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El Gobierno puso en marcha la «democratización» del mercado de capitales

LeyesEn el marco de la celebración del 159º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la presidenta Cristina Kirchner anunció los principales cambios que se aplicarán en la reglamentación de la reforma financiera que recae sobre la ley 26.831 del mercado de capitales.
En este sentido, la mandataria anticipó que firmó el Decreto 1023 (se publicará este jueves en el Boletín Oficial), que «tornará definitivamente operativa» a la norma, que a su juicio hará al sistema «más ágil, profundo, eficiente, transparente y seguro».

Asimismo, sostuvo que «la ley impulsará una verdadera federalización en el acceso al mercado de capitales», con el objetivo de llegar a más gente e influir en la economía real de los argentinos.

Más allá del discurso, el nuevo marco regulatorio también otorgará nuevas facultades a la Comisión Nacional de Valores (CNV), especialmente en lo que respecta a la oferta pública de valores negociables y a la intervención de empresas que se encuentran bajo el ámbito de control del organismo que conduce Alejandro Vanoli.
En tanto, los empresarios se muestran expectantes y, a su vez, preocupados por los efectos que estas medidas podrían tener sobre las compañías cotizantes.
Las claves del anuncio
La ley 26.831 fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 27 de diciembre de 2012, y estableció un nuevo régimen para «propiciar un moderno sistema destinado a regular en forma integral todo lo referente a la oferta pública de valores negociables».
Cristina afirmó que se buscará «incorporar tecnología» y que «todas las bolsas estarán intercomunicadas de manera obligatoria», con la finalidad de brindarle al público «un acceso directo a los mercados sin necesidad de contar con un agente de Bolsa».

Además, la mandataria indicó que, adecuándose al cumplimiento de «estándares internacionales», todas las bolsas de valores del país deberán constituirse como sociedades anónimas y «no como asociaciones civiles sin fines de lucro».

La norma apunta tanto a que la CNV facilite la llegada de nuevas empresas al mercado de capitales como así también la habilita para tener mayor injerencia en toda la operatoria bursátil y sobre las asambleas de accionistas de las firmas cotizantes.
Sobre este punto, la Presidenta indicó: «Un agente no va a tener que ser socio de cada bolsa para operar en cada una de ellas, y ni siquiera va a tener que ser mutualizado».
Los primeros pasos hacia el cambio
Sin dudas, la reglamentación de la Ley 26.831 marcará un «antes» y un «después» en lo que respecta al mercado de capitales.

Y también avivará la polémica sobre la posibilidad de que la CNV pueda designar veedores o decida la intervención de una firma y la separación de sus directores bajo el argumento de la «defensa de las minorías».
En este contexto, que preocupa a muchos empresarios, la implementación de la reforma ya va tomando forma.
La semana pasada, la asamblea extraordinaria de accionistas del Merval aprobó la creación de Bolsas y Mercados Argentinos (B&MA), una escisión de su predecesor a través de un aumento de capital realizado mediante un aporte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).
Asimismo, se aprobó su estatuto social y fueron designadas sus autoridades.
«La misión de B&MA es trabajar para que el mercado de capitales argentino atienda en la Argentina. A tal efecto, pondrá la tecnología y la solidez necesaria para que todo inversor, con una computadora personal y una conexión de Internet, de cualquier rincón del país y del mundo, pueda operar toda clase de activo financiero -ya sean acciones, futuros o cheques-, en la plaza local, financiando más eficientemente a las empresas del país», señaló Mario Bagnardi actual titular del Merval y designado director de B&MA.
El patrimonio del B&MA se conforma de la totalidad de las acciones que la Bolsa de Comercio y el Merval poseen en la Caja de Valores -la central depositaria de la Argentina-, más un aporte efectivo de capital.
Así las cosas, en una primera etapa y hasta la incorporación de otros mercados y bolsas, los accionistas del Merval pasan a ser titulares del 50% del capital social del B&MA mediante acciones Clase A, y el restante 50% estará representado por las acciones de Clase B, de las que la BCBA será la titular.
En definitiva, a los accionistas del Merval les corresponde, por cada acción del mismo, unos 250.000 papeles de B&MA de valor nominal $1.
Puntos controvertidos de la reforma
Uno de los aspectos que despierta mayor polémica y para el que se esperan conocer las precisiones de la reglamentación, tiene que ver con el inciso «K» del artículo 20 que habilita a la CNV a disponer la intervención de veedores con facultad de veto y la separación de los órganos de administración de la entidad privada con el fin de proteger a los accionistas minoritarios.

Esta reforma es clave, dado que ahora una «simple» denuncia de un accionista minoritario ante la CNV, respecto de un determinado accionar del directorio -que pueda ser tildado como grave-, podría servir de disparador para que se proceda a la remoción de uno o todos sus miembros por 180 días.
En este contexto, el descontento de las empresas tiene que ver con que, la intervención no deberá pasar a priori por la Justicia, tal como tenía lugar hasta la reforma, y no será un magistrado el que designe al interventor y ordene la separación de los directores.
Por ende, los reclamos judiciales cambiarán de fuero, ya que si bien en el régimen vigente se recurre a la Justicia Nacional en lo Comercial, teniendo en cuenta que se trata de sociedades comerciales de derecho privado, la Ley sancionada establece que el Tribunal será la Cámara Contencioso Administrativa, que algunos letrados ven hoy como más permeable a la influencia oficial.
En este sentido, la falta de un sumario previo para la aplicación de sanciones a las compañías cotizantes, o a sus órganos de administración, antes de iniciarles formalmente una investigación, es otra «limitación» que observan los empresarios para ejercer el derecho de defensa.
En esta línea, la compañía intervenida podrá apelar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que se revoque la resolución de intervención, aspecto que despierta suspicacias. Por lo tanto, sólo eventualmente la firma podrá recurrir a la justicia Contencioso Administrativa.
Asimismo, existen cuestionamientos sobre la posibilidad de que existan mayores agentes que intervengan en forma directa en la compra y venta de papeles bursátiles.
Sucede que la norma eliminó la obligación de reunir la calidad de accionista para que un intermediario pueda operar en un mercado con el propósito de que puedan ingresar otros participantes y, además, delega en la CNV la autorización, registro y regulación de diferentes categorías de agentes.
El nuevo rol de la CNV
Tal como diera cuenta iProfesional, entre las nuevas facultades que, de ahora en más, tendrá el organismo de control -según la nueva ley- se destacan:
– La de designar veedores que podrán vetar las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad.
– Separar a los órganos de administración de la firma por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas.
– Acudir directamente al auxilio de la fuerza pública.
– Requerir al juez competente el allanamiento de lugares privados.
– Iniciar acciones judiciales y reclamar el cumplimiento de sus decisiones.
– Denunciar delitos o constituirse en parte querellante.
Asimismo, puede solicitar todo tipo de información a organismos públicos y a cualquier persona física o jurídica para lograr el cumplimiento de sus funciones.
Otra de las novedades de la norma es que habilita a las universidades públicas a actuar como calificadoras de riesgo o crédito, a la par de instituciones internacionales de larga trayectoria como Moody’s, Fitch Ratings o Standard and Poor’s.
Al día de hoy, calificadoras de las universidades UNSAM (San Martín), Tres de Febrero y la UBA están preparadas para entrar en el negocio, mientras que la de Moreno se presentará en breve.
Por otra parte, se prevé la reducción de la plantilla actual de agentes de Bolsa y una recategorización en tres jerarquías.
Actualmente el mercado cuenta con 180 agentes, de los cuales 50 casi no operan o lo hacen con menos de cinco clientes cada uno.
Por eso, está previsto que los bolseros de menor actividad se reconviertan a una nueva categoría bajo el título de productores, que deberán realizar operaciones a través de unos 60 o 70 «agentes de negociación», la segunda escala.
Por otra parte, también actuarán los denominados agentes de compensación y liquidación, que serán los que podrán garantizar y liquidar las transacciones en el nuevo esquema. Junto a aquellos incluidos en este rango, también se espera que el mercado actúe como avalista, tarea que actualmente lleva adelante el Merval.
Voces
La ley 26.831 «contiene normas groseramente inconstitucionales que lesionan derechos y garantías y, por lo tanto, si los funcionarios públicos las aplican, incurren en responsabilidades personales que, en algún momento, deberán afrontar», consideró el abogado Luis Alejandro Rizzi.
Por otro lado, señaló que «no se define cuáles serían los intereses que podrían ser vulnerados y tampoco se especifica la «gravedad del perjuicio» de los accionistas minoritarios que podrían llevar a la Comisión Nacional de Valores a designar veedores o, lisa y llanamente, a la separación por un plazo de 180 días de los órganos naturales de administración».
«No sería discutible que la Comisión Nacional de Valores estuviera autorizada para solicitar judicialmente la intervención de una sociedad sometida a su control, pero es groseramente inconstitucional que la propia Comisión pueda desplazar, aunque fuere por tiempo limitado, a los órganos naturales de administración», remarcó.
«Además, no se previó la responsabilidad de la gestión de la CNV durante el lapso de la virtual intervención, ya que de eso se trata», indicó.
Por último, el abogado Marcelo A. Camerini destacó que con esta norma «estamos frente a la intervención de la sociedad, pero decidido no por autoridad jurisdiccional sino por un organismo de la administración pública y casi sin posibilidad de que instancia judicial alguna pueda revisar lo actuado administrativamente».

Fuente: Infobae Profesional

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