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Empleador debe indemnizar a trabajador por patologías en los hombros a causa del levantamiento de peso por tiempo prolongado

shutterstock_63534796Partes: Latorre Francisco Pascual Alberto c/ Roemmers S.A. s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 19-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-80943-AR | MJJ80943 | MJJ80943

Las patologías que presenta el actor en sendos hombros guardan relación de causalidad adecuada con la exposición prolongada al factor de riesgo, -peso y movimientos forzados repetitivos de una valija-, con motivo de las tareas de visitador médico desarrolladas a favor de la demandada durante un tiempo prolongado, y siendo que se encuentran previstas por el dto. 658/96, deben ser reparadas por la vía sistémica. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde tener por acreditada la minoración de la capacidad del actor con motivo de las patologías que presenta en sendos hombros puesto que el actor ha logrado acreditar haber estado sometido a un agente de riesgo con incidencia negativa sobre las extremidades superiores, dado que el prolongado tiempo durante el cual soportó diariamente sobre sus miembros entre 3 y 4 kilos, efectuando los movimientos habituales que demanda el transporte de este tipo de valijas, importan la adopción de posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo ; máxime siendo que la profesión de visitador médico demanda ese tipo de acciones.

2.-Corresponde otorgarle plena eficacia probatoria al dictamen pericial dado que aun cuando el consejo profesional no es vinculante, no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse de él sin motivo pues, a pesar de que en nuestro sistema la pericia no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia conseja aceptar los resultados a los que aquel haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos o no resulten contrariados por otras probanzas de igual o parejo tenor.

3.-Más allá de que se acreditó que la valija transportada pesaba una cuarta parte de la denunciada, lo cierto es que el vínculo se extendió durante más de 25 años y resultó acreditado que el elemento de trabajo de 4 kg., -la valija-, era transportado diariamente por el actor durante su jornada laboral, y por lo tanto, deja en evidencia el desempeño de trabajos o movimiento repetitivos del hombro con capacidad para generar la lesión advertida por el perito médico.

4.-No corresponde admitir el rubro daño moral ya que no se encuentra contemplado en la ley especial, esto es la ley 24557 y el dec. 658/96 .

5.-Toda vez que se encuentra acreditado el daño psíquico, la ART tiene el deber de otorgar la cobertura prevista por el art. 20 de la LRT., más allá de que el actor no demandó, ni siquiera con carácter subsidiario, el cumplimiento de la prestación en especie para el tratamiento psicológico.

6.-Corresponde desestimar la excepción de prescripción articulada por la aseguradora, toda vez que no existen pruebas tendientes a demostrar que el actor haya tomado cabal conocimiento de la incapacidad provocada por la enfermedad que invoca con anterioridad a las fechas en las que fue sometido a intervención quirúrgica, y si bien los arts. 43/44 LRT. indican que la prescripción comenzaría a correr desde la denuncia de la contingencia, ello sólo puede ser así en relación a la acción para el reclamo de las prestaciones asistenciales del art. 20 LRT. y las sustitutivas del salario ante la incapacidad temporaria, ya que allí nace, en efecto, el derecho a su percepción y, por ende, la posibilidad de reclamarlas, pero esas reglas no pueden resultar aplicables en relación a la acción para exigir la reparación de la incapacidad permanente, como es el presente caso.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 19-06-2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia dictada por la Dra. María Isabel Fernández (fs. 216/219), que rechazó la acción entablada por el Sr. L. contra Roemmers S.A. se alza el accionante en los términos de su recurso que luce a fs. 230/239 (replicado por La Caja ART S.A. a fs. 249/250 y por Roemmers S.A. a fs. 254/256).

Asimismo, el perito médico (fs. 221) cuestiona los honorarios que le fueran regulados por considerarlos reducidos, al tiempo que La Caja ART S.A. (fs. 226) cuestionó la distribución de costas del proceso -recurso replicado por el actor a fs. 245/246-.

II.El accionante demandó en procura del cobro de las prestaciones dinerarias de la L.R.T. contra su exempleador y la A.R.T., con motivo de una presunta minoración de su capacidad laboral derivada de la afección profesional que padecería por las tareas realizadas (agente de propaganda médica, desde el 04-07-1983), consistentes en la promoción de productos medicinales que transportaba en una valija que, según sostuvo, oscilaba entre los 15 y 18 kilos de peso y contenía medicamentos, folletos, etc., al tiempo que debía movilizar entre 30 y 40 cajas de medicamentos cada 15 días, las que le eran entregadas en la puerta de su domicilio.

