fbpx

ART no es responsable del daño sufrido por trabajador en asalto por no existir nexo causal entre el hecho y su deber de prevención

Partes: Burela Miguel Ángel c/ Cornel y Asociados S.R.L. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 7-may-2013

Cita: MJ-JU-M-80937-AR | MJJ80937 | MJJ80937

No existe nexo de causalidad entre las omisiones de capacitación y prevención por parte de la ART y la actuación delictiva de dos personas armadas que ingresaron por la fuerza al comercio donde prestaba servicios de vigilancia el trabajador; por lo tanto, la ART no resulta responsable por las graves consecuencias derivadas del infortunio que aquel padece.

Sumario:

1.-No corresponde responsabilizar civilmente a la ART en los términos del art. 1074 CCiv., por las lamentables consecuencias de un robo con arma de fuego, toda vez que no se advierte posible evitar la perpetuación de un asalto a mano armada, -en tanto depende íntegramente de la voluntad del autor o coautor del delito-, a menos que el dictado de los cursos de capacitación que se reclama al personal de vigilancia se proyecte sobre el ejercicio de facultades premonitorias respecto de las conductas de terceros, siempre y cuando posibiliten realizar las actividades necesarias para frustrar un futuro episodio delictivo y sus consecuencias (del voto del Dr. Enrique Néstor Arias Gibert al que adhiere el Dr. Luis Anibal Raffaghelli – mayoría).

2.-No es posible establecer un nexo de causalidad adecuado entre las omisiones de capacitación y prevención por parte de la ART y la actuación delictiva de dos personas armadas que ingresaron por la fuerza al comercio donde prestaba servicios de vigilancia el demandante, por cuanto no surge de qué modo el dictado de cursos o dación de instrucciones al personal de seguridad hubiese impedido que se concrete el acto delictivo en el cual se atacó al trabajador (del voto del Dr. Enrique Néstor Arias Gibert al que adhiere el Dr. Luis Anibal Raffaghelli – mayoría).

3.-Dado que no está discutido el acaecimiento del robo con arma de fuego en el local que era custodiado por el actor, ni la mecánica del mismo, debe confirmase la condena dispuesta respecto de la ART con sustento en el art. 1074 del CCiv. por haber incumplido las obligaciones legales a su cargo (de la disidencia del Dr. Oscar Zas).

4.-Toda vez que la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo imponía a la ART la obligación de ofrecer asistencia técnica al empleador para efectuar capacitación de los operarios en materia de prevención de accidentes de trabajo, y tal obligación fue incumplida, pues la ART no invocó ni tampoco probó haber brindado cursos de capacitación a los trabajadores, ni menos aún que hubiera denunciado los incumplimientos en materia de higiene y seguridad ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, existe nexo de causalidad adecuada con los daños sufridos por el actor como consecuencia del robo que sufrió en el establecimiento de la empleador (de la disidencia del Dr. Oscar Zas).

5.-Corresponde elevar el monto fijado por el daño moral ya que el mismo no requiere prueba especial y los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias personales del actor; máxime siendo que en el caso, es indudable la configuración del daño, que se patentiza en el dolor, los padecimientos y las angustias espirituales sufridos por el actor a raíz del accidente sufrido en cumplimiento de las tareas asignadas por el empleador.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 7 días del mes de mayo de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) La sentencia de fs. 464/472 es apelada por la parte actora y por la codemandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo a tenor de los memoriales que lucen agregados a fs. 481/486 y a fs. 488/497 vta., respectivamente. Las mencionadas partes contestaron agravios a fs. 501/511 y fs. 519/521 vta., respectivamente. A su vez, los peritos contador, médico e ingeniero apelan porque consideran reducidos los honorarios pertinentes, a fs. 475, 480 y 499.

II) El actor se queja porque estima insuficiente el monto de reparación de los daños material y moral y porque la jueza de grado omite expedirse acerca del reclamo del resarcimiento de la pérdida de chance.

La aseguradora de riesgos del trabajo codemandada se queja porque fue condenada en los términos del Código Civil. Afirma que la ART no puede asumir obligación alguna más allá del límite fijado en el contrato de afiliación suscripto con la empleadora del trabajador. Cuestiona el monto de la reparación fijado.

III) Llega firme a la alzada la siguiente conclusión de la sentencia de primera instancia:

«…ha quedado acreditado en la causa que el señor Burela sufrió un accidente de trabajo el que se produjo cuando dos malhechores, que ingresaron al comercio que éste custodiaba, lo golpearon gravemente para poder, así, robar el mismo».

«Considero que la actividad prestada por el trabajador, constituyó una labor ciertamente riesgosa ya que el daño sufrido por el demandante en ocasión del infortunio de marras responde al riesgo propio de la actividad impuesta por la empleadora al aquí reclamante.Tanto el ambiente de trabajo, como así también las tareas que el actor realizaba constituían una actividad riesgosa (cuyos supuestos de daños, obviamente, caen bajo la órbita del art. 1113 del Cód. Civil, puesto que la esencia de la responsabilidad está en el riesgo creado) dado que el Sr. Burela era vigilador en una zona denominada de «alto riesgo» en virtud que -como lo ha explicado autorizada doctrina civilista- una actividad es riesgosa cuando, por su propia naturaleza o por las circunstancias de su realización genera un riesgo o peligro para terceros…».

«…demás está aclarar que Cornel y Asociados SRL que posee como actividad vigilancia y seguridad privada -(ver responde fs. 107) se sirvió de la actividad desarrollada por el actor (vigilador); entonces ésta obtuvo un provecho o un beneficio. Por lo tanto, a la luz de lo dicho, se encuentra comprendida en el art. 1113 del Código Civil…».

«…la persona jurídica responsable de llevar adelante una actividad empresarial especialmente peligrosa, debe brindar una razonable protección acorde al riesgo impuesto a los dependientes que concretan el trabajo, por lo que la conducta omisiva de la codemandada en este aspecto acentúa aún más el reproche de que es pasible, máxime cuando ni siquiera mencionó, mucho menos acreditó, la realización de medidas de seguridad.»

«De conformidad con la prueba rendida, encuentro innegable que el daño en la salud del trabajador tuvo por causa la forma en que prestó su tarea para la demandada, lo que implica tanto el riesgo propio de la actividad, como la ausencia de los elementos que hubieran correspondido, en el marco de medidas propias de seguridad en el trabajo y las condiciones ambientales de labor…» (ver fs. 468/470).

IV) La jueza de grado señala que no obra en la causa descripción alguna de las medidas de prevención adoptadas por el empleador, así como tampoco informes precisos o denuncias de la aseguradora de riesgos del trabajo respecto del incumplimiento a medidas por ella invocadas.

Añade la Dra. Vulcano que Asociart S.A.Aseguradora de Riesgos del Trabajo menciona, en forma harto imprecisa, haber visitado periódicamente a la codemandada y haber efectuado recomendaciones y sugerencias para el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo, pero no aporta prueba alguna que demuestre tales asertos, máxime cuando debido al riesgo implícito de la actividad desarrollada por el actor, debió haber extremado dichas medidas. Señala, además, la magistrada que la ART no demostró haber realizado un control exhaustivo de su asegurada, ni del sistema de seguridad aplicado por ella, ni del dictado de cursos al actor en forma concreta, ni sobre la dación de instrucciones acerca de cómo desempeñarse en un caso concreto como el sufrido por el actor. Ni tampoco la ART probó haber controlado los objetivos de los custodios dependientes de su asegurada, ni efectuar recomendaciones o de emitir sugerencias u opiniones acerca de la seguridad

Concluye la jueza de la instancia anterior que en este contexto de omisión de los deberes de prevención exigidos a la ART, sumado al daño sufrido por Burela, se encuentran acreditados los presupuestos de responsabilidad civil para incluirla en la condena de autos a la luz del art. 1.074, C. Civ. (ver fs. 471).

Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo no controvierte con las exigencias impuestas por el art. 116, L.O.los precitados argumentos expuestos por la magistrada de grado para imputarle responsabilidad.

En efecto, la recurrente se limita a manifestar genéricamente que la sentencia en crisis no habría puntualizado cuál deber de prevención omitido por su parte habría sido la causa del daño padecido por el actor, cuando de la reseña efectuada ut supra surgen claramente individualizados los incumplimientos imputados a la codemandada.

La apelante funda su petición recursiva en la respuesta brindada por el perito ingeniero a la pregunta 1 de su cuestionario; sin embargo, esa manifestación del experto carece a mi entender del alcance pretendido por aquélla.

En efecto, el ingeniero Zwiebel señala en lo pertinente:

«…Sí la Empresa ASOCIART ART, concurrió al Establecimiento BEYNOR donde prestaba servicios el Sr. Burela Miguel a efectuar recomendaciones y capacitaciones a los empleados de dicho Establecimiento donde el Sr. Burela se ocupaba de la Seguridad…» (ver fs. 393).

La afirmación del perito carece de eficacia probatoria por las siguientes razones.

En primer lugar, porque no individualiza la fuente en que se basa.

En segundo término, porque no indica la fecha en que tal visita habría tenido lugar.

En tercer lugar, porque no precisa concretamente las «recomendaciones y capacitaciones» que habría brindado a los empleados.

Por último, porque no individualiza el «Establecimiento» donde el Sr. Burela se ocupaba de la seguridad.

Sin perjuicio de las circunstancias expuestas, que bastarían para desechar la credibilidad del peritaje de ingeniería en este aspecto, cabe destacar que Cavrecich (fs.217/218), titular del establecimiento donde el actor prestaba servicios al momento del accidente, manifiesta en lo pertinente:

«…al momento de la contratación del personal de seguridad, la empresa no le brindó información alguna de los recaudos de seguridad necesarios para ese local, sino que lo hizo luego, después del accidente del actor, propusieron poner cámaras…».

Teniendo en cuenta que Cavrecich no alude a las «recomendaciones y capacitaciones» mencionadas por el ingeniero, y que este último no indica que esas conductas hubieran tenido lugar fuera del local de aquélla, el testimonio de Cavrecich contribuye a corroborar la falta de credibilidad del informe del perito en este aspecto (conf. arts. 386 y 477, C.P.C.C.N.; 90 y 155, L.O.).

Tampoco favorece la postura de la recurrente la alusión a la prueba documental acompañada por la demandada, por dos razones: en primer lugar, porque se trata de fotocopias, y en segundo término, porque su autenticidad no fue demostrada en la causa.

Por otra parte, la codemandada fue intimada a acompañar -entre otros documentos- los certificados de capacitación del personal de acuerdo a lo establecido en los decretos que regulan la actividad de prestación de servicios de vigilancia privada, el informe del estudio de seguridad realizado al lugar donde ocurrió el hecho y la propuesta de soluciones a los problemas encontrados (ver fs. 45 vta., pto. C) y 127, pto. IV), y no cumplió con ese requerimiento, lo que constituye una presunción en su contra (conf. arts. 388, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

En el contexto descripto, dado que no está discutido el acaecimiento del infortunio ni la mecánica del mismo, considero que debe confirmase la condena dispuesta respecto de la ART con sustento en el art. 1074 del Código Civil por haber incumplido las obligaciones legales a su cargo.Considero que el Estado Nacional ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión.

Desde esta perspectiva, se genera una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales; por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función «cuasi-estatal», puede generar la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, previa comprobación -claro está- de un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.

Cabe destacar enfáticamente que uno de los objetivos esenciales de la ley sobre riesgos del trabajo es la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (cfr. art. 1º, ap. 2, inc. a), ley 24.557).

En este marco, el sistema impone obligaciones concretas en cabeza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Así, el art. 4º, ap. 1º, ley 24.557 dispone en la parte pertinente que «…las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficaz mente los riesgos del trabajo…A tal fin, y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente…deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo…»

Según el art. 31, ap. 1º de la ley citada, las A.R.T.:

«…a)Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo…»

«…c)Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas…».

Asimismo, los empleadores, en el marco del sistema, tendrán derecho a recibir de parte de las ART «…asesoramiento en materia de prevención de riesgos…» (cfr. art. 31, ap.2º, a), lo que constituye correlativamente una obligación de dichos entes.

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96, las ART «…deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a)Determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b)Normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo; c)Selección de elementos de protección personal…»

La omisión es causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado; en otros términos, la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, «Notas sobre la responsabilidad civil por omisión», Zeus, t. 33-D, p. 55).

Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., «La relación de causalidad en la responsabilidad civil», Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 212; López Cabana, Roberto, «Poder de policía y responsabilidad del Estado», en Alterini, Atilio A. – López Cabana, R., «Responsabilidad Civil», Diké, Bogotá, 1995, p.380).

El tema que nos ocupa está estrechamente vinculado con la dilucidación de la responsabilidad por omisiones del Estado en el ejercicio del poder de policía de actividades privadas.

La peculiaridad del caso es que -como ya fue adelantado «ut-supra»- ese poder de policía -en materia de higiene y seguridad y de prevención de riesgos laborales- es ejercido, por delegación estatal, por una entidad privada con fines de lucro.

Resulta pertinente, por ende, el conocimiento de los criterios imperantes en esa materia.

