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Aunque el actor no haya comprado, el supermercado de cuya playa de estacionamiento se le sustrajo el automotor, debe resarcirlo.

playa estacionamientoPartes: Cristian Ezequiel Pablo c/ Supermecado Disco S.A. s/ ordinario – daños y perj.- accidentes de tránsito

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Octava

Fecha: 20-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81852-AR | MJJ81852 | MJJ81852

Teniéndose por acreditado el efectivo ingreso del rodado del actor a la playa de estacionamiento del supermercado demandado y su sustracción, ello resulta suficiente para generar obligación resarcitoria, independientemente de haber efectuado el actor compra alguna en las instalaciones del accionado. 

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que había rechazado la demanda de daños y perjuicios deducida contra el supermercado accionado, pues resulta suficiente acreditar hechos conducentes y relevantes que conformen indicios graves, precisos y concordantes suficientes por sí mismos para presumir que el rodado fue sustraído de la playa de estacionamiento, conformándose los jueces con una prueba aproximadamente convincente.

2.-Teniéndose por acreditado el efectivo ingreso del rodado del actor a la playa de estacionamiento del supermercado demandado y su sustracción, ello resulta suficiente para generar obligación resarcitoria, independientemente de haber efectuado el actor compra alguna en las instalaciones del accionado.

3.-Si la demandada dispone de un espacio en la playa de estacionamiento para los clientes, entonces no puede deslindar la responsabilidad que le compete por lo que sucede en ese espacio, estando obligada por el deber de seguridad, ya que la misma también obtiene un beneficio comercial al ofrecerle al consumidor la posibilidad de estacionar en el predio, lo que favorece la relación consumeril que los une.

4.-La responsabilidad del hipermercado por la sustracción del automotor del actor en la playa de estacionamiento nace de la relación genérica de consumo, que comprende, junto con la prestación principal, en forma coligada y conexa, el uso de dicha playa de estacionamiento, pues quien estaciona allí el automotor lo hace con la finalidad de adquirir productos y servicios diferentes y esos hechos caracterizan a la relación de consumo.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de Agosto de dos mil trece, se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. Héctor Hugo Liendo, Graciela M. Junyent Bas y José Manuel Díaz Reyna, con la asistencia de la actuaria Dra. Silvia Ferrero de Millone, con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados «CRISTIN, Ezequiel Pablo c/ SUPERMECADO DISCO S.A. – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO1482980/36 «, traídos a este Tribunal con motivo del Recurso de Apelación interpuesto en contra del fallo del Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial y 9° Nominación de esta ciudad por el que se resolvía: SENTENCIA NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (271). Córdoba, a diecisiete días del mes de mayo de dos mil once. I. Rechazar la demanda interpuesta por el Sr. Pablo Ezequiel Cristin, DNI 11.350.586 en contra de SUPERMERCADO DISCO S.A. , a mérito de las razones dadas en el considerando.- II. Imponer las costas al accionante con los alcances previsto en los arts. 107 y 140 del CPC, a mérito de la concesión del beneficio de litigar sin gastos. III. Regular honorarios del Dr. Enrique Allende en la suma de pesos . ($ .) y al Dr. Ramiro Acuña, en igual suma. Regular honorarios al Dra. Norma Susana Levín, en la suma de pesos . ($ .).- Protocolícese y dese copia.

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

A la primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

A la segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO LIENDO, DIJO:

1) Contra la sentencia relacionada interpone recurso de apelación la parte actora por intermedio de su apoderada la Dra. Norma Susana Levin que fuera concedido mediante proveído de fs. 429.

A fs.236/239 el recurrente expresa agravios, siendo contestados por la demandada y la aseguradora conforme surge de fs. 453/454 y 455/456 respectivamente. Corrido traslado al Sr. Fiscal de Cámaras, éste comparece y lo evacúa a fs. 460/472. Firme el decreto de autos a estudio (fs. 473 vta.) queda la causa en estado de ser resuelta.

2) La sentencia contiene una relación fáctica que satisface las exigencias del art. 329 CPCC, por lo que a ella me remito por razones de brevedad.-

3) En primer término, previo a exponer en concreto sus agravios el recurrente transcribe los párrafos pertinentes del decisorio de los que especialmente se siente agraviado. Así transcribe parte del considerando por el que el A-quo sostuvo que: Por lo tanto, no necesariamente el sujeto damnificado deberá demostrar haber adquirido, algún producto o servicio dentro del centro de compra, para que el empresario o proveedor asuma la obligación resarcitoria, desde que solo puede haberse valido de esta comodidad y no haber adquirido producto alguno. Pero lo que sí deberá acreditar, es que efectivamente ingresó y lo hizo con el vehículo de su propiedad. En prieta síntesis, el caso traído a colación encuentra acabada respuesta en la relación de consumo, que por la época en la que sucedió el hecho que motiva los presentes autos, debe dirimirse con plafón legal en lo previsto por el art. 42 de la CN y art. 1, 2, 3, y 5 de la Ley 24.240, antes de su modificación por la Ley 26.361. (BO 07.04.2008). A mayor abundamiento, y a raíz de lo expuesto por la accionada en relación al contrato de depósito -art. 2.182 del CC-, refiero que el discurso unánime en la doctrina judicial -ante el robo del vehículo de la playa de estacionamiento de los Grandes Centros de Compra- es que no nos encontramos ante un contrato de depósito ni civil ni comercial -art.2.182 del CC- porque los dueños de los vehículos los cierran y se quedan con las llaves en su poder; como tampoco se trata del tipo contractual innominado de «contrato de garaje» asimilable por analogía al depósito regular -art. 2.188 inc. 1º del CC- porque en la mayoría de los casos, los grandes centros de compra no perciben alquiler o canon por el lugar de estacionamiento, ni es tampoco su finalidad. Determinado que el ámbito de responsabilidad civil donde debe encontrarse respuesta al caso sometido a estudio es la «relación de consumo», corresponde analizar la existencia de legitimación activa y factor de atribución a asignar a la accionada en la pretendida configuración de la obligación resarcitoria.» (in re «AGÜERO, Miguel Angel c/ CARREFOUR ARGENTINA S.A. y OTRO – ORDINARIO – COBRO DE PESOS-» (Expte. N° 1087916/36) -Sentencia N° 96, del 04/03/2011). LEGITIMACIÓN ACTIVA – DEBITO PROBATORIO: En el sub- judice el debito probatorio que pesa en cabeza del actor reclamante -art. 887 del CPC, que remite al art. 377 del CPCN- no luce cumplimentado. Tal cometido se circunscribe a demostrar el efectivo ingreso del automotor robado a la playa del estacionamiento del Centro de compra y que es de su propiedad. Dable es señalar que la dilucidación de la controversia y el razonamiento jurisdiccional se ajustará a dos premisas, la primera en la innecesariedad de expresar la valoración de todas las pruebas producidas, solo de las que fueren esenciales y decisivas para dirimir la causa -art. 327, 1º párrafo, del CPC-; y la segunda en que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301 y 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, Tº 1, p.825). El pretensor ha demostrado la titularidad registral sobre el vehículo que manifiesta le fue sustraído (Renault Trafic, Dominio TBT 817) para la época en que denuncia sucedió el hecho -25.11.2006-. De tal circunstancia da cuenta la informativa diligenciada por ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor -fs. 256/259.

En cuanto a la prueba dirigida a demostrar el efectivo ingreso del vehículo a la playa del gran centro de compra, deben tenerse en cuenta los siguientes lineamientos. «.No dejo de compartir el pensamiento del Juez cuando expresa que en casos como éste la prueba resulta dificultosa para el demandante porque los hipermercados que ofrecen estacionamiento gratuito a sus clientes no llevan registros o filmaciones de los vehículos que ingresan y egresan al establecimiento, y mucho menos de sus conductores. Pero en mi criterio esta circunstancia justifica que se facilite la prueba a las víctimas de robos de automóviles, lo que es muy distinto a admitir que la realidad del robo deba ser aceptada sin más por la declaración de la víctima confirmada por dos conocidos suyos. Por mínimo que sea es preciso algún dato objetivo que pueda por lo menos constituir un indicio de ese hecho. En esas condiciones coincidiría con el pensamiento del a quo, en el sentido de que en presencia de un indicio objetivo se pueda invertir la carga de la prueba y hacer recaer sobre el hipermercado las consecuencias de la falta de registros de los automóviles ingresados. Pero no me parece que la sola afirmación del demandante, aun corroborada por dos conocidos suyos, sea suficiente para provocar este inversión.» (C3CCCba, in re «LOPEZ, LUIS C/ LIBERTAD S.A. Y OTRO – ORDINARIO -DAÑOS Y PERJUICIOS- OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – (EXPTE. N°122614/36)»,- Sentencia Nº 9, del 23.02.2010). El relato brindado en el libelo introductorio da cuenta de las circunstancias que rodearon al hecho que motiva estos autos, y el proceder desplegado por el Sr. Cristin inmediatamente de advertida la desaparición del automotor de la playa de estacionamiento de la accionada.Es decir, ha descripto las circunstancias de persona, tiempo y lugar que deben contar con el necesario correlato probatorio para conformar la plataforma de la que se desprenden los indicios objetivos y concordantes que dan cuenta del hecho denunciado. En realidad, el andamiaje probatorio habrá de apuntalarse en presunciones que por su entidad y concordancia generen convicción en el sentenciante, respecto de un hecho que para el damnificado es imposible de demostrar, solo a través de testigos, porque frente a hechos de tal naturaleza y en superficies de compra como las descripta -según las reglas de la experiencia-, es harto imposible contar con dicha prueba, porque que quién delinque busca no ser visto o sorprendido en su accionar. Las actuaciones labradas en Sede Penal solo contemplan la denuncia realizada por el pretensor, dando origen al Sumario N° 2945/06 y su constitución como querellante (exhorto diligenciado por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II, turno 6 -fs. 320/332). Pero a partir de esta prueba y de la necesaria comparativa que debo realizar con el resto del plexo probatorio, en especial la testimonial rendida por el único testigo presencial del hecho, advierto que contrasta en sentido negativo para con los intereses del reclamante. Me explico. El denunciante a la hora de dar cuenta del hecho a la autoridad policial manifiesta «.Que en el momento del hecho no sabe si había testigos presenciales.» -fs. 322 vta/fs. 324-.

A continuación afirma que el agravio consiste en la conclusión arribada por el A-quo quién afirmó que existe una contradicción entre lo declarado por el testigo Walter Ortiz (fs. 307) -quién manifiesta que conoció al actor en circunstancias en que se produjo el hecho- con lo expresado por su representado (el Sr. Cristin) al efectuar la denuncia penal de robo, -quién expresó que no sabía si existieron testigos presenciales, denuncia que efectuó a tres horas del supuesto hecho. Señala el sentenciante que no recordar ello aparece como contrario a las reglas de la experiencia y de la lógica.- La apoderada del actor alega que de la declaración testimonial no surge en ninguna parte en que momento el testigo le dió sus datos al Sr. Cristin. Es decir el testigo conoce al ac tor cuando fué el hecho el 25-11-2006 pero no surge de la declaración en que momento le dio sus datos personales para salir como testigo. Agrega que inclusive puede haber sucedido que el Sr. Cristin no se había percato de la presencia de Ortiz y sí el Sr. Ortiz haber observado cuando el Sr. Cristin entraba a la playa, estacionaba el vehículo y haberlo visto cuando salía del supermercado a buscar su vehículo y no lo encontró.- Por ello, puede haberle proporcionado sus datos personales en otro momento, no necesariamente cuando sucedió el hecho (es decir al salir el Sr. Cristin del supermercado y advertir que no encontraba la Renault Trafic). Sigue diciendo que el Sr. Ortiz pudo incluso haber proporcionado sus datos personales, con posterioridad a la fecha del ilícito, precisamente por haber sido testigo presencial de que el Sr. Cristin introducía el vehículo de su propiedad en el Supermercado Disco S.A., en su playa de estacionamiento. Luego señala que al concurrir a efectuar la denuncia policial del robo del vehículo, tres horas después, el actor, como cualquier persona que es víctima de un hecho delictivo, puede haber estado aturdido. Afirma que lo que declara el Sr. Ortiz es que conoce a Cristin cuando se produce el hecho del robo, pero no que en ese momento le hubiere proporcionado sus datos para ser testigo. Sostiene que el argumento del Juez debe ser rechazado atento la veracidad del testimonio, que es preciso, concreto y efectuado en forma detallada, el que unido a las demás probanzas acreditan el ingreso de la Trafic a la playa del demandado. Reitera que al decir S.S. que el testigo le proporcionó los datos al Sr. Cristin con motivo del hecho y en esa circunstancia se los brindó, es una hipótesis contraria a la verdad real.Luego expresa que si conforme las conclusiones del A-quo se interpreta la expresión literal de la declaración testimonial como que «en el momento que el actor advirtió la sustracción del automotor, le proporciona los datos para ser testigo» y al manifestar en la denuncia penal por el robo, el actor manifiesta que no sabe si existieron testigo presenciales, por más que hubieran pasado tres horas del ilícito y la denuncia penal, puede deberse al estado de nervios padecido por el Sr. Cristin, como víctima del ilícito. Reitera que la declaración de Ortiz no deviene contradictoria con los dichos del actor, teniendo en cuenta dos aspectos: 1) que no surge literalmente de la declaración que al momento de advertir el robo, por el actor, en esa oportunidad el Sr. Ortiz le proporcionó sus datos personales. 2) la manifestación ante la Policía puede imputarse al estado de shock, u de olvido.- Sigue exponiendo que precisamente el testigo observó donde estacionó el Sr. Cristin la Trafic, ya que se encontraba en el lavadero de autos, a unos cinco metros de dónde el Sr. Cristin dejó su rodado. Afirma que ésto unido a las demás probanzas es suficiente para atribuirle responsabilidad al demandado. Por otro lado, señala como irrelevante la prueba de las llamadas telefónicas efectuadas por el actor en las instalaciones de la empresa Telefónica Argentina S.A. existente en las instalaciones del supermercado, ya que afirma que lo que determina la responsabilidad del demandado es la prueba del ingreso del vehículo del actor a la playa, hecho que reputa probado con la testimonial del Sr. Ortiz.

Se agravia por cuanto el A-quo señala que no puede apelarse a la inversión de la carga probatoria (art. 40 LDC). Agrega que en autos existen presunciones graves y precisas: declaración testimonial del Sr. Mayorga de la empresa de seguridad Sipsa, que demuestran el efectivo ingreso del rodado a la playa de estacionamiento. Señala que la responsabilidad de Disco S.A. surge de los arts.40 y 42 de la ley de Defensa del Consumidor. Luego resume los rubros indemnizatorios reclamados y sus montos.

Bajo el título «fundamentación jurídica» la apoderada del actor enuncia los arts. 130, 361 inc. 1 del CPC y arts. 1068, 1069, 1978 del CC y correlativos de la ley 24.240. Afirma que la declaración del testigo Ortiz debe ser analizada a la luz de la sana crítica, junto a las demás pruebas rendidas.

A continuación expresa que la ley 24.240 responde al marco constitucional tuitivo asegurado por el art. 42 de la C.N. que atiende a la protección de consumidores y usuarios de bienes y servicios, en el acceso y la relación de consumo, protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Agrega que la obligación de seguridad consiste en mantener en condiciones de indemnidad a las personas y cosas que utilicen la playa de estacionamiento. Que dicha obligación es de resultado, por lo que ante el incumplimiento opera un factor de atribución de responsabilidad objetivo. Luego ingresa al análisis de la naturaleza del contrato que une al demandado con la empresa de seguridad y vigilancia, afirma que se trata de un típico caso de locación de obra, en el que se pretende la obtención de un resultado. Luego afirma pueden existir fallas en el servicio prestado, lo que acarrea un riesgo para la empresa que podría derivar en daño reparable, por violación a la idea de confiabilidad como causa objetiva del contrato. En apretada síntesis afirma, que al actor le resulta inoponible como causal de exoneración de responsabilidad civil objetiva las fallas o deficiencias en el diseño y estrategia para el cumplimiento de la obligación que pesaba sobre la empresa de seguridad. Luego señala que el Código Civil adopta un criterio solidarista en el ámbito del derecho de daños y que prescinde de la culpa como único factor de atribución de responsabilidad.Luego detalla los rubros y montos pretendidos y afirma que debe condenarse por el ilícito al demandado y por extensión a su compañia aseguradora, atento la vigencia de la póliza.-

En segundo término se agravia por la imposición de costas a su representado. Peticiona para el supuesto que la sentencia de primera instancia fuese confirmada que se haga lugar al recurso de apelación en cuanto a las costas y se impongan por su orden tanto en primera como en segunda instancia. Sostiene que ésto responde a la naturaleza de la cuestión debatida, el objeto de la litis, la condición social y económica de las partes, la razón del actor para hacer valer sus derechos, la dificultad en la producción de la prueba a los efectos de demostrar que su rodado entró en la playa de estacionamiento del demandado, ya que la misma no cuenta con cámaras filmadoras y no lleva registro alguno. Agrega que en esta cuestión el sentenciante aplica directamente la letra de la ley (art. 130 del CPC) apartándose de la sana crítica racional.

4) A fs. 453/455 el demandado Jumbo Retail Argentina S.A. (antes Disco S.A.) por intermedio de su apoderado el Dr. Enrique Allende, evacúa el traslado corrido, peticionando sea rechazado el recurso de apelación articulado por los fundamentos que esgrime a los que nos remitimos en honor a la brevedad.

5) Entrando al análisis de los agravios, se advierte que los mismos se refieren esencialmente a cuestionar la valoración efectuada por a-quo de la testimonial rendida. El sentenciante a la hora de analizar la prueba tendiente a demostrar el efectivo ingreso del vehículo del actor a la playa de estacionamiento, afirmó que el Sr. Ortiz, único testigo presencial del hecho incurrió en una grosera contradicción con lo manifestado por el actor ante la autoridad policial, lo que a su entender echa por tierra el valor o poder de convicción que puede reunir esa prueba testimonial.A tal fin, y analizando los agravios cabe recordar que la prueba testimonial se funda en una doble presunción: la de la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y la del fundamento moral; es decir, que el testigo no se ha engañado y de que no trata de engañar al Juez. Por eso el legislador ha debido tomar una serie de precauciones para excluir las posibilidades de error por parte del testigo exigiendo en éste determinados requisitos, entre los que se encuentra la «ajenidad» de quien deba prestar declaración.

Testigo es la persona capaz, extraña al juicio, que es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos.(conf Alsina. Derecho Procesal, Ed. Ediar1971, T III pág.536). A diferencia de los otros medios de prueba, la testimonial se halla sujeta a gran número de variantes, por la persona del testigo, la forma de las declaraciones y muchas veces otras circunstancias que influyen en el testimonio, debiendo ser analizadas conforme a las reglas de la sana crítica.

Asimismo «el testigo debe ser extraño a la relación procesal, como condición de imparcialidad y veracidad».(Alsina. Ob. Citada pág.539), ya que «los estados afectivos perturban y alteran el testimonio. Nos gobiernan el interés, la simpatía.» (Alsina, ob. Citada pág.643).-

Sentado ello, se colige de la audiencia recibida, cuya acta obra glosada a fs. 307, que el Sr. Ortiz Walter Rafael, no conoce a las partes, expresando a su vez que no se encuentra comprendido dentro de las generales de la ley que en dicha oportunidad le fueron explicadas. Con ello podemos afirmar que el testigo traído al pleito no alberga ningún interés en la suerte del presente juicio, es decir resulta imparcial.Cabe agregar que su testimonio no ha sido impugnado por los litigantes, razón por la cual se impone su valoración, la que sin duda deberá serlo en consonancia con el resto de las pruebas arrimadas al proceso.

6) Se advierte que se agravia el apelante aduciendo que no existe contradicción alguna entre los dichos del testigo y lo expuesto por el actor ante las autoridades policiales, que determinen que dicha prueba sea descartada, como lo hizo el A-quo.- Al respecto cabe recordar que «la concordancia del testimonio, sea entre diversas partes de la declaración, sea entre las declaraciones de varios testigos o de éstas con otras pruebas, constituye la mejor garantía de veracidad».(Alsina ob. Cit. Pág.645).

En ese orden de ideas corresponde determinar si existe tal contradicción, puesta de manifiesto por el sentenciante, que permita negarle valor convictivo a dicha prueba.

Concretamente el A-quo señaló, que a partir de las actuaciones labradas en sede penal, de la que resulta la denuncia realizada por su pretensor (el actor) y de la necesaria comparativa de dicha prueba con el resto del plexo probatorio y en especial con la testimonial rendida por el único testigo presencial del hecho, advierte que contrasta en sentido negativo para con los intereses del reclamante. Puso de relieve lo manifestado por el actor al efectuar la denuncia policial, «Que en el momento del hecho no sabe si había testigos presenciales» y lo afirmado por el testigo quién señaló que conoció al actor en circunstancias en que se produjo el hecho y que le proporcionó sus datos en esa circunstancia. En base a ello, el Juez concluye que no resulta factible que el actor, a tan solo tres horas del supuesto ilícito, habiendo comparecido a efectuar la denuncia policial no recuerde al Sr. Ortiz. Insiste en que el reclamante al practicar dicha denuncia policial manifestó «no saber si hubo testigos presenciales» pero el Sr.Ortiz -quién reunió tal condición- precisó que lo conoció cuando el actor advirtió la sustracción de su automotor y le proporcionó sus datos para salir de testigo.

Sin reparar en las numerosas hipótesis proporcionadas por la apoderada del actor al momento de expresar agravios, tendientes a demostrar el yerro del Juez en su razonamiento, considero que no existe contradicción alguna entre lo manifestado por el accionante con los dichos del testigo Ortiz. Doy razones. –

De la copia del sumario policial glosada a fs.321/324, surge que el Sr. Cristin manifestó «Que en el momento del hecho no sabe si había testigos presenciales.» Cabe decir que debe interpretarse que el desconocimiento formulado lo era en relación a la existencia de testigos presenciales del hecho ilícito. No caben dudas, que si estamos ante la autoridad policial a los fines de efectuar la denuncia de un hecho delictivo, dicha manifestación gira en torno a ello, al desconocimiento de testigos que presenciaran el robo del automotor, la efectiva sustracción del mismo. De otro costado, y remitiéndonos a la testimonial puesta en tela de juicio por el sentenciante, y ante la aclaratoria efectuada por la apoderada del actor, el testigo dijo «que lo conoció (a Cristin) cuando fue el hecho», considero que «hecho» como ha sido empleado dicho término debe ser entendido como «suceso», «evento», es decir, la intención del testigo, al ser interrogado, fue la de precisar que no conocía al actor con anterioridad al hecho que se ventila en autos. Justamente el fin perseguido por la letrada, al formular dicha aclaratoria, no ha sido otro que el de despejar cualquier duda sobre la imparcialidad del testigo.- No se puede soslayar, que el testimonio no puede ser analizado renglón a renglón como si fuera un compartimiento estanco, lo que seguramente llevará a una interpretación equivocada. Pues bien, el testigo agregó que le dio sus datos al actor para salir de testigo y que luego lo llamó (el actor) para ver si le había llegado la notificación. Que el actor se fue a su domicilio.A continuación al ser preguntado para que diga si tuvo conocimiento si en el mes de noviembre de 2006 se produjo en las instalaciones del supermercado Disco S.A. de un ilícito respecto a un vehículo y se le requiere de sus precisiones, dijo «que sí, cuando le robaron la camioneta a este hombre, que él estaba esperando en el lavadero que le dieran un turno para lavar el auto, que no puede precisar la hora, que fue a la mañana cree entre las nueve y la diez de la mañana, que el lo vió (al actor) cuando bajo porque hizo unas maniobras medias raras para estacionar la Trafic.Que el lavadero esta atrás del supermercado en la playa. Que el lavadero ya estaba abierto y el deponente estaba haciendo cola para lavar. Que en la playa calcula habia 10 o 15 autos, tiene como 300 mts cuadrados la playa, que tiene todo techo. Que está a unos cinco metros de donde estacionó la Trafic. Que el vio cuando se bajó el hombre y después cuando estaba el alboroto de la policía de la gente y allí fue cuando se ofreció como testigo por si le hacía falta». De la lectura integral del testimonio rendido, se advierte que el Sr. Ortiz no presenció el hecho ilícito, es decir no vió cuando «autores desconocidos» sustraían el rodado de propiedad del actor, sino de lo que este testigo da fé, es de haber visto al actor llegar con su automóvil y estacionarlo en la playa del supermercado demandado, y luego al advertir el Sr. Cristín la falta de su rodado, y dar cuenta a la policía, allí el testigo se apersona en el momento del alboroto y le proporciona sus datos al actor, para servirle de testigo, toda vez que él vió cuando estacionó la Trafic.Con ello se pretende demostrar que no existe contradicción entre lo manifestado por el actor al efectuar la denuncia policial, ya que al expresar que no sabe si existen testigos presenciales del hecho, debe ser entendido como al hecho del robo, del ilícito, que es lo que le interesa investigar a la autoridad policial, sin duda. Mientras que el testigo cuando afirma que conoció al actor con motivo del hecho, se ha referido «en el contexto del suceso acaecido», luego de que el actor advirtió la desaparición de su rodado, ya que es claro y circunstanciado el testimonio en éste sentido, el testigo vió la Trafic del actor cuando éste la estacionó en la playa, vió que este descendió de la misma, pero no vió cuando fue sustraída. Por ello las preguntas a uno (al actor) como al otro (testigo) son dísimiles y en ello radica la falta de contradicción, ya que apuntan a distintas cuestiones. El actor responde a la ausencia de testigos presenciales del robo, lo cual es cierto, porque solo contaba con el Sr. Ortiz, para demostrar que ingresó con su rodado al predio del demandado, mientras que el testigo, al explicar pormenorizadamente los detalles que recuerda del día del evento para el que fue citado, dejó bien en claro que no presenció el robo, de ello se deduce que al expresar que conoció al actor con motivo del hecho, debe entenderse que fue en el contexto de lo sucedido. Dicho en otras palabras, al formular el Sr. Cristin la denuncia penal por robo y manifestar que no había testigos, ello no descalifica al testigo ofrecido ni implica contradicción alguna.En efecto, al denunciar éste se ha referido a la ausencia de testigos del hecho delictivo, del robo, del momento en que se llevaron el automóvil y ello no es contradicho por esta causa, pues el testigo se ofrece no para testimoniar sobre el momento del robo, sino sobre el hecho que el vehículo fue estacionado y que al salir el actor del supermercado ya no se encontraba en la playa, lo que a los fines de la condena civil es suficiente, por hacer presumir la sustracción y el incumplimiento del deber de seguridad por parte de la demandada.

De allí que a nuestro entender no existe contradicción alguna y por ello no corresponde restarle valor convictivo a ésta prueba testimonial.

La fuerza probatoria de la prueba testimonial de autos, arraiga en las relaciones del testigo con las partes, con la causa y con los hechos sobre los que declaró, la verosimilitud del hecho sobre el cual depone conforme leyes de la naturaleza y orden normal de las cosas, el contenido del testimonio congruente en el conjunto probatorio (cfme. Devis Echandía, H. «Teoría General de la Prueba Judicial», p. 246 y ss., Zavalía, Buenos Aires, 1.974; Kielmanovich, J. «Medios de Prueba», p. 142, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1.993; Alsina, H. «Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial», p. 642, T. III, Ediar, Buenos Aires, 1.961 ).

Asimismo se ha dicho que «Tratándose de prueba testimonial, es condición de credibilidad conforme a elementales reglas de la sana crítica, la extrañeidad del testigo respecto a la parte que lo propone, y cuando no se cumple este requisito, es preciso que ese testigo sea tomado en relación a otras probanzas, que den certeza a la versión del relato.»(Conf.CNCiv.Sala M, Febrero 10-989-La Ley 1989-C,286-DJ 1989-2-760). En párrafo anterior se resaltó la inexistencia de vínculo (familiar, de amistad u otro) entre el actor y el testigo, como a su vez la falta de interés de éste último en la suerte que corra el litigio.

Por otra parte, cabe recordar que la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial, que es la vida misma del derecho, no es otra cosa que el sentido común, la experiencia de vida, la perspicacia normal de un hombre juicioso y reposado. Por ello, en esa línea argumental y teniendo en cuenta el testimonio en toda su extensión, es decir íntegramente, consideramos que no resulta contradictorio con los dichos del actor, y constituye un dato probatorio relevante a la causa.

Pues bien, el A-quo entiende que no se encuentra acreditado el efectivo ingreso a la playa del supermercado por quién demanda, y fundamentalmente se basa para arribar a dicha conclusión, en la «supuesta contradicción» señalada.

Zanjada ésta cuestión se impone el análisis de la prueba testimonial cuestionada, y de todo el plexo probatorio, a fin de determinar la procedencia de la acción, toda vez que la misma fue rechazada por el A-quo, para quién el actor no logró conformar la plataforma probatoria mínima necesaria para demostrar el efectivo ingreso del automotor a la playa de estacionamiento del supermercado.

7) Compartimos el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales (fs. 460/472), al que nos remitimos y tenemos aquí por íntegramente reproducido. En orden a la valoración de los elementos probatorios, expresó que «de los principios reseñados por la jurisprudencia se sigue que resulta imprescindible analizar si en autos existen indicios graves, precisos y concordantes que acrediten el estacionamiento del vehículo en la playa de la demandada, para luego definir la relación existente entr e las partes y derivar la norma aplicable a los fines de la eventual responsabilidad».

Respecto del siniestro acaecido obran en autos los siguientes elementos probatorios.1) Copia del título del automotor (fs. 8), de la que surge la titularidad registral en cabeza del actor del rodado que afirma le fue sustraído -Renault Trafic Dominio TBT 817-, documental que se encuentra respaldada por el oficio remitido por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor glosado a fs. 257/259, que da cuenta que al día 23-07-2009, el vehículo continúa a nombre del actor. 2) Carta documento 81905460 3, cuya copia certificada obra a fs. 269, remitida por el actor a Disco S.A. el 13 de diciembre de 2006, y entregada el 14-12-2006, como surge de la contestación del oficio (fs. 266/269) reclamando el valor del vehículo, más gastos y costas por el robo de su rodado acaecido en la playa de estacionamiento del demandado. 3) Constancia de denuncia policial realizada ante la unidad judicial N° 6, en la que labran actuaciones sumariales 294506, y por la que el actor pone en conocimiento el robo de su rodado, acaecido el 25-11-2006, conforme surge de la contestación al exhorto cursado a la Fiscalía de Instrucción interviniente (fs. 320/332). 4) Factura de la cerrajería «Ruta’s» en la que se describe 2 aperturas de puerta y 2 cerraduras, lo que responde a lo expresado por el actor en su demanda, cuando afirmó que dentro de la Trafic estaban las llaves de su casa, razón por la cual luego del siniestro debió cambiar las cerraduras de su propiedad. 5) Constancia labrada por el representante de la firma Sistemas de Protección integrales S.A. en donde figura que el día señalado alrededor de las 10:10 hs. «un cliente denuncia que le robaron la camioneta (Trafic) y que el personal adicional que ingresó a las 8:45 hs no vio ninguna Trafic. Cabe decir que dicha constancia es copia del libro de actas (fs. 162) que obra en la empresa antes citada, correspondiente a la central de operaciones, certificación realizada por el presidente de SIPSA, Sr.Marcelo Mayora, quién acompañó dicha documental al ser citado como testigo (audiencia fs. 305). 6) Testimoniales rendidas en autos; A) por el mencionado Sr. Marcelo Mayora (fs. 305) quién afirmó que la empresa de seguridad a la cual representa cumplía funciones de seguridad en las instalaciones del supermercado Disco S.A. sito en Avda Armada Argentina N° 355. Señaló que se cubría puestos de vigilancia en el horario de cobertura en la entrada al salón de ventas desde las 7 hs hasta las 23 hs en la cabina de CCTV operando las cámaras provistas desde las 13 a las 23 hs y la playa de estacionamiento del supermercado de 10 a 14 hs y de 18 a 22 hs. Que el total del personal eran cuatro personas que se iban rotando. Al ser preguntado sobre la identidad del empleado de dicha empresa de seguridad que cumplía funciones el día del siniestro, en la playa de estacionamiento del supermercado en el horario de 9:40 hs a 10 hs aproximadamente, contestó que «no porque el horario de cobertura de la playa comienza a las 10 hs de la mañana, y que ese día se cubrió a partir de dicha hora (10 hs) en el horario descripto precedentemente por el Sr. Francisco Caballero. Al ser preguntado si la persona encargada de la seguridad que cumplía funciones el día del hecho en el horario de 10 hs en adelante informó sobre la existencia de un ilícito de un vehiculo, afirmó que habiendo investigado sobre esa situación se menciona en el libro de acta de la central de operaciones permanentes de la empresa (constacia mencionada anteriormente en el punto 5) folio 162 hora 10:10 una nota que reza «En SM 466 según un cliente dice que le robaron la camioneta Trafic que estaba al lado de una ford de casualidad que esta es del adicional policial que esta en el QTH de las 8:45 y que no vio ninguna Trafic. Conocimiento: seguridad, coordinadores Navarro R y supervisor Figueroa M.Aclaró el testigo que SM es la indicación del numero de la sucursal que le indica Disco y es la que ha mencionado en autos, QTH significa «en el lugar del hecho», que Navarro R es dependiente de Disco del Dpto de seguridad y Figueroa M es el supervisor de su empresa. B) Luego tenemos el testimonio del Sr. Ortiz, que ha sido transcripto en párrafos anteriores y del que se sostiene no existe contradicción con los dichos del actor. En orden a éste testimonio, que resulta de suma relevancia, debemos resaltar que si bien, el testigo no recuerda la hora precisa, si aseveró que lo acontecido fue «entre las nueve y las diez de la mañana». Señaló que entre un hecho y el otro (refiriéndose al momento en que el actor estacionó y el alboroto generado por la ausencia del rodado) pasaron unos 15 a 20 minutos. Agregó que todavía esperaba para lavar el auto y que siempre estaba en el mismo lugar, que no recuerda cuantos móviles de la policía llegaron al lugar, que uno había seguro. En relación al vehículo del actor afirmó que era una Trafic, marca Renault y de color blanco. 7) Se suma la ausencia de actividad probatoria de la demandada quien se ha limitado a ofrecer como prueba documental las constancias de autos, quién pudiendo acercar al proceso prueba dirimente en torno a la inexistencia del hecho, sólo se ha limitado a negarlo. De otro costado, como bien señala el Sr. Fiscal tampoco tachó la idoneidad de los testigos, por lo que no corresponde restarles fuerza convictiva a sus declaraciones.

Destaca la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci en su voto in re «DIAZ, J. C/ OPEN MALL S.A.»: «.es una regla generalmente aceptada que resulta suficiente acreditar hechos conducentes y relevantes que conformen indicios graves, precisos y concordantes suficientes por sí mismos para presumir que el rodado fue sustraído del lugar, conformándose los jueces con una prueba aproximativamente convincente». (SCMendoza, 05/03/08.Tal criterio jurisprudencial si bien resulta aplicable a la responsabilidad por robo de rodados en relaciones de consumo y redes contractuales, cfme. CNCiv., Sala I, 04/11/04, DJ, 2005-I-596; CN Com., Sala A, 16.04.97, LL, 1998-C-612; Cam. Civ.Com. Córdoba, N° 7, Lexis Nexis Córdoba, 2007, N° 8, 675.-

En ésta tesitura, entendemos que todos los elementos probatorios descriptos precedentemente permiten establecer una serie de presunciones, que unidas entre sí y conectadas al hecho en cuestión, que se intenta demostrar – la sustracción de la Trafic del actor que se encontraba en la playa de estacionamiento del demandado – permiten arribar a la convicción sobre su existencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. Ponemos de relieve que el testigo Mayora como el testigo Ortiz son contestes con la versión del actor, en cuanto él mismo manifestó que siendo el día señalado a las 9:40 hs aproximadamente estacionó su Trafic en la playa del supermercado Disco. El representante de la empresa de seguridad señaló que en el libro de actas, folio 162 se dejó constancia a las 10:10 hs que un cliente expresó que le robaron la camioneta Trafic. De otro costado el testigo Ortiz, sin poder precisar la hora, afirmó que lo sucedido lo fue entre las nueve y diez de la mañana, a lo que agregó que desde que el actor estacionó hasta que advirtió el alboroto (provocado por la ausencia del rodado) pasaron entre quince a veinte minutos, lo cual se compadece con lo manifestado por Cristin, quién señaló que le tomó cinco minutos el ingreso a las instalaciones del supermercado a fin de efectuar las llamadas telefónicas y el regreso al lugar donde se encontraba estacionado su vehículo -para buscar los envases que estaban en su interior y efectuar compras en el supermercado- y al comprobar que su rodado no se encontraba, procedió a llamar al guardia de seguridad del supermercado Disco S.A.quién a su vez dió intervención a la autoridad policial (CAP), que se encontraba en la playa de estacionamiento, que se presentó inmediatamente. Esto posiblemente haya insumido otros diez minutos, que totalizan los quince minutos que el testigo Ortiz afirma transcurrieron entre el aparcamiento y la llegada de la policía (y el alboroto de la gente). De los dichos de los testigos, sumado a la constancia asentada en el libro de la empresa de seguridad, como de los demás datos probatorios antes enumerados, se permite inferir que efectivamente el actor estacionó su rodado en la playa de estacionamiento del demandado a las 9:40 hs aproximadamente -hora en la cual, todavía no había ingresado el personal destinado a la vigilancia de dicho sector, cuyo ingreso era a partir de las 10 hs- y que luego de pasados cinco minutos – desde el ingreso y egreso a las instalaciones para llamar por teléfono- vuelve al lugar donde se hallaba su rodado, advierte que no se encuentra y dá aviso al guardia de seguridad y se presenta un móvil policial. Cabe resaltar que el testigo Ortiz precisó que el rodado del actor se trataba de una Trafic marca «Renault» y de color «blanco», lo que se condice con las afirmaciones efectuadas por el actor y el informe expedido por el Registro Nacional de Propiedad del Automotor (fs. 258).

Corresponde efectuar algunas consideraciones en torno a tres razonamientos introducidos por el A-quo que conforme lo expuesto en el decisorio en crisis, abonan a su entender la inexistencia del hecho. En éste orden de ideas el A-quo afirma que otro elemento relevante, relacionado con el lugar donde se estacionó el automotor robado, en tanto se manifestó haberlo hecho al lado del vehículo de quién cumplía labores como «adicional» de la policía desde las 8:45 hs, éste último precisó no advertir la presencia de la Trafic.Ahora bien, del libro de actas de la empresa de seguridad, surge que el actor señaló que estacionó al lado de la Ford del adicional de la policía, y que a su vez éste no vio ninguna Trafic. Esto último puede deberse a que si bien allí se encontraba estacionada la Ford, no surge textualmente que también se encontrare el policía. Simplemente se dejó constancia que el policía no vió la Trafic, lo que sin duda no era posible, si se tiene en cuenta conforme la misma constancia que habría estacionado a las 8:45 hs, y el actor arribó al lugar a las 9:40 hs.

El sentenciante señala que el actor no ha acreditado haber realizado las llamadas telefónicas en el negocio de la firma telefónica S.A., el día y en la hora señalada en la demanda y como sucedido el hecho, como tampoco ofreció la testimonial – del personal de la empresa de seguridad Sipsa- cuando la firma por oficio informó quién cumplía con tal cometido el día del hecho. Si bien es cierto que no se encuentra acreditado el primer extremo, la ausencia de éstos comprobantes, como la falta del testimonio de quién podría haber aportado datos en torno a las circunstancias que rodearon al hecho, no tienen la entidad suficiente como para destruir las presunciones antes arribadas, a la luz de los demás elementos probatorios descriptos.- No se desconoce que de haberse incorporado los comprobantes de las llamadas, ésto abonaría aún más la versión del actor, sin perjuicio de ello, el supuesto contrario no anula las probanzas colectadas. Cabe agregar, que éste manifestó que luego de efectuar las llamadas regresó al lugar de su vehículo a buscar los «envases» para luego realizar las compras en el supermercado, lo que evidentemente no pudo realizar al advertir el robo. Se desconoce, por otro lado, si el personal de seguridad aportaría datos relacionados con el hecho.Lo que sí se dejó aclarado que la empresa Sipsa prestaba servicios de seguridad y vigilancia el día del hecho a partir de las 10:00 hs en el sector de la playa de estacionamiento. Debemos poner de relieve que el A-quo en éste sentido, y en el considerando 2.1 de su resolución, referido al ámbito de la responsabilidad civil, sostuvo citando otros precedentes jurisprudenciales que «no necesariamente el sujeto damnificado deberá demostrar haber adquirido, algún producto o servicio dentro del centro de compra, para que el empresario o proveedor asuma la obligación resarcitoria, desde que solo puede haberse valido de ésta comodidad y no haber adquirido producto alguno. Pero lo que sí deberá acreditar, es que efectivamente ingresó y lo hizo con el vehículo de su propiedad». En éste sentido, hemos expresado en autos «Torres Orellana Leon C/ Carrefour Argentina S.A. -Ordinario – 2011003/36 Sent 47 del 14-04-2011, que el derecho a la seguridad previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional, referido a la relación de consumo, abarca no sólo a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, por lo que la seguridad debe ser garantizada en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes.

Con ello, teniendosé por acreditado el efectivo ingreso del rodado del actor a la playa de estacionamiento del demandado, y su sustracción, resulta suficiente para generar obligación resarcitoria, independientemente de haber efectuado el actor compra alguna en las instalaciones del accionado.

En conclusión, entendemos en sentido contrario a lo expresado por el A-quo, y a mérito de la prueba incorporada la que se juzga fehaciente y confiable, que el actor ha logrado conformar la plataforma probatoria suficiente para tener por sucedido el acontecimiento o suceso fáctico con potencialidad dañosa que opera como fuente de la obligación resarcitoria.8) A mérito de lo expuesto, asistiéndole razón al recurrente, toda vez que en base a la prueba colectada tenemos por cierto que el actor estacionó su rodado en la playa de estacionamiento del que otrora fuera el supermercado Disco S.A. sito en Avda Armada Argentida 355, y que el mismo fue sustraído por autores desconocidos, corresponde analizar la procedencia de la acción.- Previo a ello señalamos que se encuentra debidamente acreditada la legitimación sustancial activa y pasiva de los litigantes.

En cuanto a la legitimación sustancial activa, la titularidad registral del rodado que fuera sustraído de la playa de estacionamiento del demandado, se encuentra debidamente acreditada con el informe de dominio remitido por el RNPA (fs.258) y con ello ser el Sr. Cristin el damnificado directo por el hecho dañoso, a mérito de las previsiones de los arts. 1078, 1095 y 1110 del Código Civil, en tanto lo que pretende es el valor del mismo, las consecuencias derivadas de su privación como surge de autos, y el daño moral padecido como consecuencia del ilícito.

Nuestro sistema de responsabilidad se apoya en un principio rector, naeminen laedere, o el deber de no dañar que se impone en cabeza de todos los sujetos con independencia del «tipo» de responsabilidad que se genere. En el supuesto de autos, resulta que el accionante reputa responsabilidad en la demandada por ser la propietaria de la infraestructura de la que habría desaparecido su vehículo. Este último extremo (propiedad de la playa de estacionamiento), no ha sido controvertido por la sociedad accionada, quién se limita a cuestionar la configuración efectiva del hecho y la consiguiente responsabilidad que se le reputa. A la vez que niega estar legitimada pasivamente en tanto la relación de consumo en los términos del art. 1 y 2 de la ley 24240 que invoca el actor en su demanda habría sido con una tercera empresa prestadora de servicios telefónicos, por la que sostiene Disco S.A no debe responder.Agrega que la playa de estacionamiento es totalmente pública sin obligación de compra por quién la utiliza. Sin control de ingreso y egreso. Con cartelería que anuncia que la empresa no asume responsabilidad por robo o hurto.

Se demanda asimismo a la Compañía aseguradora de la demandada con fundamento en el contrato de seguro que los vinculara. El apoderado de La Meridional Compañia de Seguros S.A. en primer término peticiona se rechace la citación en garantía de su representada y subsidiariamente se rechace la demanda. Señala que al momento de la concurrencia del hecho ventilado en autos se encontraba vigente la póliza N° 161.327 emitida por su mandante cuyo asegurado es la demandada, Disco S.A. y con una vigencia desde el 30-10-2006 al 30-10-2007. Sin perjuicio de ello invoca la cláusula 20. Deducibles «Se establece un deducible de U$S 25.000 por evento y una suma asegurada de U$S 3.000.000 por evento y de U$S 9.000.000 en el agregado anual». Señala que Disco S.A. debe responder por evento por la suma de U$S 25.000 y recién en exceso de dicho importe entra en funcionamiento la cobertura otorgada por la póliza mencionada. Por ello afirma no existe seguro para el reclamo de la actora, ya que no se ha activado la garantía que dió su mandante a la accionada.- Luego evacua el traslado de la demanda, negando los hechos y el derecho.

A tenor de lo expuesto precedentemente, la litis se encuentra válidamente constituida.

PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD- FACTOR DE ATRIBUCION-aplicación de la ley 24240:

Atento los términos en los que ha quedada trabada la litis, el ámbito de responsabilidad civil al cual queda sometido el caso de autos es la «relación de consumo». Como bien señala el Sr. Fiscal de Cámaras, «La ley argentina, en su texto original, conceptualiza al consumidor en su art.1 cuando expresa «.se consideran consumidores o usuarios las personas físicas y jurídicas que contratan a título onerosa para consumo final o beneficio propio, de su grupo familiar o social.» Integrando la legislación consumerista al plexo de los arts. 1095 y 1110 del CC se sigue que «la víctima» o damnificado por el hecho que surge de la relación de consumo debe entenderse alcanzada por la tutela de la ley 24.240, tal como lo sostuvo en forma reiterada la jurisprudencia definiendo la figura «by stander», o sea la persona expuesta a aquella relación consumeril. Por su parte, el proveedor se encuentra encuadrado en el art. 2 de la normativa consumeril, y refiere a las «personas físicas o jurídicas que en forma profesional .produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. (dictámen fiscal fs. 468 vta y 469)», lo que resulta aplicable a los sujetos de autos.

En su dictámen, el Sr. Fiscal interviniente, sostiene que habiéndose acreditado el estacionamiento del rodado del actor en la playa de estacionamiento del demandado, y la sustracción del vehículo, con lo cual coincidimos -a mérito de las probanzas ya analizadas-, corresponde la aplicación de la ley de defensa al consumidor, aún en el supuesto de no haber existido «consumo». Cabe resaltar, que el actor manifestó que luego de hacer las llamadas telefónicas regresó a buscar los envases que se encontraban en su automóvil, para efectuar compras, lo que no pudo concretarse debido al robo. Sin embargo, a pesar de ésto, es decir de no existir «consumo» coincidimos con la jurisprudencia que sostiene que no necesariamente debe existir una relación contractual para la aplicación de ésta normativa.

En ésta tesitura, hemos puntualizado en un caso análogo (Naranjo Juan c/ Libertad S.A. -ordinario) que:»La responsabilidad del hipermercado por la sustracción del automotor del actor en la playa de estacionamiento nace de la relación genérica de consumo, que comprende, junto con la prestación principal, en forma coligada y conexa, el uso de dicha playa de estacionamiento, pues, quien estaciona allí el automotor lo hace con la finalidad de adquirir productos y servicios diferentes y esos hechos caracterizan a la relación de consumo. La queja le niega legitimación al actor para reclamar los daños. No creo sea así. La responsabilidad, en el caso, nace de la relación de consumo, reconocida en la Constitución de la Nación como bien jurídico tutelable (art. 42), tutela proyectable sobre las reglas infraconstitucionales cuyo contenido predetermina (ley 24.240). En consecuencia la responsabilidad que emerge del incumplimiento de una relación de consumo no es contractual ni extracontractual, nace de esa relación. Los sujetos legitimados activos de ésta no son exclusivamente los consumidores quedan incluidos el usuario -quien usa y no contrata- que puede ser un invitado, familiar o un tercero ajeno, la víctima del daño causado por un producto o servicio, el afectado o expuesto a prácticas comerciales, el tercero beneficiario si ha aceptado el beneficio (art. 504 del CC) (Lorenzetti, «Consumidores» p. 87/88, ps. 108, II) y 400). (Enfasis agregado)

En sentido concordante se ha establecido que «existe una relación jurídica que obliga a los propietarios del establecimiento comercial, frente a los sujetos que estacionan sus automóviles, a restituirles los mismos a sus dueños.»(Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sentencia N 76/2004).»

Por lo expuesto, no puede Disco S.A. pretender deslindar su responsabilidad afirmando que la relación de consumo que se invoca, lo ha sido entre el actor y la empresa Telefónica Argentina, por quién no debe responder y la inexistencia de vínculo jurídico contractual o extracontractual que lo ligue al accionante.Ya dijimos que la responsabilidad que emerge de una relación de consumo no es contractual ni extracontractual, sino que simplemente nace de dicha relación. Que para que opere ésta responsabilidad no se exige la acreditación del «consumo» efectivo. También hemos expuesto que la playa de estacionamiento forma parte de la infraestructura del demandado – lo que no ha sido negado- limitándose a expresar Disco S.A. -en torno a las características de la misma- que es de libre acceso y totalmente gratuita. Sin registros de ingreso y de egreso. Lo que resulta irrelevante a la hora de deslindar responsabilidad.

«Se trata de un depósito necesario el hecho de que el consumidor deposite, necesariamente, el vehículo en la playa de estacionamiento que le brinda un hipermercado, quien asume su guarda, el deber de custodia que el contrato lleva implícito, sin necesidad de estipulación o pacto alguno al respecto, debiendo responder frente al propietario del vehículo sustraído.» (Naranjo Juan C/ Libertad S.A. -ordinario -345106/36, Sent. N° 7 del 20-02-2007 del voto de la Dra. Graciela Junyent Bas).

Por ello, como lo sostiene el Sr. Fiscal de Cámaras, «En éstos casos y refiriéndonos a los establecimientos comerciales como el de la demandada, que ofrece a su clientela un estacionamiento gratuito, que lleva también a la comodidad del que concurre a él -ya sea a consumir alimentos, efectuar compras, etc, tiene como fin el asegurarse una mayor clientela, como lo que puede agrandarse la posibilidad de compra de los productos que se exponen al público. Es decir que el servicio de estacionamiento gratuito que se presta por parte de éstas empresas dedicadas al comercio, no lo es de forma totalmente desinteresada, y no llegaría -en principio-, a configurar un contrato de depósito o garage» (CCC 4ta Cba Sente N° 66 del 22-04-04) (dictámen Fiscal fs.470/470 vta.). Es decir, si la demandada dispone de un espacio en la playa de estacionamiento para los clientes, entonces no puede deslindar la responsabilidad que le compete por lo que sucede en ese espacio, estando obligada por el deber de seguridad, ya que la misma también obtiene un beneficio comercial, le ofrece al consumidor la posibilidad de estacionar en el predio, lo que favorece la relación consumeril que los une.

Además siendo que la demandada contrató un seguro con una compañía a la que se citó en garantía, resulta dirimente considerarlo, pues ello implica un reconocimiento del deber de prestar custodia, con la consiguiente responsabilidad en caso de daños o sustracciones de los vehículos. –

Cabe recordar, por último, que la reparación del daño encuentra sustento en la Constitución Nacional, justamente en el art. 19 que dispone «. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.» De esta norma se infiere que «Las acciones de los hombres que de algún modo perjudiquen a un tercero están sometidas a la autoridad de los magistrados.» Los hechos que dañan injustamente son reprobados por el Derecho y deben generar consecuencias jurídicas».(Cftar.: Matilde Zavala de González, Actuaciones por daños, Depalma Editor, pág. 29.).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado:»La responsabilidad que fijan los arts. 1.109 y 1.113 del Cód. Civil sólo consagra el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero.El principio «alterum non laedere», entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional, y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no la arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier decisión jurídica».(Matilde Zavala de Gonzalez, Actuaciones por daños, Jose Luis Depalma Editor, pág. 30).

Objeta a su vez el apoderado de Disco S.A., que la playa de estacionamiento, además de ser pública y gratuita, posee cartelería que anuncia con toda claridad que la empresa no asume responsabilidad por robo o hurto, de modo que quienes deciden estacionar, lo hacen bajo esas condiciones. Argumentos que resultan desvirtuados por el carácter objetivo de la responsabilidad de marras, en cuanto no adquieren entidad técnica suficiente para desvirtuar la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad supra señalados.

Tampoco logra sustento inconmovible la falta de control del ingreso u egreso de vehículos, pues en casos similares, el Derecho Judicial revela pautas precisas de aplicación en autos:».La circunstancia de que el ingreso y egreso de los automotores a la playa de estacionamiento del supermercado demandado no se registrara, impidiendo la prueba concreta y directa sobre la falta de devolución del vehículo estacionado, no impide a que se pruebe por otros medios el robo del automotor del actor». (CNCom., Sala E, «Compañía de Seguros La mercantil Andina c/ Cencosud S.A.», 07/11/02).

En igual sentido se ha dicho:». No debe dejarse de poner de relieve que si bien la playa de estacionamiento es abierta al público, el control del ingreso queda a cargo del personal del establecimiento, propio o contratado, que puede implementar los medios necesarios para detectar las personas, vehículos, horas y demás circunstancias que acreditan el movimiento de las playas, utilizando medios técnicos tales como filmaciones, etc.- Si ello no ha ocurrido o si la demandada no ha acompañado las filmaciones que pudieren obrar en su poder, es negligencia que no puede invocar en contra del pronunciamiento y que por ende debe cargar con las consecuencias de su obrar».(C. 5ª. C.C. Cba, Sent. N° 25 del 28/02/05).

Dentro del marco de responsabilidad expuesto – que responde a un factor de atribución objetivo-, que emana de la relación de consumo, no habiéndo la accionada -Disco S.A.- como señala el Sr. Fiscal interviniente- producido prueba que permita romper el nexo de causalidad adecuado entre el hecho dañoso y su consecuencia, se impone su obligación de resarcir. Resulta aplicable la disposición contenida en el art. 40 de la ley 24240, acreditado el hecho se impone el deber de responder en cabeza del demandado, quién para liberarse debió producir prueba tendiente a romper el nexo de causalidad, y no limitarse como ha acontecido en autos a negarlo ofreciendo como prueba las constancias obrantes.

9) Sentada la existencia del hecho, y la obligación de responder corresponde analizar la procedencia de los rubros reclamados.

Reclama el accionante el precio del vehículo, el que estima en $ 25.500. La privación de uso del mismo desde el día del ilícito -25 de noviembre de 2006-. Señala que ello le causa un perjuicio patrimonial grave, ya que el rodado sustraído era utilizado como herramienta de trabajo -vendedor ambulante- y le servía para transportar mercaderías varias. A la fecha de la interposición de la demanda 19 de mayo de 2008 expresa que transcurrieron 532 días.Pretende la suma de $ 80 por cada día, como indemnización por la privación del uso de su vehículo, lo que totaliza la suma de $ 4272. Manifiesta que para arribar a dicho quantum tiene en cuenta su domicilio sito en calle Barlovento N° 1921 de Barrio Parque Futura, siendo que desde allí al centro (Avda Gral Paz y Colón) existe una distancia considerable. Que el costo de un taxi (ida y vuelta) es de $ 30. Agrega que también se tiene en cuenta el uso del rodado los días feriados y fines de semana. Reclama Gastos de cerrajería, por la suma de pesos Ciento diez ($110), conforme surge de la factura acompañada (fs. 16). Y por último, la suma de pesos Cinco mil ($ 5000) en concepto de daño moral.

Con respecto al precio del vehículo, los accionados se han limitado a realizar una negativa genérica sobre el monto demandado. Ninguno de los demandados ha acreditado ni intentado acreditar un menor valor al reclamado. Sentado ello se advierte que la impresión acompañada «cotización Automotores, Sancor Seguros» resulta ser una copia simple, de la que surge el valor del vehículo (Renault Trafic, Año 1993) por la suma de $ 25.500, que es la suma que se reclama. Ahora bien, obra en autos informe de Sancor Coop de Seguros Ltda, de fecha 24-06-2009, en respuesta al oficio remitido por el que se le requiriera informar sobre el valor del rodado sustraído, modelo 1993, por el que estiman como valor del rodado Renault Trafic T 310, Año 1993 la suma de pesos Veinticinco mil ($ 25.000).- Si bien la fecha del siniestro es anterior (25 de Noviembre de 2006), y la valuación se efectúa en la fecha antes señalada, no se cuenta en autos con otro valor de referencia, por ésta razón, corresponde hacer lugar a la demanda indemnizatoria por el monto que se informa en la cotización expedida por Sancor Seguros (fs.260) por la suma de pesos Veinticinco mil ($ 25.000) ya que dicho in forme no fue impugnado por ninguna de las partes. Cabe agregar que no corresponde tomar el valor informado por Capillitas S.A. sucursal Mediterráneo Automotores (fs 272), en tanto el mismo hace referencia al valor de un vehículo Renault Trafic modelo largo y modelo corto, pero Diesel, y de conformidad a las constancias de la causa el vehículo del actor era naftero. Sin perjuicio de ello, la sucursal mencionada refiere un valor de $ 31.000 y $ 28.000, según el modelo sea largo o corto, lo que permite concluir que tratándose de un vehículo naftero, el precio menor antes señalado, de $ 25.000, luce acertado. –

En segundo término reclama en concepto de privación de uso de su rodado la suma de pesos Cuatro mil doscientos setenta y dos ($ 4272). Señala que arriba a dicha cifra, estimando un importe diario de $ 80, que multiplica por 532, que señala son los días transcurridos desde el hecho hasta la interposición de la demanda. Ahora bien, de efectuar dicho cálculo matemático se obtiene la suma de $ 42560. Por otro lado señaló que la Trafic era utilizada como herramienta de trabajo (vendedor ambulante), extremo que no fue acreditado. Señaló, para arribar al quantum diario peticionado, que debe tenerse en cuenta el lugar de su domicilio, en relación al centro de la ciudad, estableciendo que el costo de un taxi, viaje ida y vuelta asciende a la suma de $ 30. Cabe agregar que el monto total reclamado de $ 4272, tampoco surge de multiplicar los días (532) por la suma de $ 30, lo que arroja un total de $ 15.960. Hemos sostenido en torno a éste rubro indemnizatorio que el usuario de un automotor (cualquiera sea el título en que se apoye esa calidad) tiene derecho a usarlo como instrumento de satisfacción de las necesidades cotidianas de la vida, y el valor económico que representa ese uso constituye la fuente de un daño cierto y resarcible.Este se mensura mediante el costo del empleo de medios de transporte que reemplacen la función del siniestrado. El daño no nace en todos los casos de la realidad de los gastos, y sí de la necesidad de realizarlos para mantener una situación igual a la que gozaba antes del hecho, pues la víctima tiene derecho a ser colocada en situación similar a aquélla en que se encontraría de no haber ocurrido el hecho perjudicial (art. 1.083, C.C.). (CCC 8va. «Chaij Jorge Rodolfo C/ Hipermercado Libertad Ordinario 128400/36).

Sin duda que probado el hecho del robo del automóvil y por consiguiente de su privación, se impone la reparación de las sumas erogadas al recurrir a un transporte sustituto, tanto para traslado a lugares de trabajo como hacia otros destinos. La indisponibilidad del uso del rodado, trae aparejado un daño que resulta indemnizable, ya que el el actor debió recurrir a un medio alternativo, que requiere una erogación extra, que se presume. Ahora bien, como se expuso precedentemente con las referencias proporcionadas por el actor, gastos diarios por pesos Ochenta, valor del taxi por pesos treinta, multiplicados por los días señalados, exceden ampliamente el monto que por éste rubro reclama, por lo que consideramos, ciñendonos al principio de congruencia que corresponde reconocerlo por la suma reclamada de pesos Cuatro mil doscientos setenta y dos ($ 4272).

En tercer término reclama el actor los gastos de cerrajería por las suma de pesos Ciento diez ($110), atento que el día del hecho debió cambiar la cerradura de su casa, ya que en el vehículo que le fuera sustraído se encontraban las llaves de su vivienda particular. En torno a éste reclamo, si bien a fs. 16 se glosa copia de la factura expedida por Cerrajería Rutas’s atento las constancias de autos, dicha documental, que reviste la condición de instrumento privado, no ha sido debidamente reconocida por quién supuestamente la confeccionó, lo que quita valor probatorio para que proceda este rubro reclamado.De otro costado, en el cuerpo de la misma no se ha consignado la fecha de su emisión. Si bien ésta documental ha formado parte del plexo probatorio, ha sido considerada en su contexto, y ha servido como otra presunción más para fundar la acción, no resulta válida para hacer procedente éste especial reclamo, el que debe ser rechazado.-

Por último cabe referirnos al daño moral reclamado, que ha sido estimado por el peticionante en la suma de pesos Cinco mil ($ 5000).- El daño moral es un padecimiento de índole espiritual que sufre una persona en sus afecciones legítimas. No existen dudas de la angustia que debe haber experimentado el actor al no encontrar su automóvil en el lugar donde fue estacionado y de las molestias, perturbaciones posteriores a las que debe haberse sometido, por la falta de su vehículo. Por lo que también consideramos procedente el resarcimiento de éste daño y en igual tesitura nos hemos expedido en casos análogos (Torres Orellana León C/ Carrefour Argentina S.A. -Ordinario 20l003/36).

Sin bien procede éste rubro, consideramos justo y razonable establecerlo en la suma de pesos Dos mil ($ 2000). En autos «Raffa Jorge Antonio C/ Libertad S.A.-Ordinario D y P otras formas de responsabilidad extracontractual -688657/36»), supuesto similar al presente hemos manifestado que compartimos la doctrina sustentada por el T.S.J. en cuanto para la cuantificación del daño moral, se deberá tener en cuenta casos lo resuelto en casos análogos, donde una Cámara de esta ciudad, haya cuantificado una suma similar o que se entienda razonable.

En tal sentido se ha sostenido:».La resolución parcialmente anulada ha sido adoptada sin establecer una relación lógica y de suficiente razonabilidad entre las variables utilizadas para calibrar la condena pecuniaria y el daño moral a resarcir, exhibiendo una motivación aparente por falta de acabados y suficientes motivos que sostengan el notorio aumento del monto otorgado.Que además, no se ha advertido como una buena metodología aconseja, siendo la materia de indiscutida imprevisibilidad; por ejemplo el colocar el monto en cuestión, en una valoración de contexto con otras indemnizaciones más o menos de tenor parecido y que hayan sido dictadas por los tribunales de la misma instancia al interviniente. Que la debida fundamentación excluye la posibilidad de dejar librado el monto que se condena a pagar sólo al meditado arbitrio judicial, o a la mera enunciación de pautas realizada de manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado a que se arriba, máxime si las mismas no se vinculan particularmente con las probanzas rendidas en la causa. Que desde este punto de vista, son justamente las reglas de la experiencia como contenido efectivo de la sana crítica racional, a la sazón modo prescripto para la ponderación de las pruebas, las que imponen que las respuestas judiciales, que si bien no pueden ser de consenso, tengan una base de sustentación en la cual la mayoría de las personas estén acordando y que, en gran medida y en esta especie tan particular de cuantificar el daño moral, pasa por atender reflexivamente a las mismas dictadas en cuestiones análogas si existieran. Que debió vincular los parámetros de razonabilidad y previsibilidad que otros casos, al menos en el contorno fáctico han podido considerar».(T.S.J. Sala Civil, y Comercial en autos «LOPEZ QUIROS CARLOS HERMINIO C/ CITIBANK N.A.-ORDINARIOS-OTROS-EXP.Nº 601078/36»).

Entonces, corresponde imponer un resarcimiento económico para compensar el dolor espiritual, el sentimiento de humillación y la angustia que el hecho del robo del automotor pudo razonablemente haber producido en la víctima, pero la cifra reclamada en la demanda de $ 5.000 luce excesivo, porque no se trata de compensar una pérdida irreparable, como puede ser la muerte de un ser querido, ni una lesión a la persona en su cuerpo, sino que con la reparación del daño material, la pérdida del vehículo ha sido resarcido, por lo que entendemos como razonable la suma antes señalada. Teniendo en cuenta casos análogos, esta misma Cámara condenó por el robo de una automotor en la playa de un Hipermercado, similar al presente, por el daño moral por la suma de pesos Un Mil, en autos «Torres Orellana, Leon c/ Carrefour Argentina S.A. – ordinario-daños y perj.-otras formas de respons. extracontractual 201003/36, C. 8a. C.C., Sent. N° 47 del 14/04/11».

En otro caso de derecho del consumo, aunque no exacto al de autos, se condenó por daño moral por la suma de pesos Dos Mil, por mal trato en un contrato de consumo de telefonía celular, en autos «Cuello Fernando José c/ Telecom Personal-ordinario-daños y perjuicios-otras formas de responsabilidad extracontractual,» de la Cámara 4ta. C.C. Sent. N° 25 del 29/03/05.

10) Intereses: A mérito del criterio adoptado por éste Tribunal, corresponde aplicar a los fines de mantener incólume las sumas de condena un interés equivalente a la tasa pasiva del B.C.R.A. con más una tasa del 2% mensual, desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago, que será procedente para las sumas por las que prosperan los rubros Privación de uso y Daño moral.En cuanto a la suma que se ordena abonar en concepto de daño emergente (valor del rodado), éste importe devengará igual tasa a la señalada pero desde la fecha de la tasación efectuada por Sancor Seguros, el 17 de mayo de 2008 y hasta su efectivo pago, por haber sido así expresamente solicitado por el accionante (fs. 386).

11) Por último corresponde analizar la procedencia de la acción articulada contra la citada en garantía La Meridional Compañía de Seguros S.A. Conforme surge de la contestación de la demanda y de la póliza acompañada, la demandada Disco S.A. ha celebrado un contrato de seguro sujeto a las condiciones generales y particulares del mismo.- La aseguradora ha invocado una limitación en su franquicia, conforme surge de la cláusula N° 20, de las condiciones particulares de la Póliza contratada N° 161.327, con una vigencia desde el 30-10-2006 al 30-10-2007, que se encuentra glosada a fs. 137/185 de autos. La misma dispone que » Se establece un ded ucible de U$S 25.000 por evento y una suma asegurada de U$S 3.000.000 por evento y de U$S 9.000.000 en el agregado anual», lo que significa que el asegurado, en nuestro caso Disco S.A, participará en cada evento cubierto con un importe obligatorio a su cargo por la suma señalada, de U$S 25.000. Conforme lo expuesto, y el monto de Treinta y uno mil doscientos setenta y dos ($ 31272) por el que prospera la demanda, no corresponde hacer extensiva la condena a la Compañía Aseguradora, a mérito de la franquicia antes señalada. Cabe agregar que ésta limitación en la franquicia no ha sido cuestionada por el actor, y además ha sido reconocida expresamente por el asegurado (fs.391).-

12) En cuanto a las costas, toda vez que se ha desestimado el rubro «gastos de cerrajería», por la suma de pesos Ciento diez, no corresponde imponer en su totalidad las costas al demandado, quién ha resultado vencido en casi la totalidad de las pretensiones ejercidas. Se ha sostenido que «El acogimiento parcial de la petición del accionante nos coloca entonces frente al caso de vencimiento recíproco, ya que tanto uno cuanto otro litigante ve desestimada parte de su pretensión.»Es así por ello que en tales circunstancias cobra plena aplicación el precepto del art. 132 del Cód. Procesal Civil que dispone expresamente que «las costas se impondrán prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada una de ellas», principio que no sufre excepción en el proceso de daños.»(Conf. TSJ, Sala Civil , Sentencia N 42/ 2005).

En consecuencia, y habiéndose establecido la responsabilidad de la demandada, demostrado la existencia del hecho y procediendo la indemnización por el valor del rodado, la privación de su uso y el daño moral, rechazándose solo en lo atinente al rubro «gastos de cerrajería» estimo justo imponer las costas, tanto de primera como de segunda instancia en un noventa y cinco por ciento (95%) a cargo del demandado Disco S.A. y en el cinco por ciento (5%) restante a cargo del actor.-

En cuanto a las costas, por la participación de la compañía aseguradora, considero que corresponde imponerlas al actor, toda vez que como surge de autos y afirma Disco S.A., la actora ha traído a la aseguradora innecesariamente al presente pleito, ya que previo a entablar la acción y con motivo de las medidas preparatorias diligenciadas a tal fin (fs. 79/96), tuvo conocimiento de la Poliza y de la franquicia estipulada, es decir sabía de antemano -por las sumas estimadas al demandar- que operaría la franquicia a favor de la aseguradora, por lo que resulta justo y equitativo imponerlas al actor.Como corolario corresponde revocar la regulación de honorarios efectuada en primera instancia, debiendo el juez de grado adecuar la regulación de honorarios de los letrados del actor y de los demandados al resultado de la presente queja.

Los honorarios profesionales por la labor desplegada en esta Sede, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 36, 39, 40 y CC. de la ley 9459, deben fijarse para cada uno de los letrados Dres. Norma Susana Levin, Enrique Allende y Ramiro Acuña, en el treinta y cinco por ciento del punto medio de la escala que corresponda del mencionado art. 36, con mas el porcentaje de Iva 21% por ser los mismos responsables Inscriptos ante el Afip (arts. 40 y 125 del C.A.).

Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GRACIELA M. JUNYENT BAS, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. Héctor Hugo Liendo.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO LIENDO, DIJO: I) Hacer lugar al recurso de apelación, revocando el decisorio en cuanto rechaza la demanda interpuesta por el Sr. Pablo Ezequiel Cristin en contra de Supermercado Disco S.A., dejando sin efecto la condena en costas y regulación de honorarios practicada. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a Jumbo Retail Argentina S.A. (antes Disco S.A.) para que en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, abone al accionante la suma de pesos Treinta y un mil doscientos setenta y dos ($ 31.272), con más los intereses establecidos en el considerando respectivo. No hacer extensiva la condena a la compañía de seguros, por las razones esgrimidas en el considerando respectivo. III) Imponer las costas en ambas instancias en el noventa y cinco por ciento al demandado Jumbo Retail Argentina S.A.y el cinco por ciento al actor, con excepción de las generadas por la participación de la citada en garantía las que se imponen en un cien por ciento a cargo del actor. IV) Establecer los honorarios de los Dres. Norma Susana Levin, Enrique Allende y Ramiro Acuña, por las tareas desempeñadas en esta Sede, en el treinta y cinco por ciento del punto medio de la escala del art. 36 del CA, con más el porcentaje de Iva al ser Responsables inscriptos.

Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GRACIELA M. JUNYENT BAS , DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. Héctor Hugo Liendo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de apelación, revocando el decisorio en cuanto rechaza la demanda interpuesta por el Sr. Pablo Ezequiel Cristin en contra de Supermercado Disco S.A., dejando sin efecto la condena en costas y regulación de honorarios practicada. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a Jumbo Retail Argentina S.A. (antes Disco S.A.) para que en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, abone al accionante la suma de pesos Treinta y un mil doscientos setenta y dos ($ 31.272), con más los intereses establecidos en el considerando respectivo. No hacer extensiva la condena a la compañía de seguros, por las razones esgrimidas en el considerando respectivo. III) Imponer las costas en ambas instancias en el noventa y cinco por ciento al demandado Jumbo Retail Argentina S.A. y el cinco por ciento al actor, con excepción de las generadas por la participación de la citada en garantía las que se imponen en un cien por ciento a cargo del actor. IV) Establecer los honorarios de los Dres. Norma Susana Levin, Enrique Allende y Ramiro Acuña, por las tareas desempeñadas en esta Sede, en el treinta y cinco por ciento del punto medio de la escala del art. 36 del CA, con más el porcentaje de Iva al ser Responsables inscriptos. Protocolícese y bajen.

 

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