Señala que, con motivo de los esfuerzos físicos realizados se produjo un lento y paulatino deterioro de sus hombros y columna, proceso que culminó en una lesión traumática de esos miembros y la columna vertebral.Afirmó que en fecha 24-11-2006 fue intervenido quirúrgicamente del hombro izquierdo por «rotura de manguito rotador» y en fecha 23-02-2008, de la misma afección del brazo derecho.

Destacó que, pese a la prescripción de tareas livianas, la empresa no lo reubicó y, finalmente, decidió su despido injustificado. Agrega que sufre discopatía lumbo-sacra y que esa afección sumada a su edad (62 años) así como a la extinción contractual, le generó un daño psicológico y moral.

Finalmente, sostuvo padecer una incapacidad del 20% en cada miembro afectado, 10% por su afección lumbar, y entre un 10% y 20% de incapacidad psicológica.

Las demandadas, por su parte, solicitaron la desestimación del reclamo, destacando la improcedencia del reclamo así como la ausencia de vínculo causal entre las afecciones y el trabajo. La aseguradora, además, opuso excepción de prescripción.

La magistrada de grado señaló que el actor no logró acreditar que el trabajo operó como factor eficiente en el conjunto de condiciones determinantes del daño que invoca, por lo que decidió el rechazo de la acción intentada, a partir de las conclusiones arribadas por el perito médico.

III.El accionante se agravia por la desestimación de la acción, haciendo hincapié en las presuntas contradicciones del informe médico, en las que la sentenciante de grado basó su decisorio, señalando que las lesiones sufridas no son ajenas a su labor sino que se encuentran incluidas en el dto. 658/96. Cuestionó la decisión de la Sra. Jueza a quo que declaró innecesaria la producción de las restantes medidas probatorias ofrecidas.

En relación a las cuestiones vinculadas a la prueba testimonial y pericial, este Tribunal, en función de la facultad conferida por los arts. 80 de la L.O. y 36 CPCCN, dispuso la producción de las medidas probatorias que consideró conducentes para la dilucidación de la contienda (cfrme. fs.269, 290 y sstes.), lo que torna abstracto el tratamiento del agravio vinculado a los medios de prueba oportunamente denegados.

Ahora bien, del escrito de inicio puede concluirse en que el reclamo recae sobre la prestación dineraria prevista en el art. 14 a. 2. inc. a) del régimen especial, dado que la acción se fundó en la ley 24.557 (v. fs. 32 pto. X.- DERECHO). En efecto, se trata de un reclamo sistémico fundado en una presunta enfermedad profesional, y estaba a cargo del interesado demostrar que la afección que padece estaba incluida en el Listado de Enfermedades Profesionales previsto por el art. 6°, inciso 2 de la ley 24.557.

A mi modo de ver la patología lumbar que denuncia el demandante no encuentra recepción en el actual Listado de Enfermedades Profesionales y ello impide conceptualizarla como tal para la ley 24.557. En efecto, el dto. 658/96 no establece la «discopatía lumbo-sacra», como así tampoco el «daño moral» se encuentra contemplado en la L.R.T. En cuanto al «daño psicológico», este sólo corresponde en la medida en que deriven de las enfermedades profesionales que figuran en el listado, siempre que fueran diagnosticadas como permanentes o secuelas de accidentes de trabajo, por lo que corresponderá, primeramente, determinar la existencia de las enfermedades, dado que sigue su suerte.

El dto. 658/96 establece como enfermedades de hombro (en especial, hombro doloroso simple o anquilosado) las que reconocen como agente las «Posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo I» y, entre las actividades laborales que pueden generar exposición, se encuentran los trabajos que requieren de movimientos repetitivos o forzados del hombro, por lo que cabe determinar si, en la especie, se acreditó que el Sr.Latorre se encontrara sometido a esa dinámica de trabajo.

Ahora bien, el mentado decreto sólo califica como enfermedad profesional la afección identificada como «hombro doloroso simple (tendinitis del manguito de los rotadores)» cuando el trabajador esta expuesto a «posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo», describiendo como actividades laborales que pueden exponer a ese agente los «trabajos que requieren de movimientos repetitivos o forzados del hombro».

