Responsabilidad de empresa de subtes por la caída de un pasajero en la escalera de acceso

Subir al subtePartes: Sandoval Lorenzo c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 2-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82163-AR | MJJ82163 | MJJ82163

Es responsable la empresa prestataria del servicio de subterráneos por la caída de un pasajero en la escalera de acceso, pues no acreditó el quiebre del nexo causal por el hecho de la víctima. 

Sumario:

1-Corresponde hacer lugar a la demanda deducida por un pasajero contra la empresa prestataria del servicio de transporte subterráneo de personas, toda vez que, acreditada la presencia de suciedad que quitó adherencia a la escalera fija de la cual cayó el actor, ocasionándose lesiones y quebraduras, la demandada no ha logrado quebrar el nexo causal por el hecho de la víctima. 2-En el ámbito del contrato de transporte no pesa sobre el pasajero que ha sido víctima de un infortunio acreditar que aquello que le ha producido un daño-en el caso, la escalera fija del hall de la estación del subterráneo- se trate de una cosa generadora de riesgo, precepto propio de la órbita extracontractual, pues lo contrario equivaldría a que la empresa transportista se exima de responder con sólo probar su diligencia o dicho de otro modo, su falta de culpa. 3-La empresa prestataria de servicio de transporte subterráneo tiene el deber de disponer medios alternativos para el descenso a los andenes que resulten adecuados para evitar infortunios como los de este tipo, en el cual una persona de avanzada edad resbaló en el escalón de una escalera fija ubicada en el hall de una estación.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de octubre de 2013, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer del recurso interpuesto en los autos “SANDOVAL LORENZO C/ METROVIAS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 787/796, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Sres. Jueces de Cámara Dres. Alvarez Juliá, Cortelezzi y Diaz Solimine.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Alvarez Juliá dijo:

I.- El Sr. Lorenzo Sandoval, a través de letrada apoderada, entabló la presente demanda contra “Metrovías S.A.” en razón de los daños y perjuicios derivados de una caída que sufriera el día 3 de noviembre de 2005 en la escalera fija del hall central que conduce al andén de la estación Gral. San Martín de la línea “C” de subterráneos.

Se citó como tercero a “Taym S.A.” por pedido de la demandada, quien se presentó a fs. 190/195.

En la anterior instancia, el Sr. Juez de grado desestimó la excepción de prescripción opuesta y rechazó, a su vez, la demanda incoada, con costas al actor. Éste trae sus quejas a través de su presentación de fs. 846/850, replicada por la demandada a fs.852/853.

II.- AGRAVIOS POR EL RECHAZO DE DEMANDA:

Las quejas traídas por el apelante sobre el fallo recurrido versan sobre dos aspectos concretos.

El primero, es que se haya juzgado que la requerida no violó el deber de seguridad, por considerarse que la escalera donde se produjo su caída no presentaba ningún defecto ostensible u oculto que la haga impropia para su destino.

El segundo, el haber concluido la falta de relación de causalidad adecuada entre el “resbalón” que sufriera y el estado de la escalera.

Adentrado en el relato de los hechos efectuado en el escrito constitutivo, dijo el actor que el día ya señalado, siendo aproximadamente las 19,10 horas, regresaba a su domicilio luego de la jornada laboral a través de la línea “C” de subterráneos, que abordaba en la estación Gral. San Martín.

Que luego de cruzar el molinete a las 19,06 horas, y de bajar algunos escalones de la escalera fija ubicada en el hall central que conduce al andén, se resbaló y cayó pesadamente hasta el final de la escalera.

Atribuyó el suceso al material resbaladizo del que está construida la escalera, que no contaba -precisó- con juntas antideslizantes adecuadas, sumado al gran desgaste que presentaban los bordes de los escalones y la falta de limpieza.

Detalló las lesiones padecidas, que pueden resumirse -a grandes rasgos- en fractura expuesta de rótula izquierda y contusiones varias, que motivaron su intervención quirúrgica de emergencia.

No está discutida ni la ocurrencia del hecho ni el encuadre legal efectuado por el anterior sentenciante a la luz del art. 184 del Código de Comercio y la ley 24.240.

En este sentido, reiteradamente ha dicho esta Sala (voto en primer término de la Dra. Cortelezzi en L.457.036 del 13/11/06), que “el porteador tiene una obligación tácita de seguridad, debiendo garantizar la integridad física del pasajero desde el inicio hasta la finalización del viaje” (conf.Bustamante Alsina, “Teoría general de la responsabilidad civil, pág.963 y ss.”, Mayo, “Sobre las denominadas obligaciones de seguridad”, L.L. 1984-B-949), debiendo llevarlo sano y salvo hasta su lugar de destino (Bustamante Alsina, “La obligación de seguridad en el transporte ferroviario”, L.L. 1990-D-96; Mayo, op. cit.; López Cabana, “El contrato de transporte terrestre sometido al régimen de responsabilidad extracontractual” L.L. 1991- B-300).

Por otro lado, he dicho recientemente en un caso derivado de una caída en la escalera fija de acceso a la estación Federico Lacroze de la línea “B” que “.el carácter de pasajero, se evidencia por haberse acreditado el hecho dentro del ámbito de la estación, ya que el contrato de transporte subterráneo de personas no queda circunscripto únicamente al medio de transporte en sí, sino que comprende las etapas previas y posteriores vinculadas con el ascenso y descenso de los pasajeros” (Conf. esta Sala, in re: “Costa Silvia Magdalena c/ Metrovias S.A. s/ Daños y perjuicios” , R. 598.757, del 28/6/2012, con cita a CNCiv. Sala “J”, “Hudson, Diego Adrián c/ Metrovías S.A.” del 29/10/2010). Tal como lo dije en esa oportunidad, la obligación de seguridad incluye el uso de la escalera de acceso al transporte, máxime en este caso que el actor ya había traspuesto el molinete respectivo.

Lo hasta aquí plasmado, cabe agregar, no es otra cosa que una derivación directa de la tutela otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional.

Con todo, le incumbía al actor acreditar el hecho y la relación de causalidad con el daño sufrido, en cuyo caso, y siendo una obligación de resultado, la empresa de transportes sólo se eximirá de responder si acredita la culpa de la víctima que quiebre el nexo causal, tal como alegó al contestar demanda.

Sobre este punto, precisó “Metrovías” como defensa de fondo, que la escalera se encontraba en perfecto estado de conservación, sin irregularidades ni peligrosidad alguna.Que si el actor efectivamente cayó así, se debe a que lo hizo sin cumplir con un mínimo deber de cuidado y precaución. Que ello es probable por “tratarse de una persona de avanzada edad, que había salido recientemente de su trabajo y quería regresar lo más prontamente posible a su hogar, lo que puede haberlo motivado a apurar el paso generándose así su descuido y consecuente pérdida del equilibrio”.

Dijo la demandada, por otro lado, que por el modo en que se cayó debía estar bajando la escalera a gran velocidad y sin tomarse del pasamanos (fs. 112).

Entre la prueba recolectada cabe traer en primer lugar la causa penal que luce agregada a fs. 140/171, cuya reserva dispuso el Sr. Fiscal interviniente a fs. 156.

Luce allí la declaración brindada por el suboficial José Tabárez de la P.F.A., quien llevó a cabo una constatación en el lugar del hecho veinte días después de sucedido. Señaló que la escalera fija en cuestión posee dos tramos, el primero de dieciséis escalones y el segundo de trece. Que las baldosas poseen figuras antideslizantes y empuntadas de metal, así como buen estado de uso y conservación, baranda de seguridad e iluminación artificial. No apreció daño alguno que fuera, desde su punto de vista, peligroso para el tránsito de personas.

Por otra parte, se presentó a fs. 548/557 la pericia elaborada por el Ing. Martín Alejandro José García.

Se precisó allí que la escalera está revestida por baldosones de porcellanato de 30 cm x 30 cm que tienen en la parte más externa 5 acanaladuras de 0,5 cm de ancho por una profundidad de aproximada de 0,3 cm para mejorar la adherencia con la suela del calzado de los transeúntes.También que dichos escalones tienen un pequeño borde o nariz, materializado por una planchuela metálica de 0,5cm.

Señaló que se trata de un material resistente al tráfico y de uso actual, así como que las características geométricas de la escalera cumplen con lo que estipulaba el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires a la época de su construcción.

Aclaró el experto, en otro orden, que la presencia de agua, polvo, tierra, restos de comida o suciedad, reducen la adherencia entre el piso y el calzado y facilitan los resbalones o caídas.

Observó que la altura total de la escalera (5,11m.), lleva a que una caída pueda tener un efecto de lesiones graves o hasta la muerte de una persona.

Comprobó la inexistencia de medios alternativos de uso para personas con movilidad reducida siendo, incluso, la única escalera para descender al andén.

Esta última circunstancia se vio corroborada, a su vez, por el informe remitido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte agregado a fs. 448/450. Se asentó allí que a la fecha del hecho, el hall de la estación San Martín no contaba con escalera mecánica de descenso ni otro mecanismo mecánico que vinculara al andén con sentido Constitución.

Tenemos, por fin, la prueba testimonial ofrecida por ambas partes.

A fs. 259/260 declaró Adriana Cecilia Bellomo, quien era a la fecha del hecho compañera de trabajo del actor. Dijo que aquel día salían juntos a tomar el subte, ella la línea “C” para hacer combinación con la “A” y el actor seguía hasta Constitución.

Que bajaron con mucha gente como siempre.Que Sandoval “estaba agarrado del pasamano del lado derecho y perdió el pie y cayó”. Volvió un compañero de ambos que estaba más adelantado, y vino una empleada de Metrovías y una persona de seguridad.

Una señora que estaba en el lugar le prestó su celular para que llame a su hija para avisarle, y ellos se quedaron ahí hasta que el SAME lo retiró en silla de ruedas. Puntualizó que el actor bajaba la escalera con prudencia, y que ésta era resbaladiza. Dijo que el actor usaba habitualmente zapatos abotinados con suela de goma, y que no creía que el día del hecho tuviera otros.

A fs. 261 hizo lo propio Julio César Belaich. Refirió conocer al actor por haber sido compañero de trabajo. Que el día del hecho iban bajando la escalera ellos y la Sra. Adriana. Él se adelantó debido a que el actor lo hacía muy despacio, y al final de la escalera sintió un ruido, se dio vuelta y vio que Sandoval se había caído. Volvió para ver qué había pasado y lo observó con la ropa rota y la rodilla ensangrentada. Luego vino una mujer que tomó fotografías, y el SAME, que lo retiró en silla de ruedas. Precisó cómo está conformada la escalera, así como que el actor habitualmente usaba calzado con suela de goma, sin creer que ese día lo hubiera cambiado. Dijo, también, que la escalera ese día estaba bastante sucia, con polvillo.

En tanto, a fs. 262/263, brindó su testimonio Nidia María Britez. Dijo que el día del hecho venía atrás del actor agarrada del pasamano bajando la escalera. Que se detuvo a l ver que se había caído y, como tiene conocimientos geriátricos, se acercó a ver si necesitaba algo. Lo vio ensangrentado en una pierna, pero no lo tocó, se limitó a preguntarle si estaba conciente, y comprobó que lo estaba, aunque muy nervioso. Le prestó su celular para que llamara a su hija.Al rato se lo llevó personal del SAME en silla de ruedas. Puntualizó que el actor bajaba muy despacio, a punto tal que ella intentaba pasarlo, tomado del pasamanos derecho. Preguntada por las condiciones de la escalera, dijo que ese día estaba bastante sucia, que ella misma se cuidaba al bajar. Por fin, dijo que fue contactada por la hija del actor, debido a que su celular le había quedado registrado.

Por último, prestaron declaración testimonial Jorge Volney Mogica y Patricia Mabel Fedaniak, a fs. 265 y 266, respectivamente. Ambos dijeron ser empleados de Metrovías y reconocieron el informe del hecho y las fotografías de la escalera aportados en la contestación de demanda.

En cuanto a la valoración de la prueba, cuadra señalar que de acuerdo con lo previsto en el art. 477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa.

Si bien el juez es soberano al sentenciar, en la apreciación de los hechos dentro de los que se encuentra el dictamen, debe sin embargo, aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones del perito, razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues su conocimiento es ajeno al del hombre de derecho (Fenochietto-Arazi, “Código Pro-cesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, Astrea, 1983, Tomo 2, pág. 524).

Así se ha dicho que el juez debe demostrar que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Arazi, “La prueba en el proceso civil”, Buenos Aires, La Roca, pág.289 y jurisprudencia citada en notas 31 y 32).

La claridad en las conclusiones del perito son indispensables para allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del juez (Conf. Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la prueba judicial”, Tomo II, pág. 336), y sus conclusiones deben ser convincentes, como consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el juez, si al apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco claras y carentes de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria indispensable para formar convicción sobre los hechos controvertidos (Varela, Casimiro, “Valoración de la prueba”, Buenos Aires, Astrea, pág. l96).

Cabe agregar que frente a la categórica o unánime conclusión de los peritos, para apartarse de ellas se debe encontrar apoyo en razones serias, es decir de que la opinión de los expertos se halla reñida con los principios lógicos y las máximas de experiencia, o en el hecho de que no existen en el proceso elementos de mayor eficacia acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Por otro lado, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de ese tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del peritaje (CNCiv., Sala “F”, 24/8/82, E.D.102-331).

Con relación a la apreciación de la eficacia probatoria de la prueba testimonial, debe ser igualmente efectuada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de su declaración. En este sentido, el Magistrado goza de amplias facultades pudiendo admitir las que, conforme con el correcto entendimiento humano, considere acreedoras de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el expediente y, al mismo tiempo, desestimar las que no logren formar convicción (conf. Fenochietto- Arazi, Código Procesal, t.2, p.438 y su cita).

Como lo ha expresado mi distinguido colega de Sala, Dr.Díaz Solimine en su voto en “Gallardo Luis Alfredo c/ Gotuzo César Alfredo s/ daños y perjuicios” (Recurso libre nº425.501) “.es variada la gama de posibilidades que llevan a la valoración de la prueba testimonial., pudiendo detectarse dos tipos fundamentales de testigos: a) el de atendibilidad plena y b) el de atendibilidad restringida”. Entre estos últimos se encuentra el testigo único, ya que esta particular situación llevan a apreciar sus dichos con estrictez, pudiendo llegar a desestimarlos. Enumera también las diversas pautas dadas por el maestro colombiano Devis Echandía para apreciar los dichos de un testigo, y de ellas rescato aquélla que hace mérito de la verosimilitud del hecho declarado en relación con otros hechos y con otras pruebas, poniendo el acento, de modo particular, en las contradicciones en las que se incurren a lo largo del proceso, para lo cual, debe realizarse el análisis y valoración del plexo probatorio ar-rimado al juicio.

Comprobada la caída del actor en la escalera que desciende el andén y las lesiones padecidas en consecuencia, se hallan configurados los presupuestos de responsabilidad civil: antijuricidad y daño, vinculados por una relación de causalidad adecuada. El factor de atribución ya fue examinado.

Debemos concentrarnos en la eximente alegada. Sobre el punto, y bajo los parámetros expuestos en los párrafos precedentes, adelanto que no puede colegirse de la prueba recolectada el quiebre del nexo causal por el hecho de la víctima postulado en la anterior instancia.

En este sentido, y en cuanto a las condiciones de la escalera sobre las cuales se hiciera especial énfasis en el fallo apelado, es menester señalar que en el ámbito del contrato de transporte no pesa sobre la víctima el deber de acreditar que se trate de una “cosa” generadora de riesgo, precepto propio de la órbita extracontractual.Ello lo diferencia, por ejemplo, de las caídas en la vía pública, donde tal exigencia es ineludible.

Sí es cierto que en caso de poder acreditarse su buen mantenimiento, éste será un elemento que -entre otros- podrá juzgarse para valorar la responsabilidad que le cupo a la víctima en el hecho concreto pero, claro está, no es el único.

Es que admitir lo contrario equivaldría a que la empresa transportista se exima de responder con sólo probar su diligencia o dicho de otro modo, su falta de culpa, supuesto menos riguroso que el adoptado por el legislador en la letra del art. 184 del Código de Comercio.

Dos de los tres testigos presenciales fueron contestes en afirmar que la escalera presentaba suciedad en el momento del hecho. El experto, en tanto, si bien apuntó que resultaba adecuada a la normativa vigente a la época de su construcción, no vaciló en afirmar que la presencia de suciedad le quita adherencia. Agregó, a su vez, que sus características llevan a que una caída pueda provocar graves lesiones, o incluso la muerte de un pasajero.

No se ha podido acreditar tampoco que el actor bajara la escalera a gran velocidad y sin tomarse del pasamanos, como se dijo al contestar demanda.Por el contrario, surge exactamente lo contrario de la prueba testimonial rendida, que no recibió una crítica que juzgue fundada por parte de “Metrovías”, que por otra parte contó con representación letrada en las audiencias respectivas.

Pero especial énfasis debo hacer en la falta de medios alternativos para descender al andén, en lo cual coincidieran tanto el perito como la C.N.R.T.

Sobre este punto, no es aceptable la postura asumida por la concesionaria relativa a que el hecho se produjo por “tratarse de una persona de avanzada edad, que había salido recientemente de su trabajo y quería regresar lo más prontamente posible a su hogar, lo que puede haberlo motivado a apurar el paso generándose así su descuido y consecuente pérdida del equilibrio”.

No sólo no lo es ya que tal conclusión se trata de una presunción que no ha sido probada, sino porque, además, el hecho que una persona de avanzada edad se hallara bajando por esa escalera respondió -en definitiva- a una omisión previa de la prestataria al no disponer de los medios automáticos para que pueda hacerlo sin riesgos.

Justamente las personas que salen de su trabajo y quieren volver “lo más prontamente posible a su hogar”, tal como se dijo al contestar demanda, son aquellas que suelen utilizar el transporte público a la hora que sucedió el infortunio. Con lo cual, pesa sobre la demandada el deber de disponer medidas y, en este caso, medios de acceso, adecuados para que este tipo de infortunios no tengan lugar.

Como recientemente ha dicho mi distinguida colega de Sala Dra. Cortelezzi con cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ciudadano común que utiliza un medio de transporte masivo debería tener una fundada confianza en que el organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello así porque la prestación de servicios masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para quienes lo reciben.No se puede soslayar que el fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza son esenciales para estos sistemas, que no podrían subsistir si se exigiera al consumidor que se comportara como un contratante experto que exigiera pruebas e información antes de usar el servicio, de modo que las pertinentes eximentes de responsabilidad deben interpretarse con carácter restrictivo (Conf. esta Sala, “Montoya, Mauricio Javier c/Transportes Metropolitanos General San Martín y otros s/Daños y perjuicios”, L. 527.369, del 4/9/2013, con cita a CSJN, “Uriarte Martínez c. Transporte Metropolitano General Roca S.A.” , 9/3/2010, Fallos: 333:203).

Con todo, juzgo que no ha logrado la demandada acreditar la culpa de la víctima alegada en la contestación de demanda.

Voto entonces por revocar el fallo apelado y admitir la acción promovida contra “Metrovías”.

III.- Debo adentrarme, entonces, en el examen de la responsabilidad de la tercera citada “Taym S.A.”.

La referida sociedad fue traída al proceso por pedido de la demandada, el cual fue admitido pese a la oposición formulada oportunamente por el actor.

Esta circunstancia, si bien no es determinante, sí resulta relevante a los fines de meritar la viabilidad de extender la condena en los términos del art. 96 del Código Procesal. Es que siendo el interés de “Metrovías” en obtener -al menos- una responsabilidad concurrente que le permita eventualmente una acción de regreso, era entonces la principal interesada en que el incumplimiento contractual de la tercera quede a la vista.

Se adunó a fs. 95/102 el contrato que vincula a la demandada y la tercera citada, reconocido por ambas.Surge allí como prestación principal de “Taym” en la cláusula primera la realización de los trabajos de limpieza en todas las estaciones de subterráneo, que comprende el mantenimiento diario de todas las zonas afectadas al servicio de “Metrovías”.

No se ha acreditado en autos, más allá de la presencia de polvo a la cual aludieron los testigos del hecho, un incumplimiento contractual que amerite extender la condena a “Taym” en su calidad de tercera citada.

Ello en tanto, siendo un régimen distinto a la especial tutela del contrato de transporte, le era exigible a “Metrovías” prueba de mayor certidumbre para concluir el incumplimiento contractual de su co contratante.

Voto entonces por rechazar la acción contra “Taym S.A.”.

Corresponderá adentrarme en el examen de los rubros pretendidos. “Revocada la sentencia de primera instancia, que no había entrado al fondo del asunto y no había fijado la indemnización por rechazar la demanda, el Tribunal de Alzada debe entrar a resolver plenamente” (CNCiv. en pleno, “Gaggero de Simonetti, María c/ Bogopolsky, Josué” , J.A. 1955-III-208, cit. en Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado-Concordado- Comentado”, T. II, pág. 432).

IV.- RUBROS INDEMNIZATORIOS:

IV.1.- Incapacidad sobreviniente (daño físico y psicológico):

Reclamó el accionante la cantidad de $80.000 por este rubro, sujeto a lo que en más o en menos resulte de la prueba de autos.

La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en causa libre n.º 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J., “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones”, t. IV-A, pág.120, n.º2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio – Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado”, t. 5, pág. 219, n.º 13; Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, t. III, pág. 122; Borda, G.A., “Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones”, t. I, pág. 150, n.º 149; Mosset Iturraspe, J., “Responsabilidad por daños”, t. II-B, pág. 191, n.º 232; Alterini-Ameal- López Cabana, “Curso de Obligaciones”, t. I, pág. 292, n.º 652).

En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud y a la integridad física y psíquica.

Por otro lado, bueno es recordar también -como lo ha destacado el Tribunal (conf.: CNCiv., Sala “F”, en causa libre nº 104.671 del 14-9-92, entre muchas otras)- que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la “expectativa de vida” que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente a los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de trabajo.

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

A fs. 451/452 presentó su dictamen el perito médico designado Dr. Jorge Luis Bogacz.Indicó que el actor sufrió como consecuencia del hecho de autos fractura de rótula izquierda, que le causaba al momento de la pericia una mínima dificultad en la flexión máxima de esa rodilla. Estimó una incapacidad parcial y permanente del 8%.

La parte actora formuló sus impugnaciones a fs. 470. Cuestionó que no se haya valorado el material de osteosíntesis y la cicatriz de 8cm. presentes en la rodilla del actor.

“Metrovías”, en tanto, presentó sus observaciones a fs. 474/475. Criticó que se le haya asignado incapacidad a la fractura sufrida por el actor, sin considerar su avanzada de edad, así como que la lesión por sí misma no basta para incapacitarlo.

El experto brindó sus respuestas a fs. 502/503 y 509/510, donde ratificó sus conclusiones iniciales. Precisó que no halló en el accionante elementos predisponentes para la fractura padecida, como sugirió la requerida en orden a su edad. Aclaró que la cicatriz que presenta la víctima no le causa incapacidad física, aunque puede meritarse una secuela en términos estéticos del 1,16%.

Por fin, la última impugnación de la actora y contestación del perito, con similares argumentos, lucen a fs. 515/516 y 521, respectivamente.

El consultor técnico designado por la demandada, Dr. Osvaldo Hugo Bordoli, presentó a fs. 481/493 su informe. Concluyó que el actor padeció como consecuencia del hecho una fractura de rótula izquierda que, tratada quirúrgicamente, consolidó de manera adecuada sin dejar secuelas incapacitantes.

En la faz psíquica, precisó el perito médico a fs. 624 y 638 que el actor no presenta secuelas derivadas del hecho objeto de esta litis.

Ya aludí en el punto tocante a la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el art.477 del Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa.

De allí que, frente a la categórica o unánime conclusión de los peritos, para apartarse de sus conclusiones se debe encontrar apoyo en razones serias, es decir de que la opinión de los expertos se halla reñida con los principios lógicos y las máximas de experiencia, o en el hecho de que no existen en el proceso elementos de mayor eficacia acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Por otro lado, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de ese tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del peritaje (CNCiv., Sala “F”, 24/8/82, E.D.102-331).

En cuanto al dictamen del consultor técnico, y tal como sostuvo este tribunal, “si bien el consultor técnico es también un especialista, se diferencia del perito en sentido estricto, en la circunstancia de que mientras éste reviste el carácter de un auxiliar del juez o tribunal, y por lo tanto adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la subsiguiente aceptación del cargo, el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico. Por ello el consultor técnico presenta una figura estrictamente análoga a la del abogado, y opera en el proceso de manera de este último, por lo cual debe comprendérselo en el amplio concepto del defensor consultor” (conf.: Palacio, “Estudio de la reforma procesal civil y comercial”, Ley 22.434, pág.159; CNCiv., Sala F, causa libre 138.822 del 25/04/94; íd., Sala A, causa libre n° 468.447 del 05/11/08).

De ello se sigue que frente a las divergencias que surgen de los informes del perito y del consultor técnico, la sana crítica aconseja inclinarse por aquél dado su mayor objetividad y prescindencia de los intereses de los litigantes. Artículo 386 del Código Procesal. (conf. esta Sala, “Kilemnic, Rosana Miriam c/ Kon, Armando s/ Cobro de sumas de dinero”, L. 563.682 del 22/12/10).

De este modo, habré de aceptar las conclusiones a las que arribó el perito médico y le otorgo al dictamen la eficacia probatoria que prevé el art. 477 del Código Procesal.

Vale decir que no ha mediado reclamo inherente al daño estético, con lo cual, y por no causar incapacidad sobreviniente específica, no formará parte de este rubro.

Bajo estas pautas, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima (77 años de edad al momento del hecho, empleado de seguridad, viudo y con dos hijos), y demás aspectos socio-económicos que surgen de autos, propongo establecer la presente partida en la suma de $25.000.

IV.2.- Tratamiento psicológico y kinesiológico:

Reclamó el accionante la suma de $13.440 correspondiente a tratamiento psicológico futuro. También, sin determinar monto, pidió se atienda la necesidad de tratamientos médicos que la pericia estimara.

En cuanto al primero, ya he dicho al rechazar el rubro anterior que no halló el experto secuela psíquica alguna en el actor.

Igual suerte correrá este reclamo.

Con relación a los tratamientos pa ra las consecuencias físicas, precisó el experto a fs. 451vta., último párrafo, la innecesariedad de tratamientos. Si bien luego a fs. 521 estimó el costo de sesiones de kinesiología, ello obedeció a la consulta concreta formulada por la actora a fs.516, punto II). Vale decir, que ésta tuvo origen en la recomendación del consultor técnico de la demandada quien propuso su realización pero no halló -en cambio- incapacidad en el actor.

Como ya dije en el punto anterior, prevalecerá la conclusión arribada por el perito designado a la luz del art. 477 del Código Procesal, sobre la cual no hallo méritos para apartarme.

Propongo rechazar los rubros aquí examinados.

IV.3.- Daño moral:

La presente partida fue estimada en la demanda en la cantidad de $40.000, o en lo que en más o menos resultare de la prueba de autos.

Reiteradamente se ha dicho que el daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho ilícito. Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico (CNCiv., Sala C, octubre 13/1992, “Varde c/Ferrocarriles”, voto del Dr. Cifuentes; id., Sala C, noviembre 27/1992, “Vinaya c/Empresa Ferrocarriles Argentinos”, L.L.T.1993-D-278, fallo n° 91.599).

No cabe duda alguna, que en hipótesis como la “sub lite”, resulta procedente acceder al daño moral, el detrimento y padecimiento en los sentimientos sufridos desde el mismo momento del accidente, con las consecuencias inmediatas de las que dan cuenta, tanto los informes como las pericias médicas, aún a la fecha de las mismas, son sólo índices de lo que pudo haber significado y aún significa en cabeza del accionante.

Pero tal como lo he sostenido constantemente, resulta sumamente difícil cuantificar los detrimentos y/o padecimientos, que por definición son extrapatrimoniales, y que, sin embargo, el derecho ha establecido una forma, yo diría más de paliar que de compensar; en particular, respecto a los daños ya producidos.

Quiero dejar perfectamente aclarado que, en mi entender, “paliar” no puede ser entendido como justipreciar, porque el rubro “sub examine”, dado su falta de objetividad -como otros rubros que pueden devenir en medios de prueba concretos- determina que el “quantum”, deba quedar librado al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional. Y éste, al establecerlo, no puede ni crear un enriquecimiento sin causa, ni tampoco fijar una cuantía tan menguada, que ningún efecto tenga con respecto a la parte responsable.

Teniendo en cuenta todas estas pautas esbozadas en las líneas precedentes, y rubros ya condenados, propongo establecer esta partida en la suma de $14.000 a la fecha de este pronunciamiento. Artículos 377, 386, 477 y 165 del Código Procesal y 522 del Código Civil.

V.- A las indemnizaciones establecidas en los párrafos precedentes deberá deducirse la de $3.034,32 abonada por “Federación Patronal Seguros S.A.”, reconocido tanto por el actor en su demanda como por la A.R.T. a fs.541.

VI.- INTERESES:

La doctrina plenaria sentada en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Sesenta s/ Daños y perjuicios” dispuso aplicar, conforme su punto III, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, la convocatoria incluyó un cuarto punto referido al tiempo en que dicha tasa debía aplicarse, lo que deja al descubierto que, a pesar de la amplia mayoría con que contara la mentada tasa activa -luego de fracasar la moción sustentada, entre otros, por los tres integrantes de esta Sala, en el sentido de dejar libertad a los jueces para establecerla en cada caso particular- había una opinión generalizada de adecuar la aplicación de dicho rédito atendiendo a diversas circunstancias como pueden serlo la forma de establecer el monto de la condena, las indemnizaciones u otras obligaciones a las que pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el tiempo de los procesos, etc., considerando así diversas tasas según el período en el que debía enjugarse el daño moratorio. Sin alterar, acertadamente, la doctrina plenaria sentada en el fallo “Gómez c/ Empresa Nac.de Transportes” respecto al tiempo en que se produce la mora de la obligación de indemnizar con relación a cada perjuicio, ello no implica, “per se”, que hasta el efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada tasa activa, sino que será así siempre que no se altere el contenido económico de la sentencia, importando un desplazamiento injustificado de bienes del patrimonio del deudor al del acreedor.

Es que la imposibilidad de hecho de fijar valores históricos con relación a indemnizaciones por incapacidad o daño moral, entre otros rubros, dada la cambiante realidad que ha caracterizado a la zigzagueante y poco ortodoxa economía de nuestro país, ha llevado en la especie a esta Sala, a establecer a la fecha de su pronunciamiento los valores de las diversas partidas.

De ahí, que atendiendo a los valores ya actualizados en este fallo, propondré al Acuerdo, para mantener incólume el capital de condena y no sin dejar de advertir que aún la tasa pasiva incluye un porcentaje para hacer frente al envilecimiento del signo monetario, computar los intereses a la tasa pasiva desde el hecho hasta el día anterior a este pronunciamiento y desde la fecha de éste y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que surge del aludido plenario.

VII.- Por ello, propongo al Acuerdo: 1) Revocar el fallo apelado y admitir parcialmente la demanda promovida contra “Metrovías S.A.”. En consecuencia, se condena a la demandada a abonarle al actor la suma de $35.965,68, con más los intereses fijados y costas, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución; 2) Rechazar la acción contra la tercera “Taym S.A.”; y 3) Readecuar las costas de primera instancia que se imponen íntegramente a la demandada vencida, al igual que las generadas en la Alzada (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

Los Dres. Cortelezzi y Díaz Solimine adhirieron al voto del Dr. Alvarez Juliá.

LUIS ALVAREZ JULIÁ

BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI

OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE

Buenos Aires, de octubre de 2013.-

Y VISTOS:Por la votación que instruye el acuerdo que antecede se RESUELVE: 1) Revocar el fallo apelado y admitir parcialmente la demanda promovida contra “Metrovías S.A.”. En consecuencia, se condena a la demandada a abonarle al actor la suma de $35.965,68, con más los intereses fijados y costas, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución; 2) Rechazar la acción contra la tercera “Taym S.A.”; y 3) Readecuar las costas de primera instancia que se imponen íntegramente a la demandada vencida, al igual que las generadas en la Alzada (arts. 68 y 279 del Código Procesal).

Ponderando el mérito, valor, extensión y complejidad de las tareas realizadas en las tres etapas del proceso, monto en juego y proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, de conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37 y 38 del Arancel, Anexo C: Anexo III, art.1°, inc. e) del decreto 1467/2011 reglamentario de la ley 26.589 y arts.279 y 478 del Código Procesal, se regulan los honorarios de las Dras. Gabriela Mabel Carrete y Verónica Andrea Germano, en conjunto, en la suma de ($.); los de los Dres. Roberto Boqué, Eduardo Antonio Merola y Claudia Trinidad María Marta Rúa, en conjunto, en la suma de ($.); los de los Dres. Nicolás Consoli Calderón y María Belén Bau, en conjunto, en la suma de ($.); los de los peritos Médico Jorge Luis Bogacz e Ingeniero Martín Alejandro José García, en la suma de ($.) para cada uno y los del consultor técnico Osvaldo Hugo Bordoli, en la suma de ($.). Asimismo, se fija la retribución de la mediadora Dora M. Felbarg, en la suma de ($.)

Por la labor en la Alzada, se regulan los honorarios de la Dra. Carrete, en la suma de ($.) y los de la Dra. Rúa, en la de ($.), todos los que deberán abonarse en el plazo de diez días corridos.

Regístrese, notifíquese a las partes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada 15/2013) y devuélvase. Con lo que terminó el acto.

LUIS ALVAREZ JULIÁ

BEATRIZ LIDIA CORTELEZZI.

OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE.

 

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