Telecom debe resarcir a la usuaria con el equivalente al valor de una canasta y media básica total para el hogar 3 por incumplir un acuerdo

CotratroPartes: Telecom Personal S.A. s/ apelación resolución de la secretaría de defensa del consumidor – queja por rec. de inconst. denegado

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: cuarta

Fecha: 27-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-81737-AR | MJJ81737 | MJJ81737

Se aplica una multa a la empresa de telefonía por haber incumplido un acuerdo celebrado y homologado con la usuaria ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, ordenándole además a resarcir a la consumidora con el equivalente al valor de una “canasta y media básica total para el hogar 3”, que publica el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas.

Sumario:

1.-Debe rechazarse el recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, confirmar la sentencia que aplicó una multa a la empresa telefónica recurrente y mandó resarcir el daño directo sufrido por la actora, ante el incumplimiento de la compañía del acuerdo celebrado como resultado de la conciliación efectuada en sede administrativa, donde ésta había reconocido que el reintegro de la suma pagada por la usuaria no se efectivizó.

2.-Resultan inadmisibles los agravios relativos a la determinación de la multa y su graduación, ya que la autoridad de aplicación tuvo en miras la posición relevante de la recurrente en el mercado local -circunstancia que enlaza la probable generalización del perjuicio denunciado-, la especialidad del servicio en cuestión en orden a los aspectos técnicos que involucra, la intencionalidad en la comisión de la infracción -en tanto los reclamos de la usuaria no fueron abordados en tiempo prudencial, además de incumplir un acuerdo conciliatorio homologado por la misma Secretaría- y la reincidencia en la comisión de infracciones.

3.-La quejosa no logra demostrar el agravio relativo a la afectación del derecho de defensa, en cuanto no controvirtió lo sostenido por el tribunal de grado cuando aseveró que desde el momento de presentar su descargo se hallaba incorporada al expediente la documental aportada por la usuaria, abriéndose la causa a prueba, etapa donde era un imperativo de su interés acreditar la dificultad no imputable que le habría impedido el oportuno reintegro de lo adeudado.

4.-El recurso de inconstitucionalidad, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón ésta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para informar una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad.

Fallo:

Salta, 27 de septiembre de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “TELECOM PERSONAL S.A. – APELACIÓN RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO” (Expte. Nº CJS 35.786/12), y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 125/127 vta., Telecom Argentina S.A. interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya copia se agrega a fs. 117/119, que denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia obrante también en copia a fs. 103/106 vta., la que había rechazado a su vez el recurso de apelación deducido contra la resolución nº 2150/11 de la Secretaría de Defensa del Consumidor (copias de fs. 69/75), con costas.

Se agravia la impugnante argumentando que para rechazar el recurso se dijo que el planteo de inconstitucionalidad efectuado carecía de fundamentación suficiente, además de indicarse que no resultaba temporáneo. En tal sentido, sostiene que en la primera oportunidad luego de la imposición de la indemnización su parte apeló la resolución planteando la inconstitucionalidad del daño directo. Refiere que éste fue fundado in extenso en el punto IV de su recurso. Asimismo, afirma que dicho propósito fue sostenido en cada escrito donde, además, dice haber ampliado los argumentos que sustentarían la inconstitucionalidad del art. 40 bis de la Ley 24240.

Manifiesta que los cuestionamientos efectuados en torno al procedimiento llevado a cabo por la Secretaría del Consumidor en el sumario guardan estrecha relación con la inconstitucionalidad deducida, ya que -explica- frente a la indemnización ordenada debió existir al menos un proceso donde su parte hubiera podido ejercitar una debida defensa. Entiende que hubo un exceso en el ejercicio de sus facultades por parte de la Administración Pública, que no fue controlado de modo suficiente en la instancia judicial. Por tal motivo, entiende que se configuró una conducta arbitraria en el tribunal “a quo” de cara a la ausencia de consideración de aquellas cuestiones que le fueron presentadas oportunamente.Alega, por último, la afectación de su derecho de propiedad.

2º) Que el recurso intentado constituye un ámbito de tratamiento de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, características éstas que limitan casuísticamente la admisibilidad de su procedencia.

Es que lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón ésta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para informar una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad (Tomo 54:241; 59:1093; 64:855; 72:581; 105:849; 148:301, entre muchos otros).

3º) Que la queja no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados o erróneos, pues sólo comprende aquellos casos de omisiones o desaciertos de gravedad extrema que impiden su calificación como acto judicial, vulnerando así la exigencia constitucional de que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias concretas de la causa. Ello es así, habida cuenta de la naturaleza excepcional del recurso promovido, según lo ha subrayado constantemente este Tribunal con diferentes integraciones (Tomo 74:399, 801; 80:767; 125:535, entre otros).

4º) Que en el caso, el impugnante no logra rebatir los fundamentos expuestos por el tribunal “a quo”, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y -en consecuencia- confirmar la resolución de la Secretaría de Defensa del Consumidor, en virtud de la cual se sancionó a la recurrente con multa de $ 25.000 (pesos veinticinco mil), por infringir los arts.46 de la Ley 24240 y 10 de la Ley 7402, además de ordenarse en concepto de daño directo resarcir a la consumidora con el equivalente al valor de una “canasta y media básica total para el hogar 3”, que publica el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, con arreglo al art. 40 bis de la Ley 24240 y, por último, se le impuso a la firma sancionada el deber de efectuar la publicación dispuesta en el art. 47 de dicha norma.

En lo que aquí interesa, la Cámara ha rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 40 bis de la Ley 24240 frente a las valoraciones de carácter abstracto efectuadas por la aquí quejosa, sin referencias concretas a las circunstancias de la causa. Máxime cuando el tribunal de grado ha tenido presente que la infracción atribuida a la recurrente se originó en el incumplimiento del acuerdo celebrado como resultado de la conciliación efectuada en sede administrativa, donde la empresa ha reconocido que el reintegro de la suma pagada por la usuaria no se efectivizó. También el tribunal de grado tuvo en cuenta que lo actuado por la Secretaría del Consumidor, al imponer el resarcimiento equivalente a una canasta y media básica total para el hogar 3, lo hizo en el marco de las competencias que expresamente le atribuye el art. 42 bis de la Ley 24240, además de resaltar que no se invocó siquiera el fundamento de la desproporción alegada.

En relación a la sanción de multa de $ 25.000, distinguió que se trata del incumplimiento a un acuerdo conciliatorio, comprobación que constituye una infracción independiente de los hechos anteriores o externos a ese acuerdo, conforme el art. 46 de la normativa citada y art. 10 de la ley local, pasible de la sanción prevista por el art.47, razón por la que rechazó tal agravio, al mismo tiempo que consideró razonable su monto a la luz de la posición de la empresa en el mercado, preeminencia con relación al usuario, reincidencia en las infracciones, entendiéndola adecuada al fin perseguido por la norma trasgredida.

5º) Que tampoco logra la quejosa demostrar el agravio relativo a la afectación del derecho de defensa en cuanto no controvirtió lo sostenido por el tribunal de grado cuando aseveró que desde el momento de presentar su descargo se hallaba incorporada al expediente la documental aportada por la usuaria, abriéndose la causa a prueba, etapa donde era un imperativo de su interés acreditar la dificultad no imputable que le habría impedido el oportuno reintegro de lo adeudado.

6º) Que por lo demás cabe recordar que, conforme lo sostuvo nuestro Alto Tribunal Federal, el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos constituye uno de los modos universales de responder al premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, y se asienta en la idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social (cfr. CSJN, Fallos, 247:646).

Es que resultan válidas las facultades reconocidas a la administración, por las Leyes de Defensa del Consumidor 24240 y 7402, para aplicar sanciones ante la detección de infracciones, en tanto se dispuso el control judicial suficiente, mediante el procedimiento recursivo que prevén los arts. 45 de la primera y 19 de la segunda (esta Corte, tomo 169:675)

7º) Que por otra parte, cabe señalar que los agravios relativos a la determinación de la multa y su graduación carecen de sustento. Ello es así ya que de los considerandos de la Resolución nº 2150/11 (copia de fs.69/75) surge que la autoridad de aplicación tuvo en miras la posición relevante de la recurrente en el mercado local -circunstancia que enlaza la probable generalización del perjuicio denunciado-, la especialidad del servicio en cuestión -en orden a los aspectos técnicos que involucra-, la intencionalidad en la comisión de la infracción -en tanto los reclamos de la usuaria no fueron abordados en tiempo prudencial, además de incumplir un acuerdo conciliatorio homologado por la misma Secretaría- y la reincidencia en la comisión de infracciones, habiendo señalado al respecto las actuaciones pertinentes.

En relación a ello, debe considerarse que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultadas discrecionales de la administración, en cuyo ejercicio ésta no debe ser sustituida por los jueces a quienes sólo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas (cfr. CSJN, Fallos, 303:1029; 304:1033; 306:1792, entre otros), lo que no se advierte en autos.

Por lo demás, no se percibe un exceso de los límites de razonabilidad exigibles en la valoración de los antecedentes fácticos y en la aplicación y confirmación de la consecuencia jurídica, de conformidad a las previsiones y al objeto de la Ley 24240 y su concordante a nivel local, Ley 7402.Corresponde resaltar que el incumplimiento de los deberes contenidos en la ley de defensa del consumidor constituyen infracciones formales, en tanto que las sanciones en ella previstas se caracterizan por su carácter ejemplar y disuasivo, y tienden a equilibrar la relación de consumo.

8º) Que en suma, atendiendo que la doctrina de la arbitrariedad requiere para su procedencia que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación (esta Corte, Tomo 64:811 y sus citas; 71:547; 78:849, entre otros), situaciones cuya concurrencia no ha sido demostrada en autos, se impone la desestimación de la queja deducida a fs.125/127 vta.

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 125/127 vta. de autos.

II. MANDAR que se registre y notifique.

Guillermo A. Posadas -Presidente-,

Guillermo A. Catalano – Juez de Corte –

Abel Cornejo – Juez de Corte –

Gustavo A. Ferraris – Juez de Corte –

Susana Grac iela Kauffman de Martinelli – Juez de Corte –

Sergio Fabián Vittar – Juez de Corte –

Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso -Secretaria de Corte de Atuación.

 

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