Usucapión de automotores en el proyecto de unificación

shutterstock_152527760Autor: Molina Quiroga, Eduardo

Fecha: 12-nov-2013

Cita: MJ-DOC-6501-AR | MJD6501

Sumario:

I. Registración constitutiva de automotores. II. Usucapión de automotores. III. Inscripción registral. IV. Buena fe. V. Cómputo del plazo. VI. Situación de los automotores no inscriptos. VII. Propuestas de la doctrina. VIII. La propuesta del proyecto 2012. X. Conclusiones.

Doctrina:

Por Eduardo Molina Quiroga (*)

I. REGISTRACIÓN CONSTITUTIVA DE AUTOMOTORES

El Decreto Ley 6582/58 , denominado en adelante Régimen Jurídico del Automotor (RJA), (1) introdujo una modificación sustancial en el ordenamiento jurídico argentino, al incorporar -entre los modos de adquisición o transmisión del dominio- la registración constitutiva. En este sistema, a diferencia de la publicidad inmobiliaria, la inscripción en el registro es un requisito esencial para la adquisición del dominio o de cualquier otro derecho real sobre un automotor. El dominio de un automotor nace con la inscripción en el Registro respectivo y solo a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes, como lo establece el art. 1, RJA (2).

En este tema, la jurisprudencia ha sostenido que en materia de automotores se ha consagrado una inscripción de definidos rasgos constitutivos, lo que implica que la transmisión del dominio se opera de manera exclusiva con la inscripción registral, que es atributiva y no simplemente declarativa. Antes de la inscripción, el negocio jurídico no produce efecto de cambio de titularidad del derecho real, ni entre las partes ni tampoco para los distintos terceros (3).

Se ha dicho que «los registros creados con fines fiscales o policiales llevados por las municipalidades no alcanzaron a modificar el régimen jurídico del Código Civil, pero luego de sancionado el Decr. Ley 6582/58, el régimen de dominio de los automotores se ha transformado sustancialmente, sustrayéndolo del ámbito de aplicación del art. 2412 del Cód. Civil para someterlo a un sistema de inscripción constitutiva» (4).

En doctrina, aunque algún autor no coincide con este criterio, compartimos la corriente que sostiene que, en definitiva, la tradición no es necesaria para adquirir el dominio de un automotor, porque la ley ha sustituido tal requisito por el de la inscripción (5).

II.USUCAPIÓN DE AUTOMOTORES

En relación con este instituto, el RJA originalmente previó que la usucapión de automotores, robados o hurtados, se podía producir a los tres años de su inscripción, siempre que hubiera posesión de buena fe y continuada (6).

La reforma del Código Civil por la Ley 17.711 modificó esta materia, al establecer un plazo de dos años para las cosas muebles registrables en general (art. 4016 bis 2º párr. CCiv).

Posteriormente la Ley 22.977 modificó el art. 4 RJA (párr. 1º) en los siguientes términos: «El que tuviese inscripto a su nombre un automotor hurtado o robado, podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos 2 (dos) años de la inscripción, siempre que durante ese lapso lo hubiese poseído de buena fe y en forma continua».

El texto transcripto tiene diferencias con el art. 4016 bis CCiv, dado que en el RJA se aclara que el cómputo se efectúa desde la inscripción, y no menciona a los automotores perdidos, sino solamente a los hurtados o robados.

Asimismo es distinto el concepto de buena fe en materia de cosas muebles registrables, como se explicará más adelante.

Para que sea aplicable la prescripción adquisitiva de dos años en materia de automotores, es inexcusable que exista una inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor a nombre del usucapiente, tal como claramente lo expresa el art. 4, RJA (7), y haya posesión de buena fe continua, durante dos años, computados desde la inscripción (8).

Se trata de la usucapión que se denomina «secundum tabulas», porque se cumple a favor de quien se halla inscripto como propietario del vehículo en el respectivo registro pero que, a raíz de haber adquirido de un no propietario, necesita bonificar su título (9).

III.INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Además de la posesión de buena fe, para que se aplique la prescripción adquisitiva de dos años, sobre todo en materia de automotores, es inexcusable que exista una inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor a nombre del usucapiente, tal como claramente lo expresa el art. 4 RJA.

Si el poseedor de un automotor no ha logrado la inscripción, es indudable que en esta hipótesis no es posible aducir buena fe, extremo exigido para todas las cosas muebles, sean o no registrables.

Quien no ha logrado inscribir el automotor no puede tener la creencia sin duda alguna de ser el exclusivo señor de la cosa (arg. art. 4006 CCiv), ni estar persuadido, en razón de ignorancia o error de hecho, de la legitimidad de su posesión (arg. art. 2356 CCiv).

En consecuencia, los automotores cuyo dominio no ha sido inscripto en el registro respectivo no son susceptibles de adquirirse por usucapión breve (dos años), extremo que ha sido reconocido en forma prácticamente unánime por la jurisprudencia nacional (10).

El supuesto contemplado en el actual RJA es una situación similar a la del poseedor de un inmueble que tiene justo título y buena fe, que en realidad es propietario, pero, como existe un sujeto que está legitimado para reivindicar (el anterior titular), no necesita iniciar un proceso especial, salvo que aparezca alguien a reclamarle la entrega de la cosa en un juicio reivindicatorio.Es recién en ese caso donde esgrimirá, como defensa, la prescripción adquisitiva, de plazo reducido (11). No se concibe que pueda entablar él mismo la acción de usucapión, pues esa actitud importaría reconocer su mala fe, es decir, que tiene conocimiento de los vicios de su posesión (12).

En opinión que no compartimos totalmente, se ha resuelto que recién en el caso de que aparezcan esas fallas se defenderá oponiendo al verdadero propietario su «titularidad por más de dos años», y mientras tanto su buena fe se presume, (13) por las razones que daremos a continuación.

IV. BUENA FE

El requisito de la posesión buena fe es un elemento imprescindible para la usucapión de automotores, (14) pero es necesario precisar qué significa la buena fe en esta materia (15).

La persona que adquiere un automotor, para poder invocar buena fe, debe observar la siguiente conducta: a) verificar que quien pretende transmitir el dominio es su titular, examinando el título de dominio del automotor; (16) b) pedir un informe de dominio y sus condiciones en el Registro Seccional, (17) de acuerdo a los datos extraídos de la documentación que ha examinado, y que se encuentran en el Legajo B; (18) c) realizar la verificación física del automotor, haciendo cotejar los números registrales de motor y chasis asentados en el título, con los grabados en el vehículo, operación a cargo de Policía Federal Argentina, u otros organismos de seguridad (19).

Es decir, que para que exista buena fe en un adquirente de automotores deben cumplirse estos tres recaudos: examen documental, informe registral y verificación física.

Esta trilogía, cuya observancia no se desprende literalmente de la normativa vigente, es inexcusable a la luz de las nuevas prácticas defraudatorias, por todos conocidas, que han recibido la denominación de «autos mellizos».

V.CÓMPUTO DEL PLAZO

El cómputo del plazo en la usucapión de automotores inscriptos de buena fe se inicia a partir de la inscripción, ya que debe tener un correlato con la extinción de la acción reivindicatoria, lo que «se deduce del art. 2510 del Cód. Civil, última parte, (20) y no se contradice ni siquiera con la tesis que afirma que estos son plazos de caducidad, más allá del rechazo que esta posición pueda merecer» (21).

Varios fallos han coincidido en esta posición (22).

En un caso se consideró procedente computar el plazo desde la entrega del automotor, porque el adquirente había recibido la posesión del último titular registral, quien habiendo intervenido en el proceso judicial no se opuso a la inscripción. A ello se sumó la circunstancia del pago de impuestos (23).

El proyecto de 1998 (art. 1832) estableció que «Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título».

VI. SITUACIÓN DE LOS AUTOMOTORES NO INSCRIPTOS

Uno de los supuestos más frecuentes en la práctica negocial, especialmente de vehículos usados comercializados por agencias o por intermedio de avisos periodísticos, consiste en la compraventa de automotores sin efectuar simultánea, o seguidamente, la correspondiente inscripción de la transferencia en el Registro.

En estos casos pueden presentarse diversas situaciones:

a) el comprador, que no registró la transferencia y luego no puede conseguir que el titular colabore con el trámite registral;

b) el que compra a quien no es titular registral, que adquirió, a su vez, de dicho titular, o de adquirentes de este, etc.Tales supuestos no están previstos en el RJA ni tampoco -expresamente- en el Código Civil, y tienen en común que existen obstáculos insalvables en la normativa vigente para aplicar la usucapión de dos años, dado que no hay inscripción registral, que es requisito y punto de inicio del cómputo, de acuerdo con lo expuesto, y tampoco se trata de cosas robadas o hurtadas, (24) aun cuando pueda invocarse buena fe, extremo que -en atención a lo sostenido previamente- es de muy difícil acreditación.

Sin embargo, la situación jurídica de quien compró un automotor se le hizo tradición, pero no inscribió en el Registro el instrumento respectivo, constituye un problema de cierta significación, que ha provocado la inquietud de la doctrina por encontrar alguna solución, frente a la no pertinencia de invocar la usucapión breve, mediante la denominada «prescripción adquisitiva contra tabulas».

La doctrina nacional ha abordado esta cuestión desde diversas ópticas, que se mencionarán sucintamente.

Se ha sostenido que este comprador es un mero tenedor y no un poseedor, dado que el carácter constitutivo de la inscripción registral implica que tanto el dominio como la tradición operan, se transfieren y, por ende, se adquieren en ese mismo instante; en otros términos, no existe tradición posesoria, por ser esta inscriptoria, y quien preten da ser poseedor podrá serlo, pero, en este caso, será de mala fe (25).

Desde una posición absolutamente opuesta (y minoritaria), se afirma que el comprador no inscripto es un poseedor de buena fe que puede invocar en su favor el art. 4016 bis CCiv (26).

La mayoría de la doctrina, con algunas variantes, entiende que este comprador no puede invocar la prescripción breve del 4016 bis CCiv ni la del art.4, RJA, entre otras razones, porque este comprador-poseedor no inscripto no puede invocar buena fe, (27) posición que suscribimos.

BREBBIA, en cambio, considera que el comprador no inscripto a quien se le ha hecho tradición es poseedor de buena fe, pero no puede invocar a su favor el art. 4016 bis porque esta norma requiere, además de la inscripción, que se trate de cosas robadas o perdidas, ya que la norma es una excepción al 4016 y, consecuentemente, no admite aplicación analógica (28).

Ambas variantes traen como consecuencia que esta persona, que es comprador-poseedor no inscripto, solo podría adquirir el dominio del automotor por prescripción adquisitiva recién a los veinte años, y en tal sentido varios fallos judiciales han entendido que esta es la única solución, a la luz de las normas actualmente vigentes (art. 4016 CCiv que no exige ni título ni buena fe) (29).

Como es fácil advertir, esta solución no es la mejor pues, si el interés es la medida de las acciones, pocos vehículos justificarían implementar un proceso judicial para obtener la declaración de haber adquirido el dominio por usucapión, debiendo dejar transcurrir previamente dos décadas. Quizás podría tener aplicación en el caso de automotores antiguos, o «de colección», o «clásicos» que tienen un régimen especial (30).

Todos los autores entienden que la solución es disvaliosa, no solo porque se trata igual a este comprador que al ladrón, sino porque, después de un lapso tan prolongado, normalmente el automotor ha perdido gran parte de su valor económico (31).

Por otro lado, calificada doctrina se ha opuesto a la aplicación del art. 4016 CCiv al caso de los automotores cuando no ha mediado inscripción de buena fe, argumentando que «si tanto el art. 2765, Cód. Civil, como el art.3º, Decreto Ley 6582/58, aseguran una amplia reivindicabilidad si la cosa fue robada, la excepción para el poseedor de mala fe del objeto robado -en el caso el automotor- debería surgir de un texto de nítida comprensión. No puede enervarse la expansión de ese principio sin una norma igualmente clara que lo permita. Ante la falta de una disposición legal que beneficie al poseedor de mala fe de un automotor robado, no queda otra alternativa que hacer jugar la regla general de la reivindicabilidad. El derecho no es más que un “elector de víctimas”…» (32).

Por otro lado, la práctica registral indica que son casi inexistentes los supuestos de aplicación del régimen establecido en el art. 4, RJA.

En cambio, son numerosas las situaciones no regularizadas, tanto de automotores adquiridos a titulares registrales o a sus sucesores, que no han registrado la transferencia, como de asientos registrales que provienen de maniobras ilícitas, como es el caso de los llamados «autos mellizos».

VII. PROPUESTAS DE LA DOCTRINA

La doctrina argentina dedicada al tema, en posición que compartimos, ha venido reclamando una solución legislativa para los casos en que no exista registración.

Una de las soluciones, de lege lata, ha sido acudir a una norma análoga, como el art. 162 de la Ley 20.094, que permite adquirir por usucapión un buque a los diez años, en ausencia de justo título y buena fe (33).

Hemos dicho que no coincidíamos con esta solución, aunque, de lege ferenda, la propuesta parezca razonable (34).

En materia de proyectos legislativos, se han propuesto diversos plazos para resolver esta situación, actualmente no regulada especialmente (35). En nuestra opinión, cualquier modificación legislativa debe contemplar la naturaleza del sistema registral argentino en materia de dominio de automotores, a fin de no desnaturalizarlo por la vía de proteger la posesión, eludiendo el carácter constitutivo de la inscripción.Sin perjuicio de señalar que, en nuestra opinión, la prescripción adquisitiva es un modo de adquisición poco compatible con un sistema de registración constitutiva como el implementado por el RJA – especialmente en sus arts. 1 y 3-, hemos sostenido que, en materia de automotores, se deberían atender los siguientes aspectos:

a) En caso de inscripción registral de buena fe, de automotores robados o perdidos, cuando exista identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación estampados en chasis y motor, el plazo debe ser de dos años, acreditando la posesión ininterrumpida y pacífica del automotor y computando el plazo desde el momento de la inscripción.

b) Cuando no exista inscripción, la prescripción adquisitiva solo procedería cuando se acredite la posesión del automotor de manera continua e ininterrumpida, durante diez años y que la adquisición fue efectuada al titular registral del automotor o a sus sucesivos cesionarios.

Aun cuando el plazo de diez años pueda parecer excesivo, es necesario entender que establecer plazos más breves puede conducir a la absoluta desnaturalización del sistema registral vigente, que está estructurado sobre la base de su carácter constitutivo. Al respecto, el proyecto de 1998, adoptaba, en su art. 1833, una posición bastante parecida al disponer, en el párr. 3º, «También adquiere el derecho real el que poseyó durante 10 (diez) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribió a su nombre pero la recibió del titular registral o de su cesionario sucesivo» (36).

VIII. LA PROPUESTA DEL PROYECTO 2012

El proyecto 2012, que en este aspecto reproduce el texto del anteproyecto, dedica varias de sus disposiciones al tema que hemos expuesto precedentemente.

Sin duda se avanza notablemente con el art.1890, que dice que «los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan», ya que se incorpora orgánicamente esta especie de cosas, a la que pertenecen el automotor y demás vehículos regulados por el RJA (ver art. 5).

Por otro lado es destacable la incorporación en el art. 1892, que se refiere al «título y modo suficientes» para adquirir derechos reales, de un párrafo que dice: «La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera». El texto mejora la redacción de proyectos anteriores (37).

Sin duda es otro texto que actualiza el régimen jurídico patrimonial y lo armoniza, fundamentalmente, con el RJA.

En el art. 1893, sobre oponibilidad, se propone: «Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real».

Aunque nos hubiera gustado una redacción diferente, consideramos positivo el texto.

En el art. 1895, párr. 2º, se recepta lo que opinaba la doctrina y jurisprudencia mayoritaria al establecer que «Respecto de las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca».

La novedad, con respecto a propuestas anteriores, es que agrega en un párr. 3º, que dice: «Tampoco existe buena fe aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes» (38).

Esta disposición debe ser tenida en cuenta al aplicar el art. 392 del proyecto, sobre los efectos respecto de terceros en cosas registrables, cuando el acto es nulo:«Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho».

Sin duda, la exigencia de buena fe deberá analizarse con los requisitos previstos en el art. 1895 in fine.

El art. 1897 define a la prescripción para adquirir como «el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley».

El art. 1898, dedicado a la prescripción adquisitiva breve, aclara en el párr. 2º que «Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título», conforme opinaba la inmensa mayoría de la doctrina y había resuelto la jurisprudencia, como indicamos antes, y también habían previsto proyectos anteriores.

Con respecto a la usucapión de los automotores no inscriptos a nombre del poseedor, el art. 1899, sobre prescripción adquisitiva larga, dice que «Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 (veinte) años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión».

Y en esta parte la innovación es que agrega: «También adquiere el derecho real el que posee durante 10 (diez) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes» (39).

El art. 1900 establece que «La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua».

En el art.1902 sobre «justo título y buena fe», se incorpora un párrafo en estos términos: «Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial» (40).

Al respecto, además de los antecedentes que hemos mencionado, cabe destacar otros (41).

Es decir que, en nuestra opinión, el proyecto ha recogido la mejor doctrina en esta materia, y revela una notable mejora en relación a anteriores proyectos que no habían tenido en cuenta estos aspectos propios del funcionamiento registral del automotor.

En el art. 1903 se receptan criterios sobre aspectos que hemos comentado previamente y que contaban con el apoyo de calificada doctrina, tales como la fecha desde la que se computa el plazo, señalando que «Se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título, o de su registración si esta es constitutiva».

Otras novedades importantes relacionadas con los automotores se encuentran en el art. 2254, que reza: «No son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados. Tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados inscriptos y poseídos de buena fe durante 2 (dos) años, siempre que exista identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación estampados en chasis y motor del vehículo».

Si bien en la primera parte la propuesta reproduce -en forma abreviada- lo que disponen actualmente los arts.2, 3 y 4 del RJA, que mantienen su vigencia, agrega la exigencia de que coincidan los códigos identificatorios estampados en chasis y motor del vehículo, que es precisamente lo que se constata en la ya referida verificación.

De esta forma, se impiden las maniobras defraudatorias de los «autos mellizos», que logran emplazamiento registral con la falsificación de verificaciones y certificaciones de firma, actuaciones ambas que se llevan a cabo fuera del ámbito del Registro del Automotor y lamentablemente, muchas veces no son fáciles de detectar al momento de procesar la registración.

Esto se armoniza con las exigencias establecidas para la existencia de buena fe, que ya hemos señalado.

X. CONCLUSIONES

En síntesis, el valor que reconocemos, en este aspecto al Proyecto en comentario, es haber tenido en cuenta la especificidad del régimen jurídico del automotor y de su funcionamiento concreto, incorporando al texto del futuro Código Civil y Comercial, si prosperara positivamente su tratamiento por el Congreso, elementos que contribuirán sin duda a su aplicación más eficaz en dicha materia y redundarán en una mejor comprensión del sistema, que es sin duda heterodoxo con respecto a la estructura elaborada por VÉLEZ SARSFIELD.

—————

(1) El primer texto ordenado por Decreto 4560/73 había sido modificado por las leyes 21.053, 21.338, 22.019, 22.130, 22.977, 23.077, 23.261, 24.673 y 24.721. Luego de un nuevo ordenamiento por el Decreto 1114/97, también fue modificado por las leyes 25.232 , 25.345 , 25.677 y 26.348 .

(2) Mariani de Vidal, Marina, “Automotores: La buena fe como requisito para la adquisición de su dominio”, LL, 1991-B-1141.

(3) CNCiv, Sala C, 12/10/76, ED, 72-317; CCiv y Com Paraná, Sala II, 20/3/80, Zeus, 20-347; CCiv y Com BBlanca, 16/12/1976, LL, 1977-D-440. CNCom, Sala B, 30/11/76, “López, Manuel c/ Plaza Mayo Automotores SA”, Albremática, sum.345207; CCiv y Com Dolores, 19/10/82, “Ferreira dos Santos, Arturo c/ Scarfa, Carmelo, Albremática, sum. 420452; CFed Rosario, Sala A, 29/3/77, JA, 1878-I-132; CFed SMartín, 3/9/91, LL, 1992­A-66, y DJ, 1992­1­614; CFed Cba, Sala B, 21/12/88, LLC, 1989­791; CNCiv, Sala C, 23/12/76, ED, 73-184; CCiv y Com Cba, 13/3/81, LL, 1982­B-247, con nota de Plovanich de Hermida, María C. – Cerutti, María del C., Reflexiones acerca de la responsabilidad del titular registral; CCiv y Com Mdes, Sala II, 1/04/80, ED, 88­446.

(4) CCiv y Com BBlanca, Sala II, 29/12/82, ED, 108-160; CNFed Civ y Com, Sala II, 24/08/04, LL, 2005-A, 273. Ver Mariani de Vidal, ob. cit.; C4ª Civ y Com Cba, 16/12/83, LLC, 984­744, 52­R.

(5) Ver Moisset de Espanés, Luis, Dominio de automotores y publicidad registral, p. 35 y 44; Alterini, J., Modos de adquisición del dominio de automotores, “Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, nº 7, oct. 1991, p. 122; Díaz Solimine, Omar L., Panorama general de los automotores de origen incierto: una posible solución, DJ, 1990-2-849; De Luca, Javier A., Automotores. Secuestro y entrega en causas penales, LL, 1992-A-449; Mariani de Vidal, ob. cit.

(6) Antes de la reforma por ley 22.977, el art. 4º del decreto ley 6582/58 decía: «El que tuviese inscripto a su nombre y de buena fe un automotor hurtado o robado, podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos tres años desde la fecha de la inscripción».

(7) C2ªCivyCom, La Plata, Sala I, 03/10/96, “Valdez, Vicente c/ N.N. y/o quien resulte propietario s/ usucapión”, SAIJ, sum. B0252429.

(8) Mariani de Vidal, ob. cit.

(9) Cf. Mariani de Vidal, ob.cit.

