Se autorizan las salidas laborales de quien se encuentra en prisión al ofrecerse caución y el empleador hacerse responsable del condenado

Despido2Partes: Inc. de solicitud de prisión preventiva en autos B. J. C. s/ abuso sexual agravado

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto

Fecha: 19-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-80060-AR | MJJ80060 | MJJ80060

Se admite el pedido de la defensa de morigerar la prisión preventiva si las salidas autorizadas son laborales -por horas- ofreciéndose caución y el empleador se hizo responsable de buscar y reintegrar al encartado al lugar donde se encuentra cumpliendo la prisión.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el fiscal contra la sentencia que hizo lugar al pedido de morigeración de prisión preventiva, con salida laboral diaria para trabajar por horas regresando al lugar donde cumple la prisión preventiva, resultando la propia empleadora responsable de ir a buscarlo y reintegrarlo a ese sitio, ofreciendo caución lo que evidentemente haría pensar al imputado los perjuicio que su incumplimiento acarrearía y la pena en expectativa por sí sola no alcanza para no acoger la pretensión.

2.-Cabe revocar el decreto de morigeración de prisión preventiva atento la magnitud de la pena en expectativa sin elemento que permita admitir que en caso de mantener su salida laboral -de la cual no existen datos concretos más que el acta escuetamente redactada-, y encarcelamiento nocturno se someterá al proceso, y no tratará de fugar, y ella podrá ser procedente, cuando pudieran razonablemente evitarse la peligrosidad procesal máxime cuando la pena privativa de libertad que le pudiera corresponder, será de ejecución efectiva (del voto en disidencia del Dr. Chasco).

Fallo:

Venado Tuerto, 19 Marzo de 2013.

Y VISTOS: Los presentes autos Nº 5/2013 “INCIDENTE DE SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA EN AUTOS B.J.C. S/ABUSO SEXUAL AGRAVADO”

CONSIDERANDO: Que contra la Resolución N°9 del 29 de enero de 2013 dictada, tras la audiencia pública a tenor de lo preceptuado en el Art. 7 III del C.P.P. por el Dr. Leandro Martin, Juez de Instrucción y por la que resolvió: “Hacer lugar a lo solicitado por la Defensa, morigerando la prisión preventiva que venía sufriendo el imputado B., con un encarcelamiento en la Comisaría de María Teresa, en la medida de lo posible, con salida laboral diaria para trabajar en la empresa “El Boyerito” situada en calle Pedro Loreto 453 de María Teresa, cuyo retiro y devolución quedará a cargo del titular de la empresa empleadora, debiendo firmar el mismo el egreso e ingreso de la Comisaría como así el ingreso y egreso de su lugar de trabajo, debiendo retornar en momentos libres o de descanso que pudiera tener en la jornada diurna, bajo responsabilidad de la dadora de trabajo. Se le impone además una caución real que pesará sobre el vehículo presentado. Previo a efectivizar lo anteriormente dispuesto, ofíciese al Registro del Automotor. Todo esto en la medida que lo ratifique y acepta la dadora de trabajo, siempre con la previsionalidad que todo auto de prisión preventiva morigerada implique, haciéndole saber que el incumplimiento de lo decidido implicará la revocación del beneficio concedido”; interpuso recurso de apelación el Sr. Fiscal de Grado, Dr. Eduardo Lago, el que fuera concedido -en relación y sin efecto suspensivo- por decreto del 30 de enero de 2013.

1.- El Dr. Fernando I. Palmolelli, Fiscal de Cámaras, al expresar agravios solicitó que se revoque la morigeración de prisión preventiva dispuesta en autos.

Explicó que lo expresado por la víctima y la madre de la misma a fs.67 refuerzan -de manera indubitable- los argumentos vertidos por el Fiscal de Grado, al oponerse a la medida y que hace propios.

El Dr. Palmolelli remarcó que se evidencia un riesgo procesal, no sólo basado en la pena en expectativa sino también en la integridad física de la víctima y su familia, dado que el imputado se halla en el mismo ámbito territorial en donde reside la primera y su núcleo familiar.

Recordó que el respeto a las libertades individuales no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino para garantizar que no se frustre la ejecución de una eventual condena por la incomparecencia del reo. Citó jurisprudencia de la CSJSF.

Por lo argumentado, el Dr. Palmolelli solicitó que se revoque la resolución devenida en apelación y que se disponga la continuación de la prisión preventiva dispuesta por el Juzgado de Instrucción de Melincué.

2.- El Dr. Santiago Ruiz, por la defensa de J. C. B., al contestar agravios manifestó que no objeta lo decidido por el A-quo pero dijo no entender porqué se agregó parte de la causa que en nada es tema del presente incidente.

Apuntó a que los dichos de P. y su hija son falaces y remarcó que si bien es cierto que su pupilo no trabajó hasta el día 7/2/12, no lo hizo porque se debía aguardar el embargo sobre el bien trabado y hasta tanto esa medida no se concretara no podía salir a trabajar, hecho que se concretó el 6/2/13 con la llegada del oficio respectivo.

El Dr. Ruiz señaló que entre M.P. y la madre de su defendido existe una historia de viejas rencillas e infidelidades y que nada tiene que ver con B., quien se ve salpicado por el encono entre ambas.

En el mismo sentido, apuntó que es falso que el pueblo tema ante la presencia de B., como plantea la Sra. P.y dijo que prueba de ello es que tiene trabajo en una fábrica de la misma localidad.

Con respecto a las amenazas, destacó que no existen denuncias y reiteró que todo surge tras un problema personal entre P. y la madre de B.

A su criterio, es un hecho y deviene en abstracto analizar la peligrosidad procesal debido a que si su defendido se hubiera querido escapar o fugarse ya lo hubiera hecho. Acotó que B. cumple al pie de la letra con lo impuesto por la resolución de morigeración: está detenido y sólo sale a trabajar.

La Defensa resaltó que no está probado que exista riesgo procesal y que la pena en expectativa por sí sola no alcanza. Destacó que los motivos o argumentos expuestos a fs. 67/68 no prueban la peligrosidad procesal de B.

En el mismo sentido, apuntó que la jurisprudencia utilizada por el Dr. Palmolelli, no es ajustada al caso de autos. Destacó que la mera alusión abstracta al quantum de la pena en expectativa no es fundamento suficiente para no otorgar la atenuación de la prisión preventiva regulada en el art. 346 III del CPP (con más la fianza real) resultando exigible un análisis objetivo del riesgo procesal en el caso concreto a los fines de no suprimir por vía aplicativa el instituto en cuestión.

Por lo expuesto, el Dr. Ruiz solicitó que se confirme la resolución dictada en autos.

II) Corresponde en las presentes actuaciones examinar los agravios del Dr. Fiscal de Cámaras, Dr. Fernando Iván Palmolelli, contra la Resolución N° 9 del 29 de enero de 2013 dictada, tras la audiencia pública a tenor de lo preceptuado en el Art. 7 III del C.P.P. por el Dr.Leandro Martin, Juez de Instrucción y por la que resolvió: “Hacer lugar a lo solicitado por la Defensa, morigerando la prisión preventiva que venía sufriendo el imputado B., con un encarcelamiento en la Comisaría de María Teresa, en la medida de lo posible, con salida laboral diaria para trabajar en la empresa “El Boyerito” situada en calle Pedro Loreto 453 de María Teresa, cuyo retiro y devolución quedará a cargo del titular de la empresa empleadora, debiendo firmar la misma el egreso e ingreso de la Comisaría como así el ingreso y egreso de su lugar de trabajo, debiendo retornar en momentos libres o de descanso que pudiera tener en la jornada diurna, bajo responsabilidad de la dadora de trabajo. Se le impone además una caución real que pesará sobre el vehículo presentado. Previo a efectivizar lo anteriormente dispuesto, ofíciese al Registro del Automotor. Todo esto en la medida que lo ratifique y acepta la dadora de trabajo, siempre con la previsionalidad que todo auto de prisión preventiva morigerada implique, haciéndole saber que el incumplimiento de lo decidido implicará la revocación del beneficio concedido”.

Previo al ingreso del análisis del planteo principal corresponde realizar algunas consideraciones. Ante la expresión de la Defensa de B. de no entender el motivo por el que se agregaron fotocopias del expediente al incidente, debe aclarársele que esta Cámara ha dado expresas instrucciones a los magistrados a los fines de que los incidentes referidos a libertad se acompañen con el expediente principal o, por lo menos, con fotocopias de las partes importantes de este, para que ello también pueda ser evaluado en segunda instancia en virtud a que las partes y el Juez de Primera Instancia lo tuvieron a su disposición-.

A fs. 67/68 se agregan declaraciones de la víctima, W.Y.F. y de su madre, M.I.P., realizadas con posterioridad a la resolución de Magistrado.Al respecto entiendo que el Juzgado en lo Penal de Instrucción no debió remitir las declaraciones pues no fueron examinadas al momento de dictarse la resolución impugnada, además de ser perjudiciales para el imputado, pues de tenerlas presente se violaría la doble instancia; debió analizar si con ellas se debía revocar la morigeración dictada y en este caso quedaba en abstracto la apelación, más allá del Derecho de la Defensa de apelar esa nueva resolución. Atento a ello considero que debo resolver la apelación con los elementos que tuvo el juez al resolver en primera instancia y, de ser la resolución confirmatoria, el Magistrado de Instrucción deberá notificar al Fiscal de Distrito las declaraciones mencionadas e investigar esa situación.

La Fiscalía de Cámaras solicitó la revocación de la resolución impugnada. Además de considerar las declaraciones, que no tendré en cuenta por lo manifestado en el párrafo que precede, basó su petición en la pena en expectativa.Cabe destacar que los artículos 346 y 346 III del Código Procesal Penal tienen como fin principal flexibilizar los artículos 298 I y 329 I y II ambos del mencionado cuerpo jurídico -que establecen presunciones abstractas de supuestos que implican peligrosidad procesal, a partir de pautas objetivas, para la resolución de la causa- en tanto permite sustituir la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, por otras medidas de menor gravedad para el imputado cuando no exista peligro de fuga o entorpecimiento probatorio.

De lo manifestado en el párrafo anterior surge que, en nuestro ordenamiento jurídico, la libertad durante el proceso es la norma y la prisión preventiva la excepción, la que sólo se puede establecer en los casos mencionados en los párrafos anteriores.

Para determinarse que no existe peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, el Magistrado debe hacer una ponderación del caso para lo que debe tener en cuenta circunstancias objetivas y subjetivas tales como expectativa de pena, conducta procesal anterior, lugar de residencia, profesión o empleo, ámbito familiar etc., de lo que surgirá la factibilidad de que el acusado sea peligroso o no procesalmente; sobre ello la doctrