La CSJN considera que la nota verbal de una embajada es un medio apto para solicitar la extradición de un imputado

shutterstock_138092450Partes: M. M. I. s/ extradición

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 4-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79950-AR | MJJ79950 | MJJ79950

Es procedente la extradición de la imputada para ser sometida a juicio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, considerándose que la nota verbal emanada de la Embajada del país requirente constituye el medio apto para solicitarla.

Sumario:

1.-En un proceso de extradición no basta la mera invocación genérica de la existencia de prácticas aberrantes por parte de las autoridades del país extranjero requirente para sostener la imposibilidad de efectuar la entrega de la persona cuya extradición se requiere, sino que debe tenerse en cuenta si en la causa existen elementos concretos que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación de la justicia del país requirente (del dictamen del Procurador Fiscal al que remite la Corte).

2.-La comunicación diplomática inserta en una nota verbal emanada de la Embajada del país requirente, constituye un medio apto para manifestar la voluntad del Estado requirente solicitando formalmente la extradición, ello de acuerdo a lo consignado en la Convención sobre extradición de Montevideo de 1933 (del dictamen del Procurador Fiscal al que remite la Corte).

3.-Respecto de la situación a la que se vería expuesta la requerida en jurisdicción del país requirente, corresponde que el juez de la causa -previo a la entrega- recabe de su par extranjero las condiciones de detención a las que estará sometida en el marco de los estándares de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y solicite -de ser necesario- las debidas garantías para preservar su vida y seguridad personal.

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Contra la sentencia dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mendoza que concedió la extradición de I. M. M. requerida por las autoridades de la República de Chile, por el delito de microtráfíco de drogas, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación, concedido a fojas 539.

A fojas 548/563 presentó el memorial del que corre vista a esta Procuración General.

-II-

En la impugnación, se expresan los siguientes agravios:

1. La sentencia carece de fundamentación suficiente, en tanto no valora las pruebas aportadas, ni contestó los argumentos de derecho oportunamente alegados por la defensa, en relación con el estado de las cárceles en el país trasandino.

2. El proceso es irregular, pues no se le dio intervención al hijo menor de edad de la requerida, ni se contempló en la sentencia la enfermedad que padece su padre,

3. La nota verbal presentada por la Embajada del país requirente está redactada de forma impersonal y sin rúbrica.

4. La documentación acompañada no se encuentra debidamente autenticada ni legalizada, y las firmas del Secretario de la Corte de Apelaciones de Talca que certifica las actuaciones chilenas, varían ostensiblemente, 5. El pedido formal de extradición es defectuoso, por cuanto; a) no surge con claridad sí se requiere a M. M.en calidad de acusada o condenada; b) no se acompañó la orden de detención ni la resolución que ordena el libramiento de la solicitud de extradición; c) tampoco se brindó una relación precisa del hecho, con explicación de la participación que le cupo a la requerida y la tipificación correcta, agregando que podría estarse ante una tentativa inidónea de delito imposible o un delito experimental, al tratarse de una entrega controlada de estupefacientes; y, d) no se remitieron las normas penales aplicables.

-III-

Del planteo de invalidez del acto jurisdiccional por falta de valoración de las pruebas aportadas por la defensa y la omisión de contestar sus alegatos referidos a que la requerida pueda ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en atención a las condiciones carcelarias de la República de Chile, considero, más allá de que los jueces no se encuentran obligados a responder todos y cada uno de los argumentos introducidos por las partes, sino que sólo deben hacerlo con respecto a aquéllos que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (Fallos: 329:4931 ; 331:2077 , entre muchos otros), que el juez de la extradición sí evaluó correctamente lo expuesto por la defensa, así como los informes por ella señalados.

En este sentido, advierto que el a quo consideró fundamentalmente que las falencias indicadas en les sistemas penitenciarios chilenos expuestas en los informes citados por la parte no difieren de las que se verifican en otros establecimientos carcelarios de Latinoamérica (Fallos: 328:1146 ), y que, al constituir meras consideraciones generales no implican, por sí, un riesgo a la integridad física o psíquica de la requerida.

De esta forma, según mi parecer, en este agravio subyace únicamente la disconformidad de los recurrentes con la solución del litigio, lo que de modo alguno es razón suficiente para sustentar la nulidad de la sentencia.

La Corte ha sostenido en los precedentes “Gómez Gómez” (Fallos: 324:3484), “Carro Córdoba” (Fallos:330:1961) y “Acasta González” (Fallos: 331:2249), que no basta la mera invocación de la existencia de prácticas aberrantes por parte de las autoridades del país extranjero para sostener la imposibilidad de efectuar la entrega de una persona, sino que debe tenerse en cuenta, al margen de esas referencias genéricas, si en la causa existen elementos que permitan poner en tela de juicio la correcta actuación en este proceso en particular de la justicia del país requirente, tanto en lo que se refiere no sólo a sus derechos y garantías como a la seguridad y custodia de su persona.

Así, en el sub examen, no se advierten motivos suficientes y valederos que conduzcan a concluir que la requerida pueda verse expuesta a tratos incompatibles con los estándares internacionales de los derechos humanos ni para dudar de que en el Estado requirente -con quien nos une una larga tradición de asistencia recíproca- se habrá de “aplicar con justicia la ley de la tierra” (Fallos: 187:371).

-IV-

Se queja la defensa porque no se le dio intervención en el proceso de extradición al hijo menor de edad de la requerida, violando así su derecho a intervenir en todos los asuntos que lo afecten (artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño).

V.E. ha tenido oportunidad de pronunciarse a este respecto, en “Lagos Quispé” (Fallos: 331:1352), “Paz” (S.C P. 773, L, XUV, resuelta el 9 de diciembre de 2009), “Schmidr (Fallos S.C S. 780, L. XLIV, resuelta el 22 de diciembre de 2009) y “López” (Fallos:333:927), donde sostuvo que la cuestión impetrada resulta infundada tanto como causal de improcedencia como de nulidad.

Lo primero, porque el tratado aplicable no contempla la circunstancia invocada como obstáculo para la extradición.

Lo segundo, porque si bien el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño regula el supuesto en que, cuando un niño esta en condiciones de formarse un juicio propio, el Estado debe garantizarle el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le incumban -en particular de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte- al propio tiempo consagra que ello debe efectuarse en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional (conf. Fallos: 331:1352, considerando 7°).

Y, a este respecto, ni la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767), ni el tratado aplicable contemplan la intervención del menor en trámites de extradición referidos a su o sus progenitores.

Sin petjuicio de ello, como lo ha sostenido la Corte reiteradamente, no sólo los órganos judiciales sino toda institución estatal ha de aplicar el principio del “interés superior del niño” estudiando sistemáticamente cómo sus derechos e intereses se ven afectados por las decisiones y las medidas que adopten (Fallos: 331:2047).

En este sentido, el ordenamiento jurídico argentino regula mecanismos de tutela que el a quo y/o las demás autoridades a las que competa intervenir en lo que resta del procedimiento de extradición -aún luego de adquirir firmeza la declaración de procedencia de la extradición (Fallos: 331:1352)- , podrán utilizar para velar por reducir al máximo posible el impacto negativo que, sobre la integridad de la menor pudiera generar, a todo evento, la extradición de su progenitora (Fallos:333:927 ) Por otra parte, en lo que atañe a la implicancia que los padecimientos del padre de la requerida pudieran tener sobre la procedencia de la entrega reclamada, además de que la circunstancia fue introducida recién en esta instancia, razón por la que correspondería su rechazo in limine (doctrina de Fallos: 320:1775; 323:3749, entre otros), la defensa no aporta argumentos mínimos para sustentar su postura (Fallos: 332:297), la que, cabe señalar, tampoco encuentra asidero como causal de rechazo de la extradición en el instrumento internacional aplicable ni en la ley 24,767, con lo cual debe declararse su improcedencia.

-V-

Cuestiona la defensa la idoneidad de la nota verbal N° 832/10, remitida por la Embajada de Chile para solicitar el extrañamiento, atento a que se encuentra redactada de forma impersonal y carece de rúbrica.

Pues bien, la nota verbal es la nota diplomática por excelencia y el vehículo normal de comunicación escrita entre las embajadas y el ministerio de relaciones exteriores del estado receptor, la cual se caracteriza* justamente, por no llevar firma y estar redactada en tercera persona.

Además, es apta para comunicar la voluntad del Estado solicitante, atento lo previsto por la Convención sobre extradición de Montevideo de 1933 (ley 1,638), en cuanto establece que el pedido formal de extradición debe ser introducido por el “.respectivo representante diplomático.” (artículo 5).

Y, de acuerdo al artículo 3° La de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (aprobada por decreto ley 7,672/63, ratificada por ley 16.478), la misión diplomática permanente es quien representa al Estado acreditante ante el Estado receptor. Función que, en el caso, ejerce la Embajada de la República de Chile en la Argentina.

Por lo tanto, la comunicación diplomática inserta en una nota verbal emanada de esta misión extranjera (Fallos:323:3762), se adecúa a las exigencias del convenio, y es por este medio apto que la Embajada del país vecino hace uso de su potestad de manifestar la voluntad del Estado requirente solicitando formalmente la extradición.

A mayor referencia, cabe agregar que el Tribunal ha considerado procedente este modo de comunicación, cuando un Estado extranjero asume el compromiso de computar al extraditable el tiempo de detención sufrido en la Argentina (Fallos: 330:2507 )» de que no se impondrá la pena de muerte (Fallos: 330:284), o para designar un representante en el proceso de extradición (Fallos: 323:1755).

-VI-

Arguye la recurrente que la documentación acompañada a la requisitoria internacional, no se encuentra debidamente autenticada ni legalizada, destacando que las firmas del Secretario de la Corte de Apelaciones de Talca, que certifica las actuaciones chilenas, varían ostensiblemente entre los documentos.

Sin embargo, olvida la defensa que “la documentación remitida por via diplomática no requerirá legalización” y que “/o presentación en forma de los documentos hará presumir la veracidad de su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran” (artículo 4 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal; 24.767), pues se encuentran al amparo de la fe que le prestan, doblemente, el ministr o extranjero que solicita la extradición y el Ministerio de Relaciones Exteriores que le da curso (Fallos:316:1812).

Por ende, al haber sido introducida por vía diplomática, conforme la manda del artículo 5 del instrumento internacional, no puede dudarse de su autenticidad.

Ello, sin perjuicio de señalar que la queja de la defensa radica en la forma en la que el secretario judicial del país vecino llevó a cabo la autenticación de los documentos remitidos -con firma completa, en algunos casos, y reducida en otros-; certificación que en la Argentina hace plena fe de la existencia del original y su contenido, por lo que no advierto por qué ha de negársela a la que proviene de otro país* máxime si se considera que fueron presentados en forma.

-VII-

Sostiene la parte que la rogatoria internacional no satisface las exigencias convencionales, ya que: 1 * no surge con claridad si se requiere a M. M. en calidad de acusada o condenada; 2* se omitió acompañar la orden de detención y la que ordena el libramiento de la solicitud de extradición; 3. tampoco ofrece una detallada descripción de los hechos, con explicación de la participación que le cupo a la requerida, y la tipificación correcta, aclarando que podría estarse ante una tentativa inidónea de delito imposible o un delito experimental, por tratarse de una entrega controlada de estupefacientes; y

4. no se remitieron las normas penales correspondientes.

Pero, contrariamente a lo aludido, estimo que las deficiencias mencionadas no son tales, en virtud de las consideraciones que de seguido expondré.

1. Surge prístinamente de la nota verbal presentada por la Embajada de la República de Chile, que se solicita la entrega de M. M. en calidad de “imputada en causa sobre Microtráfico de Drogas” (fojas 1 del pedido formal de extradición), y la documentación que sustenta el pedido formal, como se verá a continuación, se condice con aquélla exigida convencionalmente para el supuesto que se requiera la extradición de una persona para ser sometida a un proceso penal (artículo 5.b).

Así, se cuenta con:una copia auténtica de la orden de detención, emanada de un juez competente; una relación precisa del hecho imputado; y, las leyes aplicables a éste junto con las referentes a la prescripción de la acción penal.

2. Las órdenes de detención -autenticadas y legalizadas; cfr. el apartado VI- se encuentran debidamente acompañadas. En este sentido, se cuenta con la orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Curicó, obtenida del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial, conforme reza la respectiva certificación (fojas 50 del pedido formal de extradición), y la resolución de la Sala I de la Corte de Apelaciones de Talca, por la cual se acoge la solicitud del Ministerio Público chileno para obtener la extradición de M. M. y se ordena su captura “a fin de evitar su fuga (fojas 48/49 idem).

Por otra parte, la exigencia de acompañar la resolución judicial que ordena el libramiento de la solicitud de extradición, que refiere la defensa, resulta una condición prevista en el artículo 13,d de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767), circunstancia que toma al planteo en improcedente, conforme la doctrina del Tribunal acerca de que ante la existencia de un tratado» sus disposiciones y no las de la legislación interna son las aplicables al pedido de extradición, ya que lo contrario importaría apartarse del texto del instrumento convencional (artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) e incorporar un recaudo no previsto por las partes contratantes, alterando unilateralmente lo que es un acto emanado del acuerdo entre varias naciones (Fallos: 329:1245 y 332:1309 ).

3- Respecto de la descripción fáctica efectuada por las autoridades requirentes, V.E.tiene decidido que no es requisito convencional que la conducta delictiva deba tener una fijación temporo- espacial delimitada en un día, hora y domicilio específico, sino que es suficiente su ubicación en un lapso y en un lugar, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso (Fallos: 330:2065).

Sobre el particular, mediante la solicitud de colaboración internacional» se le imputa el haber integrado, desde fines de 2008, una agrupación dedicada a la importación de cannabis sativa desde la Argentina, para su posterior distribución en la ciudad de Curicó, disponiendo para ello de medios y de una distribución de funciones. En este contexto, entre el 11 y el 17 de enero de 2009» dos personas detenidas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, mediante teléfonos celulares, lograron la importación a Chile de alrededor de cien kilos de cannabis sativa a través del paso fronterizo Los Conquistadores, en la Región de Valparaíso. Las personas encargadas del traslado de los alcaloides la depositaron al cuidado de bis M M quien, de acuerdo a la distribución de funciones e instrucciones recibidas de los cabecillas de la organización ilícita, debía acopañarla en su domicilio de la localidad de Los Andes, para que, posteriormente, sea distribuida por otra persona. Adicionalmente, la requerida mantenía guardados en su residencia la suma de tres millones novecientos mil pesos chilenos, destinados al pago de la droga que iba a recibir (fojas 18/19 del pedido formal de extradición).

Como puede apreciarse, la descripción no sólo satisface la exigencia convencional, sino que, además, se adecúa a los estándares fijados por V.E., ya que cumple con la finalidad de brindar certidumbre al extraditable sobre los hechos por los cuales habrá de defenderse en el marco del proceso que se le sigue en el Estado requirente (Fallos:330:2065).

Las autoridades trasandinas calificaron a estos hechos como constitutivos del delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° de la ley 20.000, en relación con lo estatuido en el artículo 1° del mismo cuerpo legal (fojas 48/49 del pedido formal de extradición).

A este respecto, la defensa plantea que no es clara la tipificación de la conducta reprochada a la extraditurus, por cuanto en el oficio N° 785-2010, dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, por la Sala I de la Corte de Apelaciones de Talca, se consigna que ta investigación se refiere a los delitos de estafas y otras defraudaciones (fojas 2 del pedido formal de extradición).

Sin embargo, entiendo que esa circunstancia no es más que un error material en la confección del documento, que no alcanza para desvirtuar la calificación que se le atribuye a lo largo de todo el legajo, e incluso, en el oficio mencionado.

En este sentido, la recurrente no considera los demás elementos que integran el pedido formal de extradición, el cual, cabe recordar, debe ser analizado en su conjunto (Fallos:324:1694 ).

Así, se menciona que se solicita la extradición en relación con una investigación por el delito de tráfico de estupefacientes en la nota verbal (fojas 1 del pedido formal de extradición), en el mismo oficio discutido -se hace referencia a los artículos 1° y 3° de la ley 20.000, de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas- (fojas 2 idem) a lo largo de las actuaciones propias del Juzgado de Garantía de Curicó (fojas 14/25, 34/47 idem) en la acusación del representante de la vindicta pública en la causa chilena (fojas 26/33 idem), en las copias de las leyes acompañadas para sustentar la rogatoria internacional (fojas 13 idem), en la resolución de la Sala I de la Corte de Apelaciones de Talca, que ordena la extradición y la detención (fojas 48/49 idem)y y en la orden de detención emanada del juzgado trasandino (fojas 50 idem).

Por consiguiente, entiendo que no quedan dudas del delito por el cual se reclama la entrega.

Finalmente, sostiene la recurrente que podría estarse ante una tentativa inidónea de delito imposible o un delito experimental, por tratarse de una entrega controlada de estupefacientes.

Sin embargo, la defensa no aporta fundamento alguno para sustentar ese argumento, ni se advierte una afectación a sus garantías fundamentales. A todo evento, el planteo trasunta una cuestión de fondo, que como tal, debe ser planteada ante la justicia del país requirente (Fallos: 332:1309).

Por ultimo, más allá de que la defensa no señala cuáles normas omitió enviar el Estado requirente, entiendo que resulta pertinente mencionar que sí acompañó la totalidad de las copias de los textos legales requeridos por el instrumento internacional: aquéllas aplicables al hecho y las referentes a la prescripción.

Así, obran en el legajo:copia de los artículos 1° y 3° de la ley N° 20,000, que sustituye a la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes (fojas 13 del pedido formal de extradición), y copia de los artículos 94 y 95, que establecen las reglas de la extinción de la acción penal (fojas 11 ídem).

De esta forma, opino que se encuentran cumplidos los extremos exigidos por la Convención, ya que la legislación acompañada es adecuada para cumplir los fines que inspiran su imposición.

-VIII-

En mérito a lo expuesto, solicito a V.E. que confirme la sentencia en todo cuanto fue materia de apelación.

Buenos Aires 28 de septiembre de 2012.

ES COPIA

LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 4 de Junio de 2013

Vistos los autos: “M. M., I. s/ extradición”.

Considerando:

1°) Que, contra la resolución del juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de Mendoza que declaró procedente la extradición de I. M. M. a la República de Chile para ser sometida a juicio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes (conf. fs. 477 según fundamentos obrantes a fs. 523/526), interpuso recurso de apelación ordinaria la defensa de la requerida (fs. 528/538) que, concedido a fs. 539, fue fundado en esta instancia (fs. 548/563). A su turno, el señor Procurador Fiscal propuso confirmar la declaración de procedencia (fs. 565/571).

2°) Que la may oria de los agravios en que se sustenta la apelación constituyen -en lo sustancial- mera reiteración de los que ya fueron ventilados en el trámite de extradición, debidamente considerados por el a quo de forma ajustada a derecho y al tratado aplicable que rige la entrega, sin que la parte se hiciera cargo en esta instancia de tales razones tal como surge, sin necesidad de entrar en mayores consideraciones, si se confronta el tenor de las cuestiones presentadas en el escrito de fs.548/563 con los términos de la resolución apelada.

3º) Que en cuanto a los restantes, esta Corte comparte el dictamen del Señor Procurador Fiscal a cuyos fundamentos y conclusiones remite, en lo pertinente, por razones de brevedad para desestimar la apelación interpuetsa.

4°) Que, sin perjuicio de lo cual, razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sometida la requerida en este trámite de extradición, con el fin de que las autoridades extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si la extraditada lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento (“Rojas Naranjo, Pablo César” , considerando 8°; Fallos: 331:2298).

5º) Que, por último, respecto de la situación a la que se vería expuesta la requerida en jurisdicción del país requirente, corresponde que el juez de la causa -previo a la entrega- recabe de su par extranjero las condiciones de detención a las que estará sometida M. M. en el marco de los estándares de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y solicite -de ser necesario- las debidas garantías para preservar su vida y seguridad personal (conf. Fallos: 331:1028 ; 332:1322 y 333:1205).

Por ello y, de conformidad, en lo pertinente, con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve: Confirmar el fallo recurrido que declaró procedente la extradición de I. M. M. a la República de Chile para ser sometida a juicio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Notifíquese, tómese razón y devuélvase al juez de la causa. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE S. PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARMEN M. ARGIBAY – E.RAUL ZAFFARONI – VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOLA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que, contra la resolución del juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de Mendoza que declaró procedente la extradición de I. M. M. a la República de Chile para ser sometida a juicio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes (conf. fs. 477 según fundamentos obrantes a fs. 523/526), interpuso recurso de apelación ordinaria la defensa de la requerida.(fs.528/538) que, concedido a fs. 539, fue fundado en esta instancia (fs. 548/563). A su turno, el señor Procurador Fiscal propuso confirmar la declaración de procedencia (fs. 565/571).

2°) Que la mayoría de los agravios en que se sustenta la apelación constituyen -en lo sustancial- mera reiteración de los que ya fueron ventilados en el trámite de extradición, debidamente considerados por el a quo de forma ajustada a derecho y al tratado aplicable que rige la entrega, sin que la parte se hiciera cargo en esta instancia de tales razones tal como surge, sin necesidad de entrar en mayores consideraciones, si se confronta el tenor de las cuestiones presentadas en el escrito de fs.548/563 con los términos de la resolución apelada.

3°) Que, en cuanto a los restantes, esta Corte comparte el dictamen del señor Procurador Fiscal a cuyos fundamentos y conclusiones remite, en lo pertinente, por razones de brevedad para desestimar la apelación interpuesta.

4°) Que, sin perjuicio de lo cual, razones de equidad y justicia que reconocen sustento en las normas del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a ambos países, aconsejan que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sometida la requerida en este trámite de extradición, con el fin de que las autoridades extranjeras arbitren las medidas a su alcance para que ese plazo de detención se compute como si la extraditada lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento (“Rojas Naranjo, Pablo César”, considerando 8º, Fallos: 331:2298).

Por ello y de conformidad, en lo pertinente, con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve: Confirmar el fallo recurrido que declaró procedente la extradición de I. M. M. a la República de Chile para ser sometida a juicio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. CARLOS S. FAYT – ENRIQUE S. PETRACCI – CARMEN M. ARGIBAY –

 

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