(10) CNCiv, Sala F 2/5/96, LL, 1996-E-243 y DJ, 1996-2-1297; CNCiv, Sala C, 28/3/95, LL 1996-E-656 y DJ 1996-2-1268; STRNegro, Sala Civ, 8/10/96, “Fleitas, Roberto s/ usucapión vehículo s/ casación”, SAIJ sum. F0012853; C 2ª Civ y Com, La Plata, Sala I, 03/10/1996, “Valdez, Vicente c/ N.N. y/o quien resulte propietario s/usucapión”, SAIJ, sum. B0252429; C Civ Com Minas Paz y Trib, Mza, Sala I, 12/5/93, “Cortez Justo c/ Pena, Orlando s/prescripción adquisitiva”, SAIJ sum. U0000879; id., Sala II, 28/11/90, “Manrique Juan s/ prescripción adquisitiva automotor”, SAIJ sum. U0002093; íd., Sala IV, 16/9/91, “Vidal Alberto c/ Quinteros, Juan s/ prescripción”, SAIJ sum. U0005806; C Civ y Com Paraná, Sala I, 6/12/79, Zeus, 20-276; C Civ y Com SIsidro, Sala I, 16/8/90, “Cabero Raúl César c/ Noriega Arce Justo s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ sum. B1700067; CNCiv, Sala F, 18/4/94, JA, 1994-IV-357; C 1a Civ Com Minas Paz y Trib SRafael, 5/10/93, JA, 1994-III-555; C Civ Com y Minas SLuis, 24/3/98, “Frontera, Ángel P.”, VJ, 1998­6­126; C Civ Com y Mineria SJuan, Sala I, 27/5/94, “Almirón, Francisco G.”, “Revista del Foro de Cuyo”, 1994-14-131; (entre otros).

(11) Cf. Moisset de Espanés, Automotores y motovehículos. Dominio, p.469; CApel Concordia, Sala III Civ y Com 19/8/94, DJ, 1995-1-345.

(12) CNFed. Civ y Com., Sala I, 24/3/98, LL, 1998-E-464.

(13) C Civ y Com BBlanca, Sala I, 18/9/80, DJBA, 120­151, y JA, 981­III­306.

(14) CNCiv, Sala F, 02/05/96, “Sancor Coop. Unidas Ltda. c. Iglesias, Juan P. y otro, LA LEY, 1996­E, 243; DJ 1996­2­1297; CapCiv.y Com. 2ª Santiago del Estero, 10/08/1994, “Razzolini, Miguel Fernando c/ Simón Felix González”, SAIJ, Sumario Z0100764; CcivyComParaná, Sala I, 06/12/1979, “Sangoy, Pedro D.c. Illarramendi Azurza, Ramón”, Zeus, 20-276); CapCiv,Com,Minas,Paz y Trib. II, Mdza, 28/11/1990, “Manrique Juan s/ Prescripción Adquisitiva Automotor”, SAIJ sumario U0002093; CNCiv, Sala F, 18/04/1994, “Bustos, Gustavo J. c. Alexandreu, Jorge” JA, 1994-IV-357; CCivComyMineriaSanJuan, Sala I, 27/05/1994, “Almirón, Francisco G.”, RF. Cuyo, 1994-14-131.

(15) Remitimos a Viggiola, Lidia y Molina Quiroga, Eduardo, La buena fe en materia de automotores, LA LEY 2008-D, 965, Régimen jurídico del automotor, entre otras publicaciones.

(16) CFed. Mendoza, Sala B, 29/07/1996, “Vega, Roberto O. y otros”, LA LEY 1998-B-895.

(17) Ver art. 16, RJA.

(18) CNCiv, Sala F, 02/05/96, “Sancor Coop. Unidas Ltda. c. Iglesias, Juan P. y otro, LA LEY, 1996­E, 243; DJ 1996­2­1297.

(19) V. Dec.335/88 y Disposición DNRPA 30/85; CNCiv, Sala C, 28/03/1995, “Ventre, José c/ Dalmasso Cavacini, Fabiana y otro”, LA LEY 1996-E,656, DJ 1996-2-1268. Cf. Alterini, Jorge ob. cit.

(20) Cf. C2ªCiv y Com, La Plata, Sala II, 3/10/96, “Valdez, Vicente c/N.N. y/o quien resulte propietario s/usupación”, SAIJ, sum. B0252430.

(21) Cf. C1ª Civ Com Minas Paz y Trib SRafael, 5/10/93, JA, 1994-III-555. Ver especialmente SCMza, Sala I, 20/09/91, ED, 49-682, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci.

(22) CNCiv, Sala C, 28/03/95, LL, 1996-E-656 y DJ, 1996-2-1268; C Civ y Com SIsidro, Sala I, 16/08/90, “Cabero Raúl César c/ Noriega Arce Justo s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ, sum. B1700067; CCiv Com y Mineria SJuan, Sala I, 27/05/94, “Almirón, Francisco G”, “Revista del Foro de Cuyo, 1994-14-131.

(23) CNFed Civ y Com, Sala I, 24/03/98, LL, 1998-E- 464.

(24) CNCivil, Sala K, 18/02/97, “Fonseca, Horacio Demetrio c/ Aseguradores Industriales SA. Cía. Arg. de Seg. s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ sum.C0039476.

(25) Belmaña Juárez, Jorge, Usucapión de automotores, Zeus, 41-D-69.

(26) Liebau, Florencio, Régimen jurídico del automotor, pp. 202 y ss.

(27) Moisset de Espanés, Luis, Prescripción adquisitiva de automotores contra tabulas, ED, 60-559; Dominio de automotores y publicidad registral, p. 127 y siguientes; Usucapión de automotores, Zeus, 32-D-69; Capón Filas, Mario J., La usucapión de automotores en una sentencia, JA, 1991-III-303; Belmaña Juárez, Usucapión de automotores, Zeus, 41, D-69, Kiper, Claudio M., La prescripción adquisitiva de cosas muebles y el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, LL, 1988-C-869; Kiper, Claudio M. – Cerviño de Henry, Cecilia, El título putativo y el régimen jurídico de los automotores, JA, 1988-IV-177; Areán de Díaz de Vivar, Beatriz, Juicio de usucapión, p. 387; de Rosa, Carlos A., La prescripción adquisitiva de cosas muebles, LL 1989-A-1003; Borda, Tratado de derecho civil, Derechos reales, t. 1, 396; Marcolín de Adorno, Marta, Prescripción adquisitiva mobiliaria e inmobiliaria, p. 144.

(28) Brebbia, Roberto H., Problemática jurídica de los automotores, t. 2, p. 345. Cf. CCiv Com Minas Paz y Trib, Mza, Sala I, 12/5/93, “Cortez Justo c/ Pena, Orlando s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ sum. U0000879; C Civ Com Minas Paz y Trib, Mza, Sala. IV, 16/9/91, “Vidal Alberto c/ Quinteros, Juan s/ prescripción”, SAIJ sum. U0005806.

(29) CCiv y Com Paraná, Sala I, 6/12/79, Zeus, 20-276; C Civ y Com SIsidro, Sala I, 16/8/90, “Cabero Raúl César c/ Noriega Arce, Justo s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ sum. B1700067.; C Civ Com Minas Paz y Trib, Mza, Sala. IV, 16/9/91, “Vidal Alberto c/ Quinteros, Juan s/ prescripción”, SAIJ sum.U0005806; CFed SMartín, 28/8/91, LL 1992-A-73, DJ, 1992-1-687 y ED 145-126; CCiv Com Minas Paz y Trib, Mza, Sala I, 12/5/93, “Cortez Justo c/ Pena, Orlando s/ prescripción adquisitiva”, SAIJ sum. U0000879; C 1ª Civ Com Minas Paz y Trib, SRafael, 10/5/95, JA, 1994-III-555; CNCiv, Sala F, 2/5/96, LL, 1996-E-243 y DJ, 1996-2-1279.

(30) Ver Viggiola-Molina Quiroga, Régimen jurídico del automotor, p.97 y siguientes. Hay un registro de automotores clásicos, que otorga esta calificación al automotor que reúne los requisitos establecidos en el decr. 779/95 (ver Digesto de Normas Técnico-Registrales, Título II, Secc. 9ª, art. 1º).

(31) SCMza, Sala I, 20/9/91, ED, 149-683, voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci; Viggiola, Lidia E., Prescripción adquisitiva de automotores, ponencia oficial de AERPA en el Encuentro Latinoamericano de Derecho Registral, Buenos Aires, mayo de 1996. Las Terceras Jornadas de Derecho Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa, con en referencia al Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial de 1987, concluyeron que «se considera demasiado extenso el plazo de 20 años para el poseedor de buena fe de cosa mueble registrable que no la inscribió a su nombre (art. 3931, inciso 3º)».

(32) Alterini, Jorge H., ob. cit.

(33) Papaño-Kiper-Dillon-Cause, Derechos Reales, t. I, p.313; Cf. C1ªCivComMinasPazyTrib, SRafael, 5/10/93, JA, 1994-III-555. Ello así, pues «no hay que olvidar que, en lo pertinente, se trata de una ley análoga en tanto regula el régimen de una cosa mueble registrable.Además, no parece razonable admitir la usucapión para los buques, aun en ausencia de buena fe y justo título, al cabo de diez años y negársela a los automotores, cuyo desgaste por el uso es mayor y cuyo valor de reventa suele deteriorarse con mayor rapidez».

(34) Molina Quiroga, Eduardo, Viggiola, Lidia, “Régimen jurídico del Automotor (comentario al Decreto Ley 6582/58, ratificado por la Ley 14.467 y modificado por Leyes 22.977, 24.673 y 25.232)”, en “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, Zannoni, Eduardo A. (director) Kemelmajer de Carlucci, Aída R. (coordinadora), volumen 12, Ed. Astrea.

(35) El proyecto elaborado por la Comisión Federal de la Cámara de Diputados, aprobado en 1993, y luego no considerado por el Senado, estableció para los muebles un plazo de diez años, sea la cosa registrable o no, y aunque fuera robada o perdida (art. 4016); y para quien ha poseído de manera ostensible, continua y de buena fe, una cosa mueble robada o perdida, cuando se trata de un bien mueble registrable, con dos años de posesión, computado a partir de la registración, admitiendo que se una la registración a la de los antecesores si todas son de buena fe. Este último aspecto es poco claro. A su vez, el proyecto de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo (decr. 468/92) trae una solución que parece más adecuada, aunque en los plazos hay coincidencia (ver art. 3968).

(36) Ver Viggiola-Molina Quiroga, Régimen jurídico del automotor, p.425. En una situación muy particular se ha considerado cumplido el plazo que habilita la usucapión del bien (automotor), contando diez años a partir del momento en que el actor entró en posesión de del automotor y se ordenó la inscripción registral, con cancelación del anterior asiento.Cabe aclarar que el titular registral, que era ajeno a la compraventa en virtud de la cual el actor adquirió la posesión, fue citado al juicio pero no se opuso a la pretensión (CNCiv., Sala J, 10/5/07, Microjuris, MJJ12290).

(37) Nuestra propuesta era más extensa y en un artículo distinto decía: «La inscripción registral constitutiva opera de manera exclusiva la transmisión del dominio de la cosa, con carácter atributivo. Antes de la inscripción, el negocio jurídico no produce efecto de cambio de titularidad del derecho real, ni entre las partes ni tampoco para los distintos terceros. Con esta inscripción culmina el proceso negocial existente entre las partes contratantes. La inscripción registral constitutiva sirve de prueba del dominio y hace oponible la transferencia tanto entre las partes como con relación a los distintos terceros. Es requisito esencial que se haya verificado la existencia de los números o códigos identificatorios de la cosa y su coincidencia con los consignados en los asientos registrales correspondientes».

(38) Conforme a la propuesta que aportamos a la Comisión, juntamente con Lidia Viggiola, aunque con distinta ubicación.

(39) Este párrafo también corresponde a la propuesta que formuláramos con la Dra. Viggiola, y que además fue aprobada por la comisión de Derechos Reales de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Tucumán (2011).

(40) La redacción también se corresponde con el aporte que realizamos con la Dra.Viggiola.

(41) CFed Mza, Sala B, 29/7/96, LL, 1998-B-895, que decía que «La exigencia de análisis de la documentación del automotor ha sido destacada diciendo que, si bien en todo nuestro país puede verse a particulares que venden automotores sin ser concesionarios ni agencias de compra venta, ello no quita que cuando un comprador de buena fe desea adquirir a un desconocido de él un automóvil, además de fijarse en el precio y estado del mismo, necesariamente debe requerir todos los “papeles” en regla y exigir el formulario “08” con la firma autenticada del vendedor -como mínimo- y, si existe algún motivo para dudar, lo lógico es que se abstenga de adquirir ese bien y busque otro similar o que refuerce sus precauciones, por ejemplo, haciendo una averiguación en el Registro Nacional del Automotor». CFed Civ y Com, Sala II, 24/8/04, LL 2005-A-273: no puede alegar la existencia de buena fe quien no solo omitió la realización de la verificación física del rodado, donde hubiera descubierto la adulteración de su numeración, sino que tampoco realizó la verificación jurídica (exhibición del título del automotor y de la cédula de identificación), motivo por lo cual no puede alegar la requerida buena fe al derivar el error de su propia negligencia. CSJN, 27/3/01, “Fries, Norma Alicia y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” , MJJ53023: cuando los documentos tenidos «a la vista» para confeccionar el boleto de compraventa del automotor mostraban ya la discordancia (marca del motor del automóvil superpuesta a otra marca), se torna inexcusable la negligencia observada en los trámites de transferencia del dominio del bien, pues una elemental previsión hubiera llevado al actor a verificar esos datos, lo que le habría permitido comprobar la presunta adulteración que denuncia. Por lo tanto, sólo a su propia conducta le es atribuible el perjuicio invocado.

(*) Abogado, Universidad de Mendoza. Doctor en Derecho, UBA. Diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías, FLACSO. Profesor regular adjunto de Derechos Reales, UBA. Docente de posgrado de Régimen Jurídico del Automotor, UCES y UB. Expositor. Autor de trabajos sobre temas de su especialidad. Miembro del grupo de juristas convocados para la redacción del anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s