fbpx

Rechazo de la pretensión de honorarios del letrado del banco que llevaba adelante los juicios de la entidad

Pesos argentinos 2Partes: Banco de la Provincia de Chubut c/ Translitoral S.A. y otros s/ ejecución hipotecaria

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 27-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-81188-AR | MJJ81188 | MJJ81188

Se rechazó la pretensión de honorarios del letrado del banco, pues se encontraba en relación de dependencia, y dentro de sus específicas funciones estaba la de llevar adelante los juicios de la entidad.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la pretensión de la letrada del banco actor de que se le abonen honorarios por su actuación en el proceso en el que las costas le fueron impuestas a dicho banco, ya que quedó probada la relación de dependencia de aquella con la institución financiera, y que dentro de sus específicas funciones se encontraba la de representarla en litigios.

2.-En el caso se ha constatado que, dentro de las funciones de los abogados y procuradores de planta permanente del Banco, se encuentran las de patrocinarlo y representarlo en todos los asuntos en que éste sea parte como actor o demandado o tenga interés jurídico, a mayor abundamiento, luce en los presentes la solicitud de retiro voluntario presentada por la ejecutante -en la que específicamente menciona su carácter de Apoderada y Asesora Letrada de la Sucursal de Buenos Aires – y una nota en la que entrega los expedientes a su cargo en la jurisdicción Buenos Aires; de todo ello necesariamente se colige que, dentro de las funciones de la letrada, se encontraba la del patrocinio y representación judicial de la institución, no obstante haber sido negado por aquélla.

3.-Reclamados los emolumentos por la vía de ejecución se impone a la ejecutada acreditar la actuación del profesional mediante una retribución fija o en relación de dependencia, pero si alguno de dichos extremos o ambos queda verificado se produce la inversión de la carga de la prueba, pues a partir de allí es el ejecutante quien debe demostrar aún en tales condiciones que la retribución percibida o la relación de dependencia no contemplan su reclamo en tanto ésta se refiere a una actividad que excede el marco de esa relación en cuanto constituye una materia diferente.

4.-Del examen de las pruebas aportadas a la causa se observa que entre la abogada reclamante y el Banco accionado hubo una relación de dependencia; que las tareas de patrocinio y representación estaban comprendidas en dicha relación y que ellas eran abonadas mediante una asignación mensual y un porcentaje en los honorarios, salvo cuando el Banco fuera el condenado a pagar los gastos causídicos o se distribuyeran por el orden causado, por consiguiente, no procede la aplicación de los arts. 49 y 50 de la ley de aranceles, pues ello posibilita que el profesional perciba por un único trabajo dos remuneraciones abonadas por la misma parte.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de junio de 2013.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por el Banco del Chubut SA a fs. 708, fundado a fs. 710/717, cuyo traslado fue contestado a fs. 719/722, contra la resolución de fs. 705/706; y

CONSIDERANDO:

1. En el marco de un incidente de ejecución de honorarios -regulados a favor de la ex letrada apoderada del Banco del Chubut SA en el presente proceso- el señor Juez de primera instancia rechazó la excepción de pago interpuesta por aquél. Para así decidir, consideró que el recurrente se había limitado a probar la relación de dependencia que lo vinculaba con la Dra. Braillard, pero no había logrado demostrar la cancelación del pago de los emolumentos por su intervención en este juicio, en los términos del art. 2 de la ley de arancel (cfr. fs. 705/706).

Contra dicho pronunciamiento, se alza el ejecutado. En primer lugar, se agravia porque el a-quo encuadró las excepciones opuestas -falsedad de ejecutoria, inhabilidad de título y falta de legitimación- como una excepción de pago. Agrega que la prueba aportada a la causa no ha sido debidamente apreciada. Reitera que ha logrado demostrar que el sueldo que cobraba la letrada, correspondía a sus tareas de representante legal de la institución en causas judiciales. Como corolario de lo expuesto, solicita que se aplique el art. 2 de la ley de aranceles. Finalmente, aduce que -reconocida la relación de dependencia que vincula a las partes- se ha invertido la carga de la prueba, pesando sobre la Dra. Braillard el deber de probar que la labor desarrollada en autos configura la hipótesis de excepción prevista en el artículo citado (cfr. fs. 710/717).

A fs. 719/722, la ejecutante contesta los agravios formulados por el apelante. Sostiene que se encuentra probado que la asignación fija y mensual percibida del Banco del Chubut SA, no retribuía su desempeño como apoderada judicial. A ello agrega que la interpretación del art.2 de la ley 21.839 debe ser restrictiva, por cuanto se encuentra en juego el derecho a percibir honorarios. En consecuencia, advierte que no sólo debe demostrarse la relación de dependencia sino también que la representación judicial se incluye dentro de las tareas asignadas y efectivamente remuneradas. Por último, manifiesta que nunca renunció a percibir honorarios en los juicios en los que tomó intervención (cfr. fs. 719/722).

2. En primer término, corresponde recordar que los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquellas que son conducentes para la solución del caso (Corte Suprema, Fallos: 262: 222; 278: 271; 291: 390; 308: 584, entre otros; esta Sala, causa 638 del 26/12/89 y sus citas, entre muchas otras).

Ello sentado, se debe señalar que el art. 2° de la ley 21.839 establece que: «Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso».

Ante todo, del análisis de las constancias de la causa, resulta claro que entre el Banco del Chubut SA y la Dra. Braillard medió una relación de dependencia, pues ello fue expresamente reconocido por ambos a fs. 643 y 692.

Luego, y a efectos de discernir si al caso le es aplicable el mencionado artículo, se debe determinar si dentro de dicha relación se encuentran comprendidas las tareas de patrocinio o representación judicial.

Del material probatorio agregado en autos se ha constatado que, dentro de las funciones de los abogados y procuradores de planta permanente del Banco, se encuentran las de patrocinarlo y representarlo en todos los asuntos en que éste sea parte como actor o demandado o tenga interés jurídico (cfr.Reglamento Funcional para Abogados y Procuradores de Sucursales, punto 7.1, 7.8.3 y 7.8.5, fs. 530; Manual de gerencia y sus dependencias, punto 8.1.1.1.11.3, fs. 537).

A fs. 513, se acompañó copia del nombramiento de la Dra. Braillard como Jefe de Tercera División de la Sucursal de Buenos Aires -a partir del 01/01/91-, quien fue luego promovida a Jefe de Primera División, con las mismas funciones, desde el 01/01/1995 (cfr. fs. 635).

A su vez, se encuentra agregado en autos un poder general para pleitos, otorgado el 14/06/1990, que fue ratificado el 12/04/1996 (cfr. fs. 663 y 666).

A mayor abundamiento, a fs. 515 luce la solicitud de retiro voluntario presentada por la ejecutante -en la que específicamente menciona su carácter de «Apoderada y Asesora Letrada de la Sucursal de Buenos Aires»- y a fs. 541, una nota en la que entrega los expedientes a su cargo en la jurisdicción Buenos Aires (cfr. fs. 542/630).

De todo ello necesariamente se colige que, dentro de las funciones de la letrada, se encontraba la del patrocinio y representación judicial de la institución, no obstante haber sido negado por aquélla (cfr. fs. 720).

Las pruebas obrantes a fs. 632 y 641 no logran conmover esta afirmación, pues no se ha demostrado que dichas comisiones y las otras tareas encomendadas a la letrada hayan sido mutuamente excluyentes.Al respecto, este Tribunal tiene decidido que reclamados los emolumentos por la vía de ejecución se impone a la ejecutada acreditar la actuación del profesional mediante una retribución fija o en relación de dependencia, pero si alguno de dichos extremos o ambos queda verificado se produce la inversión de la carga de la prueba, pues a partir de allí es el ejecutante quien debe demostrar aún en tales condiciones que la retribución percibida o la relación de dependencia no contemplan su reclamo en tanto ésta se refiere a una actividad que excede el marco de esa relación en cuanto constituye una materia diferente (cfr. Sala 3, causas 7.884 del 27/11/91; 8.557 del 19/06/92; 8.431 del 14/04/92, entre muchas otras).

De esta manera, resta examinar si aun así corresponde que la institución ejecutada abone los emolumentos del presente juicio, ya que dentro de la mentada relación de dependencia está previsto que los abogados y procuradores perciban honorarios. Sin embargo, la excepción se da cuando el condenado en costas es el Banco o éstas son impuestas por el orden causado (cfr. reglamento cit., punto 7.14 a 7.16, 7.19 -fs. 531/532-; manual de gerencia, punto 8.1.1.2.2.12 -fs. 539-).

En suma, del examen de las pruebas aportadas a la causa se observa que entre la Dra. Braillard y el Banco del Chubut SA hubo una relación de dependencia; que las tareas de patrocinio y representación estaban comprendidas en dicha relación y que ellas eran abonadas mediante una asignación mensual y un porcentaje en los honorarios, salvo cuando el Banco fuera el condenado a pagar los gastos causídicos o se distribuyeran por el orden causado.

Por consiguiente, no procede la aplicación de los arts. 49 y 50 de la ley de aranceles citada, pues ello posibilita que el profesional perciba por un único trabajo dos remuneraciones abonadas por la misma parte.En efecto, el Máximo Tribunal ha sostenido en casos análogos al presente que al considerar el a-quo que ante la falta de pago del honorario por la actora condenada en costas, resultaba aplicable el segundo párrafo del art. 49 de la ley 21.839 en virtud del cual el profesional puede reclamar que su cliente se haga cargo de la suma fijada, se apartó de lo expresamente previsto por el art. 2° de la ley de arancel en cuanto veda al abogado tal posibilidad cuando actúa con asignación fija o en relación de dependencia (Fallos: Q.10.XXIII «Quiroga Regalada y otros c/Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A.» del 18/12/1990; 318:2060).

Asimismo, en Fallos: 327:4317 resolvió que: «Corresponde desestimar el pedido de regulación de honorarios si de acuerdo a las no controvertidas constancias de la causa, el reclamante que intervino en carácter de letrado apoderado de la empresa se encontraba bajo relación de dependencia con respecto a su mandante durante todo el tiempo en que desarrolló la actividad profesional por la que pide regulación».

Por lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la resolución de fs. 705/706. Las costas de Alzada se imponen a la vencida (art. 68, primer párrafo, y 69 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta.

Ricardo Víctor Guarinoni.

Francisco de las Carreras.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: