en que, en otros países, se han referido a la “parasubordinación” y a la protección limitada a trabajadores autónomos con dependencia económica, sino que en nuestro régimen legal vigente existe un sistema “binario”, al decir de Simón (“Trabajo autónomo o dependiente ¿una disyuntiva inapelable?”, DT 2000-A, pág. 973) entre trabajadores autónomos y dependientes. Aunque sí prevé en el artículo 23 L.C.T una presunción a favor de la existencia del contrato de trabajo en los casos en que se haya probado la prestación de servicios; sin embargo expresamente admite que dicha presunción “iuris tantum” pueda ser desvirtuada por prueba en contrario, al sostener que rige “salvo que por las circunstancias, relaciones o causa que lo motiven se demostrase lo contrario. y en tanto no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicios” (v.esta Sala S.D Nº 97.343,del 24/09/2013 in re “Maio, Juan Manuel c/ Paklaian Liliana”).

La presunción se basa en la circunstancia de que cuando se prestan servicios personales para otro, lo corriente es que se lo efectúe por cuenta y orden del que recibe y organiza dichos servicios. Por tal razón, y siguiendo la llamada “tesis amplia”, sustentada entre otros por el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid , constatada la prestación de servicios, será el pretendido empleador quien deberá probar que dicha labor constituye la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 23 y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio (v. en similar sentido esta Sala en autos “Huamani Pareja, Alberto Ronald c/ Palerva SA y otro s/ despido”, SD Nº 95253 del 31.3.11).

La operatividad de la norma al caso lleva a invertir la carga probatoria y en orden a los elementos de prueba arrimados a la causa, encuentro desvirtuada la presunción en el sub lite.

De la prueba testimonial producida en autos (Torres Horacio Daniel -fs. 224I/225I-, Diaz Pablo Ezequiel -fs. 226I/227I-, Ferrreiro Leonardo Emilio -fs. 249/250-, Cagide Germán Esteban -fs. 255/257-, Saravia Christian Daniel -fs. 261/262-, Caravetta Marcela Alejandra -fs.263/264-, Leonforte Arturo Santiago Antonio -fs.343/345-, Guerrero Jorge Camilio -fs.347/348-, Skarulski Alejandra María -fs.349/350-) surge acreditado que el actor prestaba tareas de mensajería para la demandada con una moto de su propiedad y que los gastos del rodado se encontraban a su cargo. Así también, y a diferencia de lo argumentado por la recurrente, su prestación de servicios se limitaba a dirigirse a la recepción del edificio situado en Leandro N. Alem 986 de esta ciudad sin un régimen horario de trabajo ni encontrándose sometido a órdenes.Finalmente, surge acreditado que el servicio de mensajería era prestado tanto por el actor como por otras empresas del rubro como Druppy Moto y Moto Flash.

Resulta relevante para la dilucidación de esta controversia lo expuesto por el testigo Germán Esteban Cagide (fs. 255/256) respecto que el “actor trabajaba en moto y tenía ayudantes que hacían el mismo trabajo pero en bicicletas y cuando el actor no podía hacer determinada tarea, se la encomendaba el actor al ayudante”, ya que ello desvirtúa el objeto del contrato de trabajo. Digo ello porque el contrato de trabajo tiene entre sus caracteres típicos el hecho de ser un contrato sinalagmático, de prestaciones recíprocas, en donde su objeto prestacional esencial esta dado porque el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo (personal) contra el pago de una remuneración.

Así el requisito esencial, trabajo personal intransferible, no se cumple en autos y se desvanece el objeto mismo del contrato. Objeto éste que radica en una obligación personal de hacer. El hacer consiste en el trabajo o la actividad humana, descripción que remite a las definiciones que la misma ley aporta en sus artículos 4º, 21 y 25. La consideración que la norma analizada expone respecto de la utilización de los adjetivos “personal” e “infungible” remiten a una actividad indelegable por parte del trabajador, de alcances intuito personae. Esta prestación no es, entonces, sustituible por otra equivalente, característica que las normas generales exigen para considerar presente la fungibilidad (artículo 2324 del Código Civil). Todo ello permite arribar a la conclusión que el vínculo existente entre el accionante y la sociedad demandada se encuentra enmarcado en los alcances propios de una relación comercial.

No soslayo que en el punto 2.3 del memorial recursivo la recurrente sostiene que la circunstancia de que el actor contaba con ayudantes no integró los términos del responde; sin embargo a fs.158 expresamente la accionada hace referencia a la posibilidad que tenía el actor de ser reemplazado y a la falta del carácter “infungible” de la prestación.

No desvirtúa el carácter probatorio que cabe asignarle a lo expuesto por los testigos Cagide, Saravia, Caravetta, Lonforte, Guerrero y Skarulski, quienes los hicieron a instancias de la parte demandada, por el sólo hecho de que al tiempo de sus declaraciones testimoniales se encontraban prestando funciones en forma dependiente para la accionada (v. fs. 437/439), ya que se ha enfatizado en numerosas ocasiones que dicho extremo no los inhabilita para prestar declaración testimonial, máxime cuando no se advierte razón alguna para descalificar sus testimonios cuando éstos se observan coherentes, concordantes y suficientemente fundados en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieran conocimiento de los hechos sobre los cuales se expiden.(v. en similar sentido esta Sala SD 95861, 31/10/2011 “Barbis Farías Martín Ariel c/ R. Carpaccio SRL s/ despido”).

Por su parte, la recurrente parece confundir el fundamento expuesto por el Sr. Juez de grado relativo a la ausencia de “inserción en la organización empresaria” (v. fs. 433vta./434) con el hecho de la prestación a cargo del actor fuera del establecimiento de la accionada, por cuanto -y compartiendo la conclusión arribada por sentenciante de grado- lo que no se observa en el sub examine es una sumisión de la fuerza de trabajo del accionante (arts. 21,22, 23, 24, 25, 26 y 37 L.C.T) al proceso organizacional de la demandada (art. 5 L.C.T).

Robustece la conclusión precedente, que del confronte del detalle de la facturación obrante a fs. 321 del dictamen pericial contable, se puede advertir la ausencia de correlatividad en la facturación, como así también que en enero de 2.010 el actor no prestó servicios.Cabe agregar a ello, que del citado detalle de facturación se observa una fluctuación ostensible en los montos percibidos, ya que se aprecia un crecimiento cercano al 500% del mes de febrero a marzo del año 2.009. Similares variaciones ocurren durante el transcurso de la relación, próximas al 100% de un mes para el otro (por ejemplo de noviembre 2.009 a diciembre del año 2.009).

En orden a todo lo expuesto, surge evidente la existencia de indicios que me llevan a considerar en la especie la inexistencia de un contrato de trabajo entre las partes. Digo ello porque el accionante nunca subsumió su fuerza de trabajo en una organización empresarial ajena, ya que para la ejecución de sus funciones utilizó un rodado de su propiedad, asumiendo los gastos de su uso (nafta, reparación, etc.), sin un régimen horario determinado y pudiendo ser reemplazado por otra persona. Cabe agregar a este plexo indiciario la existencia de una prestación discontinua por parte del actor y ostensible variabilidad en la percepción de las sumas recibidas por sus servicios.

Por su parte, no resulta óbice a todo lo expuesto lo declarado por los testigos Torres Horacio Daniel (fs. 224I/225I)-, Díaz Pablo Ezequiel (fs. 226I/227I), Ferreiro Leonardo Emilio (fs. 249/250) y Saravia Christian Daniel (fs. 261/262) por cuanto tales testimonios resultan carentes de valor suasorio, en orden al manifiesto desconocimiento que expusieron respecto a aspectos esenciales del vínculo entre las partes o que en su caso lo que pudieron declarar resultaba de comentarios del propio actor (art. 90 L.O y 386 CPCCN).

Finalmente y a modo de colofón, no obra elemento probatorio alguno que haya acreditado la prestación de servicios del actor con anterioridad al mes de octubre de 2.004 -mes en el comienza a facturar para la accionada- o de pagos sin asiento contable, máxime cuando de las constancias de cheques entregados al actor (v. fs. 223 y 336 y copias glosadas en el informe pericial contable -fs.287/320-) los pagos así instrumentados comenzaron en julio de 2.005.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar el fallo de grado en cuanto así resuelve.

III.- Cuestiona la parte actora el modo de imposición de costas y los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por altos. Por su parte, los letrados de ambas partes apelan la regulación de honorarios efectuadas a su favor por reputarlas exiguas. Asimismo, el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por bajos.

Sin perjuicio de lo expuesto en los considerandos anteriores, considero atendible el agravio relativo a las costas, dado que, por las circunstancias del caso, el actor pudo tener una convicción fundada acerca de la existencia de su derecho, en orden a la existencia de una relación que se mantuvo por más de cuatro años, lo que justifica hacer excepción a la regla del art. 68 del Cód. Procesal, por lo que sugiero modificar lo decidido en este aspecto e imponer las costas primera instancia y las de esta Alzada en el orden causado.

A fin de fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa he de tener consideración la labores cumplidas y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 L.O ley 218398 y 24432) y el criterio, que comparto, que establece que no siempre puede identificarse “valor del litigio” con el monto reclamado, porque en ciertos casos la identificación resulta desajustada a la realidad en función de las características del proceso laboral y la adecuada proporción con los trabajos cumplidos (v. CNAT Sala I en autos “Downey, Fernando c/ Asociación Centro Bíblico de la Iglesia de Cristo” del 20/02/1997) he de establecer los correspondientes a la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador, en atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas por ella desempeñadas y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9 y conc. de la ley 21.839, art.3° del decreto 16.638/57 y demás normas arancelarias vigentes, en la suma de ($.), ($.), ($.) respectivamente.

Asimismo, propongo regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que les corresponde por su actuación en la instancia anterior.

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio con excepción del modo de imposición de costas y regulación de honorarios de los profesionales intervinientes. 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado 3) Regular los honorarios de primera instancia de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador en las sumas de ($.), ($.) y ($.) respectivamente. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio con excepción del modo de imposición de costas y regulación de honorarios de los profesionales intervinientes. 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado 3) Regular los honorarios de primera instancia de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador en las sumas de ($.), ($.) y ($.) respectivamente. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde por su actuación en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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