La responsabilidad patrimonial del Estado en el proyecto de reforma al Código Civil

LeyesAutor: Caparroz, Luciano D.

Fecha: 22-oct-2013

Cita: MJ-DOC-6475-AR | MJD6475

Sumario:

I. Introducción. II. La responsabilidad patrimonial del Estado en la actualidad. III. El anteproyecto de reforma al Código Civil. IV. Análisis crítico de las modificaciones propuestas. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Luciano D. Caparroz (*)

I. INTRODUCCIÓN

Por Decreto 191/11 , el PEN creó una comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, la cual se integró por los ministros de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) Dr. Ricardo Luis LORENZETTI (presidente) y Elena HIGHTON DE NOLASCO, junto a la profesora Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI. Dicha comisión presentó oportunamente un prolijo anteproyecto de reforma compuesto de 2671 artículos, con sus fundamentos, donde particularmente en el libro III, título V (“De otras fuentes de las obligaciones”), capítulo I (“Responsabilidad civil”), sección 10 (“Supuestos de responsabilidad especiales”), se incluyeron tres artículos relativos a la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado, que son los arts. 1764, 1765 y 1766. Solo aquí, adelantaremos que la reglamentación propuesta fue adecuada y receptó la jurisprudencia de la CSJN elaborada sobre la materia.

Una vez recibido el anteproyecto, el PEN lo modificó discrecionalmente, suprimiendo en su totalidad el contenido de los tres artículos citados sobre esta temática, pero sin publicarse los expresos fundamentos y la motivación de tal discutible decisión, posteriormente enviando al Congreso el anteproyecto modificado a través del mensaje 884 de fecha 7/6/2012. Así entonces, ya impulsado el texto de reformas, la Cámara de Diputados (HCDN) inmediatamente emitió una resolución (de fecha 4/7/2012) que creó una Comisión Bicameral Especial, que según el art. 2 de su reglamentación tiene por objeto «la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo».

La Comisión Bicameral Especial, la que no es permanente y tiene mayoría parlamentaria oficialista, en el segundo semestre del año 2012, llevó adelante quince audiencias públicas concretadas en La Plata, Neuquén, Rosario, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Bahía Blanca, La Rioja, San Luis, La Matanza, Salta, Ushuaia, el Partido de la Costa y Posadas.Se criticó mucho, respecto de estas audiencias, que el debate fue sumamente escaso, como así también el tiempo de exposición acordado a los ponentes, quienes eran representantes de los ámbitos académicos (profesores de facultad y autores de doctrina autorizada), de los ámbitos profesionales (colegios de matrícula), de los ámbitos intermedios (ONG), entre otros. Lo sumamente importante de recordar aquí sobre la realización de estas audiencias formales es que la totalidad de los ponentes que han analizado del tema «responsabilidad del Estado» se han manifestado expresamente en contra de la supresión de los arts. 1764, 1765 y 1766 insertos en el texto original del anteproyecto de reformas, ponencias que se encuentran publicadas en el sitio web oficial de la Comisión Bicameral Especial (1) de reforma.

En tal contexto descrito, en nuestro trabajo nos proponemos formular una opinión crítica al anteproyecto modificado por el PEN, para lo cual se expondrá muy brevemente y en forma comparativa cómo funciona el sistema de responsabilidad del Estado en la actualidad por oposición a cómo funcionaría con el nuevo Código unificado impulsado por el PEN, tomando como centro de análisis a la salvaguarda de los derechos constitucionales (2) de las víctimas o damnificados por daños producidos por agentes estatales, empleados o funcionarios públicos.

II. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN LA ACTUALIDAD

Sabido es que la responsabilidad del Estado no tuvo en el ordenamiento jurídico argentino una regulación específica que la sistematice.Por ello, ante la existencia de una laguna normológica, el sistema de responsabilidad estatal tuvo que elaborarse recurriéndose a la tarea de la integración (3) judicial, en la medida que comenzaban a proyectarse desde el plano fáctico de la realidad social casos concretos hacia el plano jurídico del proceso, originándose así una enriquecedora jurisprudencia de la CSJN.

El sistema de responsabilidad estatal se construye entonces abarcando la órbita contractual y la órbita extracontractual, en este último ámbito, incluyendo tanto a la responsabilidad por la actividad lícita (deber de indemnizar) como a la responsabilidad por la actividad ilícita (deber de responder), ante las acciones u omisiones de los agentes, empleados o funcionarios públicos que ocasionaban un daño en el ejercicio/ocasión de sus funciones, a una persona que calificamos como víctima o damnificado.

Tal marco jurisprudencial evolutivo de la CSJN se constituye, resumidamente, de la siguiente forma:

1) Respecto de la actividad ilícita: A partir del año 1933, con el caso “Devoto” , (4) donde se comienza a dejar atrás la otrora postura de la irresponsabilidad estatal fundada en la interpretación del art. 43 del antiguo Código Civil, y la Corte reconoce la responsabilidad extracontractual del Estado, aunque fundada (equivocadamente) en una concepción subjetiva e indirecta, por aplicación de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. Este criterio sufre una parcial alteración, en el año 1938, con el caso “Ferrocarril Oeste”, (5) donde la responsabilidad estatal sigue manteniéndose bajo una concepción subjetiva e indirecta, pero ahora fundada en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil. Recién en el año 1984, cuando el Alto Tribunal falla el caso “Vadell” , (6) la responsabilidad estatal pasa a tener una concepción objetiva y directa, fundada exclusivamente en el art. 1112 del Código Civil (falta de servicio).

2) Respecto de la actividad lícita:Destacamos en el año 1943 la emisión por la Corte del caso “Laplacette” (7) (con la doctrina del sacrificio especial), en el año 1996 el dictado del fallo “Columbia” (8) (con la doctrina de la ausencia del deber de soportar daños) y en el año 1984 la resolución del fallo “Sánchez Granel” (9) (reconocimiento del lucro cesante en la órbita contractual). No obstante, en cuanto al lucro cesante, la CSJN modificó en el año 1989 su postura en la causa “Motor Once” , tomando el dictamen de la PGN, quien propuso la aplicación analógica de la Ley Nacional de Expropiaciones 21499 , argumentándose que la solución se encontrara dentro del ámbito del derecho público y no en el régimen de responsabilidad previsto en el Código Civil. Finalmente, el Alto Tribunal, el 22/12/2009 vuelve a su posición de admisión del rubro lucro cesante en la causa “IMSA MICSA” .

Si se observan y analizan los ochenta años de evolución jurisprudencial de la CSJN sobre esta temática, se puede extraer la fundamentación normológica que el Alto Tribunal le fue acordando al sistema de responsabilidad estatal. Veamos. En cuanto a normas constitucionales, se aplicaron de la CN, por ejemplo, los arts. 14 , 16 (igualdad de las cargas públicas, conf. caso “Laplacette” (10)), 17 (protección de la propiedad privada, conf. caso “Cantón” (11)), 19 (conf. caso “Santa Coloma” (12)), 33 (derechos adquiridos) y los principios constitucionales emergentes de los objetivos preambulares (afianzar la justicia, proteger el bien común, etc.) En cuanto a normas infraconstitucionales, se aplicó la Ley 21.499 de Expropiaciones (ej. arts. 10 y 57), la Ley 19.549 (art. 18 ) y el Decreto Reglamentario 28.211/44, referido al art. 32 inc.d de la LPA (en cuanto dispone que en sede administrativa no se reconocen daños y perjuicios, reafirmado por el dictamen de la PGN, caso “Mott”), el Código Civil, verbigracia, art. 16 (analogía, hay una interpretación por extensión, solo respecto del derecho civil patrimonial, por vía de la adaptación), art. 1112 (la CSJN ha dicho que esta norma es de reenvío, en el caso “Barreto” (13)), art. 1638 (lucro cesante en el ámbito de la responsabilidad contractual), art. 1074 (respecto de la responsabilidad por omisión), las leyes de reparación 24.043 y 24.411 (reconocimiento de una indemnización tarifada a los causahabientes de desaparecidos forzadamente, no incluyéndose a las personas por nacer, conf. lo dicho por la CSJN en el caso “Blanco” (14)).

Respecto de la responsabilidad por la actividad lícita: Para hallar su fundamentación, aquella que permite que el Estado indemnice algún daño ocasionado no obstante haber sido su actividad regular, habrá de recurrirse a la dimensión dikelógica. Se aplica un criterio de justicia distributiva (consideraciones de solidaridad social) para permitir -a veces hasta por cuestiones humanitarias- indemnizar en estos casos, algo inconcebible en el derecho privado. En la órbita extracontractual, han procedido reparaciones en casos tales como la revocación de un acto administrativo regular (por razones de oportunidad, mérito y conveniencia), o cuando se prohibió una actividad, o en casos de ocupación temporánea, requisiciones, servidumbres, órdenes represivas y expropiaciones, siempre que se imponga un sacrificio especial al damnificado y exista un daño cierto.

Respecto de la responsabilidad por la actividad ilícita (o ilegítima) y por el hecho (ilícito): La responsabilidad del Estado (deber de responder) es siempre directa y objetiva, y puede originarse tanto por las acciones u omisiones de los agentes, empleados o funcionarios públicos que ocasionen un daño en el ejercicio/ocasión de sus funciones.Las acciones pueden haber sido ocasionadas en cualquier órgano del poder de Estado, así en el Poder Ejecutivo (ej. actuación de la policía o fuerzas armadas con las armas de fuego), en el Poder Legislativo (ej. una ley inconstitucional) o en el Poder Judicial (ej. orden irregular, error judicial), como así también las omisiones, en el Poder Ejecutivo (ej. omisión de señalamiento , omisión a las obligaciones de seguridad, la falta de servicio), en el Poder Legislativo (ej. las omisiones inconstitucionales respecto del resguardo de derechos sociales) o en el Poder Judicial (ej. omisión de orden oportuna, el servicio defectuoso, la falta de servicio). Respecto al hecho ilícito (vicio o riesgo de las cosas), se ha hecho responsable al Estado en casos tales como la caída de árboles, mampostería, existencia de pozos en las calles o veredas rotas, caída de ascensores, colisiones de autos oficiales, muelles averiados, etc.

En cuanto a los presupuestos que componen a la teoría general de la responsabilidad patrimonial estatal pública, (recordando que los factores de atribución siempre serán objetivos), la CSJN en diversos fallos (15) ha dicho que son los siguientes:

a) Imputación jurídica de la acción u omisión del funcionario al Estado: Se aplica la teoría del órgano, es una imputación directa, siempre que haya sido en ejercicio u ocasión de la función.

b) Daño resarcible: La consideración de la extensión del resarcimiento no es sencilla. En la actividad lícita la reparación es limitada (conf. casos de la CSJN “Cantón”, “Laplacette”, “Motor Once”, “Winkler”, con la salvedad de los casos “Sánchez Granel”, “Juncalán”, “Imnsa”), mientras que en la actividad ilícita se busca la integralidad de la reparación, en la medida que el daño sea cierto, actual y subsistente.

c) Conexión causal: La causalidad debe ser directa, inmediata y exclusiva. Se aplica la teoría de la causalidad adecuada y la previsibilidad del daño, conf.casos de la CSJN “Tejedurías Magallanes” y “Ledesma”.

d) Ausencia del deber jurídico de soportar el daño: Así lo estableció la CSJN en los casos “Columbia” y “Cantón”.

Finalmente, es importante tener presente respecto del sistema de responsabilidad patrimonial estatal público, lo relativo a la jurisdicción y la competencia judicial. En algunos casos la jurisdicción puede ser federal, tramitándose la causa por responsabilidad del Estado en un juzgado federal contencioso-administrativo o uno civil (según la naturaleza del acto o hecho), y en otros puede ser la ordinaria, donde -por ejemplo, en las provincias-, ante el hecho ilícito generado por el riesgo o vicio de una cosa utilizado por el agente público, el caso se resolverá en los tribunales civiles de responsabilidad extracontractual.

Ahora bien, con el anteproyecto de reforma modificado por el PEN, el ejercicio del derecho constitucional a la reparación se verá alterado o resentido, pues al regirse todos estos casos por el derecho administrativo, la jurisdicción y la competencia serán de los juzgados contencioso-administrativos, fuero donde es pública y notoria la influencia política que ejerce el Gobierno, circunstancia que repercutirá en ejercicio del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

III. EL ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL

1. El texto original

La comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación (integrada por LORENZETTI, HIGHTON De NOLASCO y KEMELMAJER De CARLUCCI) presentó dentro del anteproyecto de reforma (16) un adecuado tratamiento de la responsabilidad patrimonial del Estado, en tres artículos (arts. 1764, 1765 y 1766) que seguidamente reproducimos:

«Art. 1764 Responsabilidad del Estado – El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.

»Art.1765 Responsabilidad del funcionario y del empleado público – El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes.

»Art. 1766 Responsabilidad del Estado por actividad lícita – El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad solo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro».

El trabajo de la comisión de reformas sobre esta temática ha sido sin dudas el constitucionalmente correcto. Frente al debate de si el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado debe ser regulado por el derecho administrativo (derecho público) o por el derecho civil (derecho privado), la comisión decide firmemente que sea reglamentado razonablemente por el derecho civil codificado. Pero ¿por qué? Muy sencillo, porque el derecho civil toma como centro de exclusiva protección a los derechos constitucionales de las víctimas o damnificados (procurando que la extensión del resarcimiento sea lo más integral posible), coadyuvando a la plena vigencia sociológica del derecho constitucional a la reparación, (17) al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, y a la igualdad, entre otros derechos. Dentro del ámbito del derecho civil, se procura entonces que el Estado responda como lo hace un particular, corrigiendo indebidas asimetrías que pueden derivar del ejercicio de las potestades públicas, dentro de la especial relación jurídica que une a la víctima del daño con el Estado.Si el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fuese regulado por el derecho administrativo (derecho público), la relación jurídica que unirá a la víctima del daño con el Estado no se desenvolverá en un plano de igualdad, ya que en derecho administrativo el Estado tiene potestades exorbitantes al derecho privado, lo que atenta contra la eficaz vigencia sociológica del derecho constitucional a la reparación del damnificado. Dicho en otras palabras, no resultaría axiológicamente justo desde la posición de la víctima de un daño obtener una reparación integral o plena en sede civil si se lo ha ocasionado un particular, mientras que si se lo ha ocasionado un agente público, en sede administrativa obtendría una reparación limitada por imposición de un cuestionable régimen especial.

Ello lleva a concluir, seriamente, la inconveniencia de la creación legal de dos regímenes de responsabilidad patrimonial distintos (uno para los particulares y otro para el Estado), alterando el principio constitucional de igualdad (art. 1 CN), propio de una república. Con mayor precisión, recordamos que en un Estado de derecho la administración está irreversiblemente sometida a la Ley Suprema, y el anclaje ideológico que orientará al deber de reparar será aquel previsto en un Estado social de derecho (ESD), (18) donde se toma como centro de interés y análisis a la víctima del daño.

Respecto al contenido que la comisión de reforma acordó a la redacción de los arts. 1764, 1765 y 1766, no podemos decir sino que ha sido la acertada, pues recepta los ochenta años de evolución jurisprudencial de la CSJN. Así, en el art.1764, cuando se prescribe que el Estado responderá objetivamente por el ejercicio irregular de sus funciones, el anteproyecto toma la legendaria doctrina judicial sentada en el caso “Vadell”, (19) debiéndose apreciar la naturaleza de la actividad (o sea, si fue lícita o ilícita), los medios de que dispone el servicio (o sea, contemplar si existió o no la falta de servicio), el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (o sea, la relación de causalidad), todos ellos presupuestos de la teoría general de la responsabilidad patrimonial estatal pública, que la jurisprudencia de la CSJN -en diversos fallos- (20) ha precisado. En cuanto al art. 1765, el mismo hace responsable de manera concurrente con el Estado al funcionario o empleado público que ocasionó un daño en ejercicio de su función, lo cual resulta correcto, pero la norma omitió prescribir que el Estado tendrá acción de regreso, por lo que hubiese desembolsado en un juicio de condena. Finalmente, el art. 1766 consagra la responsabilidad del Estado por su actividad lícita (la cual también es objetiva y directa), exigiendo como nota específica el sacrificio de un interés por el particular con desigual reparto de las cargas públicas. Aquí no se ha receptado sino la doctrina sentada por la CSJN en los casos “Columbia”, (21) y “Laplacette” (22)” y otros más (23). Seguidamente, se determina que la responsabilidad solo comprenderá el resarcimiento del daño emergente; aunque si fue afectada la continuación de una actividad, se podrá (a criterio del juez y ponderando el caso concreto) incluir la compensación del valor de las inversiones no amortizadas (o sea, el lucro cesante), receptando la doctrina de los casos “Jacarandá” (24) y “Juncalán” (25).

2.El texto modificado por el PEN

Una vez recibido el anteproyecto elaborado por la comisión de reformas, el PEN lo modificó discrecionalmente, suprimiendo en su totalidad el contenido de los tres artículos citados sobre esta temática, sin publicarse los expresos fundamentos y la motivación de tal discutible decisión, enviándose posteriormente al Congreso el anteproyecto modificado por medio del mensaje 884, de fecha 7/6/2012. Así entonces, el texto de los artículos analizados quedó redactado de la siguiente forma:

«Art. 1764 Inaplicabilidad de normas – Las disposiciones de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni de manera directa, ni subsidiaria.

»Art. 1765 Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

»Art. 1766 Responsabilidad del funcionario y del empleado público – Los hechos y las omisiones de los funcionarios públi cos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda».

Resulta digno de destacar -como anticipamos- que en las audiencias públicas realizadas a lo largo del país sobre esta reforma al Código Civil, la totalidad de los ponentes que analizaron el tema «responsabilidad del Estado» se manifestaron expresamente en contra de la supresión del texto original de los arts. 1764, 1765 y 1766. Que no se aplique ni siquiera subsidiariamente (o por analogía) las normas integrantes de la teoría general de la responsabilidad civil al sistema de Responsabilidad estatal es un despropósito. Ello significa entonces que debe crearse necesariamente un nuevo régimen de responsabilidad patrimonial: el del Estado.Ahora bien, -como acotamos- el PEN no solo no expresó ni publicó los fundamentos (argumentos) que solventen con autoridad indiscutible cuál es la conveniencia para el damnificado o víctima de un daño el ser exclusivamente protegido en cuanto a su derecho constitucional a la reparación por un sistema distinto al civil, sino que tampoco propuso o impulsó un texto legal concreto (proyecto de ley) que estructure la mentada teoría general de la responsabilidad patrimonial pública del Estado dentro del derecho administrativo. Solo se arguye en el anteproyecto modificado que la materia será regulada por el derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Pero la reglamentación del derecho constitucional a la reparación de daños, cual debe ser estructurada en base a un sistema es rigurosamente materia de derecho común (de fondo), y en consecuencia opera el art. 75 inc. 12 de la CN, en cuanto dispone que la competencia parlamentaria para la reglamentación es del Congreso Nacional.

IV.ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

Propusimos formular una opinión crítica al anteproyecto modificado por el PEN, exponiendo en forma comparativa cómo funciona el sistema de responsabilidad del Estado en la actualidad por oposición a cómo funcionaría con las normas de reenvío insertadas en el nuevo Código unificado impulsado por el PEN, tomando como centro de análisis a la salvaguarda de los derechos constitucionales (26) de las víctimas de daños producidos por agentes estatales, empleados o funcionarios públicos.

Así entonces, se observa que en la actualidad el sistema de responsabilidad estatal se rige por pautas jurisprudenciales de la CSJN, donde por vía de la integración pudo dotarse a la teoría de cierta fundamentación normológica, compuesta de normas constitucionales e infraconstitucionales (ver punto II de nuestro trabajo). Dicho sistema -vigente desde hace más de ochenta años-, gracias a la aplicación subsidiaria o analógica del derecho civil, pudo entregar respuestas concretas a las necesidades de acordar real vigencia sociológica del derecho constitucional a la reparación de las víctimas de daños ocasionados por agentes estatales. Ello porque el derecho civil (a diferencia del administrativo), toma como centro de exclusiva protección a las víctimas o damnificados, procurando que la extensión del resarcimiento sea lo más integral posible.Dicho en otras palabras, se requiere que el Estado responda como lo hace un particular, corrigiendo las indebidas asimetrías que pueden derivar del ejercicio de las potestades públicas (propias de un régimen exorbitante al derecho privado). Ya hemos dicho que en un Estado de derecho la administración está irreversiblemente sometida a la Ley Suprema, y por ello el anclaje ideológico que debe orientar al deber de reparar es el previsto en un Estado social de derecho (ESD), donde el centro de interés es la víctima del daño.

Por el contrario, si el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fuese regulado por el derecho administrativo (como lo impulsa el PEN), la relación jurídica que unirá a la víctima del daño con el Estado no se desenvolverá en un plano jurídico-constitucional de igualdad. Las prescripciones de reenvío que determinan expresamente que «la responsabilidad del Estado se regirá por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda» solo provocan en la realidad concreta e inmediata la remisión a un vacío jurídico (por ausencia de un régimen específico) axiológicamente injusto, y normológicamente inconstitucional, por desconocer a la CN en cuanto protege al derecho a la reparación, el acceso a la justicia, la igualdad, la tutela judicial efectiva y la competencia del PLN para reglamentar el derecho de fondo.

V. CONCLUSIONES

Por todo lo analizado en este trabajo, llegamos a concluir, seriamente, la inconveniencia de la creación legal de dos regímenes de responsabilidad patrimonial distintos (uno para los particulares y otro para el Estado), lo cual altera el principio constitucional de igualdad (art. 1 CN), propio de una república.

De aprobarse el Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación con las modificaciones del PEN en cuanto a los arts.1764, 1765 y 1766 -que no fueron fundamentadas y desconocieron ochenta años de evolución jurisprudencial-, no dudamos de que dichas normas serán declaradas inconstitucionales por el Poder Judicial, por ser una reglamentación irrazonable (art. 28 CN) y no ajustarse a los derechos supremos que hemos citado (fundamentalmente, el derecho a la reparación), conforme lo establece el principio de supremacía constitucional (art. 31 CN).

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(1) Las ponencias pueden consultarse en http://www.ccycn.congreso.gov.ar.

(2) Por ejemplo, el derecho constitucional a la «reparación», el derecho de igualdad, la protección del bien común y los intereses públicos.

(3) La «elaboración» (de las normas por la vía de la integración judicial) es una tarea -entre otras más- que se analiza científicamente dentro del estudio del funcionamiento de las normas, cuando justamente existe una carencia de las mismas. (Otras tareas son, por ejemplo, la determinación, la interpretación y la aplicación), conf. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, La conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas-metodología jurídica, Rosario, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 70. Íd., Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al derecho, 6ª ed., Bs. As., Depalma, 1986, pp. 251 y ss.

(4) CSJN, caso “Tomás Devoto y Cía. S. A. c/ Gobierno Nacional”, 22/9/1933, MJJ9422.

(5) CSJN, caso “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires”, 1938, Fallos 182:5.

(6) CSJN, caso “Vadell, Jorge Fernando”, 18/12/1984, MJJ8454.

(7) CSJN, caso “Laplacette, Juan”, 1943, Fallos 195:66.

(8) CSJN, caso “Columbia S. A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda”, 12/12/1996, MJJ15969.

(9) CSJN, caso “Sánchez Granel Obras de Ingeniería”, 20/9/1984, MJJ82232.

(10) CSJN, caso “Laplacette, Juan”, 1943, Fallos 195:66.

(11) CSJN, caso “Cantón, Mario Elbio”, 15/5/1979, MJJ82068.

(12) CSJN, caso “Santa Coloma, Luis Federico y otros”, 5/8/1986, MJJ46286.(13) CSJN, caso “Barreto Alberto Damián y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otro”, 21/3/2006, MJJ6783.

(14) CSJN, caso “Blanco Luciano Ramón c/ Ministerio de Justicia y DDHH ­art. 3º ley 24.043 (resol. 399/03)”, 12/8/2008, MJJ37907, con nota a fallo realizada por CAPARROZ, Luciano, “La persona por nacer ante la Ley 24.043”, diario La Ley, 12/2/2009, p. 6.

(15) Vrg. CSJN, caso “Tejedurías Magallanes” , 19/9/1989, MJJ74067; caso “Columbia”, MJJ15969; caso “Vadell”, MJJ8454; caso “Godoy” , 13/10/1994, MJJ61732; caso “Ledesma”, Fallos 312:2022, entre otros.

(16) Puntualmente, en en el Libro III, Título V (de otras fuentes de las obligaciones), Capítulo I (Responsabilidad Civil), Sección 10 (Supuestos de responsabilidad especiales).

(17) Sobre la “base constitucional” que ostenta el derecho a la reparación, puede consultarse a: SAGÜÉS, Néstor, “Notas sobre la dimensión constitucional del derecho a la reparación”, en ED, T 202, pág.843, LORENZETTI, Ricardo L., “Fundamento constitucional de la reparación de los daños”, La Ley, 2003-C, 1184, PUCCINELLI, Oscar Raúl, “Derecho constitucional a la reparación”, E.D. 167-969, LAPLACETTE, Carlos, “Derecho constitucional a la reparación de daños”, diario La Ley del 17/09/2012, ALFERILLO, Eduardo, “La influencia de la Constitución Nacional en el Derecho de Daños”, publicado on line por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en http://www.acaderc.org.ar.

(18) Sobre el tema, ver a ALFERILLO, Eduardo, “La influencia de la Constitución Nacional en el Derecho de Daños”, publicado online por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en http://www.acaderc.org.ar y SAGÜÉS, Néstor, “Notas sobre la dimensión constitucional del derecho a la reparación”, en ED, t. 202, p. 843.

(19) CSJN, caso “Vadell”, MJJ8454.

(20) Ej.CSJN, caso “Tejedurías Magallanes”, MJJ74067; caso “Columbia”, MJJ15969; caso “Vadell”, MJJ8454; caso “Godoy”, MJJ61732; caso “Ledesma”, Fallos 312:2022, entre otros.

(21) CSJN, caso “Columbia”, MJJ15969.

(22) CSJN, caso “Laplacette”, Fallos 195:66.

(23) Respecto a la doctrina del sacrificio especial, la Corte Suprema se ha expresado también en los casos “Arrupé” (Fallos 176:111), “Establecimientos Americanos Graty” (Fallos 180:107), “Carlos Reisz y Cía. S. R. L.” (Fallos 248:83), “Corporación Inversora Los Pinos” (Fallos 293:630), “Buenos Aires Eximport” (Fallos 316:397), “Revestek” , 15/8/1995, MJJ45618.

(24) CSJN, caso “Jacarandá”, 28/7/2005, MJJ8828.

(25) CSJN, caso “Juncalán”, Fallos 312:2266. Aquí deben traerse a colación, las consideraciones del Dr. Bacqué in re “Juncalán Forestal” (sent. del 23/11/1989), donde expresó que la solución equitativa estriba en la necesidad de compatibilizar el interés público que motivó el obrar estatal con la necesidad de evitar la destrucción del derecho individual de l a actora (consid. 16).

(26) Por ejemplo, el derecho constitucional a la reparación, el derecho de igualdad, en equilibrio con la protección del bien común y los intereses públicos.

(*) Abogado, especialista en Derecho Administrativo, UNR. Doctorando en Derecho, UNR. Profesor Adscripto de Derecho Constitucional I, UNR. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Autor de numerosos artículos de doctrina sobre su especialidad.

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