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Condenan a hospital y sus médicos por el fallecimiento de niña por nacer en un parto de riesgo

hospitalPartes: C. S. I. y otro c/ Municipalidad del Pilar y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 30-may-2013

Cita: MJ-JU-M-79826-AR | MJJ79826 | MJJ79826

Se condena al hospital y a los médicos intervinientes por el fallecimiento de la niña por nacer debido a que se trataba de un parto de riesgo que no fue atendido de acuerdo a las normas que impone la práctica obstétrica. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia apelada y hacer lugar a la indemnización reclamada por la actora en concepto de ‘valor vida’, daño moral, ‘tratamiento psicológico’ y ‘gastos de farmacia y traslados’ por el fallecimiento de su hija, atribuyendo responsabilidad en un 70% a la Municipalidad y en el 30% restante a los médicos, en proporción del 20% al jefe de guardia de obstetricia y ginecología y en el 10% a la obstétrica.

2.-Corresponde responsabilizar a los médicos por cuanto la ausencia de controles obstétricos a la actora -con diagnóstico de amenaza de parto prematuro- impidió el adecuado diagnóstico y tratamiento, vedando toda posibilidad de que el concebido sobreviviese, además de poner en peligro la vida de la parturienta.

3.-El hecho imprevisible, desprendimiento abrupto de la placenta, no puede ser utilizado como eximente de responsabilidad médica, pues se encuentra acreditado el principal presupuesto que hace a la responsabilidad, tal es la relación de causalidad que existe entre el daño producido y la conducta atribuible a los emplazados.

4.-El abandono de la paciente en horas decisivas en que la niña por nacer podría haber corrido otra suerte, resulta grave en relación con la atribución de responsabilidad, puesto que implica una evidente falla en la organización de la institución médica y justo es que esa gravedad se refleje en la obligación de resarcir por parte del hospital, que debía asegurar el servicio de salud, y al que cabe el control de la eficacia de las prestaciones brindadas por sus funcionarios públicos.

5.-La falta de personal en el nosocomio es un atenuante en la responsabilidad que les cabe a los profesionales de la salud intervinientes en el alumbramiento, imponiendo una distribución de cargas acorde al grado de responsabilidad en las tareas a cargo.

6.-En cuanto a la responsabilidad por no haber extraído de forma completa la placenta, la historia clínica confeccionada por el hospital que atendiera a la actora días posteriores al parto, no resulta por sí sola fundamento como para tener por acreditado el daño que se reclama, en tanto no se ha producido otra prueba suficiente como para acreditar las lesiones descriptas por la actora tanto en sede penal como en sede civil.

7.-No corresponde analizar la indemnización solicitada por el padre de la niña prefallecida atento la sentencia respecto a éste ha quedado firme, ya que no planteó recurso alguno.

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días de Mayo de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: «C. S. I. Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DEL PILAR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Ribera y Llobera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTIÓN

¿Debe modificarse la sentencia apelada? VOTACIÓN A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:

1. La sentencia de fs. 538/548 rechazó la demanda promovida por S. I. C. y P. C. G., contra los médicos J. O. S., L. B. y L. C., haciendo lugar parcialmente a la acción planteada respecto de la Municipalidad del Pilar (conf. aclaratoria de fs. 550), a quien se condena a abonar en concepto de daño moral la suma de $ 30.000, con más intereses a la tasa pasiva. Impone las costas al Municipio y se difiere la regulación de honorarios.

2. Apela el fallo la Municipalidad del Pilar (fs. 561) y funda su recurso (fs. 575/577), la actora no contesta.

3. Apela sólo la parte coactora S. I. C. (fs. 562), y funda con memorial de fs. 579/588, el que es contestado por el codemandado O. S. a fs.606/ 608 vta., y por el municipio (fs. 610/612).

4. Agravios de las partes 4.1.Municipalidad del Pilar La codemandada entiende que no corresponde responsabilizar a su parte, en tanto la jueza rechaza la demanda planteada por mala praxis, y toda vez que de las probanzas de autos surge que la accionante fue asistida conforme las reglas del arte de curar, con cuidado y previsión, determinando que la muerte del feto fue como consecuencia de un desprendimiento de placenta abrupto y reciente.

Agrega que el infortunio se debió a un hecho imprevisible, tempestivo, en el que la muerte del feto hubiera sido imposible de evitar.

Continúa diciendo que la Jueza le atribuye responsabilidad en el evento, al considerar deficiente el servicio prestado por su parte ante la falta de personal en el alumbramiento de la hija de la actora, quien naciera sin vida y por cuanto ello importa una lesión a su integridad física y emocional -de la madre- que no puede ser desconocida.

Expresa la apelante que tal aseveración resulta contradictoria con los antecedentes en los que se basa el pronunciamiento, surgiendo de las pericias realizadas que la asistencia médica brindada fue conforme las reglas del arte, cuidado y previsión.

Sostiene que el parto, acaece como un hecho súbito y tempestivo, que genera que el feto sea expulsado, y tiene por cierto que el lamentable infortunio no hubiera sido modificado con la presencia de personal adecuado.

Considera que el daño moral constituye un rubro accesorio al reclamo principal de autos.

Solicita entonces que sea desestimada la indemnización fijada en concepto de daño moral, rechazándose la suma de $ 30.000 fijada en tal concepto. 4.2. S. I. C.

La actora pide que se revoque el fallo apelado y que se haga lugar al reclamo por daños contra los médicos J. O. S., L. B. y L.C., fundando el pedido en las siguientes argumentaciones:

Considera arbitraria la construcción que se realiza acerca del modo en que se desarrollaron los hechos Señala que exhibe confusión al asociar la idea de desprendimiento abrupto de placenta normoinserta con aquellos desprendimientos que abarcan más de un tercio o más de la mitad de la inserción de la placenta, en los cuales la muerte es normal.

Cuestiona que se hayan tomado elementos de las pericias médicas para construir un relato en el que aquellos aparecen disociados y aún en contradicción con dichos peritajes, los mismos en que se pretende fundar la sentencia recurrida.

Encuentra inadmisible la tergiversación de los dichos de los peritos sobre aspectos medulares que definen la responsabilidad de los demandados Desde otro ángulo, dice que la sentencia tiene por probado que:

C. debió dar a luz a su hija sola en una cama del Hospital, y que el médico y la obstétrica no pudieron asistirla por cuanto se hallaban atendiendo otro parto. no existía personal suficiente como para poder asistir a C. en tiempo oportuno. de existir este personal, al menos la paciente hubiera recibido contención emocional, sin tener que atravesar la situación de angustia, zozobra y temor que vivió durante el parto en soledad. el servicio de salud prestado por el Municipio a sus pacientes internados, resulta inadecuado e irregular.se ha omitido tomar las medidas pertinentes para evitar la situación de autos, violando así la obligación tácita de seguridad en la atención al paciente.

Cuestiona la apelante el desconocimiento de la prueba tasada, en la especie, la confesión expresa del médico obstetra que atendió el alumbramiento, quien dice que «no hubo desprendimiento de placenta ya que cuando fue atendida en parto tuvo un alumbramiento normal». Merece su crítica el que la Jueza no haya mencionado esta confesión hecha en la audiencia respectiva, teniendo por probado el desprendimiento de placenta.

Dice que no se puede desconocer la manifestación por única vez del médico que atendió a la actora luego del parto al absolver posiciones, lo que constituye plena prueba, y escapa a la regla general de apreciación de las pruebas (art. 384 del CPCC.).

Advierte que, si se considera que «el período del alumbramiento se inicia al finalizar el período expulsivo y concluye con la expulsión de la placenta y las membranas», y si de acuerdo a lo expresado por el perito Berman, «normalmente la placenta se desprende de su inserción en la pared uterina después de la expulsión fetal», debe concluirse que cuando el demandado-absolvente expresa que el alumbramiento fue «normal» está diciendo que la placenta se desprendió de su inserción en la pared uterina después de la expulsión fetal, por lo cual no existió aquel desprendimiento de placenta que el fallo intenta vanamente sostener.

Encuentra la recurrente que se hubo acreditado en la causa el hecho que permaneció las dos horas previas al parto en la cama del hospital, sin atención médica, más aún, sin control obstétrico alguno.

Asegura que la muerte fetal ocurrió en ese lapso, ya que el Dr. Berman de la Asesoría Pericial, dice que «según la historia clínica en ningún momento entre el 3 de octubre a las 20.30 hs. y el 5 de octubre a las 15.00 hs. se detectó sufrimiento fetal.Por lo tanto debe considerarse que dicho sufrimiento ocurrió después de la hora 15.00 de ese día y antes de la hora 17.00».

Agrega que el Dr. Fernández sostiene en su dictamen que «resulta imposible precisar si el desprendimiento se produce como consecuencia del trabajo de parto o éste es quien estimula la hiperactividad uterina acelerando los tiempos, con lo cual se produce la expulsión de un feto muerto», agregando, «la muerte del feto ocurrió intraparto».

Desde otro ángulo indica que no fueron tenidas en cuenta las declaraciones de las testigos Luna y País.

Esta última refiere la desatención de la actora y que «se cansó de llamar» y cuando le fue a decir a la enfermera, ésta le dijo que «se había cansado de avisar y que nadie le contestaba, que nadie le decía nada» y que no sabía porqué no atienden, ya que «no estaban haciendo nada». También relata que a las 16.00 hs. cuando volvió a verla al reanudarse el horario de visita la actora estaba «a los gritos» sin que nadie se hubiera acercado a atenderla en todo el lapso que la testigo se ausentó del hospital, acudiendo personal médico a la habitación luego de nacida la niña.

Relata en forma pormenorizada los dichos de la testigo Luna quien también presenció las circunstancias que rodearon al parto producido en la habitación del Hospital.

Concluye que, hasta las 15.00 hs. del día 5 de octubre, la actora estuvo internada con un hijo sano en su vientre, y desde allí, padeció dolores que fueron creciendo, hasta desembocar en la expulsión de su hija sin vida a las 17.00 hs. Agrega que según las pericias se estaba produciendo el sufrimiento fetal intraparto (Dres. Berman y Fernández), y que «existían posibilidades diagnósticas y terapéuticas» (Dr.Berman), quien agrega que los controles obstétricos una vez comenzado el trabajo de parto deben seguir la rutina de un protocolo de período dilatante, el cual debe estar agregado a la planilla de la Historia Clínica, oscilando estos controles en alrededor de uno por hora.

Refiere además que el experto dice que «ese control incluye datos clínicos de la gestante y del feto en tiempo real y evolución de los signos fundamentales del trabajo de parto, diciendo finalmente que «todo ello permite sacar conclusiones clínico-obstétricas con un solo golpe de vista para tomar decisiones terapéuticas inmediatas».

Destaca que en el caso, nadie estaba tomando decisión alguna y que en ese lapso (intraparto) se produjo el deceso fetal.

Considera que ello es suficiente para condenar a los demandados y que no se requiere mayor diagnóstico ni constatar si hubo desprendimiento de placenta.

Alega que los expertos nunca se expidieron sobre la gravedad del desprendimiento en autos, el que a criterio de las pericias «puede tratarse en función de la magnitud del desprendimiento», resultando infundado determinar que la muerte del feto se debió a un cuadro repentino e imprevisible, de gravedad imposible de modificar, como afirma la sentenciante.

5. Antecedentes 5.1. Demanda Refieren los actores que se encuentran unidos en concubinato habiendo nacido dos hijos de dicha unión. Refiere C. que en el mes de octubre de 2002 cursando el octavo mes de embarazo sintió contracciones que se repetían cada dos minutos sufriendo pérdida de líquido amniótico. Así, acudió al Hospital Municipal del Pilar «Juan C. Sanguinetti» el día 2 de octubre donde fue atendida por guardia, disponién dose su internación aplicándosele suero con medicación (Duvadilán). Expresa que el 3 de octubre se le realizó una ecografía, y el Dr.Di Cio le informó que se encontraba todo bien, dedicándose a examinarla con mucha paciencia y estableciendo que se trataba de una niña.

La anterior ecografía había sido practicada en la Sala Municipal «La Lomita» dependiente del mismo hospital.

Dicen que durante la internación le fueron practicados varios monitoreos fetales, en los cuales siempre se determinó que el embarazo seguía su curso con normalidad.

Manifiestan que el sábado 5 de octubre desde las 08.00 hs. comenzaron fuertes dolores, los que no cesarían hasta después del parto. Continúa diciendo que a las 14.30 hs. la revisa una partera que se había identificado como Liliana Blanco, quién le realiza un monitoreo y le informa que estaba todo bien, aún cuando refirió pérdidas con sangre, no dejando indicaciones y concluyendo que todavía no era el momento del nacimiento.

Advierto en este acto que la foja 78 ha sido agregada en forma invertida, por lo cual a fin de mantener el hilo del relato debe estarse a lo que surge de fs. 78 vta.

Siguiendo con los sucesos que se narran en la demanda, expresa la accionante que ésa fue la última oportunidad en que vio a la partera o personal alguno del hospital hasta tiempo después de ocurrido el parto.

Menciona que en la habitación se hallaban su madre Silvia Cristina Barski, su concubino Pablo Cristian Giménez, su cuñada Miguelina Paiz, Nélida Fuentes y las demás parturientas internadas. Que los dolores se intensificaban, por lo que sus acompañantes intentaron en vano localizar a algún profesional del sector, con excepción de la enfermera quién dijo haber llamado reiteradas veces a los médicos o partera sin éxito.

Dice que a las 17.05 hs., en medio de dolores insoportables y pidiendo a gritos asistencia nació su hija, atendida por sus familiares y demás internadas, sin llorar ni tener reacción alguna.Seguidamente, acudió una enfermera quien no pudo cortar el cordón umbilical porque la tijera no funcionaba, por lo cual volvió al rato con otra que cumplió tal cometido.

Relata que aquella se llevó a la recién nacida, volviendo luego a conducirla a la sala de partos, donde el Jefe del Servicio, Dr. J. G. O. S. y un enfermero le extrajeron la placenta. Al llegar la partera que la había atendido a las 14.30 hs. le preguntó si se acordaba que había escuchado latidos pero al recibir respuesta afirmativa, le aclaró que éstos eran de la propia paciente que estaba taquicárdica, no del feto, preguntándole además el médico desde cuándo no se movía la niña, a lo que la actora respondió, dirigiéndose a la partera, que no era posible ya que ella misma le había dicho que todo estaba bien.

Así entonces, refiere que pusieron a su hija sobre su pecho y le dijeron que se había muerto, por lo cual en medio de un ataque de nervios, intentó infructuosamente revivirla, manifestando los nombrados profesionales que hacía 3 o 4 días que estaba muerta.

Apunta la demandante que luego del alta otorgada el día 7/10/02 le indicaron volver el 14 de ese mismo mes, pero que ante los muy fuertes dolores y malestar continuo, acudió al Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes de General Rodríguez, donde permaneció internada desde el 11 de octubre hasta el 17 del mismo mes por una infección producida por restos placentarios.

Entiende que en el caso se configura responsabilidad médica por omisión de las diligencias debidas, debiéndose aplicar las reglas de los actos ilícitos (arts. 1074 y 1109 Cód. Civil, art. 110 del Código de Ética Médica) lo que fue la causa directa del desenlace fatal de la niña nacida.

Expresa C.que los profesionales intervinientes la abandonaron a su suerte, sin revisarla ni indagar si había sufrimiento fetal.

Se pregunta cómo es posible que al internarse el día 2 de octubre o al practicársele una ecografía obstétrica el día 3 no se haya advertido que su hija estaba muerta y se continuara con la rutina para embarazadas en trabajo de parto.

Dice que la falta de asistencia en ocasión del parto es un hecho reconocido en la propia historia clínica donde los profesionales co-accionados, Dr. O. S. y Liliana Blanco reconocen haber llegado cuando su hija ya había nacido y fallecido.

Considera que la discusión no debe apuntar a establecer si la obligación del médico es de medios o de resultado, o si el tratamiento fue bien o mal elegido, sencillamente, debe pensarse si la falta de atención queda justificada por tener el profesional otros pacientes que atender.

Afirma que es inadmisible sostener que las cuestiones organizativas del Hospital prevalecen por sobre la salud de las personas que se internan para su atención.

Por otra parte en opinión de la accionante, el Hospital del Pilar debe responder por el hecho del dependiente y en los términos del art. 504 del C.Civil, habiendo dejado de cumplir con la obligación de seguridad a su cargo, de naturaleza objetiva.

Recuerda que el paciente no elige al profesional que lo va a atender en un hospital público, sino que confía en la elección que el Estado hace de quienes prestan el servicio de salud.

Es evidente a su entender, que no se previó lo previsible, o si se lo previó no se observó la conducta necesaria para evitar el desenlace, lo que no es otra cosa que configurar la noción de culpa.

En el caso, considera que ésta obedece a la negligencia en la atención de la paciente que requería cuidados propios del trabajo de parto, a fin de intentar evitar la muerte de la beba.

Tal fue la desidia, sostiene, antes y después del parto, que debió ser internada en el Hospital de General Rodríguez ante el descuido y la falta de diligencia en el retiro de la placenta, dejando restos que provocaron un proceso infeccioso posterior.

La misma responsabilidad -afirma- le cabe a la partera, Liliana Blanco, quien estaba en pleno conocimiento del delicado cuadro de la paciente y sin embargo, la dejó abandonada a su suerte.

Reclaman los actores una indemnización por valor vida de $ 100.000 para cada progenitor, o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.

Asimismo piden en la demanda la suma de $ 120.000 para cada uno en concepto de daño moral habida cuenta los padecimientos sufridos ante la muerte de su hija; además piden en concepto de daño psíquico, la suma de $ 65.000 para S. I. C. y de $ 45.000 para Pablo Cristian Giménez; piden también que se otorgue la suma de $ 500 en concepto de gastos sin comprobantes.

C., ante los daños derivados de la deficiente atención post-parto, entiende configurado daño psíquico y daño moral, reclama la suma de $ 42.000 y $ 55.000 respectivamente.

A fs. 169/170 vta. la parte actora amplía demanda contra la obstétrica L. B.C., en atención a las manifestaciones vertidas por la partera Blanco.

5.2. Contestación de la Municipalidad Al contestar demanda la Municipalidad del Pilar mediante su apoderada (fs. 109/116 vta.) niega los hechos relatados y señala que, en su criterio, no existió culpa médica en ninguna de sus variantes, y no se acreditó el obrar negligente, imprudente o la impericia del equipo médico.

Admite que el día 2 de octubre la coactora C. ingresa al Hospital Municipal «Juan C. Sanguinetti» con un cuadro de amenaza de parto prematuro, según surge de la historia clínica.

Aclara que el hospital cuenta con un ginecólogo que atiende el consultorio y las urgencias que ocasionalmente pudieran presentarse en un nosocomio de semejante envergadura, cuenta con una partera de guardia por 24 hs. y una partera de guardia «refuerzo» de 20.00 hs. a 08.00 hs.

Destaca que la culpa del médico no se presume, por lo que corresponde al paciente acreditar que existió negligencia grave o imprudencia, por ser la obligación de medios y no de resultado.

Es por ello que entiende que al no existir ninguno de los supuestos de culpa, no corresponde fijar indemnización.

Cita las conclusiones del perito que dictaminó en la causa penal afirmando que, según surge de la historia clínica, la Sra. S. C.fue asistida conforme lo establecido por las normas de la especialidad, en pacientes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro.

Apunta que el 13 de agosto de 2003 el fiscal de la causa solicitó el archivo de la misma fundado en las conclusiones de la experta Liliana Rosa Gambade, Médica Forense de la Asesoría Pericial, que a su criterio, descartan que haya habido expresa falta de conocimientos técnicos o incumplimiento de los elementales principios inherentes a la profesión médica, y que a consecuencia de ello (causa eficiente) se haya provocado un menoscabo en la concurrencia de dolo específico, consistente en el propósito de conseguir la interrupción del embarazo.

Concluye que el personal del Hospital del Pilar obró con total diligencia y pericia, no existiendo responsabilidad penal ni civil de los profesionales ni del nosocomio.

Solicita el rechazo de las indemnizaciones requeridas y de la demanda incoada.

5.3. Contestación de la obstetra Blanco Contesta también Liliana Beatriz Blanco (fs. 132/143) quien se desempeñaba como obstétrica en el Hospital del Pilar, quien niega los hechos e interpone falta de legitimación pasiva de su parte y solicita que se cite a L. B. C., cuya intervención a su juicio resulta obligatoria.

Expresa que ingresó al Hospital Sanguinetti el día 3 de octubre a las 20.00 hs. aclarando que cuando la partera de guardia ingresa debe atender prioritariamente cada uno de los partos que se hagan por guardia, y que aquellas pacientes que están internadas son atendidas por la enfermera quien resulta encargada de dar aviso a la obstétrica de guardia en caso que se requiera su intervención.

Es así que el día 4 de octubre, refiere, a las 18.00 hs., se controló a la paciente C. internada, conforme surge de la historia clínica que obra en autos.Agrega que leyó la misma y de ello surge que previamente había sido revisada por un médico de planta que omitió aclarar su sello, dejando constancia q ue se trataba de una paciente con un embarazo de 34 semanas 5 días de gestación, con amenaza de parto prematuro (APP), con tono uterino normal, frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, y que ante la referencia de la paciente de pérdida líquido amniótico ordenó una cristalización, constatándose que las membranas se hallaban en perfecto estado, agregando que aquella tenía 1 cm. de dilatación.

Refiere que en la revisación practicada a las 18.00 hs. encontró que el feto poseía actividad cardíaca normal, de 148 latidos por minuto, con movimiento fetal y dinámica uterina negativa. Expresa que se retiró del Hospital el día 4 de octubre a las 19.00 hs. -una hora antes de su horario habitual- porque tuvo que atender cuestiones de índole familiar, tal como surge de la copia del libro de asistencia que acompaña, siendo reemplazada por esa hora faltante por la obstétrica Roxana Laura Espínola.

Niega enfáticamente haber realizado un monitoreo a la paciente y mucho menos haber participado en el parto y alumbramiento.

Afirma que luego de su turno ingresó a la guardia desde las 20.00 hs. del día 4 de octubre la obstétrica L. C.

Considera que determinar, por qué no se atendió a la paciente durante el alumbramiento será materia de prueba por parte del Dr. O. S. y de la obstétrica mencionada, y por qué no se realizó un legrado para evitar que quedaran restos de placenta deberá ser probado por el médico tratante.

Impugna los montos reclamados y pide que se rechace la demanda impetrada en su contra. 5.4. Contestación de la obstétrica C.

A su turno contesta demanda la obstétrica L. B. C. (fs. 179/186), la que niega los hechos relatados en la demanda, dando su propia versión.Refiere que presta tareas para el Hospital del Pilar, por lo que tomó la guardia de 24 hs. el día 4/10/2002 a las 20 hs., por lo cual hizo su rutina habitual y se acercó a la habitación 20 E que se encuentra a escasos metros de la sala de partos.

Dice que el día 5 de octubre a las 14,30 hs. controló a la actora, quien se encontraba con un embarazo de 32 semanas auscultando a la paciente con equipo de medición fetal (Sony) resultando LF (latidos fetales positivos) 140 por minuto, con dinámica uterina aislada, donde el cuello se encontraba centralizado 3 cm., cefálica móvil (el feto por nacer se encontraba de cabeza) (fs. 183 vta.).

Destaca que la partera Liliana Blanco, el 4/10/02 a las 18 hs. también controló a la actora constatando actividad cardíaca fetal positiva, 148 latidos por minuto, movimiento fetal positivo con dinámica uterina negativa.

Niega haberle dicho a la actora, «vos no podés tenerlo ahora, todavía falta», ya que solo el médico a cargo podría dar esa indicación.

Expresa que siendo las 17.00 hs. del 5 de octubre, se encontraba asistiendo al parto de la paciente Formigo junto al Dr. J. O. S., médico especialista en obstetricia y ginecología, responsable y jefe del servicio, cuando ingresó una enfermera comunicando que la paciente de la habitación 20 E estaba con sensación de pujo, por lo que el Jefe del Servicio le ordenó que se dirija a la habitación a asistir a la actora.

Dice que al llegar el parto ya se había realizado, por lo que el Jefe del Servicio dispuso que la paciente pasara a la sala de partos para realizar el alumbramiento, extrayendo la placenta, la que es remitida a anatomía patológica. Agrega que el Dr. O. S.se contactó con los familiares de la actora informándoles que el feto había nacido muerto.

Plantea ausencia de responsabilidad de su parte y de todos los profesionales médicos que asistieron a la actora, destacando que del informe pericial realizado en la causa penal se desprende que ésta «fue asistida acorde lo establecido por las normas de la especialidad en pacientes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro, sufriendo como complicación un desprendimiento de placenta normoinserta, corroborado por anatomía patológica, y que provocó la muerte del feto».

Pide en consecuencia que se rechace la demanda, con costas a la actora.

5.5. Contestación del jefe guardia de obstetricia y ginecología O. S.

Finalmente contesta el médico J. O. S. negando todos y cada uno de los dichos expuestos en la demanda.

Refiere que el Hospital del Pilar es municipal y adolece de crecientes carencia de infraestructura, y que los equipos médicos previstos para épocas económicas normales, se vieron obligados a asistir a una demanda muy superior a sus posibilidades físicas (fs. 210).

Expresa que el día del parto de la actora se desempeñaba como médico de guardia de Obstetricia y Ginecología, encontrándose como único apoyo profesional para dicha guardia con solo una obstétrica de guardia de 24 hs.

Dice que en el ámbito de una evolución normal era a la obstétrica a quien le incumbía la realización de controles habituales de las embarazadas internadas.

Destaca que la sala de Obstetricia tenía entre 15 y 20 camas de internación más la denominada sala de dilatantes con otras dos camas. A ello se agregaba el sector de Ginecología con pacientes con patologías de dicha especialidad.

Sumado a ello, la atención de los partos del día, promedio entre 8 y 12.

A más de ello y como Jefe de Guardia, dice que también debía ocuparse de lo relativo al resto de los médicos de Guardia del Hospital.

Refiere que la paciente C.se internó el 2/10/02 a las 20.30 hs. con diagnóstico de amenaza de parto prematuro (APP).

Manifiesta que se le hicieron los controles correspondientes durante ese día y los días subsiguientes, constatándose el día 3 mediante ecografía que el avance de la gesta era de 35 semanas con movimientos y latidos fetales positivos.

Confirma que a las 20 hs. del día 4 de octubre dio comienzo a su guardia junto a la obstétrica Liliana C.

Niega que la actora hubiera manifestado tener dolores, lo que habría sido atendido por los profesionales correspondientes.

Continúa diciendo que a las 15.00 hs. la partera evolucionó a la actora, constatando latidos fetales, su frecuencia, dinámica aislada y el feto en posición cefálica móvil.

Expresa que a la hora 17.00 se encontraba realizando el parto de la paciente María del Valle Formigo junto a la obstétrica de guardia, momento en el que la enfermera ingresó diciendo que la paciente C. tenía contracciones (sensación de pujo).

Así, dice que le ordenó a la partera que acudiera a asistir a la actora, mientra él concluía el parto.

Luego de finalizar narra que se dirigió a la habitación y halló que el parto se había producido, naciendo la niña sin vida.

Refiere que el alumbramiento de la placenta de la actora fue completo y normal y dicho órgano fue enviado para efectuar el estudio de anatomía patológica.

Éste indicó que C.había sufrido desprendimiento de placenta normoinserta (abrupto placentae), cuadro que constituye una de las complicaciones más riesgosas del embarazo.

Así el desenlace fue inevitable, afirma, causa de la muerte fetal sin que se evidencia causa médica que se le pueda imputar.

Niega además la supuesta incompleta retracción de la placenta, quedando solo restos residuales necrohemorrágicos, como surge de la anatomía patológica realizada en el Hospital Vicente López de General Rodríguez.

En suma, niega la relación de causalidad entre el obrar médico y el daño.

Cuestiona los montos reclamados por improcedentes y sostiene además la falta de acción del coactor Giménez, por no constarle el concubinato con la actora por más de 5 años.

Ofrece prueba y solicita que se rechace la acción (fs. 207/221).

6. Deserción del recurso Voy a referirme en primer lugar a la pretensión de la codemandada de declarar desierto el recurso de la actora (fs. 610).

El escrito de fs. 579/588 vta., a mi juicio, se refiere en forma concreta y razonada a las constancias de autos, de modo que no puedo tener por incumplida la obligación del art. 260 del CPCC.

Esta Sala 1° tiene dicho al respecto que «en salvaguarda de la garantía de la defensa en juicio, únicamente cabe utilizar la facultad que acuerda el art. 261 del mismo Código en caso de insuficiencia de fundamentación en forma restrictiva y cuando el incumplimiento resulta flagrante. La facultad del Tribunal de Alzada, que en definitiva depende de la apreciación subjetiva de los Magistrados, no puede ejercerse sino con suma prudencia, ya que en tales supuestos siempre se corre el riesgo de caer en arbitrariedad (Causa nº 80.831 «Wildenberg c/ Fleitas», entre otras).

En consecuencia, encontrándose cumplido lo dispuesto en el art. 260 CPCC. corresponde pasar a tratar los agravios.

7. La responsabilidad médica 7.1.La responsabilidad profesional La responsabilidad profesional, es aquélla en la que incurren quienes ejercen determinadas profesiones liberales al faltar a los deberes especiales que su arte o ciencia les imponen. Por ende, para su configuración requieren de los mismos elementos comunes a la responsabilidad civil (esta Sala I, causas 84.931, reg. 531 del 19/10/00, 85.426, 85.663, 86.931, 88.875, 90.004, entre otras).

En nuestro ordenamiento jurídico no encontramos disposiciones específicas relativas a la materia, quedando regida por los principios que gobiernan la responsabilidad civil contenidos en el Código de fondo, sin perjuicio de ciertos matices particulares derivados de la naturaleza de la obligación comprometida, las circunstancias del caso, y la prestación que hubiere sido contratada, pero que en modo alguno permiten descartar la premisa antes enunciada. Los jueces argentinos se han pronunciado en tal sentido en numerosas oportunidades, sosteniendo que no existe un concepto de culpa profesional diferente al que se describe en el art. 512 del C.C.

Dicha norma nos proporciona el concepto de culpa civil, al decir que ésta consiste en la «omisión de aquellas diligencias que exigiera la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a la circunstancia de las personas, del tiempo y del lugar». Ello viene a significar que cuando el facultativo incurre en la omisión de tales diligencias, ya sea por imprudencia, impericia o ne gligencia, falta a sus obligaciones y se coloca en la posición de deudor culpable (esta Sala I, causa 84.931, reg.

531 del 19/10/00; SCBJA, DJ 1990-I-929) y Encontrándose comprometidos los derechos esenciales a la vida y a la dignidad de la persona -preexistentes en todo ordenamiento positivo- no cabe tolerar ni legitimar comportamientos indiferentes o superficiales que resulten incompatibles con el recto ejercicio de la medicina (SCBA, «Stoppo c/Ramos Pacheco y ots.S/Daños», 1/12/98, DJBA 156, 89).

El patrón comparativo para juzgar la conducta del profesional no resulta ser «cualquier persona», sino un «buen profesional médico». A los fines de fundar este último criterio, se acude a las directivas que emanan del art. 902 del Código de fondo, en cuanto dispone que «cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos», lo cual resulta lógico en vista de los mayores deberes que incumben sobre quienes se hallan habilitados para desempeñarse como profesionales por la capacitación que supone el título universitario o especializado que hubieren alcanzado (esta Sala I, causa 84.931, reg. 531 del 19/10/00). Tradicionalmente, la obligación asumida por el profesional médico ha sido definida como «obligación de medios» -ello, sin perjuicio de los excepcionales supuestos en que puede calificarse como de resultado-por lo cual el galeno compromete la prestación de sus servicios, con base en los conocimientos médicos, poniendo en el cumplimiento de su labor la diligencia y cuidados que la misma requiere según las circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 512 del C.C.), debiendo tomar las medidas que normalmente conducen a determinado resultado, pero sin garantizar éste último (esta Sala I, causas 85.426, 85.663, 86.931, 88.875, 90.004). De ello se deriva que, en principio, es el paciente damnificado quien debe probar la impericia, negligencia, inexperiencia y/o incumplimiento de los deberes a cargo del profesional tratante (esta Sala I en anterior integración, «Genes de Galotta, Nélida E. c/García, Héctor H. y/o s/daños y perjuicios», 26/9/97).

7.2.La carga de la prueba Ahora bien, no obstante el criterio rector mentado en el párrafo precedente, no debe soslayarse lo relacionado con las llamadas «cargas probatorias dinámicas». Se juzga que es dable exigir al profesional una amplia colaboración en la dilucidación de los hechos controvertidos en la causa, puesto que sobre ambas partes pesa el deber de actuar en el proceso con buena fe, y que el valor conviccional de los elementos incorporados al expediente habrá de permitir al juez, determinar las presunciones de culpa contra la parte que observó una conducta pasiva para demostrar su falta de culpa, cuando se encontraba en mejores condiciones de hacerlo que el accionante de probar la culpa de aquél (Bustamante Alsina, Jorge, «Prueba de la culpa médica», LL, 1992-D-582 y ss. n° V y VI; CACC de San Isidro, Sala I, 26/11/98, «Wilson, Nolan c/Clínica Privada s/daños y perjuicios», en Síntesis Jurisprudencial (C.A.S.I.), n° 10, 1998, p. 28).

Cuando se pone en tela de juicio la actuación de un profesional, éste, en función de la colaboración con el órgano judicial, también tiene la carga de demostrar que actuó con la eficiencia, prudencia e idoneidad requeridas por las circunstancias del caso. La Suprema Corte de la Provincia ha dicho, en numerosas oportunidades, que el principio de la carga interactiva de la prueba impone, en un caso de responsabilidad médica, que los galenos no pueden limitarse a la mera negativa, sino que tienen que colaborar con el esclarecimiento de la verdad. Esta teoría constituye un apartamiento excepcional de las normas legales que establecen la distribución de la carga de la prueba (Gozaini «La Carga de la Prueba en la Responsabilidad Médica», en Rev., de Derecho Privado y Comunitario, N° 18, Responsabilidad Contractual – II, pág.135, con cita de Galdós en «Prueba, Culpa Médica, y Cargas Probatorias Dinámicas -en la Doctrina de la Suprema Corte Bs. As»- en Rev. Coleg. Abogados de La Plata, N° 56, año 35, 1996, p.27 y ss).

Este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, esta debe ser, en principio probada por el actor, sin perjuicio de que el juez tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales, y del concepto de carga probatoria dinámica (CNCiv., sala D, del 28/2/96, voto del Dr. Bueres, en LL del 11/9/96, p. 10 y ss.; esta Sala 1°, «Zapatero, Alfredo c/Alberti, Jorge y/o s/daños y perjuicios»; 2/9/97; ídem., causas 85.426, 85.663, 86.931, 88.875, 90.004).

7.3. Valor de la historia clínica Una de las obligaciones médicas de naturaleza administrativa, es la de confeccionar en debida forma la H.C., tanto como fiscalizar a su personal auxiliar (conf. normas que regulan el ejercicio profesional, ley 17.132, Código de Ética Médica y Normas de la Autoridad Sanitaria).

La historia clínica es el pilar sobre el que se asienta la mejor práctica médica, un documento médico en el cual se deja constancia de los principales acontecimientos del acto médico y de la enfermedad del paciente.

Su contenido debe integrarse de manera detallada, concisa y prolija, incluyendo, datos relevantes de la enfermedad del paciente, los hechos clínico-quirúrgicos practicados, las prescripciones recetadas, y las principales vivencias del paciente.

Como se ha dicho, la historia clínica es una herramienta probatoria de singular importancia a la hora de determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas (Vázquez Ferreyra, Roberto, «La importancia de la historia clínica en los juicios por mala praxis médica», LL, diario del 25/3/1996). Es la mejor instrumentación del actuar profesional pues constituye la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, personales y familiares, como actuales, relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual («Diccionario terminológico de Ciencias Médicas», Ed.Salvat S.A., décima edición, 1968, citado en el trabajo mencionado).

Para Carlos Ghersi, aquélla brinda la clave en la relación de causalidad («Responsabilidad por prestación médico asistencial», Ed. Hammurabi, 1987, p. 97).

7.4. Cronología de la internación En la especie, como surge de las constancias de autos y de la causa penal, se trata de una paciente que se encontraba con un embarazo de riesgo, habiendo ingresado con una amenaza de parto prematuro (APP) el día 2/10/02, a las 20.30 hs. (conf. surge de la H.C. nº 112.417, confeccionada por el Hospital Municipal del Pilar, obrante a fs. 22 de la causa penal), por lo que cabe indagar acerca de la conducta médica seguida y si existió un apartamiento de las normas obstétricas vigentes, a fin de evaluar si se cumplió con el estricto control de la evolución de la paciente, y con la debida frecuencia que corresponde realizar mediante monitoreo o auscultación intraparto.

Veamos entonces la evolución cronológica que surge de la historia clínica durante la internación de C.:

Día 2/10/02: ingresa la paciente a las 20.30 hs. con diagnóstico de amenaza de parto prematuro, con pérdida de tapón mucoso, y se constata una frecuencia cardíaca del feto de 140 pulsaciones por minuto -LCF + 140 x’- (fs. 22), por guardia se le solicita laboratorio y ecografía, y a las 21,50 hs se requiere derivación a Zona V, a las 23.00 hs. es revisada por la obstétrica Isabel Vera, constatándose latidos y movimientos fetales positivos Día 3/10/02: es revisada por la misma profesional a las 00.30 hs, y se establecen latidos y movimientos fetales positivos, midiéndose la frecuencia cardíaca materna en 100 x’, interlineándose la leyenda con lápiz «no se confunde con fetal si fuera fetal=sufrimiento» (fs.22 vta.) Se repite examen a las 02.30, 07.00, 08.30, 09.00 y 19.00 hs., sin que se consigne novedad con relación al ingreso (fs. 22 vta., cit. causa penal).

Se le practica ecografía obstétrica (fs. 25) en la que se constata la posición cefálica del feto, placenta anterior grado I, líquido amniótico normal, latidos y movimientos fetales positivos, embarazo de 35 (+-) 1 semana, sin otras observaciones.

Día 4/10/02:

Se vuelve a revisar a la paciente a las 10 hs., practicándosele tacto vaginal (N), reiterándose que se trata de una APP (amenaza de parto prematuro), determinándose una frecuencia cardíaca positiva, y dejándose constancia que la paciente refiere pérdida de líquido amniótico por genitales, por lo que se solicita cristalización que resulta (-) (ver fs. 23).

Se practica una revisación a las 18 hs., y se constata actividad cardíaca fetal positiva, de 148 x´.

7.5. Las pericias médicas Pasaré ahora a describir los aspectos médicos enunciados por los expertos consultados tanto en sede penal como civil. a. Antecedentes de la causa penal i. Autopsia: Conforme al protocolo de autopsia (fs. 60/65) confeccionado por la Dirección General de la Policía Científica, Delegación San Isidro, el cadáver se encontraba en estado de putrefacción (15/11/02, exhumación), concluyendo con relación a las causales de la muerte «que se ha producido como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático, Ad Referendum del resultado de las pericias anatomopatológicas solicitadas» (fs. 64). ii. Estudio Histopatológico de Policía Científica: Según las conclusiones anatomopatológicas arribadas por la perita forense, Jefa de Patología, luego de analizar el material extraído en la autopsia, arriba a la siguiente conclusión: «se trata de un pool con marcado grado de autolisis que dificulta el diagnóstico, no obstante como datos positivos se observó que presenta hemorragia capsular suprarrenal» (fs. 77). iii. Estudio Anatomopatológico de la placenta:según informa el médico patólogo que examinó la placenta remitida por el Hospital, presentaba «Membranas verdosas. Cara materna con grandes coágulos adheridos. Al corte tejido esponjoso rojo con zonas consolidadas blanquecinas». El diagnóstico fue: «PLACENTA: Expulsión, VELLOSIDADES CORIALES CON FENÓMENOS INVOLUTIVOS. AREAS DE INFARTO CORDON SIN PARTICULARIDADES» (fs. 83). iv. Ampliación del informe del médico que realizó la autopsia: Habiéndose realizado el estudio antes mencionado, el fiscal solicita que complete su informe el médico que había realizado la autopsia el cual dijo que la muerte se habría producido como consecuencia de un desprendimiento de placenta normoinserta. Esta eventualidad de instalación aguda origina una disminución marcada en el volumen sanguíneo materno que llega al feto, con la consiguiente hipoxia fetal aguda, y posterior muerte fetal intrauterina» (fs. 87, cc. dictamen fs. 130). v. Pericia de la Asesoría departamental: El fiscal ordena que se realice una amplia pericia por la Oficina de este Departamento Judicial, expidiéndose la especialista en medicina legal a fs. 91/2, refiriendo que:

«De la anatomía patológica de la placenta surge la descripción de grandes coágulos en la cara interna de la placenta, cuadro compatible con lo descripto en los desprendimientos normoplacentarios. Cuando se produce el desprendimiento de la cara materna de la placenta, cuadro compatible con lo descripto en los desprendimientos normoplacentarios»; «es altamente probable que [en este caso] se tratara de un desprendimiento de mediana intensidad», agregando que «tampoco se describe en el examen de la paciente el hallazgo de hipertonía uterina, cosa habitual en estos casos» (fs. 92); «el desprendimiento placentario es una complicación obstétrica que pone en peligro la vida de la madre y del feto. La manifestación más evidente es la hemorragia en el 78% de los casos. La muerte fetal ocurre entre el 25 a 35% de los casos.La mortalidad materna oscila entre el 6%»; «en el caso particular de autos no surge de la historia clínica que la madre hubiera estado en shock, pero es probable que el feto se afectara antes de producirse su expulsión, dado que las membranas estaban verdosas, es decir, con meconio»; «las incongruencias en cuanto a la existencia de latidos cardíacos positivos hasta las 15.00 horas y la maceración de 2do. grado descripta por quien asistió el parto y que presume una muerte fetal de varios días. La autopsia no revela detalles al respecto dado que fue realizada 40 días después con el cadáver en franco estado de descomposición. La vitalidad fetal surge objetivada y descripta como positiva en la ecografía del 03/10/03» (rectius: 03/10/02); En las conclusiones dice que «la Sra. S. C. fue asistida acorde lo establecido por las normas de la especialidad, en pacientes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro, sufriendo como complicación un desprendimiento de placenta normoinserta, corroborado por anatomía patológica y que provocó la muerte del feto» (fs. 91 vta.).

Con tales antecedentes el Fiscal decide el archivo de las actuaciones (fs. 92/3), pero ante el pedido de C. que se complemente la prueba ofrecida, el Fiscal General revoca la resolución y se ordena un nuevo informe médico (fs. 111/112). vi. Pericia del Hospital Materno Infantil de San Isidro (fs. 156/177 vta.).

Así el especialista jerarquizado en obstetricia, Dr. Daniel Oscar Fernández, luego de referenciar los antecedentes médicos del caso y las normas de buena práctica de la especialidad informa que: desde la internación hasta el último control realizado el día del parto a las 15 hs. se realizaron los controles y estudios pertinentes, lo cual indicaban parámetros de normalidad materno y fetal (fs. 164/5); el día del parto a las 15 hs. presentaba dinámica uterina aislada y un cuello modificado con 3 cm.de dilatación, ante la presencia de una hematoma retroplacentario (producto de un abruptio placentae) el cual, explica se trata de un accidente súbito, que actúa como un factor irritativo incrementando las contracciones uterinas que sumado a los antecedentes de C. de haber tenido 4 partos, es evidente que se precipite el parto en pocos minutos (fs. 167); el parto se precipitó «producto del desprendimiento nomoplacentario que compromete la vida fetal, siendo imposible precisar si el desprendimiento se produce como consecuencia del trabajo de parto o éste es quien estimula la hiperactividad uterina acelerando los tiempos» (fs. 171); el desprendimiento de placenta normoinserta «es un evento imposible de prever y de inicio y evolución rápida, su instalación es intempestiva y dependiendo de la extensión del desprendimiento, será el compromiso fetal y materno generado» (fs. 172); coincide con los anteriores peritos en que el diagnóstico de maceración de segundo grado a que hace referencia el codemandado O. S. en la historia clínica, no coinciden con los signos de vitalidad fetal consignados en la misma constancia clínica mediante la auscultación de LCF, MF y estudio ecográfico de 24 hs. (fs. 172/3); la muerte del feto ocurrió intraparto (fs. 173); según sus conclusiones finales la actora fue «adecuadamente tratada, estudiada y controlada durante su internación en el Hospital «Int. J.C. Sanguinetti» de la localidad del Pilar. Los procedimientos adoptados para tratar la patología que complicó su embarazo se aplicaron de acuerdo a las generales de la atención obstétrica para estos casos» (fs. 176).

Teniendo en cuenta tales antecedentes se decide el archivo de las actuaciones (fs. 200 causa penal b. Antecedentes de esta causa civil i. Pericia médica y explicaciones: Conforme el informe de fs. 355 respecto al estudio anatomopatológico de la placenta, el experto dice que presentaba las membranas ovulares verdosas lo cual es concordante con la existencia previa de sufrimiento fetal, es decir falta de oxígeno, que en la cara materna de la placenta se observan grandes coágulos adheridos, presenta áreas de infarto en la placenta (fs.358/8 vta.).

Agrega el perito que conforme la ecografía del 15/5/02, el cálculo de las semanas de gestación y el desprendimiento normoplacentario evidenciado por los coágulos adheridos a la cara materna de la placenta, más las membranas teñidas de meconio «son indicios concordantes de una maduración fetal adelantada verosímilmente por sufrimiento fetal crónico durante el embarazo». Agrega que el desprendimiento de la placenta fue crónico, no agudo y que «la presencia de la placenta de áreas de infarto orientan hacia un desprendimiento antiguo de la placenta» (fs. 358 vta.). Dice que hay datos que permiten aceptar que la maceración de segundo grado del feto (presencia de latidos cardíacos y movimientos fetales), que indica muerte fetal de aproximadamente de dos a cuatro días antes del parto. Explica que conforme a su experiencia profesional, puede ser verosímil el error de detectar latidos cardíacos y movimientos fetales positivos, identificando de latidos de la madre como fetales siendo que en realidad lo que se había auscultado eran latidos maternos taquicárdicos, confundiéndolos con los cardíacos fetales (fs. 359).

Teniendo en cuenta tales antecedentes afirma que «no existe relación causal entre la ausencia de profesionales en el momento del parto y la muerte fetal, siendo que esta última ocurrió de dos a cuatro días antes del parto» (maceración fetal de segundo grado, coágulos adheridos en la placenta, membranas ovulares teñidas de meconio y áreas de infarto presentes en la placenta, fs. 359 vta.). Pero como veremos más adelante tales conclusiones, maceración de segundo grado y el error en confundir los latidos cardíacos maternos con los fetales, no encuentran fundamento y por lo tanto son equivocadas, lo cual no puede ser tenido en cuenta (art. 474 del C.P.C.C.).

Al contestar los puntos de pericia ofrecidos por los demandados, agregó que:el desprendimiento de placenta es una complicación imprevisible, la actora «fue atendida de acuerdo a las normas de la especialidad», en una paciente como la actora era aconsejable efectuar un monitoreo cardíaco fetal, el cual no obra en las constancias del expediente; según las constancias de la historia clínica los latidos cardíacos fetales durante el 4/10/02, eran normales y que el trabajo de parto era bueno; a las 15 hs. del 5/10/02 no se había detectado anormalidad en la evolución de la gestación.

La actora impugnó la pericia a fs. 365/71 y el experto ratificó su informe con las explicaciones de fs. 378/80, agregando que conforme a la maceración de segundo grado como informó el médico actuante demandado «la muerte fetal intrauterina se había producido antes de la internación de la embarazada en el instituto asistencial» (fs.

378 vta).

Planteadas nuevas impugnaciones (codemandada Blanco a fs. 381/2 y actora a fs. 384/6), el perito médico informa que: al ingresar la actora al Hospital se le realizaron los controles que deben efectuarse de acuerdo a las normas de la especialidad; que el día del parto a las 8 hs. y a las 15 hs. en la historia clínica consta auscultación fetal; afirmó que la defunción fetal ocurrió entre el mencionado estudio (14,30 hs.) y el parto (17,05 hs.); las medidas adoptadas por los profesionales fueron las correctas; la embarazada se internó en el Hospital con el feto muerto intraútero; la autopsia que se efectuó por exhumación del cadáver no proporcionó datos útiles por el avanzado grado de putrefacción del cuerpo de la niña muerta; la actora no presentaba síntomas del desprendimiento de placenta ya que no había anemia aguda ni dolores.

Adviértase la contradicción en que incurre el perito que por un lado dijo que la muerte fetal se habría producido luego del control de las 14,30 hs.del día del parto y por otro afirmó que el fallecimiento se produjo antes de la internación. Por ello, interpreto que esta pericia no puede ser tenida en cuenta si se la analiza con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece y que han sido reseñados respecto a la causa penal (art. 474 del C.P.C.C.).

Ante tal contrariedad se formulan nuevas observaciones (actora a fs. 415/ 6 y la Municipalidad a fs. 455), y la jueza decide celebrar una audiencia para requerir al perito explicaciones personalmente, con asistencia de las partes (fs. 504 y 522), lo cual no se concreta por problemas de salud del experto. Por ello, la jueza prepara el interrogatorio de fs. 524 y solicita que sea contestado por la Oficina Médico Pericial departamental (fs. 525), lo cual trataré a continuación. ii. Informe de la Oficina Médico Pericial: Así el perito médico oficial se expide a fs. 529/534, refiriendo que:cuando el desprendimiento es mayor a un tercio de la superficie placentaria es regla que ocurra la muerte fetal, según la historia clínica la actora ingresó al Hospital el 2/10/02 a las 20,30 hs y en este momento la auscultación fetal era normal (140 latidos por minuto), lo cual indica ausencia de sufrimiento fetal; pasada la medianoche del mismo día el feto continuaba con movimientos activos de sus miembros y se auscultaba su actividad cardíaca respecto a la cual no se anotó ninguna anomalía; no hubo confusión en la interpretación de la frecuencia cardíaca materna y fetales, ya que su distinción es sencilla mediante el procedimiento que explica; durante el día 3/10 los movimientos fetales continuaban activos y los latidos cardíacos fetales continuaban auscultables y normales, ante la ausencia de comentarios en la historia clínica; al día siguiente, 4/10, los parámetros vitales del feto se mantuvieron normales en cuanto a su frecuencia cardíaca (148 por minuto); el día del parto, 5/10, a las 15 hs. la frecuencia cardíaca fetal fue de 140 por minuto, lo cual informa es normal pero taquicárdico para la madre), con movimientos fetales activos. Agrega que «sorpresivamente dos horas después, a la hora 17,00 se produjo el parto espontáneo de un feto muerto y macerado de segundo grado según la anotación en la historia clínica» (fs. 532 vta.); es imposible que se produzca la muerte y maceración del feto hasta el segundo grado en un plazo inferior a dos horas (fs. 532 vta.), a lo cual agrega que «si se constató vitalidad fetal dos horas antes del parto no puede haber maceración fetal ni siquiera de primer grado» (fs. 533 vta.); el desprendimiento de la placenta puede diagnosticarse con cierto margen de seguridad terapéutica y por ello puede tratarse en función de la magnitud del desprendimiento, pero agrega que «no se puede prever que va a ocurrir cuando todavía no ocurrió pues no existen signos patognomónicos previos.Tampoco puede evitarse desde el momento que no es posible saber que se va a producir» (fs. 533); hubo desprendimiento abrupto de placenta conforme al estudio anatomopatológico de fs. 82 de la causa penal; no existe elemento alguno en el desarrollo de la historia clínica para aceptar el diagnóstico de muerte fetal de varios días (fs. 533 respuesta preg. 4ª); tanto la «hemorragia de suprarrenal» como la «presencia de meconio» halladas en la autopsia significan que hubo sufrimiento fetal (fs. 533, respuesta preg. 5ª)(cc. con lo informado por el perito forense de La Plata, Jefe de Patología, fs. 73/76 de la causa penal); el sufrimiento fetal por desprendimiento abrupto de placenta ocurrió después de la hora 15.00 del 5 de octubre y antes del parto a las 17.00 hs. (fs. 533 vta.). Agrega que si el desprendimiento de placenta fue menor a un tercio de la superficie de la placenta existían posibilidades diagnósticas y terapéuticas» (fs. 533 vta.); el cuadro clínico de la gestante el día del parto (5/10) a las 15 hs «no fue anotado en la historia clínica», por ello dice el perito que «no puede establecer cuál debió ser la conducta médica en ese momento» (fs. 534 vta. respuesta preg. 8); «no obstante, una dilatación cervical de 3 cms. (debió anotarse también la consistencia del cuello uterino establecida por tacto), aún cuando la dinámica uterina se mantiene aislada, está indicando que el período dilatante ha comenzado y los controles obstétricos deben seguir la rutina de un protocolo de período dilatante el cual debe estar agregado en forma de planilla a la historia clínica. Estos controles pueden tener una frecuencia variable pero oscilan en alrededor de uno por hora e incluyen datos clínicos de la gestante y del feto en tiempo real y evolución de los signos fundamentales del trabajo de parto. Todo ello permite sacar conclusiones clínico obstétricas con un solo golpe de vista para tomar decisiones terapéuticas inmediatas» (fs. 534, respuesta preg. 8).

8.Conclusiones de los antecedentes referenciados 8.1. Resumen La prueba médica mencionada en el trámite penal y civil permite arribar a las siguientes conclusiones, que: desde la internación hasta las 15 hs. del día del parto se realizaron los controles y estudios materno y fetales pertinentes, lo cual indicaban parámetros de normalidad en ambos (fs. 91, 164/5 causa penal, y fs. 529/34 de esta causa); la muerte se produjo intraparto como consecuencia de un desprendimiento de la placenta normoinserta (cfr. fs. 83, 87, 91 vta., 130, 173 de la causa penal y fs. 533 de esta causa); hubo desprendimiento abrupto de la placenta, lo cual se trata de un accidente súbito, imposible de prever, de inicio y evolución rápida (fs. 167, 172, causa penal, 358/8 vta., 533 del presente trámite); el desprendimiento abrupto de placenta y consecuente sufrimiento fetal ocurrió después de las 15 hs. (último control) y antes de las 17 hs. del día en que se produjo el parto (fs. 533 vta.); el diagnóstico de maceración de segundo grado a que se hace referencia en la historia clínica es erróneo, ya que se contradice con los signos vitales del feto que constan la H.C. (fs. 172/3, causa penal y fs. 532 vta., 533 respuesta preg. 7ª, de esta causa).

8.2. Desprendimiento placentario causa de la muerte del nasciturus Cabe hacer una referencia en particular en cuanto a lo informado por el perito de la Oficina Pericial departamental a fs. 529/34. Preguntado acerca de qué recaudos de cuidado debían hacerse con el cuadro clínico que C. presentaba a las 15 hs., como adelanté, dijo que en la H.C. no se había anotado tales datos y que por lo tanto no podía contestar la pregunta. Sin embargo, agregó que no obstante, ante «una dilatación cervical de 3 cms.(debió anotarse también la consistencia del cuello uterino establecida por tacto), aún cuando la dinámica uterina se mantiene aislada, está indicando que el período dilatante ha comenzado y los controles obstétricos deben seguir la rutina de un protocolo de período dilatante el cual debe estar agregado en forma de planilla a la historia clínica. Estos controles pueden tener una frecuencia variable pero oscilan en alrededor de uno por hora e incluyen datos clínicos de la gestante y del feto en tiempo real y evolución de los signos fundamentales del trabajo de parto. Todo ello permite sacar conclusiones clínico obstétricas con un solo golpe de vista para tomar decisiones terapéuticas inmediatas» (fs. 534, respuesta preg. 8), lo cual no mereció observaciones de las partes.

Corresponde tener por acreditado entonces que luego de las 15 hs. no se hicieron los controles obstétricos de rutina, lo cual hubiese permitido obtener datos clínicos maternos y fetales. Y ello adquiere importancia porque entre dicha hora y el momento del parto (aproximadamente 2 hs.), se produjo el fallecimiento por desprendimiento placentario.

Cabe preguntarse entonces si la falta de control durante dicho lapso fue la causa desencadenante de la muerte fetal que se imputa. El perito no hace mención expresa a esta circunstancia, aunque formula algunas importantes referencias que corresponde analizar.

Al explicar al concepto de desprendimiento abrupto de placenta, afirma, con cita en bibliografía especializada, que existen diferentes grados según la extensión del desprendimiento y que las hematomas provocan hemorragias que en algunos casos son ocultas, agravando el cuadro demorando la posibilidad diagnóstica, o bien si se manifiesta de forma externa posibilita un diagnóstico temprano (fs. 530).

Además, refiere que «la sintomatología es variable de acuerdo con la extensión del desprendimiento y la severidad de la hemorragia. En los desprendimientos pequeños el estado cardiovascutar de la paciente es bueno, el feto no presenta señales de sufrimiento» por lo cual tienden a pasar inadvertidos.En los casos medianos o mayores a un tercio de desprendimiento, presenta hemorragias, con útero doloroso, signos de anemia (fs. 530/30 vta.). Agregó que el pronóstico materno y fetal dependerá del grado de desprendimiento y que «La mortalidad materna puede llegar al 6% pero en los casos graves esta cifra llega al 15% y al 20%, siendo las causas de muerte el estado de shock motivado por la hemorragia y la hipofibrinogenemia. La mortalidad fetal es del 30% en los cuadros leves o moderados y del 100% en los graves» (fs.

531). Afirma que «el desprendimiento de placenta es un cuadro generalmente mortal para el feto, llegando al cien por ciento de los casos cuando este desprendimiento es de por lo menos un tercio de la superficie».

Teniendo en cuenta tales antecedentes, el perito concluyó que conforme al estudio anatomopatológico (fs. 82 causa penal) «hubo un desprendimiento abrupto de placenta» y que la muerte fetal se produjo entre las 15 hs. y el momento del parto (17 hs.). Si tenemos en cuenta que en dicho lapso había comenzado la dilatación cervical (3 cm.), motivo por el cual debían efectuarse controles obstétricos con una frecuencia que oscila en alrededor de uno por hora, cabe admitir, como afirma el perito, que ello hubiese permitido obtener datos clínicos de la madre y su hija en tiempo real para el trabajo de parto.Finaliza el especialista que ello habría permitido adoptar el tratamiento adecuado ante el sufrimiento fetal que se estaba produciendo.

Es cierto que no sabemos si el desprendimiento de placenta fue leve, moderado o grave, pero no es menos cierto que la omisión del oportuno control, diagnóstico y tratamiento durante las dos horas previas al parto, hubiese abierto una esperanza de sobrevida para el feto, oportunidad que de tal manera no tuvo.

Asimismo, de haber sido el desprendimiento extenso, tal como resulta de la pericia en sede penal y más allá de que generalmente ello implica la muerte fetal, tampoco descarta el especialista que aún así exista una posibilidad de luchar por la vida de la persona por nacer.

Por ello considero que en el caso hay responsabilidad médica por cuanto la ausencia de controles impidió el adecuado diagnóstico y tratamiento, vedando toda posibilidad de que el concebido sobreviviese, además de poner en peligro la vida de la parturienta.

Frente a esas circunstancias acreditadas, estaba a cargo de la demandada probar que, efectivamente y como lo sostienen cada uno de los accionados en su defensa al contestar respectivamente la demanda, la atención prestada a la madre y al hija fue la adecuada, lo que no ha sido acreditado (art. 375 C.P.C.C.). Muy por el contrario, sí quedó probado que conforme al último control efectuado a las 15 hs. indicaba que el período dilatante había comenzado y que el personal médico a cargo no efectuó ningún control obstétrico posterior, cuando así debía hacerlo, según informó el perito oficial.

Ahora bien, en cuanto a la nota de imprevisibilidad, así se calificó al desprendimiento de la placenta por los peritos, podría argumentarse, pues, que su materialización supera la aptitud de previsión que es dable exigir a los médicos a los que se les imputa la responsabilidad.En tales circunstancias, cabe preguntarse entonces, a quién puede achacarse la responsabilidad de lo acaecido.

Y digo esto, además, porque no puedo dejar de recordar que en materia de responsabilidad civil, como es sabido, el daño cuya reparación se pretende debe guardar relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción. La existencia de ese nexo de causalidad es imprescindible, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro.

Por consiguiente, este elemento de la responsabilidad es condición necesaria y corresponde al damnificado acreditar la relación de causalidad entre el daño cuyo resarcimiento persigue y el hecho de la persona o de la cosa a los que atribuye su producción (Jorge Bustamante Alsina, «Teoría general de la responsabilidad civil», 9ª ed., n° 580 y 605). En punto a ello, se ha señalado en más de una oportunidad, que cada parte debe soportar la carga de la prueba respecto de los hechos que atribuye a la producción del efecto jurídico que pretende (confr. esta sala, causa 26.649/95 del 20/8/1998, entre muchas otras). Y que no puede imputarse al médico las consecuencias dañosas que sufre un paciente si no se establece la presencia del respectivo nexo de causalidad entre el acto profesional y el perjuicio cuya reparación se procura, ya que es precisamente la determinación del nexo causal la que permite establecer la autoría del sujeto y conocer si el daño puede ser atribuido a su acción u omisión (CACC Fed., sala II, «U. A. de F., V. R. y otro v.Obra Social del Personal de la Construcción y otros» , 7/6/2011, SJA 25/1/2012, ídem, causa 5123 del 13/8/1998).

En tales condiciones, en autos aparece acreditada la pretensión resarcitoria y el nexo causal entre el daño que se endilga y los hechos que lo produjeron, pues la parte actora ha demostrado el vínculo entre el hecho, fallecimiento fetal y el incumplimiento de los deberes de control y asistencia que impidieron advertir el sufrimiento fetal durante las dos horas previas al parto, sin posibilidad alguna de tomar medidas tendientes a evitar el trágico desenlace narrado, lo cual a mi criterio evidencia la negligencia, imprudencia o impericia. Es decir, que los médicos responsables cuando el trabajo de parto había comenzado no atendieron a la paciente ni actuaron observando las precauciones que son ordinarias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En suma el hecho imprevisible, desprendimiento abrupto de placenta, tampoco puede ser utilizado como eximente de la responsabilidad médica, pues en el caso se encuentra acreditado el principal presupuesto que hace a la responsabilidad, tal es el de la relación de causalidad que tiene que existir entre el daño producido y la conducta atribuible a los emplazados.

Debo agregar que tampoco puede razonablemente afirmarse que la actora fue asistida conforme las reglas del arte con cuidado y previsión, tal como dicen los demandados en sus contestaciones, cuando quedó acreditado que transcurrieron dos horas sin que personal médico o auxiliar controlara a la actora quien ya había comenzado su trabajo de parto, período que conforme al informe pericial debería haberse comprobado el estado materno-fetal. Además debe tenerse en cuenta que habían transcurrido tres días desde el ingreso al Hospital con diagnóstico de amenaza de parto prematuro y finalizando con un parto sin atención de profesional alguno, en condiciones de muy dudosa profilaxis, como resulta ser la cama de la sala compartida con otras parturientas, teniendo en cuenta además que la H.C.fue incompleta e incluso con un diagnóstico erróneo, en cuanto a la maceración de segundo grado, e incompleta.

No puede desconocerse que es obligación del médico la asistencia de la madre y el hijo desde el comienzo del trabajo de parto hasta la finalización de la expulsión de la placenta -alumbramiento- y una de las causas específicas de daño en esta especialidad médica es, consecuentemente, el descuido de la paciente en cualquiera de las fases del parto, sea dejándola en manos de personal no médico, sea descuidando la actuación de estos (Ghersi, «Responsabilidad …», p. 103/104).

En este caso, el hecho que sirve de fundamento a la responsabilidad se configura en la deficiente atención a la madre por parte de la obstétrica y del médico a cargo.

La elección de las prácticas médicas, en medio del trabajo de parto de un prematuro, debió ser tomada en forma directa por el médico y previo análisis de los signos vitales de la parturienta (CANCCFed Sala 2ª, 28 de diciembre de 2000, ya citado, Lexis n° 7/9485; idem, Sala 1ª, 31/8/1995, «Favetto, Marcelo c/ Inst. Nac. de Obras Sociales s/ responsabilidad médica» Lexis n° 7/5126; id., Sala 3ª, 20/10/1998, «Pinheiro, Ana María y otro c/ Instituto de Servicios Sociales s/ responsabilidad médica», Lexis n° 7/587; doct. art. 22 primera parte de la ley 17.132).

La Suprema Corte de esta Provincia, consideró configurada mala praxis en la conducta del médico tratante de una parturienta que omitió realizar los necesarios controles periódicos, lo que impidió verificar el sufrimiento fetal y cuyo resultado fue el alumbramiento de un feto muerto (causa Ac. 59.937, «Ariccia, María del Carmen c/ Salvans, Juan C. y otro s/ Daños» ; sent. del 25-XI-1997, «D.J.B.A.», 154, 137; ídem, Ac. 77.340, «Lezcano, Carmen Elvira contra Provincia de Buenos Aires y otros.Daños y perjuicios», 13/12/2000).

Todo ello me lleva a determinar que ha quedado acreditada en autos la negligencia de los médicos J. O. S. a cargo de quien se encontraba la guardia de Obstetricia y Ginecología y de la obstétrica codemandada, L. C., por cuanto ambos no prestaron la debida asistencia al omitir controlar a la actora y su hija durante la etapa previa al parto como ya quedara explicitado.

Por otro lado, entiendo que no corresponde atribuir responsabilidad en el evento a la obstétrica Liliana Blanco por no resultar un hecho controvertido, y encontrarse acreditado que abandonó la guardia del hospital J. M. Sanguinetti el día 4 de octubre a las 19 hs., es decir el día anterior al parto. En consecuencia, corresponderá confirmar el rechazo de la demanda entablada a su respecto.

En el caso concreto de autos, además, el abandono de la paciente en las horas decisivas en las que la niña por nacer podría haber corrido otra suerte, ha resultado grave en relación con la atribución de responsabilidad que propongo, puesto que, implica una evidente falla en la organización de una institución médica de importancia y justo es que esa gravedad se refleje en la obligación de resarcir por parte del Hospital del Pilar, que debía asegurar el servicio de salud, y al que cabe el aludido control de la eficacia de las prestaciones brindadas por sus funcionarios públicos, tal como será desarrollado a continuación (arts. 512, 901, 904, 909, 1198 y cc. del Cód. Civil).

9. La responsabilidad del Hospital 9.1. Acreditada la culpa de los facultativos queda comprometida la responsabilidad de la institución de salud, ya que ello denota el incumplimiento de la obligación de prestar asistencia adecuada asumida por dicho ente (SCBA, Ac.50.585, E D, 16/1/96 n° 8918).

La jurisprudencia es conteste en afirmar la obligación de seguridad que se halla implícita en la prestación de salud suministrada por los centros de salud, no bastando con suministrar al paciente profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina, sino que deben asegurar una prestación médica diligente e idónea, técnicamente irreprochable (arts. 512, 901, 904, 909, 1198 y cc. citados del C.C.; esta Sala 1°, causa 85.663).

Aún cuando en autos no se discute el carácter contractual o extracontractual de la relación médico-paciente, me interesa aludir a los fundamentos en que la Suprema Corte de Justicia provincial basó la sentencia dictada el 19 de febrero de 2002, in re «Sánchez, Simón A. y ot. c/ Alcacer, Bernabé y ot. s/Indemnización de daños y perjuicios», a tenor de su vinculación con el presente caso. En el voto del Dr. Pisano, al que se adhiriera la mayoría del Tribunal, dijo que «quien cumple con la obligación de prestar un servicio de índole público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución». Asimismo, siguiéndose la doctrina establecida por la Corte Suprema Nacional, in re «Jorge Fernando V adell c/Pcia. de Bs. As.» (18/12/1984), se expresó que «la idea de falta o ejecución irregular de un servicio encuentra fundamento en el art. 1112 del Código Civil que alude a los funcionarios públicos que no cumplen sino de una manera irregular las funciones que les son impuestas legalmente, todo lo cual pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado», debiendo recordarse que «el art. 43 del Código Civil establece que las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes la dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas en el título: De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos» Consecuentemente con ello, concluye nuestro Superior Tribunal que «la responsabilidad del Estado, actuando como persona jurídica deviene por el hecho de los funcionarios públicos de los que se sirve para el cumplimiento de sus funciones, y se encuentra enmarcada en el ámbito de la responsabilidad extracontractual (arts. 1107 y ss. del Cód. Civ.)».

Siguiendo esta línea de razonamiento, y partiendo de otros precedentes de la misma Corte de Justicia de la Nación en los cuales se afirmó que los profesionales de la salud integrantes de tales nosocomios revisten el carácter de funcionarios públicos (CSJN, in re «Zambrana Daza, Norma B.» , 12/8/1997), se ha sostenido la existencia de un especial encuadre jurídico de la relación médico paciente engendrada en el ámbito de un hospital público. Se entiende, pues, que en dichos nosocomios es el lugar de cumplimiento del derecho constitucional del requerimiento de salud, y por ende, el médico (funcionario público) carece de suficiente representatividad del Estado para generar una relación contractual con el administrado (enfermo que concurre al centro de salud público). Por consiguiente, la relación médico-paciente-institución entablada bajo tales condiciones es de naturaleza extracontractual y da nacimiento a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus funcionarios en ejercicio o con ocasión de sus funciones, y con las cosas de que éstos se sirven a tales efectos (arts. 43, 1112, 1113 del Cód. Civ., Ghersi, Carlos-Lovece, Graciela, «Derecho Constitucional a la salud. Hospital público. La relación médico paciente es extracontractual», J.A. n° 6090 del 20/5/1998).

9.2. El derecho a la salud social La Corte Suprema de Justicia en la causa «Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional» , Fallos:323:1339, estableció la obligación impostergable del Estado de dar cumplimiento a las normas que alojan el derecho a la salud (art. 75 inc. 22 de la Const. Nacional). Desde una óptica convencional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación n° 14 se pronunció por un concepto de salud que abarque factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, que incluye desde cuestiones sanitarias, educativas o nutricionales. En su art. 12 enfatiza en las cuestiones que hacen a su accesibilidad para los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a más de reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en su art. 2.1 impone a los Estados la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, y en el marco de la salud la atención primaria esencial resulta una obligación indelegable.

Desde un encuadre de derecho nacional, la ley 25.929 es una norma específica sobre el derecho a la salud femenino, y en su art. 2° dispone que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, tiene derecho a ser:informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; tratada con respeto y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija, y en general a que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales considerada en el proceso de nacimiento como protagonista de su propio parto, entre otros derechos.

En la especie considero que se estuvo muy lejos de cumplir con estas normas, ya que la paciente desde que comenzó el trabajo de parto pasó un período en el cual debió ser controlada, pese a lo cual estuvo desatendida hasta el punto de llegar a parir sin ningún cuidado médico. Tal como mencioné el 5 de octubre de 2002 entre las 15 hs. y las 17 hs, existió sufrimiento fetal, y aún cuando éste se debió al desprendimiento abrupto de la placenta (fs. 82 de la causa penal), quedó probado que no se hizo nada medicamente para advertir e intentar preservar la vida del feto por parte de los profesionales responsables de obstetricia dependientes del Hospital. Como se dijo «hay grados de desprendimiento y ello significa que si el desprendimiento fue menor a un tercio de la superficie de la placenta, existían posibilidades diagnósticas y terapéuticas» (informe del perito Guillermo D. Berman, de la Asesoría Pericial San Isidro, fs. 533 vta.). Reitero, en ninguno de los peritajes médicos realizados, se estableció si el desprendimiento fue mayor a un tercio de la superficie placentaria, por lo cual no puede asegurarse la mortalidad segura del feto (arg. fs. 531 vta., peritaje ref.).

Sella la cuestión a mi juicio, la deficiente confección de la historia clínica respecto al estado general de la paciente C. (v.respuesta a pregunta 8 peritaje ref.), ya que el cuadro clínico de la gestante el 5 de octubre a las 15 hs no fue anotado en la historia clínica, no se pudo establecer cuál debió ser la conducta médica en ese momento, pese a la dilatación cervical de 3 cms., lo cual indicaba que el proceso dilatante se había iniciado, y como referencié los controles obstétricos debían realizarse en alrededor de uno por hora.

Entiendo que la falta de personal en el nosocomio es un atenuante en la responsabilidad que les cabe a los profesionales de la salud intervinientes en el alumbramiento, imponiendo una distribución de cargas acorde al grado de responsabilidad en las tareas a cargo, lo cual paso a tratar. 9.3. La falta de personal suficiente e insumos La Municipalidad del Pilar al contestar demanda (fs. 11 vta.) reconoce que «cuenta con un ginecólogo que atiende el consultorio y las urgencias que ocasionalmente pudieran presentarse en un nosocomio de semejante envergadura, una partera de guardia por 24 horas y una partera de guardia «refuerzo de 20 hs. a 08.00 hs.».

Sin lugar a dudas, resulta insuficiente el personal médico y auxiliar con que cuenta un nosocomio al que concurre una gran cantidad de pacientes en un distrito de la importancia demográfica del Pilar, «280.000 habitantes estables, cifra que se duplica los fines de semana y en época estival por el número de familias que poseen viviendas de fin de semana en el distrito»conforme surge de los datos suministrados por el Municipio en su página web oficial «Pilar.gov.ar/Pilar-norte».

Y conteste con esta realidad resulta lo declarado por la obstétrica Liliana Catrinocio en la audiencia confesional (fs. 276) quien a la posición formulada por el Juzgado para que manifieste si al momento de los hechos el Hospital contaba con elementos necesarios para atender dos partos simultáneos, contestó que «en ese momento se encontraba con el Jefe del Servicio de la Guardia y obstetra que es el Dr. O. S. y la deponente.Expresa que en ese momento estaba atendiendo otro parto junto con el Dr. O. S. y que eran los únicos que había en el hospital en ese momento». Por su parte al absolver posiciones el médico demandado (fs. 278/vta.) sostiene que «hay un solo médico y una sola obstetra para atender la guardia, los internados y los partos» aunque admite que había los elementos necesarios para atender los partos, a más de un enfermero y un neonatólogo (fs. 278 vta.).

Desde otro ángulo, la acción de amparo remitida como prueba, es una pauta orientadora del precario estado general del servicio de salud prestado por el Municipio del Pilar. Dicho proceso, si bien no fue finalizado, fue promovido por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, el 12 de noviembre de 2002, con el fin que se ordene a la Municipalidad del Pilar que provea en forma inmediata los medicamentos descartables y demás insumos, restableciendo las falencias de infraestructura e instrumental elemental, incluyendo la limpieza y todo cuanto resulte necesario para el normal funcionamiento del Hospital Municipal J.C. Sanguinetti, otorgando a los profesionales médicos que allí se desempeñan, los medios necesarios para el adecuado tratamiento de las dolencias por las cuales son requeridos (autos:

«Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As. Distrito V c. Municipalidad del Pilar s/ amparo», Juzg. Civil y Com. n° 10 departamental, expte. 42.090).

9.4.Deficiencia en la confección de la historia clínica A más de los dichos en los párrafos precedentes, en materia de mala praxis médica tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia que la historia clínica es un elemento de prueba de capital importancia cuando se trata de emitir un juicio sobre la responsabilidad civil por mala praxis, resultando harto censurable que quien la confecciona al margen de toda posibilidad de control del paciente, se aproveche de tal circunstancia para escapar de una condena judicial, sea predisponiendo la información que más le favorece o tratando de tergiversar aquélla que lo incrimina (conf. Ac. 89.345, sent. del 12-IV-2006).

Así, llama la atención las tachaduras y enmiendas de dicha historia clínica, como por ejemplo la hora consignada e l día 5/10/02 como la que se llamó a la partera, la que fue de manera evidente modificada, leyéndose enmendado «17.00 Se avisa a la partera, pte con contracciones».

Nótese además que de la historia clínica surge claramente que, aún cuando a la paciente se le había indicado la droga dexametasona -1 ampolla cada 8 horas- conforme la hoja de medicación confeccionada al ingreso (fs. 28 causa penal), no le fue suministrada ni el día 03/10/02 a las 23.20 hs., ni el 04/10/02 a las 7.30 hs., por inexistencia de la misma en el hospital (v. fs. 26 c. cit.), así como tampoco se le suministró bosofortina, indicada con posterioridad al parto el 7/10/02 -1 comprimido cada 8 horas- (v. fs. 28 vta. c. cit.).

Lo expresado hasta aquí denota las carencias del Hospital en relación a los medicamentos a suministrar a los pacientes para su adecuada atención.

Finalmente, debo admitir que no he podido descifrar el sentido de la indicación que surge de la historia clínica, fs.31 citada que reza en grandes letras «20 E ¡¡OJO!!», en lo que puede interpretarse que se hace referencia a la habitación en la que se encontraba internada la paciente C. 9.5. Conclusión Teniendo en cuenta que para la procedencia de la acción resarcitoria es necesario que confluyan tres elementos: el acto ilícito, la producción del daño relacionado con un nexo causal entre la conducta antijurídica y la imputación del acto a la persona de quien se reclama el resarcimiento, aprecio que en autos se han acreditado tales extremos, tal como surge de los fundamentos de las pericias reseñadas y de la historia clínica analizada.

De los antecedentes de autos tengo por acreditado que se trataba de un parto de riesgo que no fue atendido de acuerdo a las normas que impone la práctica obstétrica, las que fueron reseñadas en acápites precedentes.

En cuanto a los agravios de la Municipalidad referidos a la responsabilidad que en la sentencia se le atribuyó por la falta absoluta de asistencia durante el parto, las constancias referenciadas, e incluso las manifestaciones de los médicos demandados, me persuaden en el sentido de que este aspecto de la pretensión no tiene andamiento y debe ser desestimada, ya que, como dije el parto se produjo en la sala de internación en la cual se encontraban muchos otros pacientes, siendo asistida por familiares, tal como surge de la ilustrativa declaración de Miguelina Paiz a fs. 307/309 vta.

9.6. Responsabilidad por no haber extraído de forma completa la placenta En relación a la reparación solicitada en cuanto a la supuesta extracción incompleta de la placenta (v. fs.89.V) advierto que de la historia clínica confeccionada por el Hospital Municipal Vicente López y Planes de General Rodríguez nº 1.233.382, no resulta por sí sola fundamento como para tener por acreditado el daño que se reclama, y en tanto no se ha producido otra prueba suficiente como para acreditar las lesiones descriptas por la actora tanto en sede penal como en esta sede (v. fs. 120/125)(art. 375 del C.P.C.C.). Debe tenerse además en cuenta que la causa penal de referencia ha sido archivada encontrándose pendiente la ampliación de dictamen por parte de la Asesoría Médico Pericial con relación a las lesiones descriptas por la actora, en la denuncia de fs. 35, pto. II., por lo que debe desestimarse este aspecto del reclamo. Así lo dejo propuesto.

9.7. Propuesta al Acuerdo Como corolario de los fundamentos expuestos, propongo que la sentencia de primera instancia sea modificada, atribuyéndose responsabilidad compartida entre los codemandados, distribuída en un 70% al Hospital del Pilar, y, del 30% restante, a los profesionales J. O. S. y L. C. en un 20% y 10% respectivamente, eximiéndose de responsabilidad a la obstétrica Liliana Blanco (arg. arts. 499, 512, 1109 y ccs. del Código Civil).

10. Indemnización solicitada por S. C.

Sin perjuicio de pasar a considerar los rubros reclamados en particular, los mismos serán cubiertos por cada codemandado en la medida de su responsabilidad y de conformidad al resultado de esta litis. a) Valor Vida El Supremo Tribunal provincial ha dicho que la muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber producido (Ac. 35.428, J.A. 1992-III-335).

La vida humana no tiene valor económico per se en consideración a lo que produce o puede producir.La supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquél hecho trascendental; y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora y productora de bienes (conf. CSJN, fallo del 22/12/94, in re «Brescia c/Pcia. de Bs. As. s/Daños y perjuicios»; causas 69.281, 90.004 de esta Sala 1°, entre muchas otras).

Lógicamente que, a los efectos de determinar el valor vida debe considerarse -con relación a la víctima fatal-, su edad, labor que desarrollaba, instrucción, posición económico-social, etcétera, pero sin sujetarse a pautas rígidas ni efectuar cálculos matemáticos exactos (art. 1084, 1085 del Cód. Civil), lo que permitirá arribar a un monto integral justo (esta Sala 1°, causa 47.259 reg. 186/88; 68.357; 86.165, entre otras); debiendo al mismo tiempo considerarse ciertas circunstancias, como ser la renta a producir por el capital de condena, la edad de la víctima y de sus progenitores, y la existencia de otros hijos, lo que sin dudas brinda a los reclamantes cierta seguridad de ayuda económica futura (esta Sala 1°, causa 47.259, r.s. 186/88; 68.357; ídem. causa 87.232 de nov. 2001).

A los fines de la estimación del monto indemnizatorio he de tener presente que la muerte fetal se produjo pocas horas antes de nacer, y aún cuando hubiera nacido en el seno de una familia de condición humilde (ver informe perito psicóloga de fs. 428 vta. y fs.431 vta.), es dable presumir que el aporte económico que hubiere podido realizar a su familia, hubiere sumado a los magros aportes que cada uno de los miembros del grupo comparten para mejorar la calidad de vida de todos.

Ello así, el resarcimiento que corresponde otorgar encuentra su razón de ser en la pérdida de una chance u oportunidad de que en el futuro, de vivir la hija, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres. Esta pérdida de chance o posibilidad corresponde calificarla de daño futuro cierto (Peirano Facio, «Responsabilidad extracontractual», Montevideo, 1954, p. 366, n° 306; SCBA, Ac 52.947 del 07/03/95; esta Sala 1°, causas 87.232, 90.004).

Por otra parte, ha de considerarse la situación de quien reclama esta indemnización, debiendo especialmente tenerse en cuenta que I. C. vive en pareja, no trabaja (informe fs. 420/440). Debe considerarse además que tiene 6 hijos más, todos ellos menores de edad aún, pero es dable esperar de ellos la menor ayuda en el futuro (ver fallos de esta Sala 1°, causa 87.232 de nov. 2001, entre otras).

En consecuencia, meritando las dificultades de efectuar predicciones sobre cálculo posible de vida y todo cómputo matemático (que de todos modos es inapropiado para estos casos), valorando la situación de su progenitora -de 26 años a la fecha del fallecimiento de su hija- y el contexto socio-económico de su grupo familiar (ver informe perito psicóloga, fs. 428 vta. y fs. 431 vta.) siguiendo los criterios sostenidos por esta Alzada en situaciones análogas, considero corresponde otorgar la suma de 100.000 $ (arts. 165, 384 del C.P.C.C.; arts. 1079, 1084 y cc. del Cód. Civil). b) Daño Psicológico Solicita la actora en la demanda la suma de 65.000 $ (fs.91).

Es criterio de este Tribunal que el daño psicológico no constituye en sí mismo un capítulo independiente del daño material o moral, sino una especie del uno o del otro, toda vez que desde el ángulo del que lo sufre tanto puede traducirse en un perjuicio material (por la repercusión que pueda tener en su patrimonio), cuanto en un daño no patrimonial o moral (por los sufrimientos que sea susceptible de producir) (CNCCFed., Sala III°, 14/11/89 citada por Bueres, Alberto y Vázquez Ferreyra, Roberto, en «El daño a la persona en la jurisprudencia», Revista de Derecho Privado y Comunitario. Daños a las personas, t. I, p. 293).

Esta Sala tiene dicho que lo conveniente es proceder de la siguiente manera: cuando como en el caso de autos la pericial arroje que el peritado deba efectuar un tratamiento determinado en tiempo, sesiones y valor de cada una de ellas, lo aconsejable es que la suma de dinero se dé por el rubro daño psicológico y equivalga al monto del tratamiento o terapia. Es decir, deberá enjugar dicha partida con la suma correspondiente al costo de la misma, sin perjuicio de su meritación en oportunidad de estimar el daño moral, y de así corresponder, al fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente -como sucediera en el caso de autos-.

Sin perjuicio de ello, más allá del rubro por el cual se conceda la reparación, lo importante es que no se lo indemnice doblemente (S.C.B.A., D.J.B.A. 136-4499), sin olvidar que el resarcimiento debe ser integral.

Estas consideraciones han sustentado lo resuelto por esta Sala en muy numerosas causas (nº 100.883, 101.709, 102.722, 101.100, 102.592, entre otras).

En el peritaje médico de fs. 468/472 debido al trauma vivido desde la muerte de su hija, padecido por la actora, la especialista recomienda la realización de un tratamiento psicológico «para que el cuadro que actualmente padece no pase de período de estado moderado a período de estado grave» (fs.461), durante dos años, con una frecuencia bisemanal (fs. 462), por lo que resultan 104 sesiones por año.

Partiendo de las pautas descriptas, la edad de la actora (26 años al momento del fallecimiento), demás circunstancias personales, y teniendo en cuenta el costo de l tratamiento psicológico que viene aplicando esta Sala al considerar adecuado el costo de la sesión en $ 180, luego de un nuevo estudio de la cuestión y a partir de la causa «Romero, Matías Andrés c. Baez, Oscar Alfredo y otra s/ Daños y Perjuicios» (16/4/13, Reg. Sent. nº 51), considero razonable fijar la indemnización correspondiente a esta partida indemnizatoria en la suma de 37.440 $(arts. 165, 384, 474 del C.P.C.C.; arts. 1068, 1083, 1086 y cc. del Código Civil). c) Daño moral La coactora C. solicitó reparación por daño moral por la deficiente atención en el alumbramiento y por el fallecimiento de su hija. i. Respecto al primer aspecto, ello fue admitido en la sentencia, lo cual fue apelado por la Municipalidad, en cuanto a su procedencia y por interpretar que era excesiva la suma otorgada (30.000 $).

La actora no apeló este aspecto de la decisión, pero sí se agravió, como mencioné y traté, el rechazo por el reclamo por la muerte de su hija.

En cuanto al daño moral por la falta de atención en el parto, el cual como dije, se produjo en la sala de internación general en la cual se encontraban otras pacientes y sin atención médica, me eximen de analizar con mayor detalle el tema, ya que los agravios de la Municipalidad no llegan a conmover los sólidos argumentos de la sentencia apelada y la prueba aportada en este aspecto del reclamo (art.375 del C.P.C.C.).

En cuanto al monto de la indemnización, tampoco el recurso puede prosperar, ya que la incertidumbre por la cual atravesó la actora momento antes del parto, el riesgo de vida de la actora al no ser atendida por médico alguno durante el alumbramiento, resultando claramente desatendida por parte de la institución hospitalaria (según testimonio de fs. 307/309 vta. de Miguelina Paiz). Por ello y atento los límites del recurso propongo que en lo que hace a este aspecto la sentencia sea confirmada. ii. En cuanto a la determinación del daño moral y su cuantía por el fallecimiento de la hija de C., corresponde tener en cuenta que la indemnización debida con causa en el daño moral tiene carácter resarcitorio (conf. CSN, 5/8/86, ED 120-649; CNCiv, Sala D, 8/4/86, ED 119-139); que ella debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por la demandante (CACC Junín, 27/3/85, E.D. 116-618); que ha de tenerse presente la gravedad del ilícito cometido (CNEsp.CCom., Sala I, 16/2/84); no siendo preciso que guarde relación con el daño material (CNCCFed., Sala II, 18/3/86, ED 118-407), ni con otros daños que se reclamen (CNEsp. CC, Sala I, 26/3/86, ED 118-407).

Se ha resuelto en varias oportunidades que la fijación de sumas indemnizatorias por este concepto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende – en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (conf. SCBA. Ac.51.179 del 2/11/93).

Al respecto, esta misma Sala ha sostenido que «estando en el orden natural de las cosas que la muerte de un ser de tan estrecha vinculación espiritual y biológica, como es un hijo, ha de herir las afecciones de quienes se dicen afectados por esa situación (en el caso del padre), ya que la existencia del daño moral se debe tener por acreditada con el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes; debe recordarse también que no existe dolor comparable al producido por la muerte de un hijo, el que, sin duda, queda relevado de todo gravamen probatorio, pues se lo tiene demostrado «in re ipsa» Al momento de otorgar la indemnización por este concepto he de meritar, que la demandante de 26 años a la fecha del infortunio, padeció un gran sufrimiento, que sin duda alguna le seguirá ocasionando una inmensa tristeza, y conflictos que afectan su estado emocional de manera negativa. Asimismo, he de tener presente que la muerte de la hija, producida antes de nacer, es un fuerte impacto con consecuencias en la esfera psíquica que conformaron en la actora un cuadro de síndrome depresivo reactivo de grado moderado que la incapacita en un 30%, y la indicación de tratamiento psicoterapéutico (ver informe perito psicóloga de fs. 428/440).

En la demanda C. solicitó la suma de 120.000 $ (fs. 91).

En conclusión, conforme lo pedido en la demanda (fs. 91), considero ajustado a derecho fijar la suma indemnizatoria por este concepto en 120.000 $ (arts. 1078 del Cód. Civ.y 165 del C.P.C.C.). d) Gastos médicos, de farmacia, etc.

Solicita la actora en la demanda la suma de 500 $ para cubrir los gastos de farmacia y atención médica.

Vale recordar que este Tribunal tiene dicho que los gastos médicos, de farmacia y medicamentos, resultan procedentes sobre la base de una presunción jurisprudencial al respecto; no requiriendo prueba específica de su realización en tanto guarden prudente relación con la entidad de lesiones padecidas (arts. 165 inc. 5° del C.P.C.C.; esta Sala 1°, causas 61.721 reg. 212/93; 63.697, reg. 127/94, entre muchas otras).

Va de suyo que, ausente la prueba directa, la suma a otorgarse ha de ser modesta y su fijación hecha mediante la facultad que concede el art. 165 del ordenamiento procesal (esta Sala 1°, causas 63.223, 65.725, entre muchas otras).

A tales efectos, ha de tenerse en cuenta que aún cuando la atención sea efectuada en un hospital público «gratuitamente», e inclusive se tenga los beneficios de una obra social, tal como en el caso surge del informe de fs. 475, como consecuencia de las lesiones siempre existen gastos por aranceles mínimos, propinas, medicamentos, etcétera, que deben ser necesariamente realizados (esta Sala 1°, causas 66.477, 68.357, 69.611, 70.077, 74.277), y por lo tanto merecen ser reparados por quien dio origen a los mismos (esta Sala 1°, in re «Castro c/Transp. Ideal San Justo s/Daños», 6/11/98, en Rev. de Derecho de Daños, La prueba del daño-II, Edit. Rubinzal- Culzoni, Bs. As. 1999, pág. 319).

Asimismo, voy a tener en cuenta los gastos en medicamentos, y los generados por la internación post-parto, gastos habituales ante una intervención (ver H.C. nº 1.233.382 agregada a la causa penal, fs. 120/125).

En consecuencia, meritándose la entidad y grado de las lesiones sufridas por la actora C.descriptas en el presente, y demás aspectos referidos en las pericias, además de los gastos que lógicamente debió afrontar para realizar su recuperación, juzgo razonable fijar por el rubro la suma de 1.000 $ (ars. 165, 474, 384 y conc. del C.P.C.C.). 11. Aclaración en cuanto al reclamo del coactor Pablo Cristian Giménez:

La demanda también fue iniciada por Pablo C. Giménez que padre de la niña prefallecida, pero atento que la sentencia respecto a éste ha quedado firme, ya que no planteó recurso alguno, no corresponde entrar en el análisis de la indemnización pedida por dicha parte (v. fs. 91 pto. VII.b). 12. Las costas de Primera instancia En atención a la forma en la que se ha resuelto la cuestión traída a esta Alzada, propongo que se modifiquen las costas de primera instancia, las que deberán ser soportadas por la parte demandada contra la cual se propone que se haga extensiva la demanda (art. 68 del C.P.C.C.).

13. Costas de Alzada Las costas en la instancia deberán ser soportadas en su totalidad por la parte demandada condenada en su condición de vencida por aplicación de la norma del art. 68 del C.P.C.C.

Por estos fundamentos, voto por la AFIRMATIVA.

El Dr. Llobera por los mismos fundamentos, vota también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA:

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede se modifica la sentencia apelada haciendo lugar a la indemnización reclamada por S. I. C. por el fallecimiento de su hija contra la Municipalidad del Pilar a quien se le atribuye el 70% de la responsabilidad y contra los médicos J. O. S. y L. C. quienes se les atribuye el resto del porcentaje de responsabilidad (correspondiendo al primero el 20% y a la mencionada en segundo término el 10%), fijando las siguientes indemnizaciones: por valor vida ($ 100.000 $), daño moral (120.000 $), tratamiento psicológico (37.440 $) y gastos de farmacia, traslados, etc. (1.000 $), sumas por los demandados deberán abonar con más la tasa pasiva que utiliza el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a 30 días, desde que ocurrió el hecho, 5/10/2002, hasta el efectivo pago; confirmándose el resto que fuera materia de agravios.

Imponiendo las costas de primera instancia y las de esta Alzada, por ambos recursos, en su totalidad a los demandados vencidos.

Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad legal (art. 31, 51 ley 8.904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Enrique Ribera

Juez

Hugo O. H. Llobera

Juez

Miguel L. Alvarez Secretario

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