Recusación del magistrado que vierte ante medios periodísticos expresiones que no constituyen información relativa a la marcha de la investigación

AAA-ResumenDeNoticiasPartes: García, Carlos s/ Incidente de Recusación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 1-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-81736-AR | MJJ81736 | MJJ81736

Recusación del magistrado que vierte ante medios periodísticos expresiones que no constituyen información relativa a la marcha de la investigación objetivamente sino que denotan juicios de valor que implican un adelantamiento de opinión sobre los hechos que debe investigar.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la queja y hacer lugar a la recusación deducida remitiéndose la causa al subrogante legal toda vez que en el caso, el magistrado aseveró a distintos medios periodísticos la existencia de responsabilidad por parte de algún inspector de la empresa de gas involucrada en el siniestro a días de haber recibido la causa, sin conocer los resultados de las pericias y sin haber tomado ninguna testimonial, resultando lógico la existencia de un recelo fundado en que se vea afectada la ecuanimidad del magistrado.

2.-Cuando se advierte sin esfuerzo que lo que transmite el juez a un medio periodístico no es información relativa a la marcha de la investigación, sino juicios de valor que superan la franquicia de la sospecha necesaria para recibirle declaración indagatoria; pues son juicios definitivos formulados antes de escuchar a quien se lo vincula en sospecha relativa a las anunciadas inconsistencias normativas, no cabe más que admitir la queja y disponer la recusación del magistrado en cuestión.

3.-Cabe recusar al juez que vierte una frase o expresión ante medios periodísticos conteniendo un juicio concluyente y que constituye un indebido adelanto de opinión sobre una materia que tiene bajo investigación y debía resolver en el futuro, pues se configura un elemento objetivo que razonablemente funda el temor de parcialidad que la parte recusante alega.

4.-Debe llamarse la atención al juez cuya recusación se disponer, respecto a la necesidad de asumir que dentro de uno de los atributos de los que debe hacer gala un magistrado -la prudencia- está comprendida la muy sencilla misión de diferenciar -en la relación con los medios de prensa- el aporte de información sobre una causa, de la emisión de opinión sobre la materia en tratamiento antes y fuera del momento en que debe pronunciarse resolviéndola, desde que lo primero es constitucionalmente exigible por principio republicano, y lo segundo está terminantemente vedado por el imperativo de mantener la imparcialidad, que también emana de la Carta Magna y los tratados internacionales incorporados.

5.-Debe confirmarse la resolución que no admitir la recusación del magistrado interviniente, toda vez que dicho instituto tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial y está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial, por lo que para apreciar su procedencia corresponde atender tanto al interés particular como al general, que puede verse afectado por el uso inadecuado de este medio de desplazamiento de la competencia de los jueces. (Del voto en disidencia del Dr. Carbone)

6.-Toda vez que del trámite del expediente surge clara la imparcialidad del instructor, al punto que desestimó la recusación de los peritos privados designados pese a alegarse por la Fiscalía parcialidad con la empresa de gas que motoriza la recusación a través de la defensa técnica designada para asistir a sus dependientes y aún cuando fueran desafortunadas las intervenciones con contenidos periodísticos de su parte, cabe considerar que las declaraciones radiales cuestionadas lo fueron en el marco de la sospecha propia de la indagatoria que había ordenado, no cabe admitir la recusación formulada. (Del voto en disidencia del Dr. Carbone)

Fallo:

ROSARIO, de octubre de 2013.-

Y VISTOS: el expediente nº 1638-año 2013 del registro de esta Cámara de Apelación caratulado «GARCÍA, Carlos s/ Incidente de Recusación» presentado por Conrado Bianchi y otros con el patrocinio letrado de los Dres. Stramazzo y Peirone; causa procedente del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción n° 9 de Rosario, donde tramita bajo el n° 970-año 2013, en que esta Sala IV es convocada a los fines de resolver la recusación no admitida del Magistrado interviniente.-

Y CONSIDERANDO: que a fs. 10/12 los imputados Bianchi, Curaba, Bolaño, Oller, Leegstra, González, Tonucci, Leturia y Vila interponen la recusación del juez de primera instancia interviniente, entendiendo que ha incurrido en la causal prevista en el inciso 4 del artículo 50 del C.Pr.P., comprometiendo su imparcialidad. Fundan su petición de apartamiento en razón de expresiones que el magistrado efectuó en distintos medios de prensa, anunciando la inmediata convocatoria a indagatoria sin esperar los resultados de la prueba técnica, apuntando una publicación del diario «La Capital» del día 02 de septiembre del corriente año, que según entienden los lleva a convencerse que la imparcialidad del juez se ve afectada. Citan jurisprudencia en apoyo a sus dichos.-

Enumeran cuales son los hechos y circunstancias que les generan inseguridad o temor, en cuanto a la falta de objetividad o imparcialidad del Dr. Beltramone para continuar con la investigación y adoptar resoluciones en la presente causa. Sindican acciones judiciales llevadas a cabo y noticias periodísticas en las que se recogieron dichos del magistrado.Del análisis de las mismas, y entendiendo que con su apresurada, infundada e inapropiada aseveración inicial respecto de la responsabilidad de Litoral Gas en el hecho de marras, concluyen que el recusado preopinó y prejuzgó. En consonancia con ello, afirman que si el magistrado asegura la existencia de responsabilidad por parte de algún inspector de la empresa referida, a días de haber recibido la causa, sin conocer los resultados de las pericias -tal como él mismo había prometido públicamente- y sin haber tomado ninguna testimonial a los vecinos del edificio, resulta lógico que tengan un recelo fundado en que se vea afectada la ecuanimidad del magistrado cuya separación de la causa procuran. Citan doctrina en sintonía con su postura, entendiendo que lo trascendente es la sensación de quien pueda ser juzgado y no la manifestación de quien juzgará respecto de que ello no ocurrirá.-

Peticionan la recusación del Dr. Beltramone y la remisión de la causa al magistrado que corresponda, ofrecen prueba en apoyo a su postura, formulan reserva de la cuestión constitucional y destacan su no oposición a la prosecución de la producción de la pericia técnica ordenada.-

A fs. 14/15 obra el auto n° 779 de fecha 17 de septiembre del presente año por el cual el Dr. Beltramone no hace lugar a la recusación planteada, elevando las actuaciones a esta Cámara de Apelación, entendiendo que la misma resulta inadmisible en razón de lo normado por el artículo 54 del C.P.P.-

Esta Sala IV dispuso a mediante auto n° 513 de fecha 26 de septiembre, proveer la prueba ofrecida por los recurrentes.En fecha 02 de octubre se reiteraron los oficios librados atento la falta de respuesta, fijándose la fecha de audiencia para la producción de prueba para el día 09 de octubre del corriente, en la que la misma se llevó a cabo con la presencia de los representantes de la parte recusante tanto en este expediente, como en el n° 1654-año 2013 donde otra parte del mismo proceso también plantea el apartamiento del mismo juez.-

A juicio de la sala resulta particularmente relevante para resolver esta recusación, la actitud del juez cuando en el punto IV de la resolución donde la rechaza (fs. 15), en inequívoca referencia a la imputación de haber manifestado a los medios de prensa que la responsabilidad de la empresa Litoral Gas era clara, deja en evidencia su percepción de que tal manifestación daría la razón al pedido de apartamiento puesto que afirma que no se acompañó soporte magnético que demuestre que él lo dijo, e introduce la posibilidad de que se trate de una interpretación periodística que no corresponda a sus reales manifestaciones.

En resumen, está dando a entender que si estuviese probado que emitió tal opinión admitiría la recusación, pero no puede obviarse la consideración de que la parte recusante ofreció producir prueba de esos dichos y el ofrecimiento no se admitió, resolviéndose de la manera expuesta sin pedir los informes propuestos.

En la audiencia llevada a cabo en esta cámara donde se recibió esa prueba no despachada en la anterior instancia, se incorpora -entre otros elementos- un CD remitido por el canal 5 de televisión de Rosario conteniendo varios videos de reportajes y conferencias de prensa del Dr. Beltramone, y en el primero de ellos -clip de video correspondiente al día 23 de agosto pasado- se ve y se escucha claramente al juez emitiendo esa manifestación. Aún sin que medie pregunta concreta, el juez instructor afirma:». y la responsabilidad legal de Litoral Gas es clara, porque es una empresa que está operando por un servicio derivado de una privatización.», agregando casi de inmediato ante el requerimiento periodístico, que no puede aportar mayores precisiones ya que todo lo que signifique opinar sobre la responsabilidad «. sería propinar.», en una evidente toma de conciencia de que lo anterior había sido un exceso.

Parece difícil que este tramo del reportaje del día aludido pudiera haberse borrado de la memoria del magistrado por lo terminante de la aseveración hecha, y la inmediata reacción posterior tendiente a salvarla; además de la masiva difusión que tuvo esa afirmación suya en todos los medios de prensa no sólo locales sino también nacionales.

Si la frase en sí misma contiene un juicio concluyente que constituye un indebido adelanto de opinión sobre una materia que tiene bajo investigación y debía resolver en el futuro, mayor elemento objetivo que razonablemente funda el temor de parcialidad que la parte recusante alega, lo constituye esa actitud de no admitir el juez que dijo lo que ahora está probado que dijo -grabado en soporte magnético- actitud que puede ser razonablemente interpretada como intención de eludir la consecuencia del exceso.

A esta desafortunada expresión se suma la verificada en un medio radial. La parte recusante adjunta un archivo de audio en soporte digital -cuyo contenido es reconocido por el propio magistrado- donde en la entrevista expresa, tras referirle al periodista que «le estoy dando una primicia» en alusión a los responsables de la administración del consorcio, que categóricamente se afirma una «anomalía grave» que amerita el llamado a recibirle declaración indagatoria a inspectores que protagonizaron hechos anteriores y no inmediatos al motivante de autos.En dicho marco emite juicios que cualquier oyente -lego o profano- entiende definitivos en relación a la habilitación de un departamento que «a criterio del tribunal no debió haber sido habilitado». En la misma dirección continua agregando que el tribunal ha constatado que «la gran mayoría de los departamentos no estaba en condiciones en función de la misma normativa que debía haberse aplicado a partir de la constatación de un departamento que no la cumplía».

Se advierte sin esfuerzo que lo que transmite el juez no es información relativa a la marcha de la investigación, sino juicios de valor que superan la franquicia de la sospecha necesaria para recibirle declaración indagatoria; pues son juicios definitivos formulados antes de escuchar a quien se lo vincula en sospecha relativa a las anunciadas inconsistencias normativas.

De tratarse de un periodista quien así se expresara, podría hablarse que transita por los andariveles del llamado «periodismo de opinión»; modalidad incuestionable -y tributaria de la garantía preferida al decir de Alberdi- del ejercicio de la libertad de prensa, pero que deviene reprochable en cabeza de un magistrado, quien por su obligación funcional debe formular los juicios una vez escuchado el destinatario de la sospecha (art. 18 de la Constitución Nacional) y llegada la oportunidad procesal de emitirlos.

No es incompatible -es más, muchas veces indispensable en hechos conmocionantes como el que nos ocupa- la labor informativa y el resguardo de las garantías constitucionales y el debido proceso.Hoy no podrían sostenerse en función del principio republicano de gobierno, reglamentos que -formalmente vigentes, pero en franco desuetudo en función de encontrarse en pugna con la constitución- preordenaban al juez -por ejemplo- no dar a publicidad el contenido de resoluciones que no se encuentren firmes; pero tal franquicia -innegable por cierto- no genera una obligación de hacer una suerte de «minuto a minuto» de la información acopiada, pues se corre el riesgo de brindar información de baja calidad y que en lo futuro puede condicionar al propio magistrado; pues no se advierte -más en el marco dinámico de una investigación- como puede volverse atrás de un juicio categórico emitido a partir de información a la postre no confirmada.

Los integrantes de esta cámara conocen suficientemente al Dr. Beltramone como para no abrigar ninguna duda acerca de su honestidad personal, pero eso no lo exime -a él ni a nadie- de cometer un error como el aquí verificado exteriorizando antes de tiempo una opinión, que al ser expuesta además sin contar aún con los resultados de las pruebas en curso, es capaz de generar en quienes no lo conocen -las personas imputadas- el comprensible temor de que el juez que debe investigar y resolver con imparcialidad, tiene ya antes de producir la prueba formada una opinión en su contra.

Esta sala -con distinta integración- ha tenido oportunidad de citar las afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la aludida garantí a de imparcialidad del juez -voto del Dr. Fayt- quien con la claridad que lo caracteriza, ha sostenido – trayendo en referencia la jurisprudencia internacional recibida – que: » Con respecto a la extensión otorgada a la garantía, resulta ilustrativa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la que constituye un parámetro válido para la interpretación de las garantías constitucionales que se hallan biseladas por disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 318:2348; 319:2557; 322:1941, entre otros y voto del juez Fayt, Fallos:327:5863). Así pueden mencionarse los fallos «Piersack vs. Bélgica» (1982); «De Cubber vs. Bélgica» (1984); «Hauschildt vs. Dinamarca» (1989); «Jón Kristinsson» (1990); «Oberschlick» (1991); «Pfeifer y Plankl vs. Austria» (1992); «Castillo Algar vs. España» (1998); «Tierce y otros vs. San Marino» (2000) y «Kyprianou vs. Chipre» (2004), entre otros, en los que bastó para considerar violada la garantía de imparcialidad la mera presunción con sus matices, según el caso de que los jueces estaban imbuidos de prejuicios iniciales acerca de la imputación. En similar sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido una lesión a la garantía de la imparcialidad ya por el hecho de que hubiera existido una sospecha razonable en cuanto a la existencia de una predisposición subjetiva por parte de los integrantes del tribunal contra el acusado, en relación a las futuras decisiones que aquellos adoptasen (caso «William Andrews vs. Estados Unidos»; informe N° 57/96 del 6 de diciembre de 1996). (CSJN. Pontoriero, Rubén Alfredo s/ incidente de recusación al juez federal Leopoldo Rago Gallo, causa N °13.670C.).

La situación así generada es particularmente delicada porque se tiene bajo tratamiento uno de los desastres más graves que ha sufrido la ciudad de Rosario, y el más elemental y básico aporte que es necesario hacer desde aquí en memoria de tantas víctimas lo constituye el desarrollo de una investigación lo más pulcra y eficiente posible, que no brinde ocasión a cuestionamiento fundado de ninguna naturaleza, y posibilite arribar en el futuro a una decisión esencialmente justa en la atribución de responsabilidades que quepa efectuar.Esta sala ha sido tradicionalmente restrictiva en la interpretación de causales de apartamiento de jueces, pero estima que en el caso es evidente que no se ha estado a la altura de la exigencia mencionada en el párrafo anterior, y preocupa la reiterancia, porque es de público y notorio conocimiento -se anotició en los medios de prensa- que tanto la Sala I de esta Cámara en fecha 26 de julio pasado (auto n° 260 in re «Olmos»), como también la Sala II en fecha 20 de setiembre pasado (auto n° 314 in re «Baggio»), se vieron en la necesidad de apartar al Dr. Beltramone del conocimiento de otras causas, y en ambos casos por una similar circunstancia de indebido adelantamiento de opinión en los medios de prensa; en la segunda de las cuales se hizo una clara advertencia al Dr. Beltramone sobre lo establecido en los arts. 5.2 y 6.13 del Código de Ética del Poder Judicial.

Esta reiterancia determina la necesidad de llamar la atención del Dr. Beltramone respecto a la necesidad de asumir que dentro de uno de los atributos de los que debe hacer gala un juez -la prudencia- está comprendida la muy sencilla misión de diferenciar -en la relación con los medios de prensa- el aporte de información sobre una causa, de la emisión de opinión sobre la materia en tratamiento antes y fuera del momento en que debe pronunciarse resolviéndola. Lo primero es constitucionalmente exigible por principio republicano, y lo segundo está terminantemente vedado por el imperativo de mantener la imparcialidad, que también emana de la Carta Magna y los tratados internacionales incorporados.

Por tanto, la Sala IV de la Cámara de Apelación en lo Penal;

RESUELVE: admitir la queja y hacer lugar a la recusación deducida, debiendo el a-quo tomar nota de lo consignado en el último párrafo de los considerandos y remitir la causa al subrrogante legal.

Insértese, agréguese copia, hágase saber y baje, agregándose el incidente por cuerda al principal.

Disidencia del Dr. Carbone:en el caso de marras más allá de resultar inadecuadas en el contexto procesal las declaraciones que se mencionan como puntos de apartamiento, no puede soslayarse la transparencia, honestidad y bilateralización del procedimiento impuestos por el aquo, sin ordenar detenciones pudiendo haber ordenado detenciones y no lo hizo (art. 301 a contrario sensu y art. 302 del CPP no desarticulado ni por la ley 13.018) y a pesar de estar en el marco instructorio donde la oficiocidad es la nota, toda vez que no se ha modificado un ápice de la actividad instructora lo que solo será posible en el marco de la implementación del nuevo sistema. Peor, deja al juez el deber de investigar con solo la compañía fiscal, y a su vez por tratarse de un estado democrático y republicano, sentir que debe dar cuenta de sus actos – como si fuera el fiscal- a través de la prensa, máxime en un asunto tan grave y trágico, con numerosas víctimas y enormes daños materiales, más allá de dar a conocer sus resoluciones. Esta dualidad seguramente le jugó en contra al instructor, aunque de buena fe, sensibilizado y viéndose de algún modo obligado a explicar prácticamente cada uno de los actos procesales importantes de la causa como estandarte de transparencia, generando intervenciones desafortunadas en dicho trance. Sin embargo, la prueba traída, no refleja certeramente que se justifique ese temor de parcialidad alegado.

A juicio del suscripto, si con tales declaraciones pudo generar ese temor de imparcialidad es necesario analizar haciendo un balance, tipo clearing de valores, donde esas declaraciones se analicen luego de una compulsa con el accionar jurisdiccional. Y del trámite del expediente surge clara la imparcialidad del instructor, al punto que desestimó la recusación de los peritos privados designados pese a alegarse por la Fiscalía parcialidad con la empresa de gas que motoriza la recusación a través de la defensa técnica designada para asistir a sus dependientes.

En cuanto al soporte de las declaraciones televisivas llama la atención que la frase:» la responsabilidad de Litoral es clara» contenidas en el DVD tardíamente remitido, sea prácticamente inentendible antes y después de esa frase, tanto el DVD recién acompañado en la víspera en plena actividad de las audiencias, como el segundo DVD acompañado en la fecha, por lo cual no puede analizarse el contexto en el cual el juez las dijo, al contrario aparecen como «descolgadas» del tema de la demolición que se venía refiriendo en la parte que se entiende. Por lo cual surge la duda si las mismas se dijeron en esa conferencia de prensa del 23 de agosto – lo que parece negativo conforme lo que surge de la misma publicada en Youtube o en otra secuencia posterior ante cronistas del canal. No se niega que haya dicho esa frase sino en que contexto que se expresaron, por ejemplo si fue en respuesta de alguna pregunta y cual habría sido la misma porque bien pueden referirse a la responsabilidad civil propia de un ente de existencia ideal. Máxime cuando el audio deja escuchar que agrega «porque es una empresa que está operando por un servicio de privatización» Y si bien la responsabilidad de un ente es por la actuación de sus dependientes, no siempre el accionar de éstos que hacerla responder debe generar un delito penal. A juicio del suscripto esta probanza, tal cual está registrada, no basta para su apartamiento.

En lo demás las declaraciones radiales pueden interpretarse que las aseveraciones del juez como lo alude después, se hicieron el marco de la sospecha propia de la indagatoria que había ordenado, más allá de desafortunadas intervenciones con contenidos periodísticos de su parte.

Por lo expuesto, debe confirmarse la resolución del a quo traída en revisión en esta instancia por cuanto como tiene dicho la jurisprudencia la recusación tiene por finalidad asegurar la garantía de imparcialidad inherente al ejercicio de la función judicial. Como está dirigida a proteger el derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial, para apreciar su procedencia corresponde atender tanto al interés particular como al general, que puede verse afectado por el uso inadecuado de este medio de desplazamiento de la competencia de los jueces (Zeus R. 8, pág. 1196).

 

 

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