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En tanto el deber de guarda y seguridad no fue asumido por la cochera, ésta no responde frente a la sustracción del vehículo.

CocheraPartes: Palma Luis Estanislao c/ Yañez Matilde Leonor s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Quinta

Fecha: 4-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-81317-AR | MJJ81317 | MJJ81317

Rechazo de la acción de daños y perjuicios por la sustracción del vehículo del actor de la cochera en la que lo guardaba, pues surge probado que el deber de guarda y seguridad no había sido asumido por la demandada, sino por cada uno de los locatarios de cocheras.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la acción de daños y perjuicios por la sustracción del vehículo del actor de la cochera en la que lo guardaba, pues sobrestima aspectos secundarios y sobre todo omite valorar prueba fundamental rendida en la causa y de la cual surge en forma clara, concreta y categórica que el deber de guarda y seguridad no había sido asumido por la demandada, sino por cada uno de los locatarios de cocheras, por lo que resulta además inaplicable al caso la teoría de la apariencia.

2.-El elemento esencial que caracteriza al contrato de garaje es el deber de guarda y seguridad que asume el garajista y por ende, si en el caso surge que esta obligación no ha sido convenida y que por el contrario en igualdad de condiciones cada uno de los locatarios acepta mantener en su persona la realización de las tareas de protección de los vehículos que pudieran resultar necesarias, no se está frente entonces a un contrato de garaje sino a uno de locación de cochera, en el cual el propietario del lugar limita su obligación al suministro del espacio físico correspondiente.

3.-Dado que tanto el contrato de garaje como el de alquiler de cochera supone el pago de una suma de dinero por parte de quien alquila, ninguna relevancia tiene el otorgamiento de recibos por los cánones mensuales; no obstante ello, se ha probado que la actora cobraba un canon mensual menor al promedio de otras cocheras de la zona, lo que refuerza la idea de que en el precio convenido no se incluía seguridad, la que se limitaba a colocar en el portón un simple candado y del cual tenían llave todos los locatarios.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Srs. Jueces titulares de la misma Drs. Adolfo Mariano Rodríguez Saá, Beatriz Moureu y Oscar Martínez Ferreyra y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 5.175/14.383, caratulada «PALMA, LUIS ESTANISLAO C/ YAÑEZ, MATILDE LEONOR P/ D. Y P.», originaria del Primer Tribunal de Gestión Asociada de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 448/449 por la parte demandada contra la sentencia dictada a fs. 434/440.

Llegados los autos al Tribunal, a fs. 467 se ordena expresar agravios, lo que se cumple a fs. 469/482. Corrido el traslado de ley, a fs. 485/493 se contesta el recurso, quedando los autos en estado de dictar sentencia a fs. 497.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Drs. Rodríguez Saá, Moureu y Martínez Ferreyra.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:

I.- Que en primera instancia se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por la parte actora, considerando para ello el Inferior que la relación jurídica que vinculaba a las partes debía ser calificada como un contrato de garaje y no como un contrato de locación de cosas.Se basa para ello en que la accionada alquilaba el predio a más de una persona para guardar autos, cobraba un canon mensual por ello, en las afueras del predio había un cartel que decía que se alquilaban cocheras y que surge de las probanzas de autos que la Sra. Yáñez tomó medidas de seguridad con posterioridad al hecho delictivo acaecido en el predio, como ser, reuniones con los propietarios de vehículos para que se mejorara la seguridad del predio. Todo ello, en su criterio, permite inferir que la demandada poseía una organización empresarial, aunque precaria, y que la guarda y custodia de los rodados estaban a su cargo por aplicación de la teoría de la apariencia.

La sentencia es apelada por la parte demandada quien, al fundar su recurso, manifiesta que la sentencia es arbitraria y viola el principio de congruencia.

Señala que no se ha tenido en cuenta que la actora basa su reclamo en el incumplimiento del contrato de garaje que su parte explotaba en calle Montecaseros 2437 de la ciudad de Mendoza, cuando en realidad de las constancias de la causa surge que el robo se produjo en la calle Montecaseros 2443, inmueble este que nada tiene que ver su parte con el Sr. Palma.

Para el caso que se entienda que la demanda se basa en el contrato celebrado por las partes sin tener en cuenta el lugar donde ocurrieron los hechos, señala que se agravia en cuanto se ha partido de considerar la existencia de un contrato de garaje para hacerla responsable, haciendo referencia tanto a la caracterización de esta figura como a la del contrato de locación de cosas, el cual fue invocado por su parte.Agrega que si bien comparte las definiciones y características de los contratos mencionados en la sentencia, considera equivocada la valoración de las pruebas producidas, pues de ellas no surge que haya sido la voluntad de las partes celebrar un contrato de garaje.

Sostiene que no existía ningún tipo de cartelería y objeta que el Inferior haya dado por probado que su parte tomó medidas de seguridad con posterioridad al hecho, cuando ello no surge de ninguna de las pruebas mencionadas. En particular, hace referencia a los testimonios de los Srs. Juan Marcos Domjan Salas, Elena B. Lissarrague y Luis Eduardo Zapata, destacando que de ellos surge que se había deslindado de toda responsabilidad por la guarda de los vehículos a su parte y que fueron los inquilinos en su conjunto quienes se reunieron en el predio para buscar la forma de resguardar los vehículo, no habiendo sido la demandada quien tomó las medidas de seguridad a pesar de haber concurrido. Fundamentalmente por ello no resulta aplicable la teoría de la apariencia, agregando que en el inmueble no funcionaba un estacionamiento sino uno galpón y que el pago de un canon mensual no basta para sostener la existencia de un contrato de garaje, a más que el precio era inferior al cobrado en cualquier otra playa de estacionamiento de la zona.

En otro orden de cosas manifiesta que de todos los testimonios rendidos surge que los declarantes tomaron conocimiento del hecho por manifestaciones que le hiciera el actor.

Por las razones dadas pide que se revoque la sentencia dictada, cuestionando en subsidio que se haya aceptado la procedencia de los rubros privación de uso y daño moral, y objetando la suma admitida en concepto de daño emergente.

A fs.485/493 contesta el recurso la parte actora quien, por las razones allí señaladas, pide su rechazo.

II.- Que sin perjuicio del resultado al cual se llegue respecto de la responsabilidad que le pueda corresponder a la parte demandada por el incumplimiento de la obligación que se le reclama en esta causa, carecen de toda significación las razones dadas por la parte apelante y referidas a la diferencia en la numeración del lugar donde se encontraba estacionado el automóvil del Sr. Palma, ya que claramente surge del escrito de demanda que al formularse la pretensión resarcitoria la parte actora afirmó que el vehículo lo dejó estacionado el día 3 de enero del año 2.010 en la cochera N° 18 existente en el inmueble ubicado en calle Montecaseros 2443. Esta misma dirección es la señalada al formularse la denuncia policial (fs. 1 del expte. N° 1383/10/FF) y coincide con el domicilio donde la parte demandada ubica la cochera que le alquilaba al actor a fs.17 de la causa penal.

De esta manera no resulta admisible que en la fundamentación del recurso se sostenga que se ha violado el principio de congruencia.

III.- Que en la sentencia apelada se ha caracterizado correctamente tanto al contrato de garaje como al de alquiler de cochera.

Respecto del primero, y luego de recordarse que participa de los caracteres de la locación de cosas, del depósito y de la locación de servicios, se indicó que es un contrato consensual, oneroso y desprovisto de una forma específica en cuanto a exigencia de validez -ya que en la mayoría de los casos se instrumenta en forma verbal- por el que una de las partes, organizada profesionalmente para prestar el servicio de guarda de automóviles u otros vehículos, mediante un precio que percibe de la otra, se obliga a facilitarle el uso de cierto o indeterminado espacio dentro de un local apropiado para ese efecto y a la custodia y conservación del vehículo para que pueda ser retirado por su propietario o tenedor circunstancial, en las mismas condiciones en que ingresó al establecimiento.

Este criterio genérico jurisprudencial es aclarado a continuación por la Sra. juez de primera instancia, destacando el aspecto que en mi criterio resulta esencial para determinar su existencia, ya que en realidad la organización profesional puede o no darse y por lo tanto no es determinante para la configuración de este contrato. La esencia del contrato de garaje pasa por la obligación de guarda y seguridad que asume a la garajista a fin de restituir en las mismas condiciones el vehículo depositado.

Es así como en la sentencia dictada se dijo que la obligación del garajista consistente en la custodia y guarda del vehículo depositado, el suministro de un lugar para estacionar el automóvil o la motocicleta, protegiéndolo de los riesgos que puedan afectar su integridad, reintegrándolo al otro contratante cuando éste lo solicite, en las mismas condiciones de su entrega.Se aclaró, además, que se trataba de una obligación de resultado.

A su vez, también se hizo referencia al contrato de locación de alquiler de cochera señalándose que la principal característica del encuadramiento de este contrato radica en que la guarda y custodia del rodado está en cabeza de su propietario, y no quedan incluidas por lo tanto dentro de las obligaciones del propietario de la cochera, el que sólo se obliga a suministrar un espacio físico a disposición del dueño del rodado.

La conceptualización de estos dos contratos efectuada en la sentencia recurrida, además de ser correcta, no ha sido objeto de cuestionamiento en esta instancia por ninguna de las partes. Por lo tanto, el punto central a dilucidar en esta instancia es determinar sobre quien pesaba el deber de guarda y seguridad del automóvil del actor.

Dado que el actor sostuvo que dejó estacionado su automóvil el día 6 de enero del año 2.010, aproximadamente a las 21.30 hs., en la cochera que alquilaba a la demandada y que cuando concurrió nuevamente el día 6 de enero no lo encontró, quizás se podría también haber discutido si realmente el vehículo fue sustraído de ese lugar o de otro en los días posteriores, pues en principio la perdida se basa solamente en la declaración policial unilateral realizada por el Sr. Palma.

A ninguno de los testigos le consta en forma directa la sustracción del automóvil de la cochera, y se basan en los dichos de terceros, habiendo inclusive expresado la Sra. Lissarrague (fs. 232/233m 10ª. ampliación) que no le consta que hubiera sido robado allí.

No obstante ello, no puede dejarse de tener en cuenta que a fs. 322/323 el Sr. Eduardo Taurian afirmó que la noche anterior a la desaparición denunciada por el Sr.Palma el día 6 de enero «.estuve apoyado en su vehículo charlando con otra persona ahí y a la mañana siguiente nos encontramos con esa persona el portón abierto y faltaba el coche del Sr. Palma» (19ª. sustitución). Con sustento en esta declaración, debe darse por ac reditado que la sustracción del automóvil se produjo estando en la cochera que alquilaba a la demandada.

Efectuada esta aclaración, y retomando el punto central a dilucidar en esta instancia; esto es, determinar sobre quien pesaba el deber de guarda y seguridad del automóvil del actor, no puedo compartir el criterio sustentado por la Sra. juez a-quo, pues entiendo que sobrestima aspectos secundarios y sobre todo que omite valorar prueba fundamental rendida en la causa y de la cual surge en forma clara, concreta y categórica que el deber de guarda y seguridad no había sido asumido por la Sra. Yáñez sino por cada uno de los locatarios de cocheras, por lo que resulta además inaplicable al caso la teoría de la apariencia.

Si bien no desconozco que parte de la doctrina y la jurisprudencia destacan como elemento relevante del contrato de garaje la organización empresaria, he adelantado ya opinión que tengo para mí que esta no resulta esencial y como consecuencia de ello es solo un elemento accidental del contrato pues también esta organización empresaria puede configurarse en los casos de alquileres de cocheras.El elemento esencial que caracteriza al contrato de garaje es el deber de guarda y seguridad que asume el garajista y por ende, si en el caso surge que esta obligación no ha sido convenida y que por el contrario en igualdad de condiciones cada uno de los locatarios acepta mantener en su persona la realización de las tareas de protección de los vehículos que pudieran resultar necesarias, no se está frente entonces a un contrato de garaje sino a uno de locación de cochera en el cual el propietario del lugar limita su obligación al suministro del espacio físico correspondiente.

La Sra. juez consideró en primer lugar para dar por probado el contrato de garaje que la accionada alquilaba el predio a más de una persona para guardar el auto. Esta consideración resulta incorrecta pues este contrato se basa en la naturaleza de la obligación que asume el garajista y no en la cantidad de espacio que se puedan alquilar. De esta manera, si se alquilan tres cocheras y se asume la obligación de guarda y seguridad hay contrato de garaje y, por el contrario, si se alquilan cincuenta y en forma expresa y libre cada locatario libera de responsabilidad al propietario del lugar y asume las tareas de control y de seguridad existirá contrato de alquiler de cochera.

Se tuvo en cuenta además que la demandada otorgaba recibos por el pago del canon mensual y que afuera del predio había un cartel que decía que se alquilaban cocheras.

Dado que tanto el contrato de garaje como el de alquiler de cochera supone el pago de una suma de dinero por parte de quien alquila, ninguna relevancia tiene el otorgamiento de recibos por los cánones mensuales. No obstante ello, no puedo dejar de tener en cuenta que en esta causa se ha probado que la actora cobraba un canon mensual menor al promedio de otras cocheras de la zona (fs. 252 y vta., 253, 342 y vta., 346 y vta.y 347 y vta.), lo que refuerza la idea de que en el precio convenido no se incluía seguridad, la que a través de las probanzas de autos se limitaba a colocar en el portón un simple candado y del cual tenían llave todos los locatarios.

Sobre este último punto resulta oportuno señalar que la jurisprudencia ha resuelto que «debe rechazarse la demanda tendiente a obtener una indemnización por el robo de una motocicleta de una cochera, pues, siendo que no existía ningún control de entrada y salida de los vehículos y que el actor había sido provisto de una llave de la puerta de ingreso, cabe concluir que no medió entre las partes un contrato de garaje sino una locación de un espacio físico sin obligación de guarda y conservación del rodado». (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso administrativo de 2a Nominación de Río Cuarto, 19/04/2010, «Azcurra, Claudio Ariel c. Ana Hilda Muo» , LLC 2010 (octubre), 976).

Tampoco que afuera existiera un cartel anunciando el alquiler de cocheras, pues ha quedado dicho que el aspecto relevante es el tipo de obligación asumida por el propietario del lugar. Además, ninguno de los dos tipos de contratos excluye la publicidad. Por otra parte, si bien el Sr. Taurián a fs. 322/323 declara que existía un cartel colgado en el portón (16ª. sustitución), los Srs. Salas (fs. 231 y vta., 9ª. sustitución), Lissarrague (fs. 232/233, 7ª. ampliación) y Zapata (fs. 235/236, 7ª. sustitución) declaran lo contrario.

Tuvo en cuenta también el Inferior que la Sra.Yáñez tomó medidas de seguridad con posterioridad al hecho delictivo, como ser, reuniones con los propietarios de vehículos para que se mejorara la seguridad del predio.

Al margen de que por tratarse de medidas posteriores al hecho no pueden ser valoradas para determinar las condiciones contractuales anteriores, no surge de ninguna prueba producida en la causa que haya sido la demandada quien adoptara o propusiera adoptar por su cuenta algún tipo de medida de seguridad.

El Sr. Salas (fs. 231 y vta.) refiriéndose a estas reuniones manifestó genéricamente que «.la temática fue ajustar un poco los parámetros de seguridad» (6ª. repregunta) y aclarando estos parámetros señaló que consistían «.entre otras cosas en tener conciencia en cerrar las puertas, o sea el portón, tanto cuando entrábamos como cuando salíamos entre otras cosas». Como puede verse, el testigo hace referencia a la conducta de quienes entraban o salían y no a la demandada.

Por su parte el Sr. Zapata (fs. 235/236) manifestó que no concurrió a la reunión y que los puntos que se trataron fueron que «.iban a reforzar las cerraduras, nada más).

Valora especialmente la Sra. juez de grado que «.la demandada declaró que ella es vecina del predio, y que controlaba el lugar cuando dejaban abierto el portón, y luego lo cerraba. Asimismo agregó en la misma declaración que hablaba con los inquilinos para que cuando salieran de la cochera cerraran la misma con llave».

Si se tiene en cuenta que la actora vive al lado del galpón donde se ubican las cocheras , que anteriormente en el lugar funcionó un taller mecánico (fs. 232, 4ª. ampliación) y que no es irrazonable suponer que podían existir también en el galpón cosas de propiedad de la Sra.Yáñez, no puede llamar la atención que controlara que la puerta no quedara abierta, sin que estas tareas de control y las realizadas en su caso para cerrarla puedan ser consideradas como demostrativas de cumplimiento de una obligación de guarda y seguridad .

Por lo que llevo dicho hasta ahora no puedo compartir la valoración de los hechos y de la prueba efectuada por la Sra. juez de primera instancia, lo cual a su vez me lleva a disentir con la calificación que la misma hace de la relación contractual existente entre las partes y que la misma califica como contrato de garaje.

Como ya lo adelantara ut supra, considero además que se omite valorar prueba fundamental rendida en la causa y de la cual surge en forma clara, concreta y categórica que el deber de guarda y seguridad no había sido asumido por la Sra. Yáñez sino por cada uno de los locatarios de cocheras, por lo que no se está frente a un contrato de garaje sino a un contrato de alquiler de cochera el que, como también ya quedara dicho, presenta como principal característica que la guarda y custodia del rodado está en cabeza del propietario del vehículo y por ende no quedan incluidas dentro de las obligaciones que asume el propietario de la cochera, quien sólo se obliga a suministrar un espacio físico que pone a disposición del dueño del rodado.

En efecto, si bien en la sentencia dictada se dice que la voluntad de las partes deviene como relevante al momento de calificar la contratación, se omite sin embargo toda consideración y valoración de las pruebas testimoniales rendidas en la causa, las que resulta más que importantes a tal fin desde que se trata de personas que mantenían con la demandada el mismo vínculo contractual que la parte actora.

Estas declaraciones testimoniales son contundentes y no dejan espacio alguno para poder considerar que la demandada asumió el deber de guarda y seguridad de los vehículos que se guardaban en su galpón.Obviamente se deja de lado la declaración del Sr. Isidro Balda, ya que fue tachado y la tacha fue aceptada en la sentencia, sin que tal aceptación fuera objeto de cuestionamiento en esta instancia. Además, la tacha del testigo era lógica pues admitió que a él también le habían robado un automóvil en el mismo lugar y que la demandada era su deudora.

Tampoco considero la testimonial del Sr. Verón, pues el mismo además de ser el novio de la hija del actor, no guardaba ningún vehículo en el galpón. Por otra parte su declaración se refiere principalmente al estado del vehículo y a la forma en que se enteró de su desaparición, pero no aporta elemento alguno vinculado a la relación contractual.

A fs. 231 y vta. declara el Sr. Juan Marcos Domijan Salas quien manifestó que cada uno de los locatarios abría y cerraba el portón y el candado cuando ingresaba y salía del inmueble (4ª. y 5ª. sustitución) y en forma expresa y clara al responder la séptima sustitución contestó al preguntársele quienes debían tomar, según lo acordado, los cuidados de seguridad, que era «Cada uno», aclarando al responder la primera repregunta que habían acordado que cada uno debía tomar los cuidados de seguridad «.al momento de contratar el lugar.», agregando que no recordaba la fecha. También indicó que la única medida de seguridad consistía en la existencia de un portón con llave, candado y traba (4ª. sustitución).

A su vez, la Sra. Elena Benita Lissarrague a fs. 232/233 en una declaración estupendamente espontanea relata como en el comienzo de la relación con la demandada quien era su pareja su pareja le ofreció estacionar a cambio de ayudarla con el pago de los impuestos. A partir de ese momento, ingresaba y egresaba con su automotor «Como si yo fuera la dueña de casa porque la Sra.me había dado una ll ave y yo utilizaba esa llave, dependía de mí la responsabilidad de cerrar la puerta y abrir la puerta.», agregando a continuación que «.habíamos quedado que no era responsabilidad de ella, había hecho incapié en que una vez que se ingresara se cerrar la puerta estacionáramos (sic) y después al salir y volviéramos a cerrar.». Para que no queden dudas de cuál era la verdadera relación pactada, la testigo expresa que «.en una palabra el uso de ese lugar corría por responsabilidad propia de quienes lo usábamos, ella no tenía nada que ver.» reforzando este concepto al afirmar que «.o sea había un control del lugar entre los usuarios, no era responsabilidad de la Sra. sino de nosotros».

La misma testigo expresa contestando la quinta repregunta, mediante la cual se la interrogaba si a cambio de la entrada económica que le daban a la demandada ella le daba algún beneficio, que «Me resulta hasta perversa la pregunta, yo por un favor le daba 30 o 60 pesos pero por un acuerdo, yo no tenía reglamentada ninguna prestación de servicios, es más la Sra. estaba liberada de todo tipo de responsabilidad.».

Por su parte, el Sr. Luis Eduardo Zapata (fs. 235/236) señala que en el galpón guardaba su vehículo y que ingresaba y egresaba del lugar con una llave que tenía cada una de las personas que guardaban el auto.Respecto al tema de seguridad, al ser interrogado quienes debían tomar las medidas de seguridad en dicho galpón, responde «Los que guardábamos el auto, las personas que guardaban el auto» (6ª. sustitución). Señala, además, que el galpón no contaba con medidas de seguridad y que las única que había era una cerradura en el portón principal y un candado que se lo robó alguno de los que guardaban el auto (1ª. repregunta).

De los dichos de los testigos a los que he hecho referencia surge entonces con toda claridad que no pesaba sobre la demandada el deber de guarda y seguridad sino que por el contrario lo asumía en forma exclusiva y excluyente cada uno de los locatarios de las cocheras.

La intervención de la demandada solo se limitaba en algunas oportunidades al lógico control del cuidado de que se mantuviera cerrado el portón, y en ese contexto debe tomarse su declaración en sede penal (fs. 17) y su participación en la reunión que se lleva a cabo con posterioridad a la desaparición del automóvil del actor, no pudiendo llamar la atención que el Sr. Taurian haya manifestado que en esa reunión la Sra. Yáñez tomó directivas, pues después de todo era la propietaria del lugar,

En nada cambia la situación que se haya probado que por el uso de las cocheras se cobraba una suma de dinero, pues esta prestación es propia tanto del contrato de garaje como del de alquiler de cochera. Lo mismo sucede con la publicidad.

Nada justifica entonces que en el fallo apelado se haga referencia a la teoría de la apariencia para justificar una obligación que la demandada no había asumido, pues antes que la apariencia está la realidad jurídica del negocio celebrado con fundamento en el art. 1198 Cód.Civil, la cual no es otra que la celebración de un contrato de alquiler de cochera en el cual la guarda y custodia del rodado está en cabeza del propietario del vehículo, lo que excluye que las mismas estén incluidas dentro de las obligaciones del propietario de la cochera, el que sólo se obliga a suministrar un espacio físico a disposición del dueño del rodado.

Así las cosas, no puedo compartir el criterio sustentado por la Sra. juez de primera instancia, y en base al cual se califica al contrato celebrado como de garaje, considerando por el contrario que le asiste entonces razón a la parte apelante al cuestionar que se haya admitido la procedencia de la demanda.

En conclusión, y a modo de resumen, por las razones dadas considero que debe admitirse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, debiendo por lo tanto revocarse la sentencia dictada y rechazarse en consecuencia la demanda por daños promovida, debiendo agregar solamente que ante la claridad de la naturaleza del contrato celebrado no resulta aplicable el art. 37 de la ley 24.240. Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Moureu y Drs. Martínez Ferreyra manifiestan que adhiere, por las razones dadas, al voto precedente.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:

Que dado el resultado al cual se arriba respecto del recurso interpuesto, corresponde que las costas de ambas instancias estén a cargo de la parte actora (art. 36 C.P.C.).

Se deja aclarado que mantiene la distribución porcentual interna fijada en la sentencia (art. 13 L.A.) por cuanto no ha sido objeto de cuestionamiento en esta instancia. Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Moureu y Drs.Martínez Ferreyra expresan que adhieren, por las razones dadas, al voto precedente.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

MENDOZA, 4 de septiembre de 2.013.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, este Tribunal,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 448/449 por la parte demandada contra la sentencia dictada a fs. 434/440, la cual se revoca y se sustituye por la siguiente:

«I.- Hacer lugar a la tacha del testigo Isidro Balda efectuada por la demandada a fs. 224, y en consecuencia privar de efectos la declaración testimonial del Sr. Isidro Balda de fs. 223, la que no será tenida en cuenta para la resolución de la presente causa, de conformidad con los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes.»

«II.- Rechazar la demanda promovida por el Sr. Luis Estanislao Palma contra la Sra. Matilde Leonor Yáñez.»

«III.- Imponer las costas de este proceso a la parte actora (art. 36 C.P.C.)».

«IV.- Regular los honorarios de los Drs. Javier del Pópolo, Alberto E. Cicchitti, Nora E. Rodríguez y Elsa G. Rosi en las sumas de pesos . ($ .-), . ($ .-), . ($ .-) y .$ .-), respectivamente (arts. 2,3,4,13, 15 y 31 L.A.)».

«V.- Regular los honorarios correspondientes al recurso de reposición resuelto a fs.332/333 a los doctores JAVIER DEL POPOLO en la suma de PESOS . ($ .), ALBERTO E. CICCHITTI en la suma de PESOS . ($ .), NORA E. RODRÍGUEZ en la suma de PESOS . ($.), ELSA G. ROSI en la suma de PESOS .($ .) (Arts.2,3,13 y 31 de la ley 3641)».

«VI.-Regular los honorarios correspondientes al perito GERARDO DANIEL SCHELFTHOUT en la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA ($ 640), conforme su labor en autos. (art. 1627 del C.C.).»

II.- Imponer las costas de la alzada a la parte actora (art. 36 C.P.C.).

III.- Regular los honorarios de los Drs. Nora E. Rodríguez, Javier del Pópolo y Alberto E. Cicchitti en las sumas de pesos . ($.-), . ($ .-), . ($ .-) y . ($ .-), respectivamente (arts. 2,3,4,15 y 31 L.A.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dr. Adolfo RODRÍGUEZ SÁA

JUEZ DE CÁMARA

Dra. Beatriz MOUREU

JUEZ DE CÁMARA

Dr Oscar Alberto MARTÍNEZ FERREYERA

JUEZ DE CÁMARA

 

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