De lo reseñado se sigue que sólo cabe analizar la viabilidad del reclamo del actor, con fundamento en la ley 24.557, destinado a obtener la reparación tarifada de una enfermedad profesional, en tanto afirma padecer secuelas de incapacidad de ambos hombros y brazos y, habida cuenta que denunció que el agente nocivo al que estuvo expuesto fue el levantamiento constante de peso (maletín, cajas, etc.) para llevar a cabo sus tareas de visitador médico.

En relación al primer tópico, advierto que del informe médico rendido a fs. 147/151 y aclaraciones de fs. 292/293 y fs. 308/309 surge que el actor presenta lesiones sufridas con secuelas anatomo funcionales en el hombro izquierdo, que genera una incapacidad permanente física del 24% de la T.O. y secuelas anatomo funcionales en el hombro derecho, causantes de una minoración en su capacidad física del orden del 18% de la T.O.

En cuanto a la afección psíquica, ni del informe rendido en autos, ni de los restantes elementos de juicio colectados en la causa, surge que se haya diagnosticado como una afección de carácter permanente.Además, el perito sugirió tratamiento psicoterapéutico durante un plazo no inferior a 1 año, con una frecuencia de dos sesiones semanales, en orden al carácter transitorio de la afección que podría remitir con el tratamiento adecuado.

A mi modo de ver, corresponde otorgarle plena eficacia probatoria al dictamen pericial rendido en autos dado que, tal como tiene dicho nuestro Máximo Tribunal, aún cuando el consejo profesional no es vinculante, no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse de él sin motivo pues, a pesar de que en nuestro sistema la pericia no reviste el carácter de prueba legal, si el perito es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia conseja aceptar los resultados a los que aquel haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos o no resulten contrariados por otras probanza de igual o parejo tenor (cfrme. dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hizo suyo en C.S., 2012-06-12 «B., J. M. s/ Insana», fallo N°116.516).

Desde esta óptica, y habida cuenta que el cuestionado dictamen técnico realizado conforme lo dispuesto por el art. 472 del C.P.C.C.N. luce, a mi juicio, suficientemente fundado desde el punto de vista técnico-científico, y dado que las impugnaciones formuladas por las partes no revelan la existencia de errores manifiestos en los que pudo haber incurrido el profesional interviniente, no encuentro motivos para apartarme del objetivo y concluyente informe rendido al que le otorgo pleno eficacia convictiva (cfrme. art.477 CPCCN).

Acreditada la incapacidad física, y en relación a la incidencia del factor laboral, aún partiendo de la hipótesis aducida en la demanda de que las labores del actor hayan implicado tener que levantar cajas de peso excesivo, es evidente que esa actividad osteomuscular no provoca movimientos repetitivos o forzados del hombro ya que el levantamiento de las cajas a las que se alude en la demanda puede provocar tensión en la zona de la charnella lumbo-sacra pero no advierto que exija movimientos de la articulación del hombro, menos aún cuando esta actividad se llevaba a cabo con baja frecuencia (1 o 2 veces por mes, v. fs. 29vta.).

Ahora bien, el actor denunció que la valija que portaba tenía un peso que oscilaba entre los 15 y 18 kg., extremo que no ha logrado acreditar. En efecto, mientras el testigo Benítez (fs. 286 y 352) se limitó a afirmar que era pesado, los restantes testigos que declararon a propuesta del interesado no solo refirieron un peso inferior sino que carecen de eficacia convictiva (art. 90 L.O. y 386 CPCCN). En efecto, Elpidio (fs. 285 y 335), afirmó que el portafolio pesaba «mas de 10 o 12 kg.», aunque no explicó en modo alguno como tuvo conocimiento de esta circunstancia, dado que ni siquiera refirió haber sostenido o transportado el mismo en alguna oportunidad. Tarascon afirmó que el maletín pesaba «. arriba de 8 kg… » pero, dijo que este peso era solo una suposición de la deponente por ver al actor ladeado cuando lo cargaba, pero nunca cargó el maletín del actor (Tarascon fs. 287 y 350). El testigo Vazquez (fs. 288 y 351) sostuvo que la valija podía pesar entre 8 y 10 kg., porque la había cargado en una oportunidad.

Sin embargo, quienes se desempeñaban para la demandada cumpliendo las mismas funciones que el actor, cargando diariamente el mismo peso, son contestes en afirmar que la valija que transportaba el actor, similar a la de los testigos, pesaba entre 3 y 4 kg. (v. Bucci fs. 353, Gil fs.354 y Bazzano fs. 362), y habiendo dado los deponentes suficiente razón de sus dichos en tanto tuvieron conocimiento directo de los hechos sobre los que declararon, he de tener por cierto el extremo invocado al demandar.

Por eso, más allá de que se acreditó que la valija transportada pesaba una cuarta parte de la denunciada, lo cierto es que el vínculo se extendió desde el 04-07-1983 al 08-10-2008, es decir, durante más de 25 años y los testigos son contestes en señalar que este elemento de trabajo de 4 kg. era transportado diariamente por el actor durante su jornada laboral.

De ello se sigue que, a mi modo de ver, el actor ha logrado acreditar haber estado sometido a un agente de riesgo con incidencia negativa sobre las extremidades superiores, dado que el prolongado tiempo durante el cual soportó diariamente sobre sus miembros entre 3 y 4 kilos, efectuando los movimientos habituales que demanda el transporte de este tipo de valijas importan la adopción de «posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo» en tanto surge de los testimonios rendidos en autos que la profesión de visitador médico demanda ese tipo de acciones. En efecto, el hecho de cargar y descargar la valija, sacarla e ingresarla al vehículo, transportarla hasta el hospital o consultorios a visitar, secuencia que se repite varias veces al día durante 25 años, con un peso oscilante entre los 3 y 4 kg., deja en evidencia el desempeño de trabajos o movimiento repetitivos del hombro con capacidad para generar la lesión advertida por el perito médico (v.Bucci, Gil y Bazzano)

En función de lo expuesto, considero acreditada la minoración de la capacidad del actor con motivo de las patologías que presenta en sendos hombros, así como de que la patología guarda relación de causalidad adecuada con la exposición prolongada al factor de riesgo (peso y movimientos forzados repetitivos) con motivo de las tareas desarrolladas a favor de la demandada durante un tiempo prolongado y la patología se encuentra prevista por el dto. 658/96 y deber ser reparada por la vía sistémica.

No soslayo que el perito en su informe inicial también explicó que el actor presenta una artrosis generalizada que afecta predominantemente hombros, columna cervical y lumbar (v. fs. 147/151). Sin embargo, aun cuando ello evidencia que los episodios narrados en la demanda no ostentaron la condición de único agente etiológico del daño y, por ello, cabe concluir en la existencia de una concausa de origen no laboral, es decir, la existencia de una causa agregada que incide desfavorablemente y coadyuva con el cuadro patológico profesional, lo cierto es que, tal como tuve la oportunidad de expedirme en autos «Borda, José Antonio c/ La Caja ART S.A. s/ Ley 24.557» (Expte. 35.012/2010, SD Nº 101.147 del 05/11/2012) rige, en materia de reparación de infortunios laborales, la teoría de la indiferencia de la concausa.

Por lo expuesto, propicio modificar el decisorio de grado y condenar a la aseguradora en los términos de la ley 24.557 al pago de las prestaciones dinerarias que ascienden a la suma de $75.600,00 por aplicación del tope establecido en el art. 14 inc. 2), apartado a) párr. 2 de la L.R.T. ($180.000 x 42%), toda vez que la aplicación de la fórmula contemplada en la norma (art. 14 inc. 2) ap.a) 1 Ley 24.557) supera dicha suma (53x$18.653×42%x65/62 = $435.382).

Cabe aclarar, en relación a la aplicación del tope previsto en la norma, que el accionante no ha cuestionado en modo alguno su aplicación, es decir, nada ha manifestado en relación a la limitación impuesta por la norma en su escrito de inicio.

No olvido que la Corte Suprema ha señalado en sentencia del 27/11/2012 dictada en la causa «Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino», profundizando la línea de pensamiento iniciada en la causa «Mill de Pereyra, Rita y otros c/ Estado de Provincia de Corrientes» (27-9-01) y continuada en «Banco Financiero S.A.» que es deber de los jueces declarar la inconstitucionalidad de las normas que, en efecto, resulten contrarias al orden constitucional argentino, aún sin pedido expreso, siempre que medie una necesaria actividad probatoria de los contendientes para demostrar que la norma en cuestión le provoca perjuicio constitucional así como planteos argumentales que pongan de manifiesto tal situación, siendo subrayable que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.

Si bien en lo personal no comparto esa doctrina para supuestos de inconstitucionalidad relativa y en los que no esté en juego el orden público ni, sobre todo, el orden institucional de la República, se trata la señalada de una doctrina interpretativa de la cabeza del Poder Judicial, intérprete final y auténtico de la Constitución Nacional, por lo que acato la opinión del Máximo Tribunal.

Empero, como recién anticipé, en el subjúdice nada se dijo respecto del tema relativo a los intereses ni a las mencionadas resoluciones; la parte actora no pidió nada en particular al respecto ni explicitó, siquiera de una manera larval, algún cuestionamiento al régimen reglamentario en vigencia.Más aún, en la demanda no se exteriorizó ninguna apetencia procesal en esta materia ni se hizo la más tenue alusión a algún eventual perjuicio.

En tal contexto del caso concreto, opino que no se dan los recaudos a los que la citada doctrina del Máximo Tribunal supeditó una decisión tan extrema y grave como es la declaración oficiosa de inconstitucionalidad ya que no se advierte la «necesaria actividad probatoria de los contendientes» para demostrar que la norma en cuestión le provoca perjuicio constitucional ni tampoco «planteos argumentales que pongan de manifiesto tal situación».

Por otra parte, a mi modo de ver también la regla emanada del art. 277 CPCCN obsta al tratamiento de la cuestión constitucional en esta instancia, ya que no fue propuesta a la decisión de la Sra. Jueza de grado siquiera en la ocasión del alegato.

En cuanto al daño moral, y tal como adelanté, no se encuentra contemplado en la ley especial (24.557), por lo que el reclamo deviene improcedente.

En lo que respecta al padecimiento psíquico, si bien es cierto que no se demandó, ni siquiera con carácter subsidiario, el cumplimiento de la prestación en especie (en el caso, tratamiento psicológico), lo cierto es que se encuentra acreditado, tal daño, por lo que la ART tiene el deber de otorgar la cobertura prevista por el art. 20 de la L.R.T., y así cabe declararlo.

El monto que sugiero diferir a condena ($75.600,00) deberá llevar intereses a partir del 24-12-2007, fecha en la que la demandada comenzó a estar en mora, respecto a la obligación resarcitoria que le impone la LRT, toda vez que la consolidación jurídica del daño se produjo un año después de la fecha en la que el actor denunció haber tomado conocimiento de su incapacidad (v. fs. 52), más el plazo de gracia de 30 días previsto por la Res. SRT N° 414/99.En consecuencia, a partir del 24-12-2007 deberá adicionarse al capital de condena la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (cfr. Resolución de Cámara de fecha 7 de mayo de 2002 -Acta Nro. 2357), la que se devengará hasta el momento de su efectivo pago.

IV.En lo que respecta a la excepción de prescripción, oportunamente articulada por la aseguradora y cuyo tratamiento se impone en función del resultado que sugiero, advierto que ninguna prueba aportó la excepcionante tendiente a demostrar que el actor haya tomado cabal conocimiento de la incapacidad provocada por la enfermedad que invoca con anterioridad al 24-11-2006 (respecto del hombro izquierdo) y del 23-02-2008 (respecto del hombro derecho), fechas en las que fue sometido a intervención quirúrgica.

Si bien los arts. 43/44 L.R.T. indican -con gran oscuridad- que la prescripción comenzaría a correr desde la denuncia de la contingencia, ello sólo puede ser así en relación a la acción para el reclamo de las prestaciones asistenciales del art. 20 L.R.T. y las sustitutivas del salario ante la incapacidad temporaria, ya que allí nace, en efecto, el derecho a su percepción y, por ende, la posibilidad de reclamarlas.

En cambio, esas reglas no pueden resultar aplicables en relación a la acción para exigir la reparación de la incapacidad permanente (tanto la de grado provisorio como la de grado definitivo) puesto que tal derecho sólo nace con la correspondiente declaración del carácter permanente de la minusvalía a reparar.Es de toda obviedad que la acción para reclamar ese tipo de indemnizaciones por incapacidad permanente no puede ser ejercida antes de su determinación, de lo que se sigue que el plazo liberatorio únicamente puede empezar a computarse a partir de la consolidación del daño.

En el caso, no se ha probado que se le haya determinado la incapacidad al trabajador ni obtenido el alta médica por las patologías de ambos hombros, por lo que, frente al argumento de la aseguradora, cabe analizar cuándo se produjo el alta jurídica en los términos del art. 7 , apartado 2, inc. c de la L.R.T.

Pues bien, tal como lo plantea la excepcionante, el prop io actor reconoció haber conocido sus dolencias en fecha 24-11-2006 (v. fs. 52). Por ende, cabe entender que el alta jurídica se produjo un año después, o sea, el 24-11-2007.

A partir de dicha fecha comenzó a correr el plazo liberatorio del art. 44 L.R.T. que se vio suspendido del 04-12-2008 (v. fs. 4) al 05-05-2009 en virtud del reclamo ante el SECLO, de conformidad con lo previsto por el art. 7 de la ley 24.635.

Al momento de esa suspensión del plazo había corrido 12 meses y 10 días. Al reanudarse el conteo liberatorio, el 06-05-2009, corrieron 7 meses y 26 días hasta el 30-12-2009, fecha de interposición de la demanda (v. fs. 33).

Es decir que sólo habían trascurrido 20 meses y 6 días cuando se interpuso la demanda y la acción no se encontraba vencida.

En cuanto a la caducidad de la acción a la que alude el art. 44 L.R.T.denominándola, impropiamente, prescripción, tampoco resulta aplicable a la especie pues el vínculo laboral se extinguió en fecha 08-10-2008 y la demanda fue promovida apenas 14 meses después (el 30-12-2009).

En consecuencia, corresponde desestimar la excepción opuesta.

V.En cuanto a la acción incoada contra la codemandada Roemmers S.A., corresponderá su rechazo con costas, pues la acción solo persigue el pago de las prestaciones de ley, exclusivamente a cargo de la aseguradora, y el pretensor no ha invocado fundamento alguno, en hecho o derechos, que justifique su decisión de traer a juicio a su exempleador (art. 1 dec. 334/96).

VI.La solución que dejo propuesta torna abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones introducidas por el accionante.

VII.La modificación del decisorio atacado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, conduce a reexaminar las costas allí determinadas.

En orden a ello sugiero imponer las costas ambas instancias, por el reclamo iniciado contra Roemmers S.A., a cargo de la parte actora vencida (art. 68 CPCCN) y en relación a la acción intentada contra la aseguradora codemanada, sugiero imponer en un 80% a cargo de la parte demandada y en un 20% a cargo de la parte actora, en atención a la respectivas proporciones de éxito obtenidas por las partes (cfrme. art. 68 párr. 2° y 71 del CPCCN). Cabe añadir que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces, no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio.En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada Roemmers S.A., La Caja ART S.A, y el perito médico en el 15%, 16%, 14% y 6% respectivamente del monto total de condena -capital más intereses- (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243) quedando aquí subsumida la apelación deducida por las partes y peritos intervinientes.

Finalmente, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de cada una de las demandada por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

El Dr. Victor A. Pessino dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente el decisorio de grado, y hacer lugar a la demandada incoada contra La Caja A.R.T. S.A., condenándola a pagar la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos ($75.600,00), más los interés fijados en el considerando III del presente pronunciamiento y otorgar al accionante las prestaciones en especie -tratamiento psicológico- durante el término de 12 meses con frecuencia de dos sesiones semanales; 2) Confirmar el rechazo de la acción deducida contra la codemandada Roemmers S.A.; 3) Imponer las costas de ambas instancias por el reclamo incoado contra Roemmers S.A. a cargo de la parte actora, y por la acción deducida contra La Caja ART S.A. en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada y en un veinte por ciento (20%) a cargo de la parte actora; 4) Regular los honorarios de la anterior instancia correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la demandada Roemmers S.A., de La Caja ART S.A. y del perito médico en el quince por ciento (15%), dieciséis por ciento (16%), catorce por ciento por ciento (14%) y seis por ciento (6%) respectivamente del monto nominal reclamado sin intereses; 5) Regular los honorarios a favor de la parte actora y de cada una de las demandadas por sus trabajos en este tramo procesal en el 25% -respectivamente- de las sumas que deban percibir cada uno de ellos por los de primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Victor A. Pesino

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

(A.A.)

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