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Caso García Belsunce: CSJN revocó sentencia que atribuía resp.civil a Susana Murray por mediatizar dudas sobre familiares.

PrensaPartes: Hurtig de Bártoli Irene c/ Murray de Prilick Susana s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 1-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-80561-AR | MJJ80561 | MJJ80561

La Corte Suprema revocó la decisión de Cámara que atribuyó a la demandada responsabilidad civil, por haber expresado en medios de prensa las dudas o sospechas que le generaba la conducta de los familiares de una amiga suya que fue asesinada.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la decisión de la Cámara que atribuyó a la demandada responsabilidad civil por haber expresado en medios de prensa las dudas o sospechas que le generaba la conducta de los familiares de una amiga suya que fue asesinada, pues los jueces estaban obligados a abordar lo relativo a la veracidad de las manifestaciones consideradas injuriantes y debían ponderar los hallazgos adquiridos en las causas penales derivadas del crimen, conforme lo ordenó la Corte en un pronunciamiento anterior, y solo hicieron un examen superficial del tema.

2.-En tanto la demandada no imputó a la actora ni al resto de sus familiares ser autores de un delito, sino que se limitó a señalar -en ejercicio legítimo de su libertad de expresión- las dudas o sospechas que le generaba la conducta de los familiares de una de sus amigas que había sido asesinada, ello no autoriza a sancionarla civilmente.

3.-Los agravios planteados suscitan cuestión federal que justifican la apertura de esta instancia excepcional, pues se ha controvertido la inteligencia de un pronunciamiento de la Corte Suprema dictado con anterioridad en la misma causa y la solución adoptada por el tribunal se aparta de lo resuelto y desconoce lo esencial de su decisión.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 1º de agosto de 2013.

Vistos los autos: «Recurso de hecho interpuesto por la demandada en la causa Hurtig de Bártoli, Irene c/ Murray de Prilick, Susana s/ daños y perjuicios» , para decidir sobre su procedencia.

Considerando: l°) Que esta Corte, mediante remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal, con fecha 19 de abril de 2011, Fallos: 334: 405, dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había hecho parcialmente lugar a la demanda de danos y perjuicios deducida por Irene Hurtig contra Susana Murray de Prilick, con sustento en que la alzada no había tenido en cuenta los avances registrados en la causa penal en la que se investigaba el homicidio de María Marta García Belsunce, a pesar de que la demandada había hecho notar que en dicho proceso el fiscal actuante había requerido que se investigara la conducta de la actora en el luctuoso acontecimiento.

2°) Que en el referido dictamen se indicó también que la cámara había examinado algunas frases atribuidas a la demandada, para concluir que a través de ellas se había transmitido de modo culpable una suerte de sospecha sobre la actuación de Irene Hurtig en la muerte violenta de la hermana, mas no se había preguntado -a la luz del curso de la causa penal sobre homicidio- por la regularidad del ejercicio a la libre manifestación del pensamiento, en función de la posible razonabilidad o no de una sospecha cuya comunicación pública prestó asidero a la condena.

3°) Que la Sala J de la referida cámara dictó un nuevo fallo en el que -después de hacer una breve reseña de los antecedentes de la causa, de transcribir los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal y de enunciar algunos principios generales atinentes al alcance que se debía asignar al art.1089 del Código Civil- hizo mérito de la medida para mejor proveer ordenada, a fin de establecer cuál era la situación procesal en que se encontraba la demandante en los autos caratulados «García Belsunce de Carrascosa, María Marta s/ homicidio».

4°) Que a tal fin señaló que el juez que llevaba adelante la investigación del referido crimen, había informado que el 12 de mayo de 2011 los fiscales habían solicitado la detención de Irene Hurtig por considerarla prima facie coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de María Marta García Belsunce y que dicho pedido había sido denegado el 17 de mayo de 2011, sin que el Ministerio Público Fiscal hubiese adoptado temperamento alguno al respecto.

5°) Que sobre esa base la alzada estimó que a pesar de los casi nueve años transcurridos entre el hecho y el aludido informe, la situación procesal de la actora se encontraba enmarcada en la incertidumbre. A renglón seguido, examinó las declaraciones que la demandada había efectuado en tres importantes medios gráficos para llegar a la conclusión de que de esas declaraciones se desprendía un halo de duda, sospecha e intriga que se había hecho recaer sobre Irene Hurtig y la familia de la asesinada.

6°) Que, sentado ello, sostuvo que el principio de inocencia tiene jerarquía constitucional (conf. art. 18 de nuestra Carta Magna) y que nadie puede ser reputado como autor de un delito sin condena judicial previa; que era grave y frecuente la .condena social- que califica a una persona como delincuente a pesar de no mediar esclarecimiento jurisdiccional al respecto y que las innecesarias expresiones empleadas por la demandada en medios de gran difusión pública, no podían sino ser consideradas cuanto menos de una grave imprudencia generadoras de responsabilidad civil.

7°) Que contra ese pronunciamiento la demandada dedujo un nuevo recurso extraordinario que, denegado, dio motivo a la presente queja.Aduce que su parte ha sido condenada porque de sus declaraciones ante los medios periodísticos .se desprende un halo de duda, sospecha e intriga que se hace recaer sobre la familia de la asesinada, que como hermana, la señora Hurtig forma parte .-; empero, en el caso debe decidirse teniendo en cuenta las circunstancias comprobadas en la causa, el contexto en que las declaraciones fueron formuladas y los progresos obtenidos en la causa penal iniciada con motivo del homicidio de María Marta Garcia Belsunce, si transmitir ese estado de sospecha constituyó o no el ejercicio regular de la libertad de expresión consagrada por el art. 14 de la Ley Fundamental.

8°) Que la apelante afirma también que las sospechas o las dudas que su parte pudo haber transmitido tenían un sólido fundamento en los hechos y se nutrían de los acontecimientos que se iban conociendo en torno a los movimientos de la familia y de personas allegadas a la victima en los momentos inmediatamente posteriores a su muerte, lo que dio lugar a que se hicieran las más variadas conjeturas acerca de las circunstancias en que se había producido el deceso, sus responsables y las causas del crimen.

9°) Que tales declaraciones -vinculadas con el homicidio de una intima amiga- fueron formuladas mientras se estaba investigando a diversos familiares y allegados por el delito de encubrimiento y el fallo apelado no ha ponderado adecuadamente -como había ordenado la Corte en su intervención anterior- los hechos ocurridos en las causas penales derivadas del asesinato.

10) Que la recurrente señala también que el 18 de junio de 2009, la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires había condenado a Carlos Carrascosa a la pena de prisión perpetua, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vinculo en la persona de su cónyuge y que en ese pronunciamiento se dispuso también que se remitiera copia de la sentencia a la Unidad Funcional de Instrucción para que se investigara la eventual participación y coautoría funcional de al menos otras dos personas en el hecho investigado y materia de acusación principal.

11) Que, según la demandada, esa circunstancia motivó que los agentes fiscales intervinientes imputaran a Irene Hurtig como coautora del homicidio y solicitaran su detención. Agrega que el 4 de noviembre de 2011, el Tribunal en lo Criminal nº 1 de San Isidro condenó por encubrimiento agravado a Guillermo Bártoli, a Juan Hurtig y a Horacio García Belsunce, quienes pertenecían al circulo familiar de la occisa, como también a Juan Gauvry Gordon y a Rafael Binello.

12) Que la apelante sostiene que las sospechas o las dudas que pudo transmitir en sus declaraciones gozaban de razonabilidad a la fecha en que fueron efectuadas y que después se vieron ampliamente confirmadas por imputaciones mucho más fuertes hechas en juicio por quienes tenían a su cargo la persecución penal, circunstancia que revela que su conducta se inscribe en el marco del ejercicio razonable de la libertad de expresión.

13) Que los agravios planteados suscitan cuestión federal que justifican la apertura de esta instancia excepcional, pues se ha controvertido la inteligencia de un pronunciamiento de esta Corte dictado con anterioridad en la misma causa y la solución adoptada por el tribunal se aparta de lo resuelto y desconoce lo esencial de su decisión (Fallos: 304:494; 307:483; 308:125 y 312:2187, entre otros).

14) Que, en efecto, de la lectura del dictamen de la señora Procuradora Fiscal -al cual el Tribunal se remitió- surge que los jueces estaban obligados a abordar lo relativo a la veracidad de las manifestaciones consideradas injuriantes y que debían ponderar los hallazgos adquiridos en las causas penales derivadas del crimen de María Marta García Belsunce.

15) Que en el fallo se hizo un examen superficial del tema.La nueva sala interviniente minimizó el hecho de que en la causa penal los agentes fiscales hubieran imputado a la actora por considerarla prima facie «coautora penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de María Marta García Belsunce», con el simple argumento de que el pedido de detención solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal había sido rechazado y dicha resolución no había sido recurrida, mas lo cierto es que tal decisión no relevaba a la actor a de la imputación realizada en su contra en la causa criminal.

16) Que el a quo no ponderó tampoco que el 4 de noviembre de 2O11, el Tribunal en lo Criminal nº 1 de San Isidro condenó por encubrimiento agravado a Guillermo Bártoli, a Juan Hurtig, a Horacio García Belsunce, al médico Juan Gauvry Gordon y a Rafael Binello, y si bien los referidos pronunciamientos penales no se encuentran firmes, lo cierto es que revelan que las dudas o sospechas que albergaba la demandada sobre el rol que les cupo a los familiares en este trágico acontecimiento, tenían asidero suficiente para excluir la atribución de responsabilidad por formular comentarios al respecto.

17) Que la demandada no imputó a la actora ni al resto de los familiares ser autores de un delito, se limitó a señalar -en ejercicio legítimo de su libertad de expresión- las dudas o sospechas que le generaba la conducta de los familiares de María Marta García Belsunse. La eventual responsabilidad de la demandante -que aún permanece involucrada en la causa penal, más allá de que se haya rechazado el pedido de detención formulado por el Ministerio Público Fiscal- deberá ser dilucidada en el ámbito jurisdiccional correspondiente, pero ello no autoriza a sancionar civilmente a quien se limitó a plantear las dudas que el asesinato de su amiga le generaba.

18) Que al afectar en forma directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas, corresponde admitir el recurso, y atento a lo dispuesto por el art. 16 de la ley 48, revocar la sentencia apelada y rechazar la pretensión deducida.

Por ello, resultando inoficioso que dictamine el señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto por la demandada, se revoca la decisión apelada y se rechaza la demanda, con costas (art. 68 del Cód igo Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito al principal. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – E. RAUL ZAFFARONI

 

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