Así, se ha señalado, con criterio que comparto, que a tenor del art. 902 del C. Civ., cuando un ente especializado y con competencia suficiente toma conocimiento de la actividad de un particular que puede causar daño a terceros y omite tomar las medidas necesarias para evitar tal perjuicio, cuando su actuar le está impuesto objetivamente por la ley que previó tal situación, no puede caber duda alguna sobre la jerarquía causal de la omisión (cfr. Schiavo, Carlos A., «Responsabilidades emergentes de omisiones en el ejercicio de control de las actividades aseguradoras», Rev. Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad», año V, nº 17/20, p. 103, cit. por Kemelmajer de Carlucci, Aída, «La responsabilidad del Estado por omisión en la experiencia jurisprudencial», en Bueres, Alberto J. – Kemelmajer de Carlucci, A (directores), «Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Homenaje al Profesor Doctor Atilio Anibal Alterini», Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 498 y nota 27).

En sentido concordante con estas conclusiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: «Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro» (T. 205. XLIV, sentencia del 31 de marzo de 2.009) ha sostenido que:» .no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse.Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas…».

En este marco, el plexo normativo descripto ut supra le imponía a la ART la obligación de ofrecer asistencia técnica al empleador para efectuar capacitación de los operarios en materia de prevención de accidentes de trabajo, la elaboración de un plan de mejoramiento y de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de la empleadora, medidas legalmente exigibles a la aseguradora de riesgos del trabajo para prevenir eficazmente la ocurrencia de un accidente como el sufrido por el demandante.

Sin embargo, la ART no invocó ni tampoco probó haber brindado cursos de capacitación a los trabajadores, ni menos aún que hubiera denunciado los incumplimientos en materia de higiene y seguridad ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Tampoco hay constancia alguna de que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo hubiera verificado este incumplimiento por parte de la empleadora ni que hubiera brindado capacitación al personal para ejecutar dichas tareas en forma segura. Tampoco hay prueba que demuestre que hubiera efectuado visitas en forma periódica.

Por ello, en el presente caso, los incumplimientos por parte de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo de deberes legales a su cargo guardan nexo de causalidad adecuada con los daños sufridos por Burela (conf. arts. 901, 902, 904, 1.074 y ccds., C. Civ.).

El art. 901, C. Civ. establece:

«Las consecuencias de un hecho que acostumbre suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código `consecuencias inmediatas´. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman `consecuencias mediatas´. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman `consecuencias causales´»

El art. 902, C. Civ. dispone:

«Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos».

A su vez, el art.904, C. Civ. reza:

«Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas».

Las consecuencias mediatas suscitan un mayor interés en este caso, porque son las que provienen de la vinculación del hecho del sujeto con otro acontecimiento. Este último, interpuesto entre el acontecimiento principal y la consecuencia, impone la responsabilidad, dentro de la teoría de la causalidad adecuada, si su autor debió preverlo, empleando la debida atención y conocimiento de las cosas (art. 904). Pero el juicio de la probabilidad de las consecuencias en abstracto debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que el sujeto, por sus conocimientos, sus aptitudes o su actividad, poseía mayor idoneidad de previsión que un hombre medio.

Desde esta perspectiva, en virtud de los incumplimientos mencionados precedentemente, considero que ha mediado un nexo de causalidad adecuado entre los daños sufridos por el actor y los incumplimientos de la ART por lo que propicio que, con estos fundamentos, se confirme lo decidido en origen en este aspecto.

V) Trataré ahora conjuntamente los agravios del actor y de la aseguradora de riesgos del trabajo relativos al monto del resarcimiento y a los rubros comprendidos en la condena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado la utilización de fórmula alguna para fijar la indemnización por reparación integral, al señalar que: «El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres» (A. 436. XL; Recurso de hecho: «Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.y Pametal Peluso y Compañía SRL» , del 8 de abril de 2008). En tal pronunciamiento, el Supremo Tribunal Federal expuso que: «La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable».

Ahora bien, cabe remarcar que con el sustento jurídico del Código Civil la reparación debe ser integral, comprendiendo la disminución de capacidad producida por el evento dañoso, el lucro cesante y el daño moral (plenario nº 243 de la C.N.A.T.).

Con estos parámetros, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha del accidente (26 años), el salario mensual que percibía a esa fecha ($ 1.100 -monto alegado en el escrito de inicio, que estimo razonable dada la índole de la tareas cumplidas por el actor y ante la ausencia de otros elementos fehacientes en tal sentido-, ver peritaje contable -fs. 252 y 359/360-) las secuelas psicofísicas verificadas (50% de incapacidad determinado en primera instancia y no cuestionado por las partes), la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se vio privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero que el resarcimiento por daño material debe elevarse a la suma de $ 280.000 que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance.

El daño moral no requiere prueba especial y los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias personales del actor, estimo adecuado elevar el monto determinado por daño moral a la suma de $ 80.000.En el caso, es indudable la configuración de daño moral, que se patentiza en el dolor, los padecimientos y las angustias espirituales sufridos por el actor a raíz del accidente sufrido en cumplimiento de las tareas asignadas por el empleador.

En definitiva, por las razones hasta aquí expuestas sugiero modificar el fallo de la anterior instancia y elevar el monto de condena a la suma de $ 360.000, con más los intereses dispuestos allí fijados, cuestión que no fue cuestionada por las partes.

VI) La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279, C.P.C.C.N.) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos pertinentes.

En atención al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. según el cual quien resulte vencido debe cargar con los gastos causídicos en que incurrió la contraria para el reconocimiento de su derecho, propicio imponer las costas de primera instancia a cargo de ambas codemandadas en forma concurrente.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de las tareas profesionales realizadas, y el valor económico del litigio, sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de los Dres. Juan Gabriel Massa y Hugo Oestereicher en conjunto, ex letrados apoderados de Cornel y Asociados S.R.L., de la representación y patrocinio letrado de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y de los peritos médico, contadora e ingeniero, en el 16%, el 10%, el 12%, el 6%, el 5% y el 5%, respectivamente, porcentajes todos a calcular sobre el capital de condena con más los intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y 3 inc. b) y g) y 12, dec.-ley 16.638/57).

VII) En virtud del resultado de los recursos, postulo imponer las costas de alzada a ambas codemandadas en forma concurrente (conf. art.68, C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor y de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en el 25% de lo que a cada uno de ellos corresponda por la labor desplegada en la instancia de grado (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

I.- Tal como se advierte en el primer voto, no es motivo de controversia que el accionante sufrió un accidente en circunstancias en las que «… dos malechores, que ingresaron al comercio que éste custodiaba, lo golpearon gravemente para poder, así robar el mismo».

De acuerdo a las consideraciones que emergen de la sentencia de grado, la ART codemandada resultaría civilmente responsable por las secuelas incapacitantes que presenta el aquí reclamante derivadas del episodio delictivo aludido, puesto que en la causa no se acreditó el control de los objetivos asegurados, el dictado de cursos de capacitación, y la dación de instrucciones al actor «… acerca de cómo desempeñarse en un caso como el de autos».

No comparto tal razonamiento. En efecto, no es posible establecer un nexo de causalidad adecuado entre las genéricas omisiones de capacitación y prevención a las que se alude en la sentencia de grado, y la actuación delictiva de dos personas armadas que ingresaron por la fuerza al comercio donde prestaba servicios de vigilancia el demandante.

Digo ello, por cuanto no veo de qué modo el dictado de cursos o dación de instrucciones al personal de seguridad hubiese impedido que se concrete el acto delictivo en el cual se atacó al trabajador. No advierto posible evitar la perpetuación de un asalto a mano armada en tanto depende íntegramente de la voluntad del autor o coautor del delito, a menos que el dictado de los cursos de capacitación que se reclama al personal de vigilancia se proyecte sobre el ejercicio de facultades premonitorias respecto de las conductas de terceros, siempre y cuando posibiliten realizar las actividades necesarias para frustrar un futuro episodio delictivo y sus consecuencias.En estas condiciones, no encuentro en la especie posible responsabilizar civilmente a la ART coaccionada en los términos del art. 1074 del Código Civil por las lamentables consecuencias de un robo con arma de fuego.

Propongo, pues, revocar este aspecto de la sentencia de grado en cuanto hace extensiva la condena, en forma solidaria, a la aseguradora (con fundamento en el derecho común) y, consecuentemente, limitar la responsabilidad de la coaccionada Asociart ART S.A. a los límites de la póliza, en tanto se trata de una contingencia (accidente de trabajo) alcanzado por las previsiones del art. 6 de la L.R.T.

En todo lo demás, por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede, con la salvedad de que la responsabilidad de la aseguradora será, también en materia de costas, proporcional al límite de la cobertura respecto del monto de condena establecido en el primer voto de este acuerdo.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI dijo

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Arias Gibert.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de grado en el sentido de elevar el capital de condena a TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000), suma que llevará los intereses allí fijados. 2º) Modificar la sentencia de grado en cuanto hace extensiva la condena en forma solidaria a Asociart ART S.A. y limitar la responsabilidad de la aseguradora a los límites de la póliza. 3º) Dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios. 4º) Costas y honorarios de ambas instancias, según lo sugerido en los considerandos VI) y VII) del primer voto y último párrafo del segundo voto. Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Oscar Zas Enrique Néstor

Juez de Cámara

Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Aníbal Raffaghelli

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: