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Es inconstitucional admitir el descuento de puntos del registro de conducir durante la suspensión del proceso a prueba

shutterstock_78643876Partes: Gutierrez Fernández Felipe Eduardo s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: I

Fecha: 19-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-80747-AR | MJJ80747 | MJJ80747

Es inconstitucional el último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional de CABA en cuanto admite el descuento de puntos del registro de conducir durante la suspensión del proceso a prueba, si previo a ello no se dictó un decisión definitiva sobre una acción ilícita que pueda ser atribuida al procesado, pues de lo contrario se violaría la garantía de juicio previo.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución del magistrado que resolvió darle intervención al Registro de Antecedentes de Tránsito -Sistema de Evaluación Permanente de Conductores- respecto al descuento de puntos del registro de conducir del imputado, y declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado por la Ley 2641 en tanto no se configura el requisito ineludible que debe existir para la aplicación de una sanción, esto es, la preexistencia de una acción ilícita que pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente.

2.-La decisión de la Judicante, que dispone suspender el proceso a prueba e impone al encartado el cumplimiento de ciertas reglas de conducta durante un plazo determinado, no constituye el presupuesto necesario para la imposición de una sanción en tanto no se pronuncia acerca de la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado, por lo que el descuento de los puntos de la licencia de conducir vulnera la garantía de juicio previo y el principio de inocencia consagrados constitucionalmente.

3.-Si bien el descuento de puntos del registro de conducir no parece constituir una sanción, el hecho de que algún conductor alcance los cero puntos en su registro y que se le imponga una inhabilitación y/o que tenga que efectuar un curso y acreditar su aprobación constituyen penas o sanciones de índole administrativa pues resultan ser manifestaciones de la coerción estatal que importan la privación de derechos, en virtud de lo cual resulta lógico que la ley exija que en forma previa se dicte una decisión definitiva sobre el hecho y la responsabilidad del imputado ya sea en sede administrativa o judicial, conforme lo exige la garantía de juicio previo consagrada constitucionalmente.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio de 2013, se reúnen los miembros de esta Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Marcelo Pablo Vázquez, José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 25/28 de la presente causa, de la que

RESULTA:

I.- Que a fs. 21/24 vta., la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, Dra. María Cristina Nazar, el día 12/03/2013, resuelve: «I Suspender el proceso a prueba… por el término de tres (3) meses (artículo 45 del Código Contravencional)», y, entre otras cuestiones, decide:»IV) Una vez finalizado el plazo establecido en el punto I), désele intervención al Registro de Antecedentes de Tránsito -Sistema de Evaluación Permanente de Conductores dependiente de la Dirección General de Administración de Infracción del GCBA – a fin que proceda conforme establecido en el Anexo I, artículo 11.1.4 inciso d) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.»

II.- Que a fs. 25/28, la titular a cargo de la Defensoría Oficial Nº 16, Dra. Gabriela Marquiegui Mc Louglhin, interpuso recurso de apelación contra la decisión ut supra señalada.En tal sentido, considera que la aplicación del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional, en cuanto impone a la Juez la obligación de notificar a la autoridad administrativa para que proceda a la quita de puntos de la licencia de conducir del sujeto al que se le concedió la probation es inconstitucional.

En resumen, refiere que la suspensión del proceso a prueba no importa admisión de culpabilidad por el hecho que se pretende endilgar, y la aplicación del último párrafo del artículo mencionado atenta contra la garantía del juicio previo y el principio de inocencia; pues si la probation es un derecho no puede admitirse en modo alguno la aplicación de una «medida administrativa» como si se tuviera una condena.

Precisamente lo que se intenta evitar con la aplicación del instituto son los resultados disvaliosos de una sentencia condenatoria. En apoyo de su postura, cita jurisprudencia del fuero.

Por otra parte, el encartado fue sometido a un proceso de características esencialmente penales por el hecho que constituye el objeto del presente proceso, ahora se pretende la imposición de una sanción estatal en su contra por el mismo hecho, aunque bajo otro ropaje. Entonces, la decisión impugnada (que se enlaza con la norma fue criticada) importa una violación a la garantía que prohíbe la doble persecución la doble persecución penal. Según surge de la ley, la consecuencia inevitable de esa comunicación judicial es que el organismo administrativo correspondiente deberá proceder al descuento de puntos del scoring del individuo, motivo por el cual el artículo 45 in fine CC vulnera de ne bis in idem. A su vez, afirma que la resolución en crisis vulnera la garantía de acceso a la justicia, la del juicio previo y el principio de presunción de inocencia. Al respecto, cita jurisprudencia de Sala I y III de este fuero en sustento a lo esgrimido.

III.- Arribadas las actuaciones a esta Sala, a fs.33/34, obra el dictamen Nº 67/13 del Fiscal de Cámara Este, presentado por el Dr. Walter Horacio Fernández, quien sostiene que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la resolución en crisis.

Señala que el recurso de apelación impetrado por la Defensa apunta al incumplimiento de una norma sancionada por el Poder Legislativo Local, motivo por el cual, de tener favorable acogida, resultarían afectados los principios de legalidad y de división de poderes, los que se encuentran establecidos tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, como así también en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, indica que la comunicación administrativa prevista no implica condena, la que resulta inherente al momento en que el/a Juez de grado concede el instituto. Agrega que, lejos esta de ser una sanción administrativa dispuesta en el marco de un proceso Contravencional, es simplemente dar aviso a la sede correspondiente, para que según corresponda y a través del procedimiento específico, se proceda a la quita de puntos, ello de conformidad con lo previsto en la Ley 2148 y su modificación en la ley 2641.

IV.- Que a fs. 36/38, el Defensor de Cámara Nº 2, Dr. Emilio Antonio Cappuccio, mantiene el recurso de apelación incoado, haciendo suyos los agravios y fundamentos desarrollados en el mismo.Señala que la resolución en crisis lesiona el derecho de defensa en juicio, la garantía del juicio previo y la doble persecución estatal (ne bis in idem), como así también los principios de culpabilidad y de presunción de inocencia (artículos 1,18, 19 y 75 inciso 22 CN; artículos 10, 11 y 13 CCABA; artículo 8 CADH y 14 PIDCyP).

Por otro lado, en forma subsidiaria, peticiona que igualmente se revoque la resolución en crisis, toda vez que no se le informó al señor Gutiérrez Fernández la posibilidad de que la suscripción del acuerdo de porbation pudiera implicar un descuento de putos en el sistema scoring.

V.- Que a fs. 39 pasan los autos a resolver.

Los Dres. Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel dijeron:

PRIMERA CUESTIÓN

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que, si bien no es una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (artículos 6 LPC y 279 CPP CABA), por lo que es formalmente admisible.

SEGUNDA CUESTIÓN

En cuanto al fondo de la cuestión planteada, entendemos que cabe hacer lugar a lo solicitado por la defensa. Ello así pues, tal como lo señalamos en la causa Nº 35516-00/09, caratulada «Chambi Gómez, Wilder Alexander s/art. 111 CC» (rta.el 22/12/09), corresponde declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 45 CC, dado que no supera el test de constitucionalidad, siendo este el momento oportuno por las razones que a continuación se expondrán.

Al respecto, la disposición legal cuestionada establece que «… La suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos previstos en los artículos 111, 112, y 114 del Título IV, Capítulo III de este Código el Juez Contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena».

Por su parte, el título undécimo mencionado consagra el sistema de evaluación permanente de conductores, el que consiste en «…asignar puntaje a cada conductor poseedor de licencia de conducir otorgada por el Gobierno de la Ciudad, el que irá restando en función de las infracciones comprobadas…» a las normas del Código de Transporte y Tránsito (artículos 11.1.1), y específicamente al caso que nos ocupa el artículos 11.1.4 inc. d) dispone que «… en los casos de sanciones por conductas tipificadas en los arts. 111 y 114 del Código Contravencional, se descontarán 10 puntos…».

Sin perjuicio de lo manifestado por los legisladores, si bien el descuento de puntos del registro de conducir directamente no parecería constituir una sanción, sí es claro que el hecho de que algún conductor alcance los cero puntos en su registro y que se le imponga una inhabilitación y/o que tenga que efectuar un curso y acreditar su aprobación constituyen penas o sanciones de índole administrativa pues resultan ser manifestaciones de la coerción estatal que importan la privación de derechos (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl- Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro; «Derecho Penal- Parte General» Ed. Ediar, Bs.As., 2000, página 876) que en el caso puede llegar a la inhabilitación para conducir vehículos hasta por un plazo de cinco años.

Teniendo en cuenta ello, resulta lógico que la ley exija que en forma previa a la imposición de una sanción (descuento de puntos, inhabilitación) se dicte una decisión definitiva sobre el hecho y la responsabilidad del imputado ya sea en sede administrativa o judicial (artículos. 11.1.1 y 11.1.3), pues la garantía de juicio previo consagrada constitucionalmente (artículos 18 CN, artículo 10 CCABA) requiere como presupuesto y fundamento para la imposición de una pena el dictado de una sentencia judicial o decisión administrativa (de acuerdo al caso).

Por otra parte, también la presunción de inocencia garantizada constitucionalmente exige que sea una sentencia la que declare la culpabilidad del imputado, y lo señale como autor culpable de un hecho punible o partícipe en él, como presupuesto necesario para la imposición de una sanción (Maier, Julio B.J., «Derecho Procesal Penal- Tomo I- Fundamentos», Editores del Puerto SRL, Bs. As.1999, páginas 491/2).

Ahora bien, y respecto al caso que nos ocupa, cabe afirmar que la decisión de la Judicante, que dispone suspender el proceso a prueba e impone al encartado el cumplimiento de ciertas reglas de conducta durante un plazo determinado, no se pronuncia en forma alguna acerca de la existencia del hecho y la culpabilidad del imputado, por lo que no constituye el presupuesto necesario para la imposición de una sanción pues ni siquiera las reglas de conducta fijadas constituyen penas en los términos antes señalados.

Por tanto, es dable sostener que la comunicación al Registro de Antecedente de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a fin de que proceda de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo I, artículo 11.1.4, inciso d) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires (es decir, efectúe el descuento de los puntos de la licencia de conducir), vulnera la garantía de juicio previo y el principio de inocencia consagrados constitucionalmente (artículos 18 CN y 10 CCABA).

En otro orden de ideas, corresponde dejar en claro, que esta decisión no pretende desconocer facultades propias del Poder Ejecutivo (ejercer el poder de policía local) o el pode r legislativo (dictar las normas aplicables en la ciudad). Sencillamente se cumple con el deber de controlar que tanto las disposiciones legales aplicables en el caso como las consecuencias de las mismas sean respetuosas de las disposiciones constitucionales.

Por otro lado, cabe señalar que la presente no guarda relación con los precedentes: Expte Nº 7387/10 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Huidobro, Cristian Roberto s/infr. art. 111 CC’», rta. el 22/06/2011, Expte. Nº 8391/11 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Gilligan, Juan Jesús s/ infr. art. 111 CC’», rta.el 21/03/2012, y Expte. Nº 8470/11 «Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Thompson Tabeni, María de las Mercedes s/ infr. art. 111 CC’», rta. el 19/09/2012, del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, pues en aquellos casos se cuestionó la declaración de inconstitucionalidad de la norma de oficio y sin que el Juez hubiera pretendido su aplicación, por el contrario, en el presente, fue la Magistrada de primera instancia interviniente quien impuso su aplicación y la defensa quien se agravió por ello, lo que motivó el presente recurso.

Finalmente, y sin perjuicio lo resuelto recientemente por el Tribunal Superior de Justicia en el expte. nº 9253/12 caratulada «Santambrogio, Roberto Oscar s/inf. al art. 111 CCs/recurso de constitucionalidad concedido», rta. el 8/5/2013, en el que consideró constitucional la norma en cuestión pese a que en ese expediente se había extinguido la acción penal por el cumplimiento de las reglas de conducta impuesta en la suspensión del juicio a prueba y demás requisitos normativos, alegando que no corresponde otorgarle el carácter de pena sino de una eventual consecuencia de orden administrativo; cabe mencionar que el nomen juris con que quiera otorgársele al descuento de puntos y, eventualmente, que algún conductor alcance los cero puntos y se le imponga una inhabilitación, no por ello perdería su naturaleza de «pena» o de «sanción», pues claramente implica la privación de un derecho.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que «dentro de nuestro régimen constitucional sólo es posible que el Estado restrinja a título de «pena» los derechos de un ciudadano (…), cuando esa injerencia se produce como reacción a un hecho cometido con culpabilidad. En otros palabras, con los límites del principio de culpabilidad. Dicho principio, que esta Corte ha derivado del art.18 de la Constitución Nacional, supone como requisito ineludible para la aplicación de una sanción la preexistencia de una acción ilícita que pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 315:632; 321:2558; 324:3940), y ello supone la posibilidad real y efectiva de ajustar la conducta individual a los mandatos de las normas jurídicas…» (CSJN G. 650 XL «Gramajo, Marcelo Edaurdo», rta. el 5/9/2006).

Por lo hasta aquí expuesto, votamos por declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional de la CABA, incorporado por Ley Nº 2641 y, en consecuencia, revocar el punto III de la resolución de la Magistrada obrante a fs. 21/24 vta.

La Dra. Elizabeth A. Marum dijo:

Respecto al agravio de la defensa en el caso traído a estudio, considero que no es éste el momento procesal oportuno para expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 45 -último párrafo- del Código Contravencioanl.

Tal como he afirmado en anteriores precedentes (Causa nº 34076-00-CC/12 «Rabinsky, Gustavo s/art. 111 CC», rta. el 19/4/2013 -entre otros-), la Sra.Jueza no podía válidamente disponer ni efectuar la comunicación al Poder Ejecutivo a los fines de la adopción de las medidas previstas en el Código de Tránsito (Título Undécimo, Capítulo I, artículo 11.1.1 al 11.1.8) en oportunidad de conceder la suspensión del proceso ni ante supeditado a la finalización del plazo establecido en el punto I de la resolución en cuestión, dado que el beneficio podría ser revocado si se dieran los supuestos previstos legalmente, lo que implicaría la reanudación en el trámite de las actuaciones, la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio y el correspondiente dictado de una sentencia, la que no cabe presuponer será condenatoria.

En base a ello, no resulta viable efectuar tal comunicación al Poder Ejecutivo cuando en virtud del principio de inocencia, no es dable descartar, dada la etapa procesal, el dictado de una sentencia que lo beneficie.

Todo ello, me lleva a afirmar que no siendo ésta la oportunidad procesal para la aplicación de la norma cuya inconstitucionalidad se declara, no corresponde analizar su adecuación constitucional, pues hacerlo implicaría expedirse en abstracto acerca de la constitucionalidad de una disposición legal.

Por tanto, considero que debe revocarse el punto dispositivo IV de la resolución de fs. 21/24 vta. de la Juez a quo, por considerarla prematura.

Por las razones expuestas, el tribunal,

RESUELVE:

I) REVOCAR el punto IV de la resolución de la Magistrada obrante a fs. 22/24 en cuanto resolvió darle intervención al Registro de Antecedentes de Tránsito -Sistema de Evaluación Permanente de Conductores dependiente de la Dirección General de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto al descuento de puntos.

II) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del artículo 45 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado por la Ley Nº 2641 (por mayoría).

Regístrese, notifíquese mediante cédula de carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

 

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