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Indemnizan a cajera de supermercado por daños derivados de un síndrome vertebrobasilar y trastornos propios de la actividad

shutterstock_145916396Partes: B. N. N. c/ Maycar S.A. y otra s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 25-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-81917-AR | MJJ81917 | MJJ81917

Procede la demanda de daños y perjuicios derivados del síndrome vertebrobasilar y del trastorno psicológico que la trabajadora alegó padecer como consecuencia de las condiciones en que prestaba tareas como cajera en el supermercado demandado. 

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios derivados del síndrome vertebrobasilar que alegó padecer la trabajadora como consecuencia de las condiciones en que prestaba tareas de cajera en el supermercado demandado, pues surge acreditado éstas le exigían la realización de movimientos repetitivos de la columna cervical, mala postura, y contractura muscular, quedando como secuela la limitación funcional que presenta.

2.-El accionado no logra desvirtuar las conclusiones elaboradas por el a quo en uso de potestades privativas, dejando sin réplica el desarrollo que lo llevó a establecer que las tareas desempeñadas por la trabajadora afectaron su aparato osteoarticular, por realizar tareas de esfuerzo, permanecer de pie, estar sentada en una banqueta inadecuada sin fajas de seguridad, trasladar y manipular elementos pesados y adoptar posturas incómodas en forma reiterada.

3.-Si bien el a quo hubo de reconocer que al momento del examen la actora no padecía el síndrome vertebrobasilar alegado, sino una limitación funcional a nivel de la columna cervical, resolvió que la patología aludida guarda relación causal con las condiciones en que se prestaban tareas.

4.-Manteniéndose firme ante esta instancia la conclusión de grado que declaró acreditada la patología psíquica de la trabajadora y su relación causal con las tareas prestadas por la dependiente, deviene abstracto el tratamiento del agravio destinado a objetar la condena al pago de los gastos derivados de la atención psicológica, en tanto se encuentra fundado en la virtual recepción de aquel aspecto de la crítica.

5.-La determinación del monto del resarcimiento en los supuestos en los que se reclama por la vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión de hecho y, como tal, ajena al ámbito de la casación, siendo la única excepción habilitante para que esta Corte pueda acceder al conocimiento de la materia cuestionada la demostración de absurdo y la consecuente violación de las normas que rigen la reparación integral.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 112.692, «B. , N. N. contra ‘Maycar S.A.’ y otra. Daños y perjuicios».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 5 del Departamento Judicial La Matanza hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 641 vta./660).

Contra dicho pronunciamiento, «Maycar S.A.» dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 672/698), concedido por el citado tribunal a fs. 700/701.

Dictada a fs. 738 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. El tribunal del trabajo interviniente -en lo que resulta de interés por constituir materia de agravios- acogió la demanda promovida por N. N. B. contra «Maycar S.A.», en cuanto procuraba -con fundamento en las normas del derecho común- la reparación integral de los daños y perjuicios provocados por la incapacidad que la aqueja, cuyo origen atribuyó a las tareas realizadas para su empleador.

Para así decidir juzgó comprobado que las condiciones en que B. prestaba servicios como cajera en el «Supermercado Mayorista Vital» de «Maycar S.A.» actuaron nocivamente en su salud, provocándole una limitación funcional de la columna cervical y un cuadro de neurosis de angustia.

Siendo ello así -y previa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6 apart.2 b), 21, 39 y 49 (cláusula adicional 1ª) de la Ley de Riesgos del Trabajo-, consideró demostrados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva en base a lo dispuesto por los arts. 1113 y 1109 del Código Civil respectivamente, condenando a Maycar S.A. al pago del resarcimiento integral de los daños ocasionados.

Establecido lo anterior, el tribunal de origen descartó la responsabilidad de «La Segunda A.R.T. S.A.» en el marco del derecho común.

Sin perjuicio de evaluar que la Aseguradora codemandada había aportado documentación posterior a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad objeto de reclamo, resolvió que tal circunstancia no permitía inferir «que el supuesto incumplimiento de las obligaciones del art. 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo y Resolución de la S.R.T. 700/2000, constituya la causalidad adecuada de las enfermedades que sufre B. » (limitación de la movilidad de la columna cervical y neurosis de angustia), en los términos de los arts. 901, 902 y 1074 del Código Civil (fs. 649 vta.).

No obstante, y con fundamento en doctrina de esta Corte, condenó a la codemandada al otorgamiento de las prestaciones de la ley 24.557.

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, «Maycar S.A.» denuncia arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba, así como la violación de los arts. 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; ley 24.557; decreto 1694/2009 y doctrina legal que identifica.

Plantea, en el orden que los sintetizo, los siguientes agravios:

1. En primer lugar, cuestiona la responsabilidad que el sentenciante le atribuyó en la causación del daño.

a. Alega que el tribunal del trabajo incurrió en una absurda y arbitraria apreciación del informe pericial técnico, el cual, a su entender y contrariamente a lo indicado por el a quo, avala el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.Reprocha la valoración de la prueba, como también que se privara a su parte de la testimonial ofrecida.

b. Considera dogmático que se estimara el porcentaje de incapacidad de la trabajadora en el orden del 20% de la t.o., y que se estableciera su origen en las tareas cumplidas para el empleador. Por el contrario, alega que la minusvalía obedece a factores extraños al trabajo.

(i) En tal sentido, señala que la actora no logró acreditar -como era su carga- el nexo de causalidad entre sus padecimientos y el trabajo, pues, según sostiene, surge del informe pericial técnico que la patronal observa un nivel aceptable de cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley 19.587 y su decreto reglamentario. Afirma que la cajera no levantaba cargas significativas ya que esta tarea le correspondía al auxiliar de caja. Agrega que la empleadora exhibió un estudio ergonómico del puesto de cajera y reemplazó las sillas que utilizaban por otras con mejores medidas de regulación. Por último, refiere que no se advirtieron niveles de contaminación ambiental.

Así, argumenta que aun cuando se soslayara que el experto médico informó que la trabajadora no presentaba al momento del examen el síndrome vertebrobasilar denunciado, el a quo -absurdamente- juzgó acreditada la dolencia que le provocara una incapacidad permanente y parcial del 5% de la t.o. y su relación causal con el trabajo, pese a las conclusiones expuestas por el perito ingeniero. Reprocha al tribunal de origen haber basado su decisión en las manifestaciones de la actora y presunciones tales como que el reemplazo de las sillas por unas nuevas de mayor confort -que sólo tienen una posición más que las anteriores- revelaba que las anteriores eran inadecuadas para prestar tareas.

(ii) En lo tocante al daño psicológico, alega que la pericia tomada en consideración por el tribunal de grado para determinar una incapacidad del 15% de la t.o.-derivada de un cuadro de neurosis de angustia- en relación causal con el trabajo carece -a su criterio- de sustento científico.

Ello, habida cuenta que -indica- el único experto que visitó la planta de la demandada para verificar las condiciones del área donde prestó tareas la accionante fue el ingeniero, por lo que no resulta «atendible» la definición de la pericia médica por la que sostuvo que: «. las diversas etapas desempeñadas por la actora y con un grado de esfuerzo y tal vez con las malas condiciones socio-ambientales desde el plano laboral, desencadenaron el cuadro psíquico.», por basarse exclusivamente en especulaciones (v. recurso, fs. 678/686).

Agrega que la experta nunca señaló que la actora padezca alguno de los síntomas que -según sostiene- caracterizan a la patología denunciada, por lo que entiende que los argumentos utilizados para expedirse sobre la supuesta incapacidad que presenta la actora no serían exactos (v. recurso, fs. 686/687 vta.).

Por lo demás, objeta el porcentaje de incapacidad (15%) asignado por el perito al cuadro diagnosticado, por considerar que no expresó los parámetros tomados en cuenta para su estimación.

A tenor de lo expuesto, y teniendo en consideración que el tratamiento psicológico prescripto por el experto resulta -a su entender- infundado, objeta la condena al pago de los gastos derivados de su atención (v. recurso, fs. 687 vta./688).

2. En otro orden, se agravia de la condena al pago de la reparación en concepto de daño moral.

Ello, por entender que el actor ni siquiera se ocupó de mencionar en la demanda los padecimientos «espirituales» que podrían justificar tal resarcimiento, alegando que el sentenciante -incurriendo en absurdo y arbitrariedad- acogió dicha pretensión sin prueba fehaciente que avale su procedencia (v. recurso, fs. 688/689).

3.Entiende que el cálculo efectuado por el tribunal del trabajo a los efectos de determinar la indemnización que corresponde percibir a la actora en razón del 20% de incapacidad que le fue reconocida, proviene de una absurda valoración de la prueba.

Afirma que el a quo desarrolló una fundamentación basada en el «valor vida», siguiendo el razonamiento expresado en un voto minoritario de una sentencia interlocutoria emanada del propio tribunal interviniente, atribuyendo valores de manera injustificada y sin brindar razón de los guarismos utilizados para arribar a la suma total de condena ($ 184.540).

Sin perjuicio de ratificar que la ausencia de relación causal determina la improcedencia del reclamo, cuestiona que el tribunal de origen se hubiera apartado de las fórmulas matemáticas para tarifar el resarcimiento.

4. Cuestiona también -por considerarla absurda- la conclusión de grado que declaró acreditada la jornada de trabajo denunciada por la actora, la mejor remuneración percibida y, con dicho fundamento, que se le abonara habitualmente horas extras al 100%.

Aduce que -contrariamente a lo sostenido por el tribunal de grado- la prueba del trabajo suplementario recae sobre quien alega su cumplimiento, no resultando útil para su demostración la inversión de la carga probatoria que dimana de la aplicación del juramento estimatorio previsto en el primer párrafo del art. 39 de la ley 11.653 (v. recurso, fs. 692/693 vta.).

5. Asimismo, a raíz del monto de condena y teniendo en cuenta los agravios estructurados contra la sentencia de grado, «apela» los honorarios regulados a la apoderada de la reclamante y a los peritos intervinientes en autos (v. recurso, fs. 693 vta.).

6. Finalmente, pretende -subsidiariamente- que la responsabilidad imputada a la empleadora se extienda solidariamente a la aseguradora de riesgos de trabajo codemandada en virtud de lo normado por los arts. 1068, 1074 y 1078 del Código Civil y 4 de la ley 24.557.

En tal sentido, sostiene que «La Segunda A.R.T.» incurrió en responsabilidad por omisión culposa, toda vez que incumplió con las obligaciones contenidas en los arts. 4 incs.2) y 4) y 31 inc. 1) a) de la ley 24.557; en la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y sus decretos reglamentarios.

Estima -citando fallos de tribunales de diferentes jurisdicciones- que la inactividad de la aseguradora en relación con los deberes de pre vención, contralor y fiscalización que la ley especial pone a su cargo, importa una conducta que la torna responsable de los daños que sufre la víctima en los términos del art. 1074 del Código Civil.

III. El recurso, en mi opinión, no puede prosperar.

1. De modo preliminar, considero necesario formular una breve síntesis de los antecedentes de la causa.

Comenzaré por señalar que N. N. B. promovió acción reclamando el cobro de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del síndrome vertebrobasilar y del trastorno psicológico que alegó padecer como consecuencia de las condiciones en que prestaba tareas en el «Supermercado Mayorista Vital» de «Maycar S.A.».

Relató que durante el curso del contrato de trabajo cumplió tareas en el sector de facturación en las cajas, que fueron dañando su aparato osteo-articular. Indicó que sus funciones se circunscribían a pasar los productos por una cinta, levantar la cabeza para mirar el monitor y cobrar; todo ello, sentada en una banqueta inadecuada y sin fajas de seguridad, circunstancia que la obligaba a encorvar su columna para tomar uno a uno los bultos de la cinta.

Fundó la acción en las normas contenidas en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil respecto de «Maycar S.A.» y en el art. 1074 del mismo ordenamiento y en la Ley de Riesgos del Trabajo en relación a «La Segunda A.R.T. S.A.».

Cuestionó asimismo -subsidiariamente- la validez constitucional de diversos artículos de la ley 24.557 (v. fs.17/38 vta.).

Luego de sustanciada la causa y con apoyo en la prueba recibida, el tribunal de grado juzgó acreditado que la necesidad de la dependiente de adaptarse al diseño del puesto de trabajo -aun teniendo por cierto que los bultos pesados los manipulaban los auxiliares de caja, según el informe técnico- le exigía la realización de los movimientos repetitivos de la columna cervical, la mala postura, y la contractura muscular que ello le provocaba, quedando como secuela la limitación funcional que presenta (fs. 638 vta.).

Ponderó también que la pericia técnica refiere que la demandada exhibió un estudio ergonómico del puesto de cajera que agrega al informe, en el que consta el reemplazo de las sillas en que prestaba servicios B. por otras con mejores medidas de regulación (especialmente de profundidad y altura del respaldo), razón por la cual interpretó que las que usaba la trabajadora no eran las adecuadas.

Así, a partir del análisis de la experticia médica, y si bien al momento del examen la actora no presentaba una patología vertebrobasilar, declaró comprobada la existencia de secuelas a nivel de la columna cervical.

En relación a la patología psiquiátrica demostrada por el informe médico de fs. 510/514, tuvo por cierto que B. padece de neurosis de angustia en relación causal a las tareas desarrolladas (v. veredicto, fs. 636/640 vta.).

En la etapa de sentencia, el tribunal del trabajo brindó tratamiento a la responsabilidad que le cabía al principal a consecuencia de los padecimientos de la trabajadora.

Así, consideró -por mayoría- que correspondía atribuirle responsabilidad en su vertiente subjetiva (art.1109, Código Civil), pues resultó probada -con el informe pericial técnico- la omisión del empleador de adaptar las condiciones de trabajo, comprensivas del ambiente físico (ambiente térmico), de las posturas exigidas por la tarea (por la silla inadecuada y los múltiples movimientos cervicales, del gasto energético, y de todo aquello que pueda poner en peligro el equilibrio fisiológico y nervioso del dependiente); incumplimiento que constituye la causa adecuada de la limitación funcional de la columna y la patología psíquica que padece y su consecuente disminución de la capacidad laborativa.

Por otro lado, también juzgó acreditados los presupuestos que tornan viable la responsabilidad de la patronal por conducto del art. 1113, segunda parte, in fine, del Código Civil. Ello así pues, luego de reafirmar que la existencia del daño se demostró a partir del análisis de los dictámenes médicos y de aclarar que el concepto de «cosa riesgosa» se extiende para abarcar -conforme la doctrina legal de esta Corte- las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda, que pueda generar un resultado dañoso, declaró que la incapacidad acreditada guarda relación causal adecuada con las tareas efectuadas por B. en las condiciones acreditadas por el informe técnico.

Luego, efectuó el cotejo entre el monto de condena determinado por aplicación de la normativa civil (a partir de la utilización de la fórmula «Vuotto-Méndez», considerando el porcentaje de la disminución laborativa que sufrirá la trabajadora -20%- desde la fecha de conocimiento de su incapacidad hasta los 75 años de edad, en base al salario mensual percibido de $ 1.033,86), con el que resulta del régimen especial de la ley 24.557 ($ 28.596,19), quedando evidenciada -a su criterio- la diferencia palmaria en perjuicio del trabajador, razón por la cual declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6 apart. 2)b., 21, 39 y 49 cláusula adicional 1° de la Ley de Riesgos del Trabajo, y condenó a la demandada al resarcimiento integral de los daños ocasionados (v.primera cuestión de la sentencia, fs. 642 vta./649).

Finalmente, concluyó que ninguna responsabilidad podía imputársele a la aseguradora de riesgos del trabajo en el marco del derecho común pues, si bien con el informe técnico no puede precisarse con exactitud si la conformación del puesto de trabajo actual coincide con la que tenía cuando comenzaron a manifestarse las dolencias incapacitantes -circunstancia no desvirtuada por la ART, pues toda la documentación que le fue exhibida es de fecha posterior al suceso de autos-, no cabe de ello inferir, a su criterio, que el supuesto incumplimiento de las obligaciones del art. 4 de la ley 24.557 (y resol. SRT 700/2000) constituya la causalidad adecuada de las enfermedades que sufre B. , en los términos de los arts. 901, 902 y 1074 del Código Civil (v. segunda cuestión de la sentencia, fs. 649/650).

2. Como quedó expuesto en el relato de antecedentes, el recurrente cuestiona la condena impuesta en los términos de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, afirmando, en lo sustancial, que la minusvalía que aqueja a la trabajadora tiene un origen «extra laboral», por no guardar relación con los riesgos inherentes a la actividad de cajera o al medioambiente laboral en que se desempeñó.

Reprocha en particular el análisis de los informes presentados por los peritos médico, ingeniero y psiquiatra, que cimentaron la atribución de responsabilidad civil en los términos de las normas precitadas.

Tiene dicho esta Corte que valorar el material probatorio, establecer la existencia de relación causal entre las dolencias y el trabajo, fijar -en su caso- el porcentaje de la incapacidad, así como determinar la eventual procedencia de la acción de daños y perjuicios y su reparación, constituyen típicas cuestiones de hecho inabordables, en principio, en sede extraordinaria salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. causas L. 103.749, «Zerrizuela» , sent. del 28-XII-2011; L. 102.918, «López Cachaco», sent. del 16-II-2011; L. 88.088, «Molina de Espinosa», sent.del 26-X-2010; entre muchas otras).

Bajo tales directrices, el medio de impugnación luce insuficiente, pues las alegaciones formuladas por el interesado -incluida la mención del porcentual de la minusvalía acreditada- no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son propios de la labor axiológica de los jueces de la instancia, apoyándose en su particular versión sobre los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa (conf. L. 105.327, «Tejeda», sent. del 21-IX-2011; L. 101.852, «Muratori», sent. del 11-VIII-2010; L. 95.836, «Legarra», sent. del 18-II-2009).

Acaso guiado por el profuso desarrollo que exhibe la sentencia de origen, en buena medida el recurrente estructura su embate a partir de consideraciones formuladas por el magistrado que quedó en minoría, sin lograr con ello controvertir las apreciaciones que resultaron dirimentes para resolver este aspecto de la controversia.

El interesado no logra desvirtuar las conclusiones elaboradas por el a quo en uso de potestades privativas, dejando sin réplica el desarrollo que lo llevó a establecer que las tareas desempeñadas por la trabajadora afectaron su aparato osteoarticular, por realizar tareas de esfuerzo, permanecer de pie, estar sentada en una banqueta inadecuada sin fajas de seguridad, trasladar y manipular elementos pesados y adoptar posturas incómodas en forma reiterada (fs. 366 y siguientes).

Igual déficit se verifica respecto a la definición concerniente a la patología psiquiátrica que la aqueja y al valor convictivo que el órgano de grado atribuyó al informe pericial médico, no obstante las impugnaciones formuladas por la interesada, que consideró insuficientes.

En definitiva, a partir del análisis del material probatorio, el tribunal de origen concluyó que B. padece una limitación funcional a nivel de la columna cervical que le provoca una incapacidad parcial y permanente del 5% de la t.o., y neurosis de angustia de tono moderado que la incapacita en un 15% de la t.o. (v. veredicto, fs.638). También declaró -con apoyo en el informe técnico- que, aun teniendo por cierto que los bultos pesados los manipulaban los auxiliares de caja, las tareas de la dependiente le exigían la realización de movimientos repetitivos de la columna cervical, provocándole mala postura y contractura muscular que le dejaron como secuela la limitación funcional que presenta, circunstancia esta última que -para más- entendió que no requería prueba extraordinaria por resultar público y notorio las condiciones en que prestan servicios las cajeras.

Adviértase que si bien el a quo hubo de reconocer que al momento del examen la actora no padecía el síndrome vertebrobasilar alegado, sino una limitación funcional a nivel de la columna cervical (conclusión que no fue objeto de una crítica eficaz), resolvió (tomando en consideración -incluso- que el reemplazo de las sillas en que se prestaba servicios, por otras con mejores medidas de regulación implicaba que las utilizadas por B. no eran las adecuadas) que la patología aludida guarda relación causal con las condiciones en que se prestaban tareas. Igual vinculación estableció respecto del cuadro de neurosis de angustia, no obstante las impugnaciones deducidas por la demandada, a las que restó entidad (v. veredicto, fs. 636/640 vta.).

Por tales fundamentos, consideró -por mayoría- que correspondía atribuirle responsabilidad a «Maycar S.A.» en su vertiente subjetiva (art. 1109, Código Civil) en razón de la omisión del empleador de adaptar las condiciones de trabajo, comprensivas del ambiente físico y de las posturas exigidas por la tarea, y también por aplicación de lo dispuesto en el art. 1113 al guardar la incapacidad relación causal adecuada con las tareas -consideradas cosa riesgosa- (v. sentencia, fs. 647 vta./649).

Como fue anunciado, el recurso no resulta suficiente para enervar tales conclusiones.A su vez, y en lo que hace al cuestionamiento que versa sobre la valoración de la prueba pericial, por encima de los restantes elementos colectados en la causa, cabe recordar que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria si no se demuestra el absurdo (conf. causas L. 104.474, «Maldonado», sent. del 29-II-2012; L. 101.632, «Agrazo» , sent. del 21-XII-2011; L. 92.220, «Dupleich Villegas», sent. del 19-X-2011; entre muchas otras).

Siendo ello así -y sin abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión de grado-, no se advierte que el agraviado demuestre el absurdo que imputa pues el excepcional vicio invalidante no queda configurado aun cuando el razonamiento del sentenciante pueda ser calificado de objetable o discutible; resultando insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se agota en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de grado por el propio, en orden a los medios probatorios considerados y a las conclusiones arribadas. La exhibición de una opinión discrepante no basta para acreditar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo y susceptible de invalidar el pronunciamiento (conf. art. 279, C.P.C.C.; y causa L. 89.305, «De la Tebez», sent. del 14-IV-2010).

En razón de lo expuesto, y manteniéndose firme ante esta instancia la conclusión de grado que declaró acreditada la patología psíquica de B.y su relación causal con las tareas prestadas por la dependiente, deviene abstracto el tratamiento del agravio destinado a objetar la condena al pago de los gastos derivados de la atención psicológica, en tanto se encuentra fundado en la virtual recepción de aquel aspecto de la crítica.

3. Objeta la recurrente el salario y la jornada acreditados en el veredicto (fs. 692).

Advierto la posible gravitación que este tópico podría tener en la estimación de los guarismos de condena. Sin embargo el agravio no prospera.

En lo sustancial, el interesado cuestiona que el a quo aplicara la teoría de la carga dinámica de la prueba para establecer que la actora cumplía la jornada invocada al demandar. Empero, en ese cometido no advierte que el temperamento adoptado por la mayoría del tribunal transitó por otro carril que no fue motivo de crítica. De allí la inatingencia del desarrollo orientado a descalificar la conclusión alcanzada por el magistrado que votó en minoría (Veredicto, primera cuestión, punto «d»; fs. 632 y vta.).

Sentado lo anterior, la agraviada no aporta argumento alguno que ponga en tela de juicio la remuneración de $ 1033.86 (compuesta por un total de $ 987.36, con más $ 46.50 de «dinero no remunerativo») que se tuvo por acreditada con las conclusiones del perito contador (veredicto, primera cuestión, punto «c», con adhesión de los doctores Vázquez y Magherini), y por tanto llega incólume.

4. De manifiesta insuficiencia resulta el agravio destinado a cuestionar el importe indemnizatorio otorgado en la instancia de origen.

a. Establecida la existencia de la minusvalía psicofísica de la trabajadora, la relación de causalidad con las tareas desempeñadas para su empleador y la responsabilidad atribuida con fundamento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, el tribunal de origen estimó el resarcimiento correspondiente a los daños material y moral. A tal fin y en aras de suministrar pautas objetivas (fs.648 vta.), el a quo aplicó la fórmula «Vuotto-Méndez», concluyendo que de acuerdo al porcentaje de incapacidad acreditado (20%), el tiempo de vida útil restante desde la fecha de conocimiento de la minusvalía y el salario mensual percibido ($ 1033,86), la indemnización por los daños psicofísicos arrojaba un importe de $ 124.405,03.

Asimismo, resolvió que cualquier disminución física (una vez computados el daño emergente y el lucro cesante) genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo de la víctima (pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones, dificultades para desempeñarse en diversos aspectos de la vida), por lo que estimó prudente cuantificar el daño moral en la suma de $ 18.660.75, y los gastos de tratamiento psicológico en $ 12.480 (analizados en el punto 2.b del presente).

Finalmente, condenó a «Maycar S.A.» a pagar la suma de $ 126.948.84, es decir el importe total que arroja los precitados guarismos ($ 155.545,03), con deducción de aquel otro fijado en concepto de prestaciones a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ($ 28.596,19).

b. La determinación del monto del resarcimiento en los supuestos en los que se reclama por la vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión de hecho y, como tal, ajena al ámbito de la casación. La única excepción habilitante para que esta Corte pueda acceder al conocimiento de la materia cuestionada se configura mediando acabada demostración de absurdo y la consecuente violación de las normas que rigen la reparación integral (conf. causas L. 106.471, «S., J.», sent. del 4-VII-2012; L. 95.849, «F., G.», sent. del 9-IX-2009; L. 96.467, «Busso», sent. del 3-VI-2009; entre muchas otras).

c.El recurrente sostiene que los magistrados deben expresar la razón de sus estimaciones, propugnando la utilidad de las fórmulas matemáticas para cumplir tal cometido, porque aun cuando su estructura o variables resulten inconvenientes o injustificadas, al cabo, pueden ser objeto de crítica.

Reprocha que el tribunal de origen se apartara de aquel método para acudir a un «valor vida», fijando indemnizaciones que considera arbitrarias (fs. 690 vta.).

Estas argumentaciones no pueden tener cabida en tanto se dirigen a descalificar las conclusiones vertidas por el Juez Andino, cuyo sufragio quedó en minoría (fs. 656 vta./658).

d. En cuanto a la estimación del daño moral, el interesado no logra demostrar el absurdo que invoca.

Las conclusiones vertidas por el a quo no resultan desmerecidas por las manifestaciones expuestas por la recurrente a fs. 688/689, las que solo trasuntan su disconformidad con lo resuelto y exteriorizan su propio punto de vista, pero no alcanzan para demostrar la configuración del error valorativo esgrimido. A ese fin, no basta con presentar la propia versión del recurrente sino que es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar que adolecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa. Hipótesis que no advierto configurada en autos.

5. La pretensión de condena solidaria de la codemandada «La Segunda A.R.T. S.A.» no es de recibo.

Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse acerca de la extensa justificación ensayada por el recurrente en el sentido indicado (fs. 693 vta./697 vta.), lo cierto es que el tribunal de origen analizó y desestimó la responsabilidad de la aseguradora en los términos de los arts. 901, 902, 1074 del Código Civil; 4 de la ley 24.557 y Resolución 700/2000 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, brindando fundamentos que no han sido objeto de réplica por el interesado, déficit que sella, sin más, la suerte adversa de este aspecto del recurso (art.279 , C.P.C.C.).

6. En otro orden, no es atendible la impugnación dirigida a cuestionar la regulación de los honorarios efectuada por el tribunal de origen, con sostén «en las consideraciones vertidas en el presente escrito.» (fs. 693 vta.).

La exigua explicación formulada por el recurrente no abastece los recaudos mínimos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y menos aun permiten justificar un eventual apartamiento de la regla de irrecurribilidad en materia de regulación de honorarios (art. 57, dec. ley 8904/1977; conf. causas L. 104.474, «Maldonado», sent. del 29-II-2012; Ac. 96.768, «Colansky», resol. del 7-III-2007; Ac. 91.821, «Banco de la Nación Argentina», resol. del 3-XI-2004; L. 80.086, «Esains», sent. del 1-IV-2004; L. 52.674, «Martínez», sent. del 25-X-1994; entre muchas otras).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

V. Asimismo, cabe señalar que reiteradamente ha declarado esta Corte que el magistrado que quedó en minoría en el veredicto debe emitir su voto en la sentencia de conformidad con las conclusiones fácticas que el tribunal a quo c onsideró acreditadas -o no- por mayoría en la primera de dichas piezas procesales (conf. doct. causas L. 84.094, «Saralegui», sent. del 18-IV-2007; L. 72.382, «Buffo», sent. del 23-V-2001; L. 53.383, «Pose», sent. del 5-IV-1994).

Ello es así, en virtud de lo dispuesto por los arts. 168 de la Constitución provincial y 44 incs. d), e) y f) de la ley 11.653, que determinan que el pronunciamiento sobre los hechos, adoptado por unanimidad o mayoría de miembros, conforma la base fáctica subsumible en la etapa de sentencia -también con la opinión y voto individual de cada uno de los miembros del tribunal- en la norma legal correspondiente, declarándose conforme a derecho sobre la procedencia de las pretensiones articuladas (conf. doct. causa L.89.094, cit.).

Por ello y teniendo en cuenta los términos del sufragio del doctor Claudio Eduardo Andino, que abrió la votación, en el que manifestó que pese a haber quedado en minoría en el fallo de los hechos respecto de determinadas definiciones fácticas, habría de expedirse en la etapa de sentencia según su conciencia, siguiendo allí lo concluido en su propio voto (fs. 650/651), se impone requerir al mencionado magistrado que en casos futuros ajuste sus votos a tales exigencias legales y constitucionales por cuyo cumplimiento debe velar, dada la calidad de su investidura y la ineludible función de administrar justicia que le ha sido encomendada (art. 15, Constitución provincial).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Kogan, de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JUAN CARLOS HITTERS

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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