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Municipio demanda ejecutivamente al Estado Nacional por el cobro de tasas por contribuciones sobre predios del ferrocarril del estado

Ferrocarriles ArgentinosPartes: Comuna de Carreras c/ Ferrocarriles Argentinos y/o Estado Nacional s/ ejecución fiscal

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 27-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-80231-AR | MJJ80231 | MJJ80231

Inexistencia de fundamento para que no pueda ser el estado demandado ejecutivamente pudiendo el municipio pretender ejecutivamente el cobro de tasas por contribuciones sobre predios del ferrocarril del estado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución contra la empresa de Ferrocarriles del Estado, rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada hasta que la actora perciba el íntegro pago del capital, sus intereses y las costas del juicio que se imponen a la demandada vencida debiendo al efecto practicar planilla para cobrar las sumas por tasas y/o contribuciones que reclama desde que no existe norma alguna, como alega el recurrente que impida se demanda al estado por el referido cobro.

2.-El instituto procesal de la ejecución fiscal se halla destinado a que el Fisco -sea este nacional, provincial o local- perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan en concepto de impuestos, tasas patentes, entre otros, supuestos específicamente previstos, de quienes se encuentran obligados a su pago, más allá del carácter público o privado que esta persona pueda revestir.

3.-No cabe acoger la excepción de falta de legitimación cuando fue la propia excepcionante quien ha comparecido en representación del Estado Nacional asumiendo la representación en todos los asuntos judiciales de la Empresa Ferrocarriles Argentinos; no correspondiendo en los presentes, hacer lugar al desconocimiento de la titularidad de los terrenos, cuyas tasas municipales se reclaman, pues los mismos pertenecen al Estado Nacional, no habiendo el excepcionante incorporado a los presentes prueba alguna que permita concluir, en el estrecho ámbito de conocimiento que ofrece el trámite de la ejecución fiscal, que a la fecha en que se devengó la deuda reclamada no eran de su propiedad.

4.-Toda vez que se configura la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva en el ejecutado, cuando no media coincidencia entre la persona obligada al pago del crédito tributario y el sujeto pasivo de la pretensión ejecutiva, situación extensible a quien ha demostrado, ante el organismo recaudador, las circunstancias que la eximen de responsabilidad para el pago del tributo lo que no aconteció en el caso, cabe el rechazo de la defensa deducida.

Fallo:

Rosario, 27 de junio de 2012.-

Visto, en Acuerdo de la Sala «B», el expediente n° FRO 93008471-2012 «COMUNA DE CARRERAS c/ Ferrocarriles Argentinos y/o Estado Nacional s/ Ejecución Fiscal» -Reconstrucción-(n° 1611 del Juzgado Federal n° 1 de Rosario), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 26/29 y vta.) contra la sentencia n° 2245/10, que resolvió rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, y demás defensas intentadas y en consecuencia mandar llevar adelante la ejecución fiscal seguida contra Ferrocarriles Argentinos y/o Estado Nacional, hasta que la actora perciba el íntegro pago del capital, sus intereses y las costas del juicio que se imponen a la demandada vencida debiendo al efecto practicar planilla en legal forma. Tener por desistida a la actora de la petición de traba de cautelares formulada oportunamente (fs. 37/39 y vta.).

Concedido el recurso (fs. 36) y contestados los agravios por la contraria (fs. 40/42 y vta.), se elevaron las actuaciones a la alzada. Radicados en esta Sala «B», se ordenó el pase de los autos al Acuerdo, por lo que se encuentran en estado de resolver (fs. 47).

El Dr. Bello dijo:

1°) Se agravia la recurrente expresando que las acciones de naturaleza ejecutiva no proceden contra el Estado Nacional o sus entes.Agregó al respecto que el sujeto pasivo de la acción, se encuentra alcanzado por normas específicas de derecho público que prevalecen frente a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ello en tanto, dijo, las decisiones que puedan adoptarse comprometen fondos públicos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, cuyo destino legal se encuentra acotado por la imputación que de los mismos se ha formulado en la correspondiente ley de presupuesto.

Sostuvo que el reclamo judicial de acreencias como las que se demandan en este juicio, sólo pueden sustanciarse a través de los procesos de conocimiento, ya sea por el trámite ordinario o sumario, según el monto del proceso, y no por la vía ejecutiva; la implementación de la ejecución fiscal, agregó, no ha sido prevista por la legislación para su aplicación a los casos en los que es parte demandada el Estado Nacional, las provincias o municipios, salvo en aquellos supuestos taxativamente determinados por ley, que no es el de autos.

Mencionó asimismo que el régimen legal implementado por las leyes 3.952, 23.982 y siguientes de consolidación de deudas contra el Estado, así como las sucesivas leyes de presupuesto en lo pertinente, obstan al desarrollo de un proceso ejecutivo contra el Estado, por cuanto la remisión a la previsión presupuestaria es manifiestamente incompatible con la intimación de pago prevista en este proceso.

Se agravió así también la recurrente, por cuanto se acogió la demanda sin tomar en consideración que si bien el inmueble en cuestión es de propiedad del Estado Nacional, no se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción, sino que a la fecha, se encuentra integrando la concesión otorgada a una empresa privada.

Indicó que en los presentes se reclaman sumas por tasas y/o contribuciones devengadas posteriormente a la creación de los organismos mencionados y en consecuencia su cliente carece de legitimación pasiva; por consiguiente -dijo-, no esa su parte a quien se debe reclamar el pago en cuestión.

Se agravia en cuanto no se dispuso nada en relación al art. 68 del Decreto 689/99 -ley complementaria del presupuesto-.

Destaca que el régimen legal implementado por las leyes 3952, 23.982 y siguientes de consolidación contra el Estado, así como las sucesivas leyes de presupuesto, obstan al desarrollo de un proceso ejecutivo contra el Estado, por cuanto la remisión de la precisión presupuestaria es manifiestamente incompatible con la intimación de pago prevista en ese proceso. Sostiene que un título ejecutivo nunca podría otorgar a su poseedor mayores ventajas que un título ejecutivo y para efectivizar este último se requiere previamente formular la previsión presupuestaria.

Ante el hipotético caso de confirmación del decisorio impugnado, formula reserva de la cuestión constitucional -ley 48- a los efectos de interponer en su oportunidad recurso extraordinario por arbitrariedad.

2°) Con respecto al trámite asignado a los presentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la viabilidad del proceso ejecutivo contra el Estado Nacional. En este precedente la C.S.J.N. mandó a llevar adelante la ejecución iniciada por la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional-Armada Argentina-Comando de Transporte Navales, por las sumas adeudadas en concepto de servicios de puertos, por entender que las resoluciones administrativas acompañadas constituían título ejecutivo suficiente (véase fallo mencionado precedentemente: «Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional – Armada Argentina, Comando de Transportes Navales s/ Ejecución Fiscal», del 17/3/98 (Fallos: 321:525) (Cons.III).

En igual sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, fallo del 16/02/2006 publicado en la Ley 12/07/2006, La Ley 2006-D, 337, señaló que «el instituto procesal de la ejecución fiscal se halla destinado a que el Fisco -sea este nacional, provincial o local- perciba las cantidades dinerarias que se le adeudan en concepto de impuestos, tasas patentes, entre otros, supuestos específicamente previstos, de quienes se encuentran obligados a su pago, más allá del carácter público o privado que esta persona pueda revestir. Es que, además, no existe norma que otorgue sustento a la afirmación efectuada respecto a que no puede dirigirse una ejecución fiscal contra el Estado Nacional (in re «Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional -Armada Argentina, Comando de Transportes Navales s/ ejecución fiscal» , del 17/3/98 (Fallos: 321:525)».

Señaló el apelante que el régimen legal implementado por las leyes 3952 y 23.982 y siguientes de consolidación de deudas contra el Estado, así como las sucesivas leyes de presupuesto en lo pertinente, obstan al desarrollo de un proceso ejecutivo contra el Estado, por cuanto la remisión a la previsión presupuestaria es manifiestamente incompatible con la intimación de pago prevista en este proceso.

Respecto a ello, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fallo citado precedentemente dispuso: «no obstante ello, lo cierto es que la circunstancia que las sumas reclamadas se encuentren sometidas al régimen de consolidación no constituye óbice alguno a la procedencia de la ejecución fiscal (en igual sentido: C.N. Civil y Cam Fed., Sala I, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Estado Nacional Argentino s/ Ejecución Fiscal», del 17/8/04). Ello es así, aun cuando el procedimiento posterior a la sentencia pueda resultar modificado por las normas de orden público que regulan el cobro de las deudas consolidadas contra el Estado (conf.Ley 25.344), ya que no cabe soslayar que la ejecución fiscal no resulta privada de su finalidad en tanto, más allá de la forma de acceder al pago, a través de aquella se ordena judicialmente que se proceda al mismo. Tampoco obsta a la procedencia de la ejecución lo dispuesto por el art. 7° de la ley 3952, en tanto el carácter declarativo de las sentencias contra el Estado sólo tiende a evitar que la Administración pueda verse colocada, por efecto de un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satisfacer el requerimiento judicial por no tener fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración Pública (C.S., Fallos: 295:426; 297:467; 302:349, 322:1201, entre otros), y ello no se verifica en la especie, en atención a los términos que se decide».

3°) La excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la accionada no puede prosperar, toda vez que de los términos del planteo de la accionada surge que lo que ha sido puesto en duda es la legitimidad de la causa de la obligación, extremo no cuestionable en juicios de esta naturaleza (cfr. art. 544 inciso 4° C.Pr.Civ.C.N.), ello sin perjuicio del derecho que asiste al demandado de promover juicio ordinario posterior (art. 553 C.Pr.). En consecuencia, los agravios esgrimidos en este sentido deben ser rechazados (cfr. argumentos Acuerdos de esta Sala «B» n° 96/04, 98/04 y 342/04, entre otros).

Sin perjuicio de ello, se destaca a mayor abundamiento, que la demanda ha sido instaurada contra Ferrocarriles Argentinos y/o el Estado Nacional Argentino, habiendo dicho la jurisprudencia -que cito por compartir- que: «Ha sido correctamente atribuido a los terrenos del ferrocarril como pertenecientes al dominio publico del Estado, toda vez que se trata de un bien o cosa de propiedad estatal afectada a la «utilidad o comodidad común» y publica (art. 2340, I.7°, «In fine», Código Civil), como lo es el servicio publico de transporte ferroviario (cfr. Marienhoff, M., «Tratado de derecho administrativo», tomo V, pág. 25 y sig., y 121). A esta actividad se encuentra consagrada la empresa ferroviaria por la ley 18.360, de la cual la actora (FEMESA) ha resultado sucesora en virtud del decreto 502/91, cuyo art. 1° establece que el capital de la sociedad pertenece al Estado Nacional a través del Ministerio de Economía, en una proporción del 99% (cfr. C.N.Fed.Cont.Adm., Sala I, «Femesa c/ Zanon» del 17.11.1992). A esta le sucedió, en virtud del decreto 1383/96, el ENABIF, al cual le fueron transferidos la totalidad de los bienes ferroviarios no concesionados (art. 1°). Y por disolución de ENABIF, por decreto 443/00, le sucedió el organismo nacional de administración de bienes (ONAB), el que tendrá las misiones y funciones del anterior y las establecidas en el decreto 1450/96. Así, la actora ha demostrado que es propietaria del terreno de marras (registro cat astral reconocido y titulo de propiedad agregado). Pertenece al dominio publico estatal en tanto se encuentra afectado indirectamente al servicio de ferrocarriles, y no se lo desafecto expresamente. En análogo sentido, Sala I, causa 22.679/95 «Femesa c/ Vera Juan Roberto Horacio y otros s/ desalojo». del 5.6.2001.» (en autos: ONAB c/ Intrusos y/u ocupantes y/u otros Colegio el Buen Ayre s/ desalojo», causa N° 1042/95; C.N.A.Civ.Com.Fed., Magistrados:De Las Carreras, Farrell; fecha 28/12/2000; publicado en Lex Doctor).

Mediante la Resolución n° 219/2000 del Ministerio de Economía de la Nación, se dispuso en el Artículo 3°: «Declarar transferidos a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo precedente, al ESTADO NACIONAL, los activos y pasivos determinados, y los activos y pasivos contingentes de FERROCARRILES ARGENTINOS (en liquidación)»; en el Artículo 4°: «Encomendar a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo 2°, la percepción de los fondos remanentes de FERROCARRILES ARGENTINOS (en liquidación), en especial la percepción de los créditos que oportunamente se realizaren, como así también la realización de los cobros y pagos que eventualmente pudieren derivarse del proceso liquidatorio de dicho ente, los que se efectivizarán contra las Ordenes de Pago que emita el Servicio Administrativo Financiero de la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio.» y en el Artículo 8°: «Encomendar a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo 2° y hasta tanto se disponga el cierre de su proceso liquidatorio, a la empresa FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA (en liquidación), dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA de este Ministerio, las tareas remanentes del proceso liquidatorio de FERROCARRILES ARGENTINOS (en liquidación), en especial, la realización de todos los actos conducentes al perfeccionamiento de la transferencia de los bienes físicos inmuebles y muebles cuya titularidad y/o disponibilidad ejerciera FERROCARRILES ARGENTINOS (en liquidación). Asimismo, ese organismo tendrá a su cargo, durante el mismo lapso, los trámites de cancelación de deudas por medio de bonos de consolidación y la suscripción de los requerimientos de pago en Bonos de la Deuda Pública.»

Por tanto, en atención a la normativa y jurisprudencia citada, siendo que los terrenos ferroviarios sobre los cuales la Comuna reclama el pago de las tasas de servicios públicos,pertenecen al dominio público estatal, aun cuando la prestación del servicio ferroviario se encontrare concesionada, la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la demandada no habrá de prosperar.

4°) Al prosperar la demanda, habrá de practicarse planilla de la suma a pagar, según lo reclamado y consignado en el «título ejecutivo», comprendiendo los períodos reclamados, debiendo tomarse en consideración lo relativo a la legislación de emergencia aplicable al sublite, según sus respectivos períodos de vigencia, así como la tasa de interés a fijarse.

Para todo ello, habré de remitirme -en lo pertinente- a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «BUSTOS Ramón c/ Provincia de La Pampa y otro» (fallo del 06-03-07), correspondiendo la adecuación de la planilla a practicarse en el caso en estudio, conforme al siguiente criterio:

«. que los intereses se deberán calcular hasta el efectivo pago o hasta el 31 de diciembre de 1999 a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (cont. Causas: S.457.XXXIV «Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios» , pronunciamiento del 19 de agosto de 2004 y R.103.XXXV «Roque Reymundo e Hijos S.A.A.C.I.F.A.I. c/ San Luis, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», sentencia del 7 de junio de 2005). Ello es así, en mérito de que el actor prosiga la ejecución de su crédito contra Calixto Gaete Duarte o contra la Provincia de La Pampa, ya que en este último supuesto, a partir de la fecha indicada y hasta el efectivo pago, se devengarán los accesorios que correspondan según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165).»

En relación al régimen de consolidación de deudas del Estado, el Art. 45 de la Ley N° 26.078 (Presupuesto para el Ejercicio 2006) dispuso que:».En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1° de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la Ley N° 23.928; en el 1° de enero de 2000, para las obligaciones comprendidas en la Ley N° 25.344; y en el 1° de enero de 2002 ó el 1° de septiembre de 2002, para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la Ley N° 25.565 y la Ley N° 25.725.»

5°) Por tanto, corresponde confirmar parcialmente la sentencia recurrida, debiendo adecuarse la planilla a practicarse según la legislación de emergencia y los intereses aplicables en el sublite, conforme a lo dispuesto en las normativas y jurisprudencia citadas; con las costas de la alzada al apelante vencido (Art. 68 C.Pr.Civ.C.N.).

El Dr. Toledo dijo:

Adhiero a las consideraciones y conclusiones del voto del Dr. Bello excepto en lo que hace a la cuestión relativa a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la ejecutada (punto 3°) y la modalidad en que

debe practicarse la planilla correspondiente, (puntos 4° y 5° de su voto) en atención a que los períodos que se reclaman (ver fs. 1) no se trata de deuda consolidada.

En efecto, en relación al punto 3° debo señalar que, si bien considero que debe rechazarse la referida excepción opuesta por la accionada, no comparto los fundamentos expuestos por el vocal preopinante en cuanto sostiene que la cuestión debatida referiría en definitiva al análisis de la causa de la obligación vedada en el juicio ejecutivo.

Al respecto, estimo que resulta aplicable al caso el criterio sostenido por el suscripto en el Acuerdo N° 230/09 en autos «Comuna de Chapuy c/ Ferrocarriles Argentinos y/u ot. (Línea Gral. B. Mitre) s/ Ejecución fiscal» (y Acuerdos Nos.5/10, 6/10, 7/10, entre otros), ocasión en la que se resolvió en una cuestión idéntica a la que refiere estas actuaciones, que no corresponde hacer lugar a la excepción planteada por los fundamentos allí expuestos.

En tales oportunidades sostuve primeramente que se ha dicho que se configura la excepción de falta de legitimación para obrar pasiva en el ejecutado, cuando no media coincidencia entre la persona obligada al pago del crédito tributario y el sujeto pasivo de la pretensión ejecutiva, situación extensible a quien ha demostrado, ante el organismo recaudador, las circunstancias que la eximen de responsabilidad para el pago del tributo (Carlos J. Colombo- Claudio M. Kiper, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado»; tomo V, pág 875).

En relación a los presentes actuados cabe señalar que la actora interpuso la presente demanda de ejecución fiscal contra Ferrocarriles Argentinos

(Línea Gral. B. Mitre, Empresa del Estado Nacional Argentino) y/o Estado Nacional Argentino y/o el actual propietario de los inmuebles que allí se describen y acompañó como título ejecutivo fundante de su pretensión el certificado de deuda por las Tasas y Servicios públicos de alumbrado, mantenimiento de calles, barrido, zanjeo, riego, etc. por los períodos: Agosto año 2006 a Julio año 2008 incluido, por las sumas allí indicadas, estableciéndose que el deudor es Ferrocarriles Argentinos Línea General Bartolomé Mitre (Empresa del Estado Nacional Argentino) y/o el Estado Nacional Argentino y/o el actual propietario de los inmuebles que allí se señalan (fs. 1/5).

Por decreto de fecha 26 de octubre de 2009, el juez federal tuvo por iniciada la presente ejecución fiscal contra Ferrocarriles Argentinos y/o Estado Nacional y/o actual propietario, y ordenó, de conformidad a lo previsto por los artículos 604 y siguientes requerírsele el inmediato pago de la suma reclamada más los intereses y costas estimados provisoriamente por el juez a-quo.

A fs. 21/25 compareció la Dra.María Belén Marin y en ejercicio de su derecho de defensa interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva que estimó pertinente y aclaró que «acredito mi carácter de representante del Estado Nacional, Ministerio de Economía y Producción de la Nación, con copia certificada de la resolución de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción de la Nación n° 156/02 publicada en el boletín oficial el 26/12/02. En consecuencia, me encuentro facultada para representar y/o patrocinar al Estado Nacional en las causas judiciales en que corresponda la intervención del ministerio de Economía en los términos de la Ley 17516 y el Decreto n° 411 del 21 de febrero de 1980, a cargo de las tareas residuales de la Ex Empresa del Estado Ferrocarriles Argentinos. Señalo que la Resolución n° 219/00 del Ministerio de Economía en su artículo 3° resolvió ‘Declarar transferidos a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo precedente (90 días), al Estado Nacional, los activos y pasivos determinados, y los activos y pasivos contingentes de Ferrocarriles Argentinos E.L.».

Por ello, es que no corresponde hacer lugar a la excepción planteada, toda vez, que ha sido la propia excepcionante quien ha comparecido en representación del Estado Nacional asumiendo la representación en todos los asuntos judiciales de la Empresa Ferrocarriles Argentinos; no correspondiendo en los presentes, hacer lugar al desconocimiento de la titularidad de los terrenos, cuyas tasas municipales se reclaman, pues los mismos pertenecen al Estado Nacional, no habiendo el excepcionante incorporado a los presentes prueba alguna que permita concluir, en el estrecho ámbito de conocimien to que ofrece el trámite de la ejecución fiscal, que a la fecha en que se devengó la deuda reclamada no eran de su propiedad (véanse fallos de la C.S.J.N.321:525 y 297:39).

Razón por la cual, corresponde que se confirme la sentencia apelada en cuanto ordenó llevar adelante la presente ejecución fiscal contra el Estado Nacional, rechazándose el recurso presentado con costas a la vencida. Así voto.

La Dra. Vidal dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Toledo en razón del criterio ya sostenido por ambos en numerosos precedentes idénticos al presente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede,

S E R E S U E L V E:

I) Confirmar la sentencia apelada n° 2245/10, en cuanto fue materia de recurso. II) Imponer las costas de la Alzada al apelante vencido (art. 68 C.Pr.Civ.C.N.). III) Regular los honorarios de los profesionales de las partes por su actuación en la Alzada en el 25% de lo que respectivamente se regule en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la CSJN y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 93008471- 2012).- Fdo.: Edgardo Bello- José G. Toledo- Elida Vidal (Jueces de Cámara)- Nora Montesinos (Secretaria de Cámara).-

 

 

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