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Contaminación sonora: procedencia del amparo ambiental ante la frecuente organización de espectáculos musicales en un barrio residencial

contaminacion sonoraPartes: Fernández María Isabel y otros c/ Club Atlético General Paz Juniors y otro s/ amparo – recurso de casación

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Fecha: 17-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82169-AR | MJJ82169 | MJJ82169

Contaminación sonora: procedencia del amparo ambiental ante la frecuente organización de espectáculos públicos musicales por parte de los demandados en un barrio residencial, que afectan las condiciones normales de vida en la zona y exceden el mero interés individual de cada vecino para constituirse en una cuestión ambiental.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que había desestimado la acción de amparo ambiental, por lo que corresponde ordenar al club deportivo demandado y a la Municipalidad que se abstengan de organizar o auspiciar en su sede, el primero, y de habilitar, la segunda, espectáculos que conforme la Ordenanza n° 10840 y su decreto reglamentario, reúnan las características señaladas para incluirlos en el rubro mega espectáculos .

2.-La actividad de una asociación civil que en el entorno de un barrio residencial organiza con frecuente periodicidad espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares de muy numerosa concurrencia, genera una serie de situaciones disvaliosas para el entorno que afectan las condiciones normales de vida en la zona y exceden el mero interés individual de cada vecino para constituirse en una cuestión ambiental, y como tal, susceptible de afectar derechos de incidencia colectiva.

3.-El daño ambiental no se circunscribe únicamente a las consecuencias de emisiones de sonido por encima de la normal tolerancia, sino que alcanza también todo hecho que impacte singularmente de manera negativa en las condiciones de vida de un área determinada, en relación a la tipología urbana de la misma (industrial, comercial, residencial, de esparcimiento, de reserva natural, etc.).

4.-La producción de ruidos intolerables durante el día y la noche constituye una molestia con aptitud de provocar en las víctimas un padecimiento espiritual, una verdadera mortificación del ánimo y pérdida de la tranquilidad, motivando zozobras perturbadoras del sosiego espiritual y del derecho a la paz, cuya existencia no necesita prueba directa, pues queda demostrada por el hecho mismo de la acción antijurídica.

5.-La intervención del Ministerio Público en cuestiones de daño ambiental no es a los fines que represente al particular damnificado, ni que actúe en el nombre de una asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la propia Constitución Nacional.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a DIECISIETE días del mes de OCTUBRE del año dos mil trece, siendo las DOCE horas, se reúnen en acuerdo público los señores vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Carlos F. García Allocco, María Esther Cafure de Battistelli, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Armando Segundo Andruet (h) y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: «FERNÁNDEZ MARÍA ISABEL Y OTROS C/CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIORS Y OTRO – AMPARO – RECURSO DE CASACIÓN» (expte. letra «F», n° 06, iniciado el 16 de junio de 2010), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H) Y M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

1. A fs. 1482/1492 el señor Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales interpone recurso de casación en contra de la Sentencia número Doscientos cincuenta y tres de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad de Córdoba, por la cual se resolvió: «Rechazar el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia 107 de fecha uno de Abril de dos mil nueve (01.IV.09) y en consecuencia confirmar la misma en todo cuanto decide. Sin costas, atento el ejercicio de la impugnación por parte del Ministerio Público, y la naturaleza de lo decidido (.)» (fs. 1477/1481).

Inicia el escrito recursivo fundamentando el interés para recurrir y su legitimación para hacerlo.En tal sentido, considera que de conformidad con los arts. 354 del C.P.C. y C. y 172 de la Constitución Provincial, en correlación con los arts. 1, 9 inc. 1° y 33 inc. 1° de la Ley n° 7826, el Ministerio Público se encuentra legitimado atento encontrarse de por medio intereses colectivos de los vecinos del Barrio General Paz Juniors, como así también, de los mismos asistentes a los mega eventos realizados en la sede del club demandado.

Agrega que la legitimación invocada se condice con los arts. 120 de la C.N. y 172 de la Const. Pcial., en cuanto las facultades del Ministerio Público Fiscal, en correlación con los arts. 25 incs. a, b, c y d de la Ley n° 24.946 y 1, 9 y 33 de la Ley n° 7826 que otorga la titularidad de la acción para actuar en defensa del interés público y de los derechos de las personas, y para procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

En este sentido postula que, si bien los amparistas aparecen como titulares de un derecho patrimonial individual, esta situación jurídica es el soporte necesario para que la colectividad de personas y familias que se nuclean en el Barrio General Paz Juniors puedan acceder a beneficios que hacen a las condiciones de vida y, por ende, a la dignidad de sus habitantes (art. 41 de la C.N.).

Añade que no puede ponerse en dudas que existen innumerables situaciones, generadas a partir de hechos individuales, que tienen incuestionable proyección social y hacen a la dignidad de las personas, de las comunidades y de la sociedad en general. De tal modo continúa- se trata de una situación que partiendo de derechos individuales, tiene connotaciones de universalidad, bajo el fundamento de que pese a que pueden diferenciarse en cada uno de sus titulares, reconocen una causa común, similar y análoga en todos ellos y conducen a la tutela de la salud comunitaria.Asimismo, manifiesta que el Ministerio Público se encuentra legitimado, en función de lo dispuesto por el art. 43 de la C.N. en cuanto tutela en forma expresa, en su párrafo segundo, la situación respecto de los derechos colectivos o difusos, y el orden público vigente en dicha materia habilita el ejercicio de la acción civil por parte de la Fiscalía de Cámaras. Por otro lado, aclara que la legitimación del Ministerio Público no lo es en sustitución de las personas concretas, sino como órgano de tutela social.

A los fines de fundamentar la procedencia formal del recurso de casación interpuesto, señala que el decisorio recurrido se trata de una sentencia definitiva en los términos del art. 384 C.P.C. y C., en cuanto pone fin al proceso y causa un agravio irreparable.

Por su parte, y en relación a la procedencia sustancial del remedio recursivo, sostiene que la resolución atacada deviene contradictoria con los principios de la lógica, al grado tal que, la fundamentación que deriva de las argumentaciones se torna de un formalismo que deja de lado la realidad fáctica, equivocando la subsunción legal.

En tal sentido, señala que el a quo entiende que la carencia de elementos técnicos que acrediten el daño que ocasionarían los espectáculos no ha podido ser rebatido por la embestida de la Fiscalía y que, por otra parte, en autos no se ha suscitado una cuestión estrictamente ambiental, sino una agresión a los derechos de propiedad, posesión o convivencia pacífica perpetrada por la institución demandada.Manifiesta que tal apreciación se alza contra la realidad que surge de las propias actuaciones del expediente administrativo, agudamente criticado por el tribunal sentenciante cuando señala que llama la atención el desprecio y la escasa importancia que le asigna el Municipio de la ciudad a la situación de los habitantes del barrio, la ausencia de respuestas y de soluciones hacia los vecinos y la virtual emboscada que tiende el Club Atlético General Paz Juniors a sus vecinos que, después de consolidarse como una institución social y deportiva, pasa de un día para otro a dar lugar y auspiciar que en sus instalaciones se realicen actividades nocturnas.

Indica que la Cámara admite, contrariamente a lo afirmado por el inferior, que hay suficientes elementos de prueba sobre la realización de los mega eventos que nuclean miles de personas sin que se haya obtenido oportunamente la habilitación municipal.

Aduce que no cabe ninguna duda que la cuestión planteada por los amparistas excede en mucho una mera cuestión de vecindad, tal como lo interpreta la sentencia cuestionada. En efecto, no se trata de que las actividades que realiza el club denunciado se limitan a causar molestias a los vecinos que puedan exceder la normal tolerancia, configurando la hipótesis estricta del art. 2618 del C.C., por el contrario, la actividad desarrollada es expresamente reconocida por el a quo al analizar el expediente administrativo y calificar como desaprensiva la actuación de la Municipalidad.

Reseña que la pretensión de realizar mega espectáculos requiere un trámite especial con la intervención del Centro de Investigación y Transferencia Acústica, de la Dirección de Obras Privadas, Habilitación de Negocios, de Planeamiento Urbano, de Protección Humana, de Tránsito y por supuesto de la Dirección de Espectáculos Públicos.Además, la propia reglamentación Municipal agrega que cuando la actividad propuesta, por su magnitud o características, pueda generar molestias al ámbito vecinal, se solicitará, además, informe de impacto ambiental a la Subdirección de Prevención y Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección General de Ambiente.

De manera que la propia Municipalidad reconoce que este tipo de actividad excede en mucho el límite del art. 2618 del C.C. y se introduce en materia ambiental.

Sostiene que la problemática ambiental excede el marco de las restricciones y límites al dominio, ya que el ambiente es un bien más vasto y menos inmóvil que la vecindad.

Advierte que el municipio, mediante Resolución n° 156 del cuatro de julio de dos mil ocho, reconoce que la entidad autorizada tiene una capacidad máxima de cuatro mil seiscientas personas, lo que permite calificarlo como mega evento, y al respecto señala que la ausencia del Estudio de Impacto Ambiental surge palmaria.

Razona que la propia Ordenanza n° 10.840/05, que establece los requisitos para la habilitación de este tipo de locales donde se desarrollan espectáculos públicos, es decir mega espectáculos, requiere del informe de impacto ambiental elaborado por la Subdirección de Prevención y Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sustentables. De donde surge que, la autorización de marras contiene una falencia central y fundante, que impide la habilitación del club para el desarrollo de los mega eventos y otorga razón a los agravios de los amparistas.

Arguye que la solución de la Cámara queda acotada en un ámbito que ni siquiera tiene en cuenta las propias exigencias de la reglamentación municipal, por lo que no se comprende de qué manera la aplicación de la norma civil suple las exigencias establecidas en las ordenanzas del municipio.Relata que la falta de motivación adecuada y la consiguiente fundamentación aparente del resolutorio cuestionado trae aparejado una violación de los principios de la sana crítica racional que se introduce en el inc. 1 del art. 383 del C.P.C. y C.

Considera que la pretensión del juez, respecto de la carencia de prueba por parte de los vecinos en orden a las molestias y la normal tolerancia, constituye una afirmación que no respeta la propia reglamentación municipal y, lo que es más grave, deja de lado un principio liminar del derecho ambiental, cual es el de la prevención del daño.

En efecto, sostiene que pretender que el trámite especial que regla la Ordenanza Municipal, con intervención del Centro de Investigación y Transferencia Acústica, como así también de Protección Humana, no requiera el Estudio de Impacto Ambiental que exige la Ley n° 25.675 como responsabilidad del Municipio, y trasladarle dicha exigencia a los vecinos, co nstituye un verdadero desatino.

Señala que en autos, el Estudio de Impacto Ambiental luce por su ausencia y su carencia es directamente imputable al ente municipal que no ha respetado ni su propia reglamentación. Remarca que en materia ambiental, el principio de prevención hace de aquél estudio una pieza relevante e indispensable para cualquier habilitación administrativa. En consecuencia, tratándose de una cuestión ambiental, la omisión de considerar este aspecto, tanto por el juez de primera instancia como por el a quo, implica el desconocimiento de un elemento relevante que invalida toda la fundamentación del decisorio que se impugna.

Argumenta que el tipo de evento que se cuestiona, nada tiene que ver con el problema vecinal planteado en el art. 2618 del C.C., sino que tiene una resonancia general que, desde el punto de vista acústico, afecta a los vecinos del barrio, pero que, desde la perspectiva de su realización, interesa también a la seguridad de todos los intervinientes.Se trata de mega eventos de impacto ambiental por las múltiples connotaciones que conlleva a la calidad de vida de los vecinos, a la seguridad de los participantes y al tránsito aledaño.

Sostiene que la sentencia cuestionada, si bien adhiere a la tesis de una cuestión de vecindad, también admite situaciones que exceden la misma, en una argumentación contradictoria y, lo que es más grave, dejando de lado la correcta subsunción legal y, consecuentemente, violando el principio de congruencia.

Desde esta perspectiva, afirma que el decisorio resulta afectado en el iter lógico, atento a que el encadenamiento normal entre antecedentes y consecuentes en toda la resolución judicial requiere que las conclusiones asertivas se extraigan de las pruebas de la causa y produzcan un enlace entre los conocimientos probatorios adquiridos y la conclusión a la que se arribe.

De lo contrario, la aparente fundamentación de la sentencia viola el principio de congruencia, afectando su fundamentación y, especialmente, el resolutorio se torna arbitrario al no constituir una derivación razonada del derecho y de la prueba colectada en autos.

Entiende que la lectura del fallo es palmariamente equivocada, es decir, incurre en una incorrecta reconstrucción de los hechos que conlleva a una equivocada conclusión de la causa, y termina, pese a reconocer los hechos, negando el amparo ambiental y remitiendo a una vía procesal no idónea.

Agrega que el marco fáctico de los mega eventos que lleva a cabo la entidad demandada se introduce de lleno en lo que podemos caracterizar como derechos de incidencia colectiva, afectando las condiciones de vida, la seguridad y la dignidad de las personas qua habitan el Barrio General Paz Juniors.

Desde esta perspectiva, destaca que no existe un perjuicio exclusivamente individual, sino que aquel es compartido por todo un grupo social, sin perjuicio que puedan existir afectados particulares, quienes han sufrido un perjuicio directo en sus personas o patrimonios.Considera que la Cámara no puede admitir la consolidación de una actividad administrativa que nace con posterioridad a la presente acción de amparo y que se va construyendo mediante autorizaciones provisorias, para llegar a la habilitación definitiva a impulso de intereses que no respetaron los reclamos de los amparistas.

En tal inteligencia, asegura que la pretensión de enmarcar la cuestión con estrictez en el art. 2618 del C.C. dejando de lado el derecho constitucional amparado en el art. 41 de la C.N., no se condice con la realidad, viola el principio de congruencia y deja sin motivación al acto sentencial al incurrir en fundamentación aparente, lo cual habilita el recurso casatorio, de conformidad con el art. 383 inc. 1 del C.P.C. y C.

2. A fs. 1493 y 1506 se corre traslado a las accionadas. El Club Atlético General Paz Juniors lo evacua a fs. 1498/1505vta., solicitando se mantenga la resolución recurrida, mientras que la Municipalidad de Córdoba hace lo propio a fs. 1507/1511vta., instando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

3. Mediante Auto número Doscientos cuatro, de fecha tres de mayo de dos mil diez, la Cámara a quo dispuso la concesión del recurso de casación (fs. 1517/1519vta.).

4. Elevados los autos ante esta Sede (fs. 1524), se dio intervención al Sr. Fiscal General de la Provincia (fs. 1526), quien se notificó del recurso interpuesto (fs. 1571).

5. A fs. 1540/1566 se presenta espontáneamente la Dra. Alicia Morales Lamberti, solicitando ser tenida como Amicus Curiae. En tal sentido, luego de repasar el cumplimiento de los requisitos formales que habilitan la procedencia del instituto en cuestión, expone su opinión fundada sobre el objeto del litigio, desarrollando argumentos, perspectivas y conocimientos especializados del régimen sustantivo y procesal ambiental que estima son relevantes para la resolución de la cuestión planteada en autos.

Mediante decreto de fecha diecisiete de junio de dos mil diez (fs. 1567), se tiene presente lo manifestado.

6. A fs. 1626/1632vta.la señora Fiscal Adjunta del Ministerio Público se notifica del decreto de autos obrante a fs.1572 y ratifica en todos sus términos el remedio casatorio deducido por el señor Fiscal de Cámaras. Asimismo solicita se consideren los argumentos expresados por la Dra. Alicia Morales Lamberti en el escrito presentado como Amigo del Tribunal (Dictamen n° E – 197 de fecha 10/03/2011).

7. Firme el decreto de autos (fs.1575) la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

8. La casación ha sido deducida en tiempo oportuno, razón por la cual deviene pertinente analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás exigencias legales que hacen a su procedencia formal y sustancial, pues la concesión de un recurso por el Inferior no inhabilita al tribunal de alzada para controlar la concurrencia de los presupuestos procesales atinentes a su admisibilidad formal aún mediando conformidad de los justiciables1.

En tal sentido, cuadra señalar que el recurso ha sido interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras Civil y Comercial, en contra de una sentencia que resuelve rechazar el recurso de apelación por entender, entre otras consideraciones, que la vía escogida no se presenta como idónea para satisfacer el interés de las partes y de la justicia en asuntos como el aquí discutido (cfr. fs. 1478vta.).

9. Legitimación del Ministerio Público.

9.a) A los fines de la consideración de la legitimación del señor Fiscal de Cámaras para interponer el remedio que deduce, estimamos conveniente efectuar un relevamiento de las principales circunstancias de la causa en lo que sean pertinentes.

A fs. 101/116 un grupo de vecinos de Barrio Juniors de esta ciudad deducen acción que denominan de amparo ambiental solicitando se ordene el cese de toda actividad relacionada con espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares en el Club Atlético General Paz Juniors. Dirigen su demanda en contra del referido club y de la Municipalidad de Córdoba.A solicitud de los actores (fs. 1296) por proveído de fs. 1297 se da intervención al Ministerio Público, el que la hace efectiva mediante Dictamen n° 130 emitido por la señora Fiscal Civil de Primera Nominación (fs. 1298/1304vta.).

El Tribunal de primera instancia rechaza por Sentencia número Ciento siete del año dos mil nueve (fs. 1317/1337vta.) la acción de amparo impetrada.

Notificada la misma (fs. 1338/1340), transcurre el plazo previsto por el art. 15 de la Ley n° 4915 sin que los actores deduzcan apelación. A fs. 1343 comparecen y manifiestan que con el retiro del expediente tomaron conocimiento del decreto que ordena incorporar las cédulas de notificación de la sentencia, diligenciadas por la Municipalidad de Córdoba, y de la existencia de la cédula agregada a fs. 1413 a ellos dirigida, declarando bajo juramento no haberla recibido en el domicilio constituido -ni en ningún otro. Solicitan revocación por contrario imperio del decreto aludido y subsidiariamente reponen y apelan.

Rechazado el recurso de reposición y concedida la apelación (fs. 1348) las actuaciones son elevadas a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Tribunal que mediante proveído de fs. 1380 declara mal concedido el recurso por falta de impugnabilidad objetiva y ordena que bajen las actuaciones al juzgado de origen.

Ínterin se dio trámite a la presentación de los actores relatada en los párrafos precedentes, la señora Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Primera Nominación dedujo a fs. 1349/1357 apelación en contra de la sentencia de primera instancia; recurso que fue rechazado por la misma Cámara de Apelaciones en Sentencia número Doscientos cincuenta y tres de fecha treinta de diciembre de dos mil nueve (fs. 1477/1481).

A fs. 1482/1492 el señor Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales deduce el Recurso de Casación que motiva el dictado de la presente resolución.

Del relato efectuado precedentemente surgen con suficiente claridad las dos siguientes conclusiones: a.El Ministerio Público no interpuso originariamente la acción de amparo sino que intervino en la misma una vez producida la prueba y antes del dictado de la sentencia de primera instancia.

b. Los presuntos afectados interpusieron la acción dejando transcurrir el plazo legal establecido en el proceso por ellos elegido (amparo) para la deducción del recurso pertinente ante el pronunciamiento adverso de primera instancia; quedando a partir de entonces marginados de la tramitación de la causa.

9.b) En ese marco, es dable recordar que este Tribunal ha delimitado con claridad el rol que cabe asignar al Ministerio Público local en la tramitación de procesos en los que se alegue la existencia de derechos de incidencia colectiva2.

En efecto, se ha sostenido ya que la Constitución de la Provincia establece que el Ministerio Público está a cargo del Fiscal General y de los fiscales que de él dependan, a quienes instruye sobre el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las leyes (art. 171, Const. Pcial.).

El art. 172 de dicho cuerpo normativo le fija las siguientes funciones: «.1) Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas; 2) Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social; 3) Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares; 4) Dirigir la Policía Judicial».

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, n° 7826, y sus modificatorias establecen las funciones de dicho Órgano (arts. 1 y 9), reglamentando las atribuciones que genéricamente confiere la Ley Suprema local.El art. 3 de la referida normativa dispone que las funciones a su cargo deben ser ejercidas conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, puntualizando que todo ello debe efectuarse «con arreglo a las leyes».

A la luz de tales preceptos pueden extraerse dos conclusiones categóricas.

En primer lugar que la razón que determina la institución del Ministerio Público se encuentra en el interés público que se halle involucrado en el proceso.

El presupuesto ontológico de la intervención del Ministerio Público, la justificación de su accionar, consiste, pues, en la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Siendo ello así, la no participación de tal órgano en un proceso en el que se encuentre comprometido el orden público no puede ser subsanada por preclusión o consentimiento del particular.

En segundo lugar, no basta con que se configure el presupuesto ontológico que justifica la intervención del Ministerio Público sino que resulta indispensable además que tal intervención esté habilitada expresamente por ley.

Esto es, que como presupuesto procesal deviene necesario que la legitimación al Ministerio Público se encuentre concretamente atribuida por una disposición normativa vigente.

9.c) Intervención del Ministerio Público Fiscal en los procesos en los que se encuentre involucrado el Derecho al Ambiente.El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.».

El artículo 43, por su parte, habilita a la acción de amparo como vía idónea para obtener su protección al disponer que «Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.».

En ejercicio de la atribución reconocida en el tercer párrafo del artículo 41 antes citado, en cuanto prescribe que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, el Gobierno federal sancionó la Ley General del Ambiente (n° 25.675), otorgando a sus disposiciones carácter operativo y de orden público; y luego de definir al daño ambiental como «.toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.» (art. 27) reconoce a «.toda persona.» la posibilidad de «.solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.» (art. 30).

De la correlación de normas efectuada precedentemente surge entonces con claridad que el Ministerio Público Fiscal resulta parte y debe dársele intervención en esta clase de procesos, cuando en cumplimiento de las prescripciones legales que regulan su actuación, así lo solicita.Sobre el particular, adviértase que la intervención del Ministerio Fiscal cuando se encuentra vinculada esta categoría de derechos de incidencia colectiva -denominados «de tercera generación»- es la constante, desde que así lo contempla actualmente -en el orden nacional- la ley del Ministerio Público (Ley n° 24.946) que en su art. 41, inc. «a» establece la intervención del órgano en todas las causas en que el interés público lo requiera de acuerdo al art. 120 de la Constitución Nacional; en particular para prevenir o evitar daños en el patrimonio social, la salud, el medio ambiente y el consumidor y así surge de la interpretación armónica de lo normado en los arts. 120 y 42 de la Constitución Nacional.

La postura aquí sentada condice con el criterio amplio de interpretación en materia de apertura del proceso al Ministerio Público, en la medida que por él se busque hacer cesar las actividades generadoras de daño ambiental, pauta consagrada en el art. 32 de la Ley General del Ambiente en cuanto sostiene que «.El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie.».

9.d) Ahora bien, una consideración especial merece el sentido y alcance de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Más precisamente se estima conveniente puntualizar el carácter de la intervención de este órgano en los procesos que procuran la cesación de actividades generadoras de daño ambiental.En este orden de ideas no resulta ocioso remarcar que el Ministerio Público no interviene en nombre propio ejerciendo la acción de otro, sino que su participación en el litigio lo es en virtud del ejercicio de una legitimación que le es propia y que tiene un fin distinto al perseguido por el «.afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a esos fines.».

En otras palabras, la intervención del Ministerio Público no es a los fines que represente al particular damnificado, ni que actúe en el nombre de una asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la propia Constitución Nacional.

9.e) Admitida su intervención en calidad de parte, no se advierten razones para limitar derechos que en tal carácter le asisten en el proceso, en mérito de lo cual, queda claro pues que el Ministerio Público se encuentra legitimado para interponer el recurso de marras, en la medida que el presente proceso se oriente a obtener la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, aspecto sobre el que volveremos infra.

10. Sentencia definitiva.

Como ha sido expuesto precedentemente, el recurso de casación ha sido articulado en contra de una sentencia que rechazó el recurso de apelación por considerar que la vía escogida -acción de amparo- no se presenta como idónea para satisfacer el interés de las partes ya que es evidente que por más razonable que aparezca la petición que ellos realizan, resulta indispensable para dictar una condena en contra de la institución, una actividad probatoria sino más contundente, por lo menos con posibilidad de contradicción y debate como ocurriría en un proceso de conocimiento.En esas condiciones, el pronunciamiento carece, prima facie del requisito de impugnabilidad objetiva, en la medida que el decisorio que por vía casatoria se pretende cuestionar no constituye sentencia definitiva ni sería equiparable a tal.

En ese sentido, resulta oportuno traer a colación la doctrina jurisprudencial elaborada por este Tribunal Superior en materia de amparo: «La interpretación armónica de los artículos 13 y 15 de la Ley 4915, suministra la base normativa que permite conceptuar como sentencia definitiva a la resolución judicial que declara la existencia o inexistencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional. El artículo 15 citado tiene por objeto delimitar cuáles son las resoluciones recurribles en apelación, pero no implica la exclusión automática de los recursos extraordinarios locales.»3.

A la luz de tales conceptos es menester considerar que el pronunciamiento atacado en casación, no posee la naturaleza, la función, ni el efecto exigido por la ley para habilitar la competencia extraordinaria de este Tribunal, desde que no pone fin al litigio, ni impide continuarlo, ni prejuzga sobre las pretensiones fundamentales de las partes de acuerdo al derecho objetivo.

Ello en tanto, tal como ha quedado manifiesto del relato de los antecedentes de la causa, la resolución que se pretende recurrir versa sobre la idoneidad de la vía procesal utilizada por los accionantes y no sobre el fondo del asunto que a través de ella se pretendía poner en consideración de la jurisdicción.

En efecto, en principio, y como regla, las resoluciones en materia de idoneidad de la vía de amparo no constituyen sentencias definitivas salvo cuando median hipótesis excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos.Es criterio inveteradamente sostenido por este Tribunal que sólo en forma excepcional, se considera procedente la revisión por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo en la medida que el mismo ocasione o sea susceptible de ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación ulterior4.

Planteada en esos términos la cuestión, cabe interrogarse si en el caso se configuran circunstancias de excepción que permitan salvar el obstáculo del carácter no definitivo de la resolución a los efectos de entrar a considerar las cuestiones planteadas, anticipando en esta instancia que el análisis arroja respuesta afirmativa.

Ello así por cuanto, el daño irreparable en el caso deviene de la circunstancia de encontrarnos frente a una multiplicidad de actores, por una parte, y numerosos posibles damnificados no actores, a cuyo especial interés en la resolución del pleito por la probable afectación de las condiciones ambientales del lugar de su residencia y el de sus familias, se añade la particularidad de que la instrumentación de la vía procesal propugnada por la Cámara interviniente, además de producir una importante demora en la ya de por sí aletargada resolución de la causa, traería consigo el excesivo desgaste jurisdiccional que implicaría requerir a cada uno de ellos que transite una vía judicial individual que tenga idéntico objeto y pueda llegar también a idéntico resultado.

En mérito de ello, y verificándose circunstancias que permiten vislumbrar que aun sin revestir el carácter de sentencia definitiva, la misma es susceptible de ocasionar a la parte un gravamen de muy difícil reparación ulterior, deviene procedente encuadrar el caso en la hipótesis de excepción referida precedentemente e ingresar en el análisis respecto al fondo del recurso deducido.

11. Materia ambiental.La Cámara funda su resolución asegurando que, en su opinión, lo que en autos ha suscitado el reclamo de los vecinos amparistas no es una cuestión estrictamente medioambiental que pueda ser solucionada por la vía de la acción de amparo; sino una agresión a los derechos de propiedad, posesión o de convivencia pacífica, perpetrada por la institución demandada.

A partir de allí, desarrolla su tesis de que es el Código Civil el que en su artículo 2618 ha establecido un claro y terminante límite contra las actividades como las denunciadas por los amparistas, que impedirían por completo a la institución continuar con la organización de eventos que parecen nocivos para el vecindario, ello aunque mediare autorización administrativa, y que pueden los jueces disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias.

Cabe entonces esclarecer ahora si la causa sub examen entraña conocer y decidir respecto de un derecho ambiental, y en cuanto tal, de incidencia colectiva; o si por el contrario y como sostiene la Cámara, nos encontramos ante un asunto en el que no se encuentran involucrados más que el interés individual de cada uno de los vecinos y cuya protección puede lograr cada uno de ellos en el marco del derecho privado de fondo y mediante los procedimientos allí consagrados.

En esta labor resulta de gran utilidad la categorización de las situaciones jurídico subjetivas sistematizadas por la Corte Suprema de Justicia en la causa Halabi5. Allí, el máximo tribunal federal ha señalado que «.en materia de legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos:individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos».

También la doctrina se ha encargado de sistematizar y dar contenido a cada una de las diversas situaciones jurídico subjetivas que puede ostentar el actor en un proceso, y así Lorenzetti consigna que la doctrina procesal admite con bastante aceptación la siguiente clasificación: intereses difusos, intereses colectivos, intereses individuales homogéneos y derecho subjetivo6.

A los fines de determinar la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde indagar si se verifican los dos elementos de calificación que ésta estima prevalentes, esto es, si la misma tiene por objeto la tutela de un bien colectivo y si la pretensión se focaliza en la incidencia colectiva de la afectación de ese bien ya que, como enseña el máximo Tribunal federal «.la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.».

A estos fines, la verificación de la presencia del denominado primer elemento de calificación prevalente (en los términos de la jurisprudencia del Alto cuerpo) reviste singular trascendencia pues incide necesariamente en la legitimación del sujeto recurrente en autos, a tenor de lo desarrollado en el punto 9 precedente.

Este elemento determina que el bien colectivo cuya tutela se persigue pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Estos bienes, dice la Corte, no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.Así, no obstante que se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos; y de tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación.

No caben dudas entonces que la actividad de una asociación civil, en el caso, el Club General Paz Juniors, que en el entorno de un barrio residencial organiza con frecuente periodicidad espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares de muy numerosa concurrencia, genera una serie de situaciones disvaliosas para el entorno que afectan las condiciones normales de vida en la zona y exceden el mero interés individual de cada vecino para constituirse en una cuestión ambiental, y como tal, susceptible de afectar derechos de incidencia colectiva.

En efecto, la situación descripta encuadra en la caracterización efectuada pues se trata de la afectación de un bien colectivo y la protección que por vía de esta acción se procura se focaliza en la incidencia colectiva de la afectación de ese bien.

Ha señalado Cossari que «Las perturbaciones causadas por los ruidos generados por los establecimientos dedicados a la diversión nocturna adquieren hoy las dimensiones de un problema social grave. En las sociedades urbanas las actividades inmisivas adquieren renovadas formas como el de las llamadas «movidas» que implican que, bajo la excusa de expansión y la diversión de los jóvenes (.) los vecinos de enteras zonas quedan expuestos a las más variadas agresiones a su tranquilidad». Advirtiendo que se nota una tendencia en el imaginario social argentino a reducir la cuestión a un mero tema municipal de menor entidad, cuando no es lo que ocurre en otras sociedades7.No reviste menor trascendencia advertir que la actividad denunciada en autos por los actores como generadora de daño ambiental requiere por expresa previsión del ordenamiento jurídico local vigente, la habilitación de la autoridad administrativa (arts. 4 y 39, Ordenanza n° 10.840 y Decreto reglamentario n° 1447/05). Ello contribuye a discernir que existe en la misma un interés público comprometido en la preservación de un bien que supera con creces la mera situación individual disponible por su titular -quien en tal caso debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable- y se constituye en un bien colectivo de la comunidad que habita en la zona residencial de que se trata.

¿Cuál es el bien colectivo preservado? La normalidad o equilibrio ambiental entendido como el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de una vida urbana que razonablemente proporcione las oportunidades de descanso, recreación, actividad al aire libre, esparcimiento, interacción familiar, vecinal y social, etc.

Consecuentemente estamos frente a un bien colectivo, cual es el ambiente y tal circunstancia se traduce en que su preservación se constituye en un derecho de incidencia colectiva.

Resta averiguar si las acciones desplegadas por el club son susceptibles de generar daño a ese bien y consecuentemente si revistiendo la calidad de actividad generadora de daño ambiental colectivo, amerita que se disponga su cese por vía de esta acción.

12.Daño ambiental

La Cámara funda su denegatoria afirmando que no es el amparo el remedio judicial idóneo para tutelar el interés que los vecinos ven afectado, e indica que «.es evidente que por más razonable que aparezca la petición que ellos realizan, resulta indispensable para dictar una condena en contra de la institución una actividad probatoria sino más contundente, por lo menos con posibilidad de contradicción y debate.» añadiendo que «.por tal motivo el señor Juez de la Primera Instancia anota la carencia de elementos técnicos que acrediten el daño que ocasionarían los espectáculos y hasta sugiere la necesidad de dictamen pericial.» (fs. 1479).

No obstante ello, a criterio de los suscriptos, existen en la causa elementos que permiten avizorar que las actividades cumplidas por la asociación civil demandada no sólo son susceptibles de generar una alteración disvaliosa del entorno en que se desarrolla la vida de los vecinos de Barrio Juniors, sino que en la práctica lo están produciendo y repercuten tanto en su calidad de vida, como en la seguridad de los participantes de los eventos y en el tránsito vehicular por las vías de la zona.Debe aclararse en este punto que el daño ambiental no se circunscribe únicamente a las consecuencias de emisiones de sonido por encima de la normal tolerancia, hecho que se verificaría mediante la pericia acústica que reclama el Tribunal de primera instancia, sino que alcanza también todo hecho que impacte singularmente de manera negativa en las condiciones de vida de un área determinada, e n relación a la tipología urbana de la misma (industrial, comercial, residencial, de esparcimiento, de reserva natural, etc.).

En efecto, el art. 27 de la ley n° 25.675 define el daño ambiental «.como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos» y si comprendemos al ambiente como el conjunto de factores que influyen sobre el medio en el cual el hombre vive8, no quedan dudas que resulta alcanzada en el concepto de daño ambiental toda actividad que amenace la calidad de vida de un colectivo9.

Carlos Ghersi ha considerado comprendidos dentro de los denominados daños ambientales, a aquellas molestias derivadas del ejercicio de actividades económicas que gozan de autorización administrativa y que, dado su nivel de intensidad, se tornan inaceptables para la vecindad en el diario convivir de su calidad de vida, por estimar que si bien pueden afectar a persona o personas determinadas, sobre todo provocan en el hábitat comunitario una situación que en forma continuada y casi imperceptible va afectando la salud de las personas y de las generaciones venideras10.

En definitiva, dice Hutchinson «.el objeto de tutela jurídica no es tanto el ambiente ni sus elementos constitutivos. Lo que el Derecho protege es la calidad del ambiente (‘.ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.’, art. 41 de la Const.Nac.) en función de la calidad de vida».

Así, en autos se han incorporado a fs. 63/76, copias concordadas de certificados médicos e historias clínicas que dan cuenta de afecciones que sufren algunos de los actores y que podrían ser atribuidas a situaciones de estrés; a fs. 77/79 se agrega escrito suscripto por numerosos vecinos, no ya tan solo del Barrio Juniors sino también de zonas aledañas (Barrios Crisol y Maipú), donde explicitan que los efectos negativos de la actividad desarrollada por el club demandado devienen no sólo del nivel de ruido de los espectáculos, sino también de las bocinas de rodados y ruidos de motores y personas, producto de la congestión de tránsito que estos eventos provocan, además de la obstaculización al movimiento de médicos y ambulancias ante casos de emergencias y/o urgencias.

Se denuncia asimismo en escritos específicos, la incidencia que tal actividad tiene en el normal quehacer de instituciones sanitarias de la zona, como los hospitales de Niños, Rawson, San Roque y Neuropsiquiátrico (fs. 80/81, 82/84 y 85).

A ello se añade la exposición, en la acción de amparo interpuesta, de una serie de hechos que se verifican de manera concomitante a la celebración de estos espectáculos y que los actores caracterizan como «intensas molestias» a los vecinos, que se concretan entre por lo menos una hora antes, durante y hasta dos o tres horas después; entre ellas mencionan la imposibilidad de conciliar el sueño, cocheras obstaculizadas, personas desconocidas bebiendo en las veredas y con actitudes provocativas, agresiones a las viviendas por personas alcoholizadas, residuos en las aceras, envoltorios de consumos, botellas, vómitos, orines, gritos, rugidos de cientos de motores en horas de la madrugada, etc.Atribuyen esto al tipo de público que en general concurre a estos espectáculos, al que describen como no precisamente silencioso ni respetuoso del barrio y sus vecinos, pues, indican, llegan, permanecen y se retiran entonando estrofas de las canciones de los conjuntos, solistas o artistas de turno, acompañados de silbatinas y gritos; arrojan basura en jardines y calles; en varias oportunidades -esgrimen- han protagonizado violentas peleas callejeras (de lo que da cuenta, v.gr., la noticia periodística incorporada a fs. 1246), ingresos a los jardines de las residencias particulares para realizar evacuaciones fisiológicas o directamente para tener sexo.

Estas conductas guardan correlato con las descriptas en los testimonios receptados en la causa, donde, por ejemplo, el testigo Tomás Diez (testimonial rendida a fs. 252/255vta.) vecino del barrio desde su nacimiento (48 años), manifiesta que «.a colación de estos eventos su barrio (.) se ve afectado por transeúntes que en muchas ocasiones dañan propiedades, hacen sus necesidades básicas en las veredas.»; concepto que profundiza luego afirmando que «.en la entrada y salida de estos espectáculos de bailantas, rock y cuartetos, el suscripto y otros vecinos han sido objeto de reiterados daños a las propiedades, basura tirada en medio de la calle, personas que orinan y defecan dentro o al costado de los jardines.». Se refiere también el testigo al impacto de la realización de los espectáculos en cuestión en el tránsito vehicular por las calles de la zona, explicando que «.una gran cantidad de público asiste a los eventos (.) en sus vehículos particulares, como automóviles y motos, estas últimas causan una gran congestión de tráfico en las calles de este barrio, que no tiene capacidad para esta cantidad de vehículos.» cuyo «.estacionamiento afecta un radio de tres cuadras alrededor del club en forma total.Esto ha ocasionado que muchos vecinos no han podido ingresar en sus propios garages.».

Por su parte, del testimonio del señor Rafael Delgado, que vive en el barrio desde el año 1954, surge que «.los musicales especialmente serían los que más impacto producen en su vivienda (.) los que se realizan en la cancha de fútbol comienzan los problemas cuatro o cinco días antes (.) debido a que bajan de ‘semis’ los equipos de sonido y le ocupan el estacionamiento (.) seguidamente se realizan las pruebas de sonido y lo ponen un poco más fuerte que durante el evento. Como consecuencia de ello la mujer tuvo que poner cuñas y muebles contra ventanas y vidrios para evitar o atenuar las vibraciones producto del sonido del predio. Por otro lado, el funcionamiento de un generador en la vereda del club, al frente de su casa, que está las veinticuatro horas funcionando con el ‘escape libre’, completo el día, de cero a veinticuatro, es un motor que permanentemente está funcionando, que no sabe la potencia, pero el ruido era fuerte. El día del evento la cantidad de gente frente a su casa parece ‘la peatonal’. Entrada la noche comienzan a orinar al frente de su casa». Añade que «En el evento la calle se convierte en estacionamiento y hay personas no identificadas como municipales ni policiales que toman y dan directivas de quien entra o no a la zona aledaña al club.» completando el punto diciendo que «Posteriormente al evento, sigue el desarme, que lleva cuatro días por lo menos, del escenario, baños químicos, mediante ‘semis’, ‘mulitas’, etc.» (fs. 257/258vta. y 261/263).

Resulta por demás expresivo de la situación que transita el vecindario, el testimonio del Pbro. Gustavo C.Gleria -titular de la Parroquia Niño Jesús de Praga con sede en el barrio- quien afirma a fs. 599 que «.la sensación de la gente es de hastío, cansancio, stress, inseguridad y de impotencia.».

Además de las testimoniales reseñadas precedentemente obra en autos copia autenticada de la presentación efectuada por más de doscientos ochenta vecinos en los expedientes administrativos que tramitaron y tramitan por ante la Municipalidad de Córdoba, donde éstos solicitan «.que no se permita ni autorice ni habilite de ninguna forma los espectáculos públicos en el club Juniors» y detallan a la vez los hechos de impacto ambiental negativo que se producen en esas circunstancias en estos términos: «a.- Contaminación acústica producto de los insultos, motores de los rodados, aceleración excesiva y picadas de automotores, gritos y peleas en la vía pública.- b.- Contaminación del aire por motores, escapes, humo de venta de puestos de choripán, y hamburguesas.- c.- Contaminación ambiental a través de la acumulación de basura, vasos plásticos, envases, botellas, vidrios, piedras, preservativos, orina, vómitos, etc.- Utilización de la calle donde habitan los vecinos como playón de estacionamiento, incluso estacionados a 45° donde cuidadores gritan, chistan, pretenden ordenar el tránsito, y cobran por adelantado el cuidado. Se bebe alcohol en la vía pública, falta presencia policial etc.Todos estos aspectos se realizan a su vez en horario nocturno, impidiendo el debido descanso de los vecinos, ocasionando y alterando la salud psicofísica de los mismos» (fs. 713/727).

Obran también copias simples de notas individuales dirigidas por los vecinos al señor Intendente (en trámite administrativo) donde con diversas redacciones, coinciden en manifestar su queja contra los espectáculos de bailes de cuartetos, recitales de rock y otros shows de concurrencia masiva que se están llevando a cabo en el Club Juniors, los que -denuncian- han afectado la seguridad, salubridad y moralidad pública, comprometiendo el interés general del barrio (fs. 1174/1244).

La extensa reseña precedente de manifestaciones efectuadas por los amparistas en sus escritos y de pruebas incorporadas a la causa no tiene otro sentido más que poner de relieve que existe en numerosos vecinos del barrio una sensación de zozobra ante la realización de estos espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares que evidencia que se está afectando la calidad de vida y consecuentemente ello está comprendido en el concepto de daño ambiental expuesto con anterioridad.

Ya la jurisprudencia ha indicado que «.la producción de ruidos intolerables durante el día y la noche constituye una molestia con aptitud de provocar en las víctimas un padecimiento espiritual, una verdadera mortificación del ánimo y pérdida de la tranquilidad, motivando zozobras perturbadoras del sosiego espiritual y del derecho a la paz (.) cuya existencia no necesita prueba directa pues queda demostrada por el hecho mismo de la acción antijurídica.».

Tal circunstancia no se ve desvirtuada por los testimonios de fs. 266/269 y 270/272 (testigos Jorge Chudnobsky y Arturo Raúl Maristany) por cuanto versan, uno sobre las acciones emprendidas para la refuncionalización del microestadio donde se realizan los espectáculos y dentro de lo cual se tuvo en cuenta, dice, un conjunto de aspectos como el acondicionamiento acústico interior, el aislamiento acústico hacia el exterior, la seguridad para los espectadores, la seguridad contra incendios.Sanitarios, instalaciones eléctricas y demás medidas que permitieran encuadrarlo dentro de la normativa; y el otro sobre la eventual intervención del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL) de la Universidad Nacional de Córdoba en estudios urbanísticos del ruido en Barrio Juniors.

Es decir, sin ingresar al análisis de la habilitación municipal, cuestión discutida en autos por la aparente ausencia del estudio de impacto ambiental previo, y cuyo otorgamiento dio lugar a la formación de una causa en sede Penal y sobre lo cual no hemos de expedirnos en esta instancia, surge claro que los vecinos padecen de algún modo la actividad que en virtud de la misma el club desarrolla, en razón de las modificaciones del hábitat que éstas producen.

En ese orden, expone el Arq. Maristany que «.cuando se habla de ‘ruido’ se supone que hay una molestia. En definitiva, ‘ruido’ es un sonido molesto. Se considera al ruido como un contaminante, de hecho lo es. La afectación de ese contaminante, el grado de contaminación, depende del nivel de ruido, de la permanencia en el tiempo, de los horarios y de los sectores donde se está afectando» y más adelante afirma, frente a la pregunta de si hay otro tipo de afectaciones a la persona humana, a nivel físico, psicológico «.que podría ser, pero no lo puede expresar objetivamente porque no es un tema de su especialidad (.) pero que las afectaciones por ruido existen. Preguntado (.) si puede haber otras repercusiones dijo que sí hay otras pero que no son de las que el testigo maneja. Que son fisiológicas, más allá del oído, que puede ser estrés, fatiga.» (fs. 272).

En sentido similar, se ha señalado que «En la actualidad, el ruido ambiental es valorado como fuente de contaminación, como lo son los residuos tóxicos, y se ha convertido en uno de los principales problemas para el ambiente en las zonas desarrolladas»13.

Tampoco incide la deposición de Raúl Eduardo Díaz (fs.274/278) por cuanto el hecho de que el testigo no vea su calidad de vida alterada por las circunstancias referidas no invalida que otros sí lo padezcan, como legítimamente lo han expuesto y relatado los otros testigos y/o los vecinos en sus presentaciones, tanto en sede administrativa como en esta sede Judicial. Se ha señalado en la jurisprudencia que «.defender su ‘hábitat’ constituye una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, con independencia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y soporten los perjuicios sin intentar defensa.».

No desmerecen, por su parte y por similares razones, las consideraciones efectuadas con anterioridad las ciento treinta y ocho firmas acompañadas en las actuaciones administrativas tramitadas oportunamente y que en copia autenticada obran a fs. 874/901, donde los vecinos que suscriben manifiestan «Estoy de acuerdo / No me opongo a la realización de espectáculo del tipo artístico musicales en las instalaciones del Club General Paz Juniors de la ciudad de Córdoba».

Finalmente, tampoco cabe asignar mayor relevancia a los informes técnicos incorporados a fs. 166/167 y 172/177, sobre las condiciones acústicas del local y su impacto ambiental.

El primero de ellos, expedido por «Planear soluciones constructivas» de Jorge Chudnobsky, porque efectúa una descripción general y sin hacer mención a la ejecución de algún tipo de medición ni aportar mayores elementos que permitan advertir una suficiente fundamentación, concluye que «.los niveles sonoros, tanto internos, como externos, se encuentran dentro de lo estipulado para la calificación de Ruidos Molestos al Vecindario, como NO MOLESTO, según Norma IRAM 4062/2001» y añade que «.los valores verificados si bien están dentro de las Normas, al ser elevados debiera actuarse a fin de disminuirlos una mayor medida en su emisión al exterior. Para ello se aconseja realizar las siguientes tareas y modificaciones.».

El segundo, elaborado por S.E.H.M.A.C.Consultora, denominado «Mediciones de niveles sonoros solicitado por ‘Estadio General Paz Juniors’ – Octubre 2007», por cuanto concluye que «Las mediciones de Ruido de Fondo no se pudieron realizar por hallarse desarrollando el espectáculo dentro del Estadio, por lo que se realizó el cálculo como lo indica la NORMA IRAM 4062/2001. Aplicando la Norma IRAM 4062/2001 de Ruidos Molestos al Vecindario, se puede observar que en el punto mencionado no se puede tomar como ruidos molestos. Se deberá de todos modos tratar de reducir la emisión al exterior ya que los valores se encuentran muy cercanos a los límites establecidos por la legislación».

Pero más aun, adviértase que tanto uno como otro informe han sido realizados con fechas 13 y 14 de octubre de 2007 (cfr. fs. 166 y 174/176), cuando a tenor de la constancia obrante a fs. 57 (cédula de notificación expedida por la Municipalidad de Córdoba en respuesta a los vecinos, acompañada por los actores en copia concordada), se desarrollaban en el Club los talleres del Encuentro nacional de Mujeres concretado ese año en esta ciudad, evento que difícilmente pueda generar el ruido y las molestias que los vecinos denuncian que se producen cuando se desarrollan espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares como los de los grupos Sabroso, La Barra, Intoxicados, Las Pelotas, Miranda, Babasónicos, Coplanacu, la Peña Jujeña, el Quilmes Rock o Los Piojos (cfr. fs. 56).

Y ello es así por cuanto aun cuando un determinado número de vecinos manifiesten que están de acuerdo y/o no se oponen a la realización de estos eventos y los especialistas (técnico nacional en telecomunicaciones y acústica y arquitecto especialista en acústica arquitectónica) atestigüen que los niveles sonoros internos y externos están encuadrados dentro de las normativas, ello no desacredita que los espectáculos se realizan (la Municipalidad así lo informa en cédulas de notificación obrantes en copia concordada a fs. 55/58), se desarrollan en horarios comprendidos en la amplia franjaque se extiende desde las 15.00hs. hasta las 05.30hs. -según el evento- e impactan en la calidad de vida de un importante número de vecinos, por circunstancias que trascienden lo meramente sonoro.

Más aún, tanto es así que el mismo concesionario (cfr. fs. 523/527), que suscribe en calidad de «locataria del salón para realizar espectáculos Club Juniors», en nota presentada en las actuaciones administrativas tramitadas en la Municipalidad de Córdoba que obra en copia autenticada a fs. 563/564, manifiesta que están dispuestos a fijar pautas de convivencia con los vecinos del sector dentro de parámetros normales, siempre y cuando se tenga en cuenta su inversión, proyecto y derecho, y ofrece «a) Realizar un máximo de tres espectáculos al mes, con lo cual nosotros limitamos nuestra actividad en pos de la convivencia con los habitantes del barrio. b) Contratar un 10% mas de adicional policial que cualquier otro salón de iguales características con espectáculos de similar envergadura distribuyendo ese 10% extra de personal de seguridad a discreción del Jefe de la Seccional correspondiente. c) Desarrollar (a nuestra costa) un plan de limpieza luego de cada show en un perímetro de tres cuadras a la redonda para recolectar los residuos que puede haber generado la concurrencia al evento. d) En acuerdo con la Dirección de Tránsito y la Secretaría de seguridad de la vía pública de la Municipalidad, realizar cortes de calles en dos cuadras a la redonda con el fin de evitar la circulación de vehículos que generen ruidos molestos a altas horas de la noche.e) Colaborar para erradicar a los puestos de venta ambulante de comida que también generan molestias en el barrio.».

Adviértase a la vez que el cambio en las actividades que emprende el club es sobreviniente y que no se trata en autos de la situación que en ocasiones se plantea cuando diversos sujetos se asientan en los alrededores de una fuente de emisiones posiblemente contaminantes (ruido, emanaciones, partículas, fluidos, etc.) por las conveniencias que ello presenta (menor valor de la tierra, mayor flexibilidad en la normativa constructiva, etc.) y luego, a la par que la urbanización se consolida, emprenden acciones sociales, administrativas y jurisdiccionales para que aquella se retire de la zona; por el contrario, en el caso de autos el club acompañó y formó parte del proceso de identificación urbana del Barrio homónimo y ello es descripto con suma claridad por la Cámara cuando señala que «Llama del mismo modo la atención la virtual emboscada que tiende el Club Atlético General Paz Juniors a sus socios y vecinos; que después de años de consolidarse y prestigiarse como una institución social, cultural y deportiva beneficiosa para el barrio y para la comunidad toda; pase de un día para el otro a dar lugar y hasta auspiciar que en sus instalaciones se realicen actividades nocturnas (.) en el contorno de un barrio o sector residencial que en nada se beneficia ni con la actividad ni con el horario establecido.».

Teniendo por cierto que los espectáculos públicos musicales, bailables, recitales, musicales no bailables y bailes populares objeto de la acción de amparo deducida se realizan y que las consecuencias disvaliosas que los amparistas les atribuyen se verifican, todo lo cual surge de la adecuada relación existente entre la prueba rendida, mensurada a la luz de las reglas de la sana crítica racional y acudiendo a las reglas de la experiencia como medio o camino adecuado para señalar qué es lo común, habitual, constante, ordinario y de diario en los acontecimientos o fenómenos denuncia dos15 cabe dar razón al recurrente.La obviedad y notoriedad del daño debe hacer pensar a los jueces que la problemática de la prueba para la admisión del mismo debe resultar de medios indirectos pues en la mayoría de los casos lo contrario resultará tedioso, lento y perjudicial para el proceso judicial; se requiere en el punto que prive el sentido común de los Magistrados, que como hombres de la comunidad saben de estas cuestiones por las experiencias cotidianas propias y de sus grupos familiares16.

La ausencia de prueba pericial, dice la doctrina en comentario al art. 2618 del Código Civil17, no impone per se el rechazo de la acción y trae a colación una sentencia que «.decidió la pretensión del cese de las molestias que tenían origen en la actividad que se desarrollaba en un club social (música de los bailes, juegos de pelota a paleta, la actividad de la hinchada) morigeró la relevancia de la prueba pericial con este alcance: ‘Si bien en principio la determinación de los ruidos molestos debe hacerse de modo objetivo, cuando el ruido se convierte en una materia de conocimiento público no puede ignorarse la trascendencia probatoria de la prueba testimonial'».

Cabe aclarar en esta línea que si bien muchos de estos hechos cuando se presentan aislada e individualmente habilitan para su revisión jurisdiccional la vía expresamente prevista por el art. 2618 del Código Civil, su reiteración simultánea en numerosas viviendas ante cada espectáculo que se realiza, compartiendo una causa común cual es la celebración de los mentados espectáculos, permiten caracterizarlos como generadores de daño ambiental, y habilitan la vía del amparo contemplado en el art. 30 de la Ley General de Ambiente (n° 25.675).

En efecto, no existe un perjuicio exclusivamente individual, sino que aquel es compartido por todo un grupo social, no obstante que pueda haber afectados particulares, quienes han sufrido y/o sufren un daño directo en sus personas o patrimonios.Se trata de una situación que, partiendo de derechos individuales, tiene connotaciones de universalidad, bajo el fundamento de que pese a que pueden diferenciarse en cada uno de sus titulares, reconocen una causa común.

El conflicto de las relaciones de vecindad se sitúa en la esfera privada del sujeto, y sigue una regla de solución basada en la reciprocidad, resumida en la reiterada frase acuñada popularmente de que el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás; en cambio, dice Lorenzetti, el conflicto entre el bien ambiental y la propiedad, se sitúa en la esfera social, donde tiene primacía el bien social sobre el individual, de allí que cuando el ejercicio del derecho de propiedad lleva a la lesión de bienes ambientales, deba protegerse a este último y limitarse al primero18.

Así expuesto el tema surge la razón que asiste al recurrente en cuanto a que la pretensión de enmarcar la cuestión con estrictez en el art. 2618 del Código Civil dejando de lado el derecho constitucional amparado en el art. 41 de la Constitución Nacional, no se condice con la realidad, viola el principio de congruencia y deja sin motivación al acto sentencial al incurrir en fundamentación aparente (art. 383, inc. 1, C.P.C. y C.), y por lo tanto, procede hacer lugar al recurso de casación articulado, revocar la sentencia de cámara y ordenar al club y a la Municipalidad el cese de los espectáculos generadores de daño ambiental.

13. Costas.

Sin costas, atento la impugnación por parte del Ministerio Público y la naturaleza de lo decidido (art. 130, C.P.C. y C., aplicable en la especie por remisión del art. 17, Ley n° 4915).

Así votamos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, DOMINGO JUAN SESIN, AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, LUIS ENRIQUE RUBIO, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H) Y M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

Corresponde:I. Hacer lugar al recurso de casación articulado por el señor Fiscal de Cámaras Civil y Comercial y en su mérito revocar la Sentencia número Doscientos cincuenta y tres dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación con fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, y ordenar al Club Atlético General Paz Juniors y a la Municipalidad de Córdoba se abstengan de organizar o auspiciar en su sede, el primero, y de habilitar, la segunda, espectáculos que, conforme la Ordenanza n° 10.840 y su decreto reglamentario, reúnan las características señaladas para incluirlos en el rubro «mega espectáculos». –

II. Sin costas (art. 130, C.P.C. y C., aplicable en la especie por remisión del art. 17, Ley n° 4915).

Así votamos.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, en pleno,

RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de casación articulado por el señor Fiscal de Cámaras Civil y Comercial y en su mérito revocar la Sentencia número Doscientos cincuenta y tres dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación con fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, y ordenar al Club Atlético General Paz Juniors y a la Municipalidad de Córdoba se abstengan de organizar o auspiciar en su sede, el primero, y de habilitar, la segunda, espectáculos que, conforme la Ordenanza n° 10.840 y su decreto reglamentario, reúnan las características señaladas para incluirlos en el rubro «mega espectáculos».

II. Sin costas (art. 130, C.P.C. y C., aplicable en la especie por remisión del art. 17, Ley n° 4915).

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.-

DR. CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO

PRESIDENTE

DRA. MARIA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI

VOCAL

DR. DOMINGO JUAN SESIN

VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI

VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO

VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)

VOCAL

DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC G. DE ARABEL

VOCAL

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