Ante la refinanciación de las cuotas adeudadas en un contrato de mutuo el banco no logró probar que el cliente hubiese sido notificado de la misma

cálculoPartes: Lariño Roberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 21-may-2013

Cita: MJ-JU-M-80436-AR | MJJ80436 | MJJ80436

Se hace lugar a la demanda por rendición de cuentas promovida contra una entidad bancaria condenándola a rendir cuentas documentadas respecto de las gestiones realizadas para el cobro de cuotas de un contrato de mutuo otorgado por dicha entidad en razón de que habiendo mediado una refinanciación no se logró probar que el cliente hubiese sido notificado de la misma y que hubiere tenido la oportunidad de aceptarla o rechazarla.

Sumario:

1.-La rendición de cuentas es la descripción gráfica, sistematizada y documentada, acompañada de comprobantes e informaciones aclaratorias, de todo lo realizado en interés del dueño del negocio por el comerciante que actúa en interés ajeno, determinando y detallando las circunstancias, procedimientos y modos, y estableciendo el resultado obtenido.

2.-Por cuenta se entiende la descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación y es debida por el comerciante por el solo hecho de revestir esa condición, como obligación profesional genuina impuesta por la ley, exigible a él para cualquier negociación que realice – toda negociación , según la letra del CCom. 68 -, más allá de que el negocio haya sido realizado, o no, por cuenta ajena, ya que de acuerdo con la moderna ciencia comercial, toda negociación debe ser objeto de una cuenta .

3.-Para que la rendición de cuentas se repute tal debe ser clara, explicativa, detallada, instruida y documentada y tener forma descriptiva conforme al CCom. 70 , esto es, debe contener todas las explicaciones y referencias necesarias para dar a conocer los procedimientos y el resultado de la gestión.

4.-En toda demanda de rendición de cuentas se requiere despejar dos incógnitas: la primera vinculada con la obligación de rendirlas; la segunda, relacionada con el trámite de la rendición de cuentas en sí.

5.-En toda demanda de rendición de cuentas, la comprobación de la obligación de rendir cuentas es previa, porque el juez no puede exigir al demandado el cumplimiento de una obligación que éste desconoce. De allí que la rendición de cuentas presupone el reconocimiento de la obligación o en su defecto, una sentencia que condene a rendirlas, luego de haberse debatido la procedencia de una petición en tal sentido (CPCC. 652 ).

6.-Frente a la resistencia de quien es llamado a rendir las cuentas, corresponde decidir, en primer lugar, sobre la procedencia de la demanda encaminada a tal fin.

7.-La rendición de cuentas no está limitada en forma exclusiva a las negociaciones que implican gestión de negocios ajenos, sino que alcanza a todo aquel que actúa en interés ajeno -por ejemplo el del cocontratante o del tercero, y desde luego, el del comitente o mandante- aún cuando lo haga en nombre y por cuenta propia.

8.-Es en materia civil que la causa fuente de la obligación de rendir cuentas es contractual (y aún cuasi contractual y también legal: vgr. art. 460 respecto del tutor, art. 1909 referido al contrato de mandato, art. 3246 sobre el acreedor anticrecista, art. 3386 respecto del albacea).

9.-La obligación de rendir cuentas no tiene en el derecho civil la misma razón de existencia y el mismo origen que en el derecho comercial; señalan que en el primero, la obligación nace exclusivamente del contrato o del cuasi contrato mientras que en el segundo es una obligación inherente al ejercicio del comercio; y concluyen que por ello esa obligación de rendir cuentas es, a la vez, contractual y legal lo cual explica la razón por la que en el Código de Comercio se halle regulada en la parte destinada a la persona del comerciante, en aparente contradicción con el Código Civil, que lo hace en la parte destinada a los contratos.

10.-Entre aquéllos que se hallan obligados a rendir cuentas corresponde incluir a las entidades bancarias, pues constituye una verdadera obligación para quienes revisten la calidad de comerciantes, de cuyos alcances generales no hay porqué eximirlas y una de las obligaciones que pesa sobre el banco es la periódica remisión de los extractos bancarios. Así lo establece el art. 793 párr. 1° CCom. -si bien regulado para la cuenta corriente- y lo reglamenta el Banco Central de la República Argentina como autoridad de contralor -Comunicación A 3244 (cuenta corriente) y Comunicación A 3336 (caja de ahorro) en ejercicio de las facultades que le acuerda el art. 66 de la ley 24452.

11.-No puede simplemente invocar la entidad bancaria el cumplimiento de la reglamentación que impone el Banco Central, en relación a la emisión de resúmenes de cuenta y cuestionar en base a ello la procedencia del mecanismo de rendición de cuentas previsto en el Código de Comercio, del que como quedó dicho, se encuentra alcanzada. Ambas obligaciones, la de rendir cuentas y la de remitir los extractos tienen distinto origen y alcance y sólo mediante el recurso de un empleo extensivo y por analogía -que no comparto- podría considerarse satisfecho el débito de rendir cuentas por el solo envío de resúmenes que no reúnen los alcances que a esa obligación le fijan los arts. 33 inc. 4 , 68 y 70 del CCom.

12.-El cliente bancario, en tanto consumidor final de los servicios prestados por el banco, tiene derecho a una información suficiente sobre los elementos esenciales de la relación contractual y sus variaciones, por lo que siendo el estipulante quien redacta el contrato, tiene el deber de hacerlo de una manera clara, precisa y comprensible; por ende quien pudo y debió hablar claro, carga con las consecuencias de su obrar, de su oscuridad o ambigüedad, sea por torpeza, ligereza o deliberado propósito, y en consecuencia en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires al día 21 del mes de mayo de dos mil trece, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “LARIÑO ROBERTO E. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO” (expediente n° 24666.08, Juzg. 2, Sec. 4) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Garibotto, Villanueva y Machin.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 319/327?

El Dr. Juan Roberto Garibotto dice:

La firmeza del auto de fs. 353 autoriza la emisión de esta ponencia.

I. La sentencia de primera instancia.

La sentencia de primera instancia obrante en fs. 319/327 -a cuyos resultandos cabe remitirse en orden a la reseña de la cuestión litigiosa- hizo lugar a la demanda por rendición de cuentas promovida por Roberto E. Lariño contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia condenó a que la entidad bancaria rinda cuentas documentadas al nombrado dentro de los quince días de quedar firme el decisorio, respecto de las gestiones realizadas para el cobro de las cuotas acordadas en virtud de un contrato de mutuo que suscribieron las partes en el año 2000.

Para decidir del modo que lo hizo, la sra. juez a quo señaló que la causa iniciada por el Sr. Lariño tuvo por objeto obtener la rendición de cuentas de la entidad bancaria demandada sobre el curso de un préstamo instrumentado a través de un mutuo en el mes de febrero de 2000 por un monto de aproximadamente $ 10.000, y por los débitos efectuados con posterioridad al vencimiento de dicho crédito.

Consideró que la obligación de rendir cuentas tiene recepción legal en los arts. 68 y sig. del CCom.y alcanza a todos los actos realizados por los comerciantes en cuanto afecten el patrimonio de terceros. Juzgó que la entidad bancaria que otorga un préstamo y cobra las cuotas mediante débitos practicados directamente sobre una cuenta abierta en el mismo banco, se encuentra alcanzada por dichas previsiones en la medida que, sostuvo, administra de tal modo patrimonio ajeno. Dijo que esa obligación debe cumplirse, básicamente, mediante la presentación de una información clara y detallada de las operaciones vinculadas al negocio, avalada por la documentación respectiva.

Sostuvo que la demandada no había negado que le correspondía rendir cuentas por las operaciones del préstamo y por los movimientos de la caja de ahorros del accionante, sino que había postulado que las cuentas ya habían sido rendidas mediante los respectivos resúmenes de los movimientos de la cuenta bancaria y con la explicación formulada verbalmente y con la carta documento que obra copiada en fs. 7.

Sin embargo, luego de haber realizado un acabado análisis de la prueba producida en la causa, la magistrada concluyó que pese a que la entidad bancaria le haya manifestado al Sr. Lariño que nada debía ya por el préstamo acordado en el año 2000, la falta de claridad respecto de las retenciones de haberes y el modo en que habíase cancelado el mutuo, justificaban la admisión de la demanda. Expresó que la documentación adjuntada por el banco demandado es confusa y carece, por sí sola de idoneidad para determinar con certeza la situación de la operación.

II. El recurso.

Apeló la demandada en fs. 334. Expresó agravios con la presentación que luce agregada en fs. 343/346, que fueron respondidos por el actor en fs. 348/350.

Dos son las críticas que el banco formula al decisorio apelado:

i. Se queja por la falta de consideración de la improcedencia formal de la demanda. Arguye, en tal sentido, que la sentencia apelada no realizó un análisis concreto de la procedencia formal del proceso de rendición de cuentas.Sostiene que no está obligado a rendir cuentas en los términos exigidos por el actor, dado que ha dado cumplimiento a la normativa regulatoria del BCRA para ese tipo de operaciones, en las que se dispone la presunción de conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo. Dice que el actor se encontraba debidamente informado a través de los resúmenes de cuenta y más aún, con su recibo de haberes jubilatorios, y que en todo caso, la carga de examinarlos regularmente pesó sobre el usuario, pues resulta propio del deber de cooperación ínsito en la relación emergente del contrato que les vinculó.

ii. Por otro lado, se agravia de que la juez a quo valorara parcialmente los medios de prueba, pues sostiene que fundó su sentencia tomando como principal premisa que no se ha aportado un ejemplar del contrato de mutuo suscripto entre el actor y el demandado, sin dar mayores explicaciones y sin considerar la prueba “in totum”.

Cuestiona que haya omitido ciertos medios probatorios que afirmó ser de vital importancia para la dilucidación del conflicto, y adujo que de haberlos considerado la causa se hubiese encaminado a un resultado opuesto a la sentencia dictada en autos.

III. La solución.

i. Sobre la procedencia formal de la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas es la descripción gráfica, sistematizada y documentada, acompañada de comprobantes e informaciones aclaratorias, de todo lo realizado en interés del “dueño del negocio” por el comerciante que actúa en interés ajeno, determinando y detallando las circunstancias, procedimientos y modos, y estableciendo el resultado obtenido (cfr. Rouillon, Adolfo, en “Código de Comercio comentado y anotado”, tº. I, pág. 109, ed. La Ley, Buenos Aires, 2005).

Por “cuenta” se entiende, conforme a la calificada opinión de Siburu, la descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación (cit.por Fontanarrosa, en “Derecho Comercial Argentino”, tº. I, pág. 382, ed. Depalma, Buenos Aires, 1976), y es debida por el comerciante por el solo hecho de revestir esa condición, como obligación profesional genuina impuesta por la ley, exigible a él para cualquier negociación que realice -“toda negociación”, según la letra del ccom 68-, más allá de que el negocio haya sido realizado, o no, por cuenta ajena, ya que de acuerdo con la moderna ciencia comercial, “toda negociación debe ser objeto de una cuenta” (Fontanarrosa, op. cit., pág. 383; Zavala Rodriguez, en “Código de Comercio comentado”, tº. I, pág. 107, ed. Depalma, Buenos Aires, 1967; v. en esa dirección CNCom Sala A, “Capelo, Alicia c/ Hernandez, Miguel”, 30.8.07).

Es así que para que la rendición de cuentas se repute tal debe ser clara, explicativa, detallada, instruida y documentada y tener forma descriptiva conforme al ccom 70, esto es, debe contener todas las explicaciones y referencias necesarias para dar a conocer los procedimientos y el resultado de la gestión (cpr 655; v. Colombo, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado”, tº. IV, pág. 534, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975; Palacio, en “Derecho Procesal Civil”, tº. VI, pág. 267, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967; Argeri, en “Rendición de cuentas comercial”, LL., 1979-A-856; Fernandez-Gómez Leo, en “Tratado teórico práctico de Derecho Comercial”, tº. II, pág. 199, con cita de jurisprudencia, ed. Depalma, Buenos Aires, 1988).

En toda demanda de rendición de cuentas se requiere despejar dos incógnitas: la primera vinculada con la obligación de rendirlas; la segunda, relacionada con el trámite de la rendición de cuentas en sí.

La comprobación de la obligación es previa, porque el juez no puede exigir al demandado el cumplimiento de una obligación que éste desconoce.De allí que la rendición de cuentas presupone el reconocimiento de la obligación o en su defecto, una sentencia que condene a rendirlas, luego de haberse debatido la procedencia de una petición en tal sentido (cpr 652).

En términos llanos, frente a la resistencia de quien es llamado a rendir las cuentas, corresponde decidir, en primer lugar, sobre la procedencia de la demanda encaminada a tal fin.

Como bien lo señalan Fernández y Gómez Leo (en “Tratado teórico práctico de Derecho Comercial”, tº. II, pág. 187, Depalma, Buenos Aires, 1985), la rendición de cuentas no está limitada en forma exclusiva a las negociaciones que implican gestión de negocios ajenos, sino que alcanza a todo aquel que actúa en interés ajeno -por ejemplo el del cocontratante o del tercero, y desde luego, el del comitente o mandante- aún cuando lo haga en nombre y por cuenta propia.

Es en materia civil que la causa fuente de la obligación de rendir cuentas es contractual (y aún cuasi contractual y también legal: vgr. art. 460 respecto del tutor, art. 1909 referido al contrato de mandato, art. 3246 sobre el acreedor anticrecista, art. 3386 respecto del albacea).

En esa línea acotan los autores mencionados (op. y loc. cit., pág.188), que la obligación de rendir cuentas no tiene en el derecho civil la misma razón de existencia y el mismo origen que en el derecho comercial; señalan que en el primero, la obligación nace exclusivamente del contrato o del cuasi contrato mientras que en el segundo es una obligación inherente al ejercicio del comercio; y concluyen que por ello esa obligación de rendir cuentas es, a la vez, contractual y legal lo cual explica la razón por la que en el Código de Comercio se halle regulada en la parte destinada a la persona del comerciante, en aparente contradicción con el Código Civil, que lo hace en la parte destinada a los contratos.

Así visto este asunto, resulta que entre aquéllos que se hallan obligados a rendir cuentas corresponde incluir a las entidades bancarias, pues constituye una verdadera obligación para quienes revisten la calidad de comerciantes, de cuyos alcances generales no hay porqué eximirlas.

Una de las obligaciones que pesa sobre el banco es la periódica remisión de los extractos bancarios. Así lo establece el art. 793 párr. 1° CCom. -si bien regulado para la cuenta corriente- y lo reglamenta el Banco Central de la República Argentina como autoridad de contralor -Comunicación “A” 3244 (cuenta corriente) y Comunicación “A” 3336 (caja de ahorro) en ejercicio de las facultades que le acuerda el art. 66 de la ley 24.452.

Ahora bien, no puede simplemente invocar la entidad bancaria el cumplimiento de la reglamentación que impone el Banco Central, en relación a la emisión de resúmenes de cuenta y cuestionar en base a ello la procedencia del mecanismo de rendición de cuentas previsto en el Código de Comercio, del que como quedó dicho, se encuentra alcanzada.

Ambas obligaciones, la de rendir cuentas y la de remitir los extractos tienen distinto origen y alcance.Sólo mediante el recurso de un empleo extensivo y por analogía -que no comparto- podría considerarse satisfecho el débito de “rendir cuentas” por el solo envío de resúmenes que no reúnen los alcances que a esa obligación le fijan los arts. 33 inc. 4, 68 y 70 del CCom.

Tampoco resulta admisible el argumento esgrimido en relación al carácter de abogado y ex empleado del Banco del Sr. Lariño, pues en nada altera la situación pues aquí actuó simplemente como un consumidor bancario, cuyo único objetivo fue indagar y obtener explicaciones acerca de determinados débitos que fueron efectuados de su caja de ahorro, y que dijo desconocer el motivo de los mismos.

Bien fue juzgado que el cliente bancario, en tanto consumidor final de los servicios prestados por el banco, tiene derecho a una información suficiente sobre los elementos esenciales de la relación contractual y sus variaciones, por lo que siendo el estipulante quien redacta el contrato, tiene el deber de hacerlo de una manera clara, precisa y comprensible; por ende quien pudo y debió hablar claro, carga con las consecuencias de su obrar, de su oscuridad o ambigüedad, sea por torpeza, ligereza o deliberado propósito, y en consecuencia en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor (v. esta Sala in re: “Gómez Ricardo E. c/ ABN AMRO Bank N.V. Suc. Arg. s/ ordinario” , del 24.6.11).

Es así que considero debe ser rechazado el agravio vertido en este sentido, y juzgada la procedencia “formal” del procedimiento de rendición de cuentas, cabe ingresar al tratamiento de la restante queja referida a la valoración de la prueba.

ii. Sobre las pruebas producidas en la causa.

A mi juicio, el recurso tampoco debe prosperar desde que según lo veo, la sra. juez de grado ha realizado una adecuada y acabada valoración de todas y cada una de las pruebas producidas en la causa.En mi criterio es errónea la afirmación efectuada por la recurrente en el memorial, que sostuvo que la sentencia fue fundada tomando como principal premisa que no se había aportado un ejemplar del contrato de mutuo suscripto entre las partes, sin haber dado mayores explicaciones y sin considerar el resto de la prueba “in totum” (v. fs. 344 vta.).

Contrariamente a lo sostenido por la parte, la sentencia condenatoria se basó en los siguientes puntos:

i. En la existencia de una contradicción entre lo sostenido por el actor en el libelo inicial en cuanto al plazo que se había pactado la devolución del importe prestado, que refería a un lapso de 5 años, y lo que surgió de la pericial contable luego de cotejarse cierta documentación aportada por la demandada en la que surgiría un plazo menor (48 meses).

ii. Con esa base juzgó que la explicación brindada por la entidad bancaria en la carta documento de fs. 7 resultaba insuficiente para tener por cumplida la rendición de cuentas, desde que ni siquiera podía saberse a ciencia cierta cuándo concluyó el plazo originalmente pactado, y en todo caso, si las retenciones efectuadas sobre los haberes jubilatorios del Sr. Lariño correspondían a las cuotas devengadas y prorrogadas.

iii. En el informe brindado por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en fs. 86/7 enumeró las retenciones por préstamos que se habían efectuado sobre los haberes del actor, y del cual se desprendía que los débitos no se realizaron en forma consecutiva durante los años 2000 a 2005, y que en todo caso no finalizaron tampoco a los 48 meses, sino tiempo después. Es decir, de dicho informe ni siquiera pudo concluirse cuando debió tenerse por cumplido el contrato.

iv. Consideró también los listados aportados por el perito contador en fs. 131/202 y los extractos de caja de ahorros del actor de fs. 203/261, que tampoco permitieron esclarecer la situación.

v.Finalmente concluyó y, lo considero dirimente, que no se halló probado que el actor se hubiera anoticiado de la refinanciación decidida por la entidad bancaria y que hubiere tenido la oportunidad de aceptarla o rechazarla.

Sobre éste último punto, me detendré pues considero fue a partir de ese hecho donde comenzó a generarse la confusión.

El banco sostuvo que se siguieron debitando cuotas, pues se había pactado la refinanciación del crédito según lo dispuesto por la circular “C” 28.475 del 26 de junio de 2001 del mismo Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuya copia luce agregada en el informe pericial contable en fs. 122, denominado “Programa de Regularización de deudas del personal”.

Sobre ella, el perito explicó que la misma se complementaba con un anexo en el que los respectivos tomadores podían optar por negar o aceptar la mentada refinanciación (v. fs. 122/130). Sin embargo, tal como fue juzgado por la juez de grado, no hay constancia alguna que permita inferir que ello hubiera sido puesto a disposición del actor (v. puntos de pericia 5 y 9, b y c). Tampoco se probó que hubiera habido alguna notificación al tomador referida a la pendencia de las cuotas faltantes y de la decisión de debitarlas más de un año después de haber cesado las retenciones originariamente pactadas en el mutuo.

No solamente, no hay pruebas que acrediten haber sido notificado el cliente sobre tal refinanciación, sino que ni siquiera dicha circular fue invocada en la carta documento de fs. 19, mediante la cual el banco pretendió haber cumplido la rendición de cuentas, ni tampoco fue mencionada su existencia en la contestación de demanda (v. fs. 32/36).

Fue recién a partir de la pericial contable, cuando el banco aportó copia de dicha circular y de sus anexos, y tampoco puede desprenderse de ello que el cliente hubiese sido informado del cambio de las condiciones del contrato.Lo expuesto, me lleva a considerar que la juez de grado realizó un adecuado análisis de la prueba producida en la causa, por ello es que considero corresponde confirmar la sentencia de grado y en consecuencia, admitir la pretensión de rendición de cuentas solicitada por el Sr. Lariño, pues en síntesis, ni de las explicaciones brindadas por el banco, ni de las pruebas producidas puede inferirse con claridad, el concepto por el cual se han realizado las retenciones de haberes y el modo en que han sido hasta hoy, sufragadas las cuotas del mutuo que a las partes del juicio vinculó.

IV. Conclusión.

Como corolario de lo expuesto propongo al Acuerdo que estamos celebrando, rechazar el recurso impetrado por la entidad bancaria demandada, y en consecuencia confirmar la sentencia de grado. Con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida (cpr. 68 y 279).

Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva, Juan R. Garibotto, Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala “C”.

Rafael F. Bruno

Secretario

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve rechazar el recurso impetrado por la entidad bancaria demandada y, en consecuencia confirmar la sentencia de grado. Con costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida (cpr. 68 y 279).

Notifíquese por Secretaría.

Julia Villanueva

Juan R. Garibotto

Eduardo R. Machin

Rafael F. Bruno

Secretario

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