Los funcionarios deben controlar que sus empleados voten

VotoLos funcionarios nacionales provinciales y de la ciudad de Buenos Aires de los tres poderes del Estado tienen la obligación de controlar si sus empleados concurrieron a votar y señalar a quienes omitieron hacerlo, bajo pena de recibir seis meses de suspensión. A su vez, los empleados deben presentar a sus jefes la constancia de emisión del voto, y de no hacerlo se exponen a la misma suspensión. En caso de que se trate de una práctica reiterada se puede incluso disponer su cesantía.

Esto es lo que señala el Código Nacional Electoral en su artículo 127, aunque casi nunca se aplica y no hay antecedentes conocidos de empleados suspendidos ni, mucho menos, cesanteados.

No obstante, a partir de estas elecciones la situación puede cambiar porque por primera vez la justicia electoral contará con una base de datos de los infractores que no vayan a votar y no justifiquen luego la no emisión de su voto.

El sistema funciona de la siguiente manera: los padrones en estas elecciones contarán con un troquel que se desprende y se le entrega al ciudadano una vez que emite su voto. Este troquel tendrá la firma y la aclaración del firma del presidente de mesa, lo que supone que los trámites para emitir cada voto serán más prolongados que en el pasado, lo que prenuncia largas colas.

De hecho, la jueza federal electoral porteña, María Servini de Cubría, hizo ayer un llamado para que la gente vaya a votar temprano y no cerca de las 18, cuando cierran las mesas, dado que se prevé que en estas elecciones el trámite de votación será más largo.

El troquel que se le entrega al votante es la constancia de que emitió su voto y debe conservarlo. Ya no se sellará más la libreta y se podrá votar con cualquier modelo de DNI, incluso la tarjeta plástica que contiene la leyenda «no apta para votar».

Los troqueles de los votantes que no concurran a votar quedarán adheridos al padrón electoral, que una vez concluido el recuento de votos en la mesa será enviado a la justicia electoral junto con las actas del escrutinio. Esos troqueles, además de la firma del presidente de mesa, tienen incorporado un código de barras que será leído con una lectora similar a la de las cajas de los supermercados.

Así, esta información quedará contenida en una base de datos que reunirá a los electores que no hubieran votado. La justicia electoral fijó multas de 50 pesos para los que no voten en las primarias obligatorias del domingo y 100 para quienes tampoco voten en las elecciones generales del 27 de octubre. El votante tiene hasta 60 días para justificar su ausencia en la secretaría electoral de su distrito. Esta base de datos de infractores contendrá también los nombres de los empleados públicos que no concurran a votar, con lo que pueden ser sancionados.

La ley señala: «Los empleados de la administración pública nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipal que sean mayores de dieciocho años y menores de setenta presentarán a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto el día siguiente a la elección, para permitir la fiscalización del cumplimiento de su deber de votar. Si no lo hicieren, serán sancionados con suspensión de hasta seis meses, y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía».

«Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido.» Si no lo hacen, indica la ley, se exponen a recibir la misma sanción de seis meses

Fuente: La Nación

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