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Declaran inaplicables otras leyes de la reforma

reformaLa Corte Suprema dictó ayer tres acordadas que declararon «inaplicables» varias leyes de la reforma judicial, porque afectan la independencia del Poder Judicial. Decidió que los jueces no enviarán sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, y que la Corte tampoco anunciará con antelación los casos que piensa resolver en cada acuerdo.

A comienzos de este año, el Congreso, a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, dictó un paquete de seis leyes, base de la reforma judicial con la que la Presidenta intentó marcar la agenda de la Justicia y dominar a los fueros independientes.

Pero esas iniciativas naufragaron en la Justicia y produjeron en el ánimo de los magistrados un afecto adverso al que buscaban las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Por eso, luego de una catarata de amparos, en junio último, la Corte consideró que la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura era inconstitucional, con lo que frenó la ejecución d ela reforma judicial. Asimismo, congeló la creación de las cámaras de casación con las que el Gobierno intentaba revertir los fallos de los tribunales más independientes.

En esa misma línea, el tribunal avanzó ayer en contra de las otras tres leyes que integraban el paquete de reformas y sobre las que la Corte Suprema todavía no se había pronunciado.

Por medio de la acordada 24, la Corte dijo que, aun antes de que el Congreso sancionara la ley 26.856, que obliga a publicar todas las sentencias, el alto tribunal ya venía haciéndolo, a través del Centro de Información Judicial y de la página web de la Corte.

El tribunal también recordó que la acordada 15/2013 del alto tribunal estableció «con mayor alcance» que esa ley la obligación de todas las cámaras federales de publicar sentencias, acordadas y resoluciones administrativas, pero que ese objetivo se irá implementando en la medida en que se desarrolle e instrumente el Sistema Informático de Gestión Judicial.

En cambio, la Corte Suprema afirmó: «La obligatoriedad que establece esa ley de publicar las cuestiones a dirimir en los acuerdos de la Corte con una antelación mínima de cinco días invade una esfera propia y exclusiva de este tribunal».

Mediante la acordada 25, la Corte sostuvo que «comparte el principio de transparencia» que inspira la ley 26.857, de la publicación de declaraciones juradas. Pero afirmó que debe aplicarse de forma «compatible con la independencia del Poder Judicial, que no puede ser ignorada, ya que es un oi fundamental de la organización constitucional».

«Corresponde que todos los funcionarios públicos de todos los poderes publiquen sus declaraciones juradas, pero no resulta admisible que las declaraciones de los miembros del Poder Judicial sean controladas por funcionarios de la administración pública, porque constituye una violación de la independencia judicial», señalaron, al respecto, los ministros de la Corte.

Por eso, el máximo tribunal declaró inaplicable esa ley y la Corte Suprema se constituyó en depositaria de esos documentos.

Finalmente, sobre la ley 26.861, referida a los concursos públicos para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, el máximo tribunal consideró que el régimen legal «no resulta aplicable en el ámbito de esta Corte» ni en el del Consejo de la Magistratura.

Sí, en cambio, el alto tribunal sostuvo que es aplicable a los tribunales inferiores, pero la Corte irá dictando acordadas para hacer «una aplicación ordenada»

Fuente: La Nación

  1. Antonio Daniel Petruzela 22 agosto 2013 at 4:09 PM

    Nota muy sesgada por uno de los representantes de los «beneficiarios» de la actual «independencia» del poder judicial. Saben que si se aplica el principio republicano en la Justicia, no les va a ser tan fácil medrar como hasta ahora.
    Más allá de la nota, el hecho que por Acordada pretendan hacer caer las leyes, es una arbitrariedad manifiesta. No hay causa donde deban actuar.
    Espero que el PE, que es quien debe aplicar las leyes de la República, haga la apelación que corresponda ante los conjueces.
    Por último, causa gracia leer como argumento que las DDJJ no pueden ser controladas por funcionarios de la administración pública, y entonces me siento arriba de ellas y listo! ¿No es un tercero quien debería controlarlas? ¿El pueblo, el público, no puede conocerlas? ¿por qué?.
    Me acuerdo cuando los K subieron, en todos los medios se publicaron sus DDJJ, y hasta la fecha las toman de base para criticar si ganaron mucho o poco, pero claro, con sus señorías no se puede. ¿dónde está la razonabilidad tan invocada por esos jueces en sus sentencias?

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