La médica y la clínica deben resarcir los daños sufridos por el actor que contrajo una infección intrahospitalaria luego de una operación.

OperacionPartes: P., J. C. c/ P. M. Del C. y ot. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: III

Fecha: 1-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81542-AR | MJJ81542 | MJJ81542

Se condena a la profesional médica y a la clínica a resarcir los daños sufridos por el actor a raíz de la contracción de una infección intrahospitalaria como consecuencia de una operación quirúrgica. 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto condenó a la médica demandada a resarcir los daños sufridos por el actor a raíz de la contracción de una infección intrahospitalaria, pues si bien surge de la prueba producida que las infecciones fueron varias, con diferentes gérmenes causantes, no es dable considerar a cada una ajena a la otra como pretende la recurrente, sino como un proceso que se inició con la infección post cirugía protésica realizada por aquélla al actor y continuó hasta su extracción, con consecuencias cada vez más graves para el paciente.

2.-Aun cuando se considerara que las infecciones del actor son independientes una de otra, no puede soslayarse el hecho que la galena accionada intervino tanto en la primera operación como en las tres toilettes posteriores, y que, según el perito infectólogo, el contagio de las bacterias halladas en la herida del actor se produce en su mayoría por una deficiencia antiséptica de la piel previa a la operación y/o deficiente lavado de manos.

3.-El accionar de la médica no aparece avalado por elementos que determinen su condición de alternativa válida desde el punto de vista médico, considerando las condiciones de base del paciente conocidas por la profesional, que lo exponían a un mayor riesgo de contraer infecciones y a una limitación en el uso de quimioantibióticos.

4.-Cabe endilgar responsabilidad al hospital demandado, pues no se ha acreditado que la infección se produjera no obstante haber tomado el nosocomio todos los recaudos a su alcance para evitarla, no siendo prueba suficiente la existencia de un comité de infecciones, pues se desconocen las medidas específicas llevadas a cabo por el mismo; y si bien no puede determinarse con exactitud la vía a través de la cual se infectó el paciente, resulta evidente que la puerta de entrada de la sepsis fue la herida producto del acto quirúrgico practicado en el hospital demandado, produciéndose la infección dentro de éste.

5.-Si bien la mera posibilidad de que el hecho médico haya gravitado en la producción del daño no autoriza al reclamo indemnizatorio, tratándose del ejercicio de la medicina, donde lo que está en juego es la integridad física o la vida del paciente, toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica que puedan generar la pérdida de dichos bienes, entran en el concepto de causalidad adecuada.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, a los 01 días del mes de Agosto de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámra Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia definitiva en el juicio: «P. J. C. C/P. M. D. C.Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», causa nº SI-42255-8 y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Krause y Soláns, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

1º) La sentencia de fs. 483/495 hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por J. C. P. contra M. del C. P., Hospital Privado Modelo y la Asociación de Médicos de General San Martín y Tres de Febrero (Osmecom), condenando a estos últimos a abonar al actor la suma de $ 254.600, más intereses y costas. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía Prudencia Compañía de Seguros Generales S.A.

Apela el Hospital Privado Modelo a fs. 496, conforme agravios de fs. 546/548, contestados a fs. 560/566; la médica P. a fs. 504, conforme agravios de fs. 554/557; el actor a fs. 507, conforme agravios de fs. 529/533, contestados a fs. 567/568.

2º) No está en discusión que el día 18 de enero de 2006, el actor J.C. P., afiliado a la prepaga médica OSMECOM, fue intervenido quirúrgicamente en forma programada, por la Dra. M. del C. P.en el Hospital Privado Modelo de Vicente López, por padecer discopatía lumbar (3 discos herniados en L4-L5), cirugía en la que se le colocó material de osteosíntesis con 2 guías metálicas y 8 tornillos.

Que cinco días después de la operación se presentó una bacteriemia, por lo que, a pedido de la cirujana, la infectóloga del Hospital le efectuó los estudios pertinentes y comenzó con tratamiento antibiótico. El resultado del hisopado efectuado por la infectóloga fue la presencia de estafilococo epidermis.

Que el 27 de Enero de 2006 la Dra. P. efectuó al paciente en el mismo Hospital una toilette quirúrgica, donde se limpió la herida del paciente y se tomó una muestra, que dio como resultado la presencia de escherichia colli.

Que el 7 de Marzo de 2006 la Dra. P. efectuó una segunda toilette quirúrgica a la herida del paciente en la Clínica Malvinas, retirando líquido y restos óseos, enviándose una muestra para cultivo, aislándose en esa oportunidad un estreptococo de la muestra obtenida, según lo admite la médica demandada en su contestación de demanda.

Que el 28 de Agosto de 2006, la Dra. P. efectuó una tercer toilette a la herida del actor en el Hospital Privado «Nuestra Sra. de la Merced». Del análisis de las muestras extraídas se aisló pseudomona aeruginosa.

Que el 10 de Abril de 2007 el Sr. P. fue operado por otro profesional en el Centro de Educación Medica e Investigaciones Clínicas «Norberto Quirno» (CEMIC), donde se le retiró material de osteosíntesis en columna lumbar con resultado exitoso.

3º) La Sra. Juez, luego de analizar las pruebas producidas, concluyó en que desde enero de 2006 hasta noviembre del mismo año el actor prosiguió con la infección que contrajo luego de la operación efectuada por la Dra. P. en el Hospital Privado Modelo, siendo atendido en diversos centros hospitalarios por la misma médica, sin que ésta resolviera la extracción de la prótesis.Con tales conductas, tuvo por acreditados los presupuestos de procedencia de responsabilidad médica.

En cuanto al Hospital Privado Modelo, dijo la sentenciante que al margen de la responsabilidad directa que pueda corresponder al personal médico, existe por parte del centro médico en el cual la profesional se desempeñaba una obligación de prestar asistencia médica que lleva implícita una obligación de seguridad. Así, habiendo quedado probada la culpa de la médica, cabe responsabilidad también al Hospital.

Igual criterio adoptó respecto de OSMECOM, toda vez que quienes incurrieron en responsabilidad prestan servicios en dicha obra social, debiendo esta responder por la actuación culposa o dolosa de quienes prestan tal servicio.

Se agravia la Dra. P. por el progreso de la acción a su respecto. Sostiene, en lo esencial, que se ha valorado en forma incorrecta la prueba; que no existió comportamiento culposo de su parte, que no hay relación de causalidad entre su conducta y las secuelas que padece el actor; que las infecciones postquirúrgicas son imprevisibles e inevitables, máxime en un paciente con diversas patologías que lo hacen propenso a ello.

Adelanto a V.E. que de la prueba producida, valorada a la luz de las reglas de la sana crítica, surge que la atención médica dispensada por la médica P. al paciente P. ha sido negligente; que existe relación causal entre la mala praxis y los daños cuya reparación se reclama; debiendo, en consecuencia, confirmarse la sentencia apelada.

4º) Es presupuesto de la responsabilidad médica, la existencia del daño, la relación de causalidad adecuada entre éste y la conducta imputada y el carácter antijurídico de tal conducta consistente en el incumplimiento de las obligaciones asumidas imputable a título de dolo o culpa (SCBA. Ac, 45.177 del 3-4-91, Ac.44.440 del 22-12-92, 43.540 del 9-4-91; causas 54.084 del 8-7-91, 61.314 del 7-3-94 de la entonces Sala IIª; Yungano-López-Poggi-Bruno, «Responsabilidad profesional de los médicos», pág. 134 y ss.; Cazeaux-Trigo Represas, Obligaciones, t. I, pág. 316 y 367). Por otra parte ha de considerarse que la prestación profesional a cargo del médico no es de las llamadas de «resultado» sino de «medio», ya que consiste en prestar una atención diligente e idónea, proporcionando todos aquellos cuidados y tratamientos que, de conformidad a las reglas del arte de la medicina y los principios científicos que la fundan, sean conducentes para curar al enfermo pero sin asegurar un resultado exitoso (Llambías, «Tratado…», Obligaciones IV-B pág. 137 y ss.; causas 41.642 del 28-10-86, 46.799 del 28-7-88, 64.280 del 21-4-95 de la sala IIª). Sabido es en este aspecto que en las obligaciones de medio compete al acreedor probar la culpa y su relación causal con el daño cuya reparación se reclama y que, por tratarse en definitiva de hechos, es posible recurrir a todo tipo de prueba.

En este orden de ideas cabe destacar que es erróneo sostener que el médico debe responder sólo en casos de falta notoria de pericia, grave negligencia o grave error de diagnóstico y tratamiento (S.C.B.A., Ac. 39.597 del 13-10-88, causas 54.338 del 28-5-91, 64.280 del 21-4-95); la responsabilidad médica constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se encuentra sometida a las mismos principios de la responsabilidad en general. Quiere decir, pues, que cuando el médico incurre en la omisión de las diligencias correspondiente a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por imprudencia, impericia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512 del Cód. Civil, S.C.B.A. Ac.35.597 ya citado y Ac. 31.702 del 22-12-87, Ac. Y Sent. 1987-V-355; causa 99.627 del 12-8-2010, 103.482 del 25-8-09; 109.192 del 9-12-10 RSD: 151/10 de Sala IIIª).

En el caso, está probado que el actor P. sufrió un proceso infeccioso en su herida, que comenzó luego de ser intervenido quirúrgicamente en su columna lumbar por la Dra. P., estando internado en el Hospital Privado Modelo de Vicente Lopez (ver H.C. de fs. 142/350 de la prueba anticipada; dictamen de fs. 223/231 y 267/270, y contestación de demanda de fs. 68/86), y continuó varios meses, durante los cuales la médica demandada proporcionó al actor un tratamiento que consistió en la realización de tres toilettes quirúrgicas y tomas de antibióticos: la primera el 27/1/06 estando internado a raíz de la operación en la que se le colocó la prótesis, en el Hospital Privado Modelo de Vicente López; la segunda el 7/3/06 en la Clínica Malvinas y la tercera el 28/8/06 en el Hospital Privado «Nuestra Sra. de la Merced» (fs. 142/350, 112/141 y 41/84 de la prueba anticipada).

Es cierto, tal como sostiene la médica en sus agravios, que ante una infección de herida quirúrgica a repetición puede ser un criterio habitual esperar entre 6 a 8 meses para retirarlo, dependiendo del estado y evolución del paciente. También lo es que las heridas de cirugía traumatológica son propensas a infectarse y que las toilettes quirúrgicas (lavado quirúrgico de la herida) y prescripción de antibióticos son una práctica habitual para combatir la infección (dictámenes de fs. 223/231, 267/270 y 281/287).

No obstante, en el caso, las características propias del paciente y su evolución desfavorable convirtieron en «inadecuado» el tratamiento que para otros casos resulta «habitual».

En efecto; la propia médica refirió en su contestación de demanda que el Sr. P.presentaba una obesidad de larga data que nunca pudo revertir, que es considerado un factor de riesgo para la infección en la cirugía de columna lumbar. Agregó también que en la niñez había presentado una glomerulonefritis por la cual quedó hipertenso con tratamiento medicamentoso permanente; y episodios de gota aguda con dolor en hallus típico y fue medicado con colchicina y allopurinol. Indicó la médica que estos factores influyen en las defensas del paciente disminuyéndolas y favoreciendo la instalación de una infección y, en este caso, la repetición de la misma, aún cuando los valores de laboratorio indicaban una curación (ver contestación de demanda fs. 42 vta.). Por su parte, el perito infectólogo designado en autos, afirmó que en este tipo de cirugía con un paciente de las características del actor, la complicación infecciosa es muy corriente y habitual, y que su enfermedad de base limita el uso de cua lquier medicamento, entre ellos quimioantibióticos (dictamen de fs. 224/231, respuestas nº 10 y 22). Ello así, los antecedentes descriptos permiten concluir que someter al paciente P. a tres toilettes quirúrgicas no resultaba, en el caso, una buena práctica médica, debido al alto riesgo de padecer infecciones que presentaba el paciente, conocido por la médica actuante (art. 384 del C.P.C.C.).

Cabe destacar que la Dra. P. no demostró los beneficios que obtuvo el paciente en virtud del tratamiento que le dispensó; no acreditó que su criterio médico -distinto al del perito infectólogo- fuera el adecuado según las características y evolución del paciente, ni que fuera indispensable o altamente favorable mantener la prótesis por siete meses, aún con las infecciones que presentaba, o que su extracción anterior colocara al paciente ante un riesgo mayor.El principio de carga interactiva de la prueba que se impone en casos de responsabilidad médica, determina que los galenos no pueden limitarse a una mera negativa de lo alegado en la demanda, sino que tienen que colaborar con el esclarecimiento de la verdad, de allí que no puedan desentenderse de la actividad probatoria, ya que su carga es demostrar que el tratamiento brindado fue el adecuado en razón de las condiciones del caso al momento de ejecutarlo (acreditando de tal modo que no hubo culpa o negligencia de su parte más allá de los resultados -en razón de la obligación de medios comprometida en la especie-; causa D-26896/01 del 28-6-13 RSD 74/13 de Sala III), no surgiendo tales hechos de las pruebas arrimadas ni de las explicaciones pedidas a los peritos (arts. 375, 384, 473 y 474 del C.P.C.C.).

Se limita, en cambio, en sus agravios a quejarse porque el perito infectólogo no dice qué resultado podría haberse evitado si la prótesis hubiera sido extraída antes, ni qué daño causó al actor por haber decidido extraer el instrumental en septiembre de 2006 según su criterio médico y no haberlo hecho en julio según el criterio del perito, cuando ninguna explicación al respecto pidió oportunamente (arts. 375, 384, 473 y 474 del C.P.C.C.). El dictamen pericial del Dr. Tesler no fue cuestionado por la apelante en los términos que hoy pretende en sus agravios, según se desprende del contenido del pedido de explicaciones agregado a fs. 246. Tampoco pidió explicaciones en tal sentido en la audiencia celebrada ante la Sra. Juez, de la que da cuenta el acta de fs. 260/270.

Se pretende entonces, en definitiva, impugnar la pericia fuera de la oportunidad procesal pertinente, solicitando que el dictamen sea descalificado; mas las partes no tienen pleito con los peritos, sino con la contraparte, y aquellos tienen compromiso con la verdad como los testigos.De ahí que así como la razón del dicho debe recabarse durante el testimonio, los fundamentos que aparecen insuficientes, errados, o poco claros en el peritaje deben ser corregidos cuando hay tiempo para hacerlo, o sea, en la etapa abierta por el art. 473 del C.P.C.C. con efecto preclusivo (causa 47.302 del 5-9-88 y 64.280 del 21-4-95 de la Sala IIª). Es que la satisfacción por las partes de sus cargas en el proceso, no atiende solamente a su propio interés sino al de la jurisdicción -empeñada en dictar pronunciamientos justos-; ello así, no puede aceptarse la argumentación no puesta a consideración del perito que implica impugnar su dictamen en la apelación, contraviniendo también así las reglas procesales tendientes a proteger la bilateralidad. Así, pues, aunque es cierto que la falta de impugnación en la instancia de origen no impide a las partes agraviarse de la apreciación que el juez hiciera de las conclusiones del perito, resulta improcedente, en cambio, pretender cuestionar lisa y llanamente tales conclusiones fuera de la oportunidad procesal respectiva (art. 473 CPCC; causa 109.192 del 9/12/10 RSD:151/10 de Sala III).

El perito Tasler, en forma contundente, afirmó en su dictámen que las secuelas físicas que padece el actor se deben al fracaso de la cirugía de patología discal lumbar y a las infecciones secundarias a la misma, dado que no fue solucionada ni mejorada su enfermedad columnaria; que la incapacidad del actor presenta relación de causalidad directa con la intervención quirúrgica realizada el día 18-1-06 y los secundarios procesos infecciosos que se presentaron posteriormente; que se debió retirar el material de osteosíntesis mucho tiempo antes que en el momento en que se lo retiró, momento en el cual se encontraba aflojado en su totalidad (placas y tornillos); que el material de osteosíntesis se debe retirar lo antes posible en un caso como el presente, ya que una vez que se demuestra el fracaso terapéutico de los antibióticos administrados, su permanencia solo prolonga el proceso patológico e impide su solución (dictamen de fs. 223/231; respuestas XVIII, XXV, 24, 25 y conclusiones médico legales; art. 474 C.P.C.C.).

Cabe recordar que si bien los peritos son llamados a auxiliar al juzgador con su ciencia y no para unir hechos y sacar conclusiones que competen exclusivamente a aquél, no estando obligado el Juez a seguir el dictamen de los peritos ya que tal obligatoriedad equivaldría a instaurar un fuero especial para los médicos (art. 474 del C.P.C.; S.C.B.A. Ac. 31.702 del 22-12-87, dictamen del Sr. procurador General; causas 31.702 del 22-12-87 y 64.280 del 21-4-95), los jueces, para apartarse de las conclusiones de los peritos deben suministrar los fundamentos de su convicción contraria en base a las restantes pruebas producidas conforme las reglas de la sana crítica, dado que, no pueden apartarse arbitrariamente de la opinión fundada por perito idóneo (causa 109.192 del 9/12/10 RSD:151/10 de Sala III), prueba, que en el caso, no ha sido producida por la interesada en demostrar que su práctica médica fue la adecuada al momento de su ejecución, ni tampoco surge de la producida por los demás litigantes (arts. 375, 384, 473 Y 474 del C.P.C.C.).

No permite apartarse de las conclusiones del perito, tomadas por la sentenciante, la afirmación de la recurrente en cuanto sostiene que la buena evolución del paciente después de la toilette autorizaba continuar con una conducta expectante en cuanto al retiro del instrumental, pues ello sólo denota una disconformidad subjetiva con los argumentos desarrollados en la sentencia sin demostrar el error en el mérito que hizo la Juzgadora de las conclusiones expuestas en el dictamen pericial (art. 260 del C.P.C.C.).

También se agravia la Dra. P. porque la sentencia supone un único proceso infeccioso, cuando en realidad las sucesivas infecciones son independientes, apareciendo primero un staphilococo epidermitis, luego un estreptococo, más tarde una escherichia coli y finalmente una pseudomona aeruoginosa. Afirma que los tratamientos realizados con los tres primeros gérmenes fueron eficaces mediante toilette quirúrgica y suministro de antibóticos y la buena evolución indicaba que no resultaba necesaria la remoción. Ante la nueva infección aparecida en agosto de 2006 se le indicó al paciente una cirugía para la extracción del instrumental pero no volvió a la consulta, por ello, indica que el razonamiento del perito Tasler es incorrecto, pues ella indicó la extracción del material en agosto y no pasados 15 meses desde la operación inicial.

Si bien surge de la prueba producida que las infecciones fueron varias, con diferentes gérmenes causantes, no es dable considerar a cada una ajena a la otra como pretende la recurrente, sino como un proceso que se inició con la infección post cirugía protésica realizada al actor el 18/1/06 y continuó hasta su extracción, con consecuencias cada vez más graves para el paciente (dictamen pericial de fs.223/231, respuesta XII, XVIII; XXV, 12 y conclusiones médico legales). En sintonía con lo expuesto cabe destacar que al referirse a la última toilette realizada al actor el día 24-8-06, el perito Tasler hace referencia al mismo cuadro infeccioso post quirúrgico (fs. 226 pto. 12). Por otra parte, contrariamente a lo que afirma la recurrente, tal como destaca el perito en la audiencia y surge de la prueba informativa, el último análisis de las muestras tomadas de la herida del paciente en el Hospital Privado Nuestra Sra. de la Merced, dieron como resultado la bacteria pseudomona aeruginosa y staphylococcus, siendo esta última, la primera de las bacterias detectada en las muestras tomadas en el Hospital Privado Modelo de Vte. Lopez en enero de 2006 (fs. 269 tercer pregunta; fs. 40/46, 68/86 del principal; fs. 64, 66 y 194/209 de la prueba anticipada), lo cual demuestra la ineficacia del tratamiento brindado por la médica demandada. Y aún cuando se considerara que son infecciones independientes una de otra, no puede soslayarse el hecho que la Dra. P. intervino tanto en la primera operación como en las tres toilettes posteriores, y que, según el perito infectólogo, el contagio de las bacterias halladas en la herida del actor se produce en su mayoría por una deficiencia antiséptica de la piel previa a la operación y/o deficiente lavado de manos (fs. 223/231 y 267/270; art. 474 C.P.C.C.).

No abunda señalar que no surge de las constancias de autos ni la concurrencia esporádica del actor a la consulta a la que se hace referencia en los agravios, ni la indicación de extracción de la prótesis que la demandada afirma haber efectuado al paciente en agosto de 2006, pues no se produjo la prueba ofrecida a los consultorios médicos en los cuales tales hechos habrían ocurrido (ver prueba ofrecida a consultorios de la calle Marengo a fs. 45 y referencia de fs. 246; fs.375 y 384 del C.P.C.C.). Y aún cuando ello estuviera acreditado, está probado que la extracción de la prótesis en agosto hubiera resultado igualmente tardía de acuerdo a las características que presentaba el paciente (fs. 223/231 y 267/270; art. 384 del C.P.C.C.).

Y si bien las decisiones médicas deben evaluarse por lo adecuado de las mismas conforme las creencias que eran razonables y téc nicamente viables -según la evidencia disponible- cuando se las tomó, independientemente del resultado -incierto al momento de tomarlas- ya que la apreciación retrospectiva a través -y luego de conocido- el resultado induce al error de juzgamiento de tales medidas; en el caso el accionar de la médica no aparece avalado por elementos que determinen su condición de alternativa válida desde el punto de vista médico, considerando las condiciones de base del paciente conocidas por la médica, que lo exponían a un mayor riesgo de contraer infecciones y a una limitación en el uso de quimioantibióticos (conf. causa D-26896/01 del 28-6-13 RSD 28/13 de Sala III).

De allí que (art. 384 del C.P.C.C., causa D-26896/01 del 28-6-13 RSD 28/13 de Sala III).

Por tanto, considerando la opinión de los peritos intervinientes, no cabe sino concluir que la práctica cuestionada no fue adecuada al momento y circunstancias en las que se ejecutó (art. 384 del CPCC), por lo cual, como ya adelantara, corresponde desestimar los agravios de la demandada P. y confirmar la sentencia en este aspecto.

5º) Se agravian el actor, la citada en garantía y el Hospital Privado Modelo por la responsabilidad atribuida a este último.

En lo esencial, afirman los accionados recurrentes que la Dra. P.operó al paciente en la institución por ser médica de OSMECOM, con expresa exclusión de honorarios profesionales a cargo del Hospital, lo cual demuestra que la médica no era, al momento del hecho, profesional dependiente de la clínica y que su vínculo contractual era con OSMECOM. Por ello, afirman que no corresponde la condena al Hospital por actos médicos de la Dra. P., resultando inaplicable el precedente de la Casación Provincial citado en la sentencia, pues la obligación de seguridad existe cuando los médicos trabajan en un establecimiento asistencial, no siendo este el caso de autos.

El actor se queja porque la sentencia consideró la responsabilidad del Hospital como refleja de la médica demandada, cuando está probado que existió una responsabilidad autónoma por violación de sus obligaciones sanitarias, causa del proceso infeccioso.

No está en discusión que el actor estaba afiliado a la prepaga OSMECOM y que tanto la Dra. M. del C. P. como el Hospital Privado Modelo de Vte. Lopez resultaban prestatarios de aquélla. Es decir que, tal como refieren los apelantes, no existía un contrato directo entre el paciente y el Hospital demandado, sino entre el paciente y su prepaga, a través de la cual fue atendido por sus prestatarios.

En este marco, entonces, corresponde analizar la responsabilidad del hospital, más allá de los actos de la Dra. P., pues está reconocido por aquél y surge del dictamen del Dr. Tesler, que el actor contrajo una infección de las llamadas intrahospitalarias estando internado en el Hospital demandado (fs. 68/86, 223/231 y 267/270; historia clínica de fs. 142/350 de la prueba anticipada). Así, la obligación de seguridad del hospital ha de observar relación con sus deberes propios (prevenciones, cuidados, reserva, asistencia a través de medios adecuados) en los cuales tuvo injerencia. Debe probarse, entonces, que la acción u omisión del personal del hospital tuvo la aptitud suficiente para erigirse en causa del daño (conf.causa 75.473 del 29-12-98 RSD 377/98 de Sala II).

Tiene dicho nuestro Superior Tribunal que la obligación tácita de seguridad de naturaleza objetiva del sanatorio, sea éste privado o público, puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad de la clínica por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto puramente médico (conf. doct. C. 77.588, sent. del 19-II-2002; C. 100.800, sent. del 15-IV-2009; C. 101.294, sent. del 15-IV-2009). En el caso que nos ocupa, se plantea el daño provocado por una infección contraída en el ámbito hospitalario. Va de suyo, entonces, que nos hallamos ante el segundo supuesto determinado, esto es la responsabilidad sanatorial por el despliegue de toda una actividad extraña al quehacer puramente médico. Donde la responsabilidad imputada a la clínica se finca en la irregular prestación del servicio comprometido, a través de sus cosas; y no en los actos propiamente medicales, que generan -por sí- responsabilidad directa en los médicos tratantes. Se advierte una falla en la organización y/o en la prestación del servicio; un incumplimiento del deber de seguridad que viene atado a la prestación principal para el que se constituyera la empresa. «Este deber de seguridad ha de guardar relación con las obligaciones propias asumidas por la clínica -prevenciones, cuidados, reserva, asistencia a través de medios adecuados-, y no se extiende a aquéllas sobre las que no ha podido tener injerencia» (ver, Ghersi Carlos A., «La obligación de seguridad», «La Ley», 2005-D-1396; S.C.B.A. Ac. 111812 del 27-6-12).

Infecciones intrahospitalarias son aquellas contraídas por los pacientes mientras se encuentran internados en una institución hospitalaria, se trate ésta de una entidad pública o privada.Se las denomina exógenas, nosocomiales o de fuente ambiental cuando -como en el caso- los gérmenes proceden de una fuente exterior al enfermo (Calvo Costa, Carlos A. «Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial», pág. 275/276, ed. Hammurabi).

En la especie, surge de las constancias de autos que los resultados de las muestras tomadas de la herida del paciente a través de la interconsulta con infectología y luego de la toilette quirúrgica practicada por la Dra. P. -todo ello estando internado en el hospital demandado- revelaron que la herida del actor P. estaba infectada con estafilococo epidermis y escherichia colli (fs. 68/86, 223/231 y 267/270; historia clínica de fs. 142/350 de la prueba anticipada).

Explicó el perito Tesler que las vías de contagio del staphilococcus epidermitis son por continuidad con otra fuente de infección, ya que es un mediador de infecciones nosocomiales. Con respecto a la escherichia colli, informó que es una bacteria que vive en los intestinos de la mayor parte de los mamíferos sanos y que las infecciones en general se debe a la falta de un control de higiene personal y deficiente lavado de manos (fs. 223/231 respuesta X). Aclaró también que la infección por estafilococo llega a la herida en el 90% de los casos por una deficiencia antiséptica de la piel previa a la operación y/o deficiente lavado de manos en su mayor parte. También puede producirse por haber portadores crónicos de estafilococo en la sala quirúrgica, o por la falta de esterilización del material colocado. En el caso de la escherichia colli, la infección llega a la herida casi siempre por deficiente lavado de manos (fs. 267/270) (art. 474 del C.P.C.C.).

Y nada de ello fue rebatido con fuerza suficiente por el hospital demandado (art.260 del C.P.C.C.), pues no produjo prueba, estando en mejores condiciones de hacerlo, tendiente a demostrar de qué manera cumplió adecuadamente su deber de adoptar precauciones y concretamente con qué medidas previno de una infección que es una amenaza posible en el medio hospitalario (Cam.Apel.Civ.yCom. Jujuy Sala III, 20/4/04 «C.C.F. y otra c/ Provincia de Jujuy», «RCyS, 2004-V-114; Llona, 2004-1244 citado en Calvo, ob. cit. pág. 277/278). Resulta insuficiente como agravio en los términos de la norma citada, hacer referencia a lo que ocurre en la generalidad de los casos o invocar el porcentaje de infecciones que no pueden evitarse pese a tomar todos los recaudos pertinentes, si no se han demostrado las medidas de asepsia preventivas y posteriores a la infección desplegadas por el Hospital en el cual el paciente se infectó. No se ha acreditado, en el caso, que la infección se produjera no obstante haber tomado el hospital todos los recaudos a su alcance para evitarla; no es prueba suficiente la existencia de un comité de infecciones, pues se desconocen las medidas específicas llevadas a cabo por el mismo (fs. 237/241; arts. 375 y 384 del C.P.C.C.). Y si bien no puede determinarse con exactitud la vía a través de la cual se infectó el paciente, resulta evidente que la puerta de entrada de la sepsis fue la herida producto del acto quirúrgico practicado en el hospital demandado, produciéndose la infección dentro de éste (fs. 142/350 de la prueba anticipada).

Se encuentra demostrado, entonces, que el daño sufrido por el paciente deriva de la infección contraída en el establecimiento asistencial como consecuencia del acto quirúrgico, ello así porque el ente sanatorial no realizó el tratamiento necesario para su detección y control. Reiteradamente decidió la Suprema Corte que responde el ente asistencial por los daños derivados por la infección del paciente producida luego del acto quirúrgico (Ac. 67.908 del 23-12-2002, «Olm c/Sanatorio Bernal»; Ac.55.336 del 12-11-1996; Ac. 74.036 del 16-8-2000, «Carabajal c/Municipalidad de Gral. Sarmiento»; Ac. 71.664 del 29-2-2000, «Barretche c/Hospital Zonal de Agudos»; Ac. 67908 del 23-12-02; causa 98.520 del 21-9-06 RSD: 214/06 de Sala II).

Aunque quepa convenir que en cualquier lugar del mundo es imposible garantizarle a un paciente que no va a sufrir una infección postquirúrgica, la prueba del caso fortuito incumbe al deudor, desde que la culpa se presume si media incumplimiento de la obligación, fundamento éste de los arts. 513 y 514 del Código Civil y que abastece los citados precedentes de la Suprema Corte en casos análogos. El cuidado del paciente durante la operación y hasta el alta de internación está a cargo de dependientes del hospital, siendo alguno de ellos, o algún elemento utilizado para esa tarea, o en medio ambiente hospitalario, el vector del influjo infeccioso (causa 98.520 del 21-9-06 RSD 214/06 de Sala II).

No empece a ello que la última bacteria encontrada en la herida del actor -pseudomona aeruginosa- fuera distinta a las originariamente halladas en el Hospital demandado o que luego fuera intervenido en otros entes sanatoriales, pues está probado que en el Hospital Privado Modelo de Vicente López comenzó el proceso de infección padecido por el actor.

Y no es necesario que el hecho atribuido al agente sea la única causa del daño, bastando con que sea un requisito sine qua non de su producción, lo que lo hace responsable por la totalidad de aquél (causas 38.378 del 12-11-84, 48.878 del 30-3-89 de Sala II). Existe concausalidad si el obrar médico -en el caso el del hospital- ha actuado como concausa coadyuvante con el propio curso de la enfermedad, para la causación dañosa del paciente (Cám.Civ.y com., 1ª, Sala , La Plata 4-2-2003).

Si bien es cierto que, la mera posibilidad, entre otras varias probables, de que el hecho médico haya gravitado en la producción del daño, no autoriza al reclamo indemnizatorio, también lo es que tratándose del ejercicio de la medicina, donde lo que está en juego es la integridad física o la vida del paciente, toda omisión de los medios que imponen la ciencia y la práctica médica, que puedan generar la pérdida de dichos bienes, entran en el concepto de causalidad adecuada (arts. 901, 902, 903 y 904 del Cód. Civil). Exigir la certeza absoluta entre tal omisión como causa y la pérdida de esos bienes como efecto, dejaría en la irresponsabilidad todo acto de «mala praxis», ante la imposibilidad material de llegar a la comprobación de esa certeza total. Han de considerarse posibilidades reales y no determinaciones absolutas (Cám. Apel. Civ. y Com., San Martín, Sala IIa, 26-8-97, «C.H. y ots. C/Prov. de Bs. As., Minist. De Salud s/ Daños y Perjuicios»; causa 97.409 del 30-8-05 RSD: 183/05 de Sala II).

Por lo demás, no está demostrado que la última bacteria hallada en la herida del actor -pseudomona aeruginosa- fuera la causa fundamental de la evolución del actor y que nada tuvieran que ver las bacterias halladas mientras el paciente se encontraba internado en el hospital demandado -estafilococo y escherichia colli-, pues el resultado de los análisis efectuados en el Hospital Privado Nuestra Sra. de la Merced acreditaron que en el mes de Agosto de 2006 persistía la infección con estafilococo (fs. 194/207, 63/64 de la prueba anticipada y fs. 269 tercer respuesta), lo cual despeja toda duda en cuanto a la relación causal entre el daño y la infección contraída en el hospital demandado (arts.260, 375 y 384 del C.P.C.C.).

Por las razones y fundamentos expuestos corresponde confirmar la responsabilidad atribuida en la sentencia al Hospital demandado.

6º) Se agravian las partes por el monto otorgado por incapacidad ($ 102.500).

Se queja el actor porque la sentenciante tomó la incapacidad del 41% fijada por el infectólogo cuando debe sumarse también la indicada por el traumatólogo, que da un total de 81%.

Sostiene la citada en garantía que no ha quedado demostrado que las secuelas físicas que hoy padece el actor sean atribuibles al Hospital demandado. Afirma que el actor antes de operarse padecía serias patologías que disminuían de manera ostensible su capacidad.

El Hospital demandado sostiene que las secuelas descriptas en el dictamen pericial no se condicen con el grado de incapacidad otorgado.

El menoscabo derivado de las lesiones provocadas por un hecho ilícito, debe ser indemnizado según el conjunto total de actividades del sujeto y la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad integral, por lo que la estimación del monto adecuado no se sujeta a una tabulación prefijada: es necesario considerar toda circunstancia que caracterice a la víctima: su edad, sexo, estado civil, cargas de familia, nivel socio-económico y cualquier otro dato que demuestre la situación preexistente (arts. 902, 1068, 1069, 1083 y ccds., C. Civil). No tiene excesiva significación, en cambio, y por lo expuesto, que el perito médico graduara aquella disminución según una tarifación aritmética; lo que importa es el peso de aquélla conforme a las referidas circunstancias personales (CSJN., 1-12-1992, en «Doctrina Judicial» del 24-11-93, sum. 2.600; causas 106.468 del 16-4-09 RSD: 11/09, 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 RSD: 27/09, 106.774 del 11-6-09 RSD: 55/09, SI-11125-2010 del 15-12-11 RSD:180/11 de Sala III). Por ello, tampoco corresponde, sin más, sumar los porcentajes indicados por los peritos infectólogo y médico, si, como ocurre en el caso, los dictámenes se complementan, sin referirse a diferentes incapacidades como pretende el accionante (fs. 223/231 y 281/287; arts. 384 y 474 C.P.C.C.).

El perito infectólogo informó que el actor padece deambulación difásica, con bastón, utiliza corsé metálico en forma permanente, no puede agacharse, tiene rectificación de la columna vertebral lumbar, cicatrices en la región lumbar dolorosas a la palpación superficial (cicatrices viciosas) y limitación funcional a la movilidad activa y pasiva en su miembro inferior izquierdo, no puede realizar la extensión ni rotación de dicho miembro, flexión limitada a 30º, hiporreflexia rotuliana izquierda con parestesias en miembros inferiores a predominio en el izquierdo. Para mejorar su situación, debería ser sometido a otra cirugía correctora para estabilizar su columna vertebral lumbar, cuya efectividad estaría condicionada por la pericia del traumatólogo interviniente y la ausencia de complicaciones infecciosas. Dictaminó el experto que las secuelas físicas que padece el actor se deben al fracaso de su cirugía de patología discal lumbar y a las infecciones secundarias a la misma (fs. 223/231).

En sintonía con lo dictaminado por el infectólogo, dictaminó el perito traumatólogo que el actor presenta severas secuelas a nivel de la columna lumbar y en miembro inferior izquierdo (fs. 281/287).

Y si, como en el caso, el análisis formulado por el perito consiste en un estudio fundado y sus conclusiones surgen como consecuencias lógicas, debe estarse a ellas a falta de pruebas que la destruyan, no bastando para ello las meras afirmaciones o discrepancias subjetivas de las partes con el dictamen (art. 474 del C.P.C.; Morello y otros, «Códigos.», 1ª ed., vol. V, pág.230; causas 107.771 del 13-10-09, 108.560 del 4-3-10 RSD 11/10, 107.542 RSI 226/11 del 28/6/11 de Sala III), máxime si oportunamente no pidieron aclaraciones respecto a la relación de causalidad entre las secuelas del actor y los hechos que aquí se ventilan, cuyo cuestionamiento los accionados pretenden introducir en los agravios. Forzoso resulta reiterar que, los fundamentos que aparecen poco claros en el peritaje deben consolidarse y desecharse cuando hay tiempo para ello, o sea, en la etapa abierta por el art. 473 del CPCC., con efectos preclusivos (causas 106.683 y 106.688 del 2-6-09 RSD 51/09 de Sala III).

En cuanto a las circunstancias del actor al momento de la operación, surge de las constancias de autos que se sometió a la operación programada con la Dra. P por padecer tres hernias de disco en la cuarta y quinta vértebra lumbar (fs. 12/27 de esta causa y 142/350 de la prueba anticipada), tenía 46 años, esposa y cinco hijos y trabajaba como instructor de manejo (fs. 308/309).

Teniendo en cuenta las pautas señaladas, las secuelas descriptas, y las circunstancias personales de la víctima acreditadas en la causa, considero reducida la indemnización otorgada y propongo elevarla a la suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000) (art. 165 C.P.C.C.).

7º) Se quejan las partes por el monto otorgado en concepto de daño psicológico y tratamiento futuro ($ 62.500 y $ 9.600).

Sostiene el actor que las sumas son reducidas en relación al porcentaje de incapacidad y a la cantidad y costo actual de las sesiones de terapia indicados por la perito.

La citada en garantía considera inaceptable la concesión acumulativa de las dos indemnizaciones.Sostiene que la indemnización de secuelas psíquicas es incompatible con la pendencia de un tratamiento que también se admite.

Dictaminó la perito psicóloga que el actor padece una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación depresiva grado III que necesita urgente tratamiento por correr riesgo la vida del paciente (fs. 189/196).

Indicó una terapia no inferior a 1 año con 2 frecuencias semanales, con un costo aproximado por consulta a través de una obra social de $ 40 y particular de $ 100. Agregó que dicho tratamiento deberá indefectiblemente estar acompañado por un tratamiento de índole psiquiátrico teniendo en cuenta el riesgo de conductas autodestructivas (fs. 192).

Cabe destacar que las secuelas de orden psíquico son indemnizables en cuanto constituyan una secuela en términos de incapacidad, es decir cuando dichos trastornos son irreversibles y permanentes (causa 71.590 del 28-8-97 de esta Sala IIª), y en el caso, tal incapacidad permanente e irreversible no se halla probada con el dictamen y aclaraciones presentados en autos (fs. 189/196, 202/204 y 215/216). Es que en ningún momento la experta alega la imposibilidad de restablecimiento de la víctima sino que por el contrario aconseja un tratamiento psicológico acompañado de uno psiquiátrico para combatir la depresión que aqueja al paciente (conf. 106.247 del 17-2-09 RSD: 3/09 de sala III). De ello es lógico inferir -ante la ausencia de prueba en sentido contrario- que la terapia propuesta no ha de ser inútil y que se revertirán las secuelas reseñadas (arts.384 y 474 del C.P.C.C., causas 74.455 del 19-2-98, 75.388 del 19-5-98 y 98.029 del 9-3-06), por lo cual no corresponde considerarlas en forma autónoma, sin perjuicio del derecho al tratamiento respectivo que fuera otorgado en la sentencia y de la indemnización por daño moral también concedida (causa 107.327 del 2-6-09 RSD 52/09 de Sala III).

Y si bien, a diferencia de lo que sostiene la citada en garantía, existen casos en los que pueden coexistir las indemnizaciones por incapacidad psicológica y por gastos de tratamiento, lo cierto es que ello resultaría conducente si la terapia propuesta no incidiera sobre el porcentaje convalidante atribuído, teniendo efectos meramente «paliativos» (tendientes a evitar un mayor daño) (conf. S.C.B.A. Ac. 92681 del 14-9-11; conf. causa SI-13164-2010 del 20-9-12 RSD 98/12 de Sala III), supuesto que, como se ha visto, no surge de las pruebas producidas en esta causa (arts. 474 y 384 C.P.C.C.).

Por las razones expuestas, corresponde modificar la sentencia en este aspecto, desestimando la indemnización por incapacidad psicológica.

En cuanto a la indemnización para hacer frente a los tratamientos indicados, teniendo en cuenta la depresión severa que sufre el paciente y los tratamientos psicológico y psiquiátrico indicados por la perito, considero reducida la indemnización otorgada por este concepto y propongo elevarla a la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200) (art.165 C.P.C.C.).

8º) Se agravian las partes por el monto otorgado en concepto de daño moral ($ 80.000).

El actor lo considera reducido en relación a las lesiones y padecimientos sufridos.

La compañía aseguradora sostiene que la infección detectada en el ámbito del Hospital demandado fue totalmente curada, por lo que los padecimientos sufridos por el actor no son consecuencia de aquélla.

Habiéndose tenido por acreditada la relación causal entre el daño que padece el actor y la infección contraída en el hospital demandado, habrán de considerarse aquí sólo los agravios tendientes a lograr la modificación del monto fijado en la sentencia (art. 260 C.P.C.C.).

El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima porque la indemnización no puede llegar a enriquecer al reclamante (causas 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 RSD: 27/09 y 106.844 del 26-5-09 RSD 44/09 de Sala III).

En la especie, en el lapso de poco más de siete meses (entre el 18 de enero de 2006 y el 28 de Agosto del mismo año), el actor fue sometido a una cirugía de columna lumbar y tres toilettes quirúrgicas y diversos tratamientos antibióticos sin lograrse una evolución o resultado exitosos (fs. 41/84, 112/141 y 142/350 de la prueba anticipada; fs.223/231, 267/270 y 281/287). Refirió frente a la perito psicóloga que sufre dolores intensos en la columna, no siente la pierna izquierda, está impedido de levantar peso, apenas puede caminar 3 o 4 cuadras y no puede manejar (fs. 189 y 270). Informó el perito infectólogo que se encuentra impedido de realizar actividades físicas y/o deportivas (fs. 224 vta. respuesta XXIII).

Conjugando los padecimientos descriptos con las circunstancias personales del actor ya mencionadas, considero que la indemnización otorgada por el rubro en estudio es reducida y propongo elevarla a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) (art. 165 C.P.C.C.).

9º) Se agravia el actor porque sostiene que la limitación de cobertura invocada por la citada en garantía en su contestación no le es aplicable, pues habiendo desconocida la póliza acompañada, la interesada no produjo la prueba pericial contable respaldatoria de tal cobertura.

No surgiendo de las constancias del expediente el desconocimiento de la póliza que alega el recurrente como fundamento de su queja, los agravios no pueden prosperar (art. 260 del C.P.C.C.). No constituye un agravio en los términos de la norma citada la referencia a hechos que no se encuentran reflejados en la realidad del expediente, tal como ocurre en el caso, pues ningún planteo realizó el apelante respecto de la franquicia y documentación presentada por la compañía aseguradora (ver fs. 90/136, 137 vta.y sig.).

Por las razones expuestas corresponde desestimar los agravios del actor en este aspecto.

10º) Se queja el accionante por el cómputo de los intereses.

Sostiene que el incumplimiento contractual no se produjo en la fecha de la demanda sino el día de la mala praxis ocurrida el 18 de enero de 2006.

No habiéndose practicado interpelación moratoria alguna a los demandados, ni siendo evidente que tuvieran noticia de la existencia del daño con antelación a la demanda, no es dable imponerles el pago de intereses desde la fecha en que se produjo la infección en el hospital demandado, por lo que debe confirmarse lo decidido en cuanto a que el cómputo debe ser a partir de la notificación del traslado de la demanda (art. 622 C. Civil; causas 85.406 del 21-6-2001 y 80.517 del 8-7-1998 de la entonces Sala II y causa D-6649/2001 del 18-10-12 RSD 113/12).

Corresponde, pues, desestimar los agravios del actor en este aspecto.

11º) Se agravia, por último la citada en garantía por el cómputo de los intereses sobre el costo del futuro tratamiento psicoterapéutico.

Sostiene que no habiendo aún incurrido el actor en dicho gasto, los intereses deben correr a partir de la fecha de la sentencia definitiva.

Los intereses, según lo dispuesto por el art. 519 del Código Civil, integran la indemnización y en el caso de responsabilidad contractual se deben desde la constitución en mora de la demandada, que ha ocurrido, como se ha visto, con la notificación de la demanda (art. 509 Código Civil) (conf.CC0203LP, B 73453 RSD-146-92 S 25-6-1992). Los intereses moratorios deben ser computados a partir de la constitución en mora del deudor, con prescindencia de la efectiva erogación de los gastos de reparación (CC0202LP 103351 RSD 25-5 S 1-3-2005).

Y la recurrente no ha alegado ningún supuesto de excepción que demuestre la inaplicabilidad de tal doctrina a la indemnización otorgada para afrontar el tratamiento psicoterapéutico que permita apartarse de dicha regla (art. 260 C.P.C.C.).

Por ello, corresponde desestimar los agravios de la apelante y confirmar la sentencia en este aspecto.

No siendo necesario tratar la todos los agravios sino sólo los conducentes para una adecuada solución del litigio (doc. art. 266 C.P.C.C.), con las modificaciones propuestas, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Juez doctora Soláns por iguales consideraciones, vota también por la afirmativa.

A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:

Dada la forma como se ha resuelto la cuestión anterior, corresponde: a) elevar la indemnización otorgada al actor J. C. P.a la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil doscientos ($ 299.200), b) confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen a los accionados y citada en garantía sustancialmente vencidos (art. 68 C.P.C.C.).

ASI LO VOTO

A la misma cuestión la señora Juez doctora Soláns por iguales motivos vota en el mismo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo: a) se eleva la indemnización otorgada al actor J. C. P. a la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil doscientos ($ 299.200), b) se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen a los accionados y citada en garantía sustancialmente vencidos (art. 68 C.P.C.C.).

Reg. not. y dev.

Juan Ignacio Krause – Juez

María Irupé Soláns – Juez

Claudia Artola – Secretaria

 

  1. Silvia Beatriz Lopez Figueroa 26 enero 2017 at 8:01 AM

    Buenos dias, necesito un abogado especialista en estos casos medicos, mi madre falleció por una infeccion hospitalaria. Queria comenzar un proceso contra la clinica. Por favor si pudieran recomendarme un abogado gracias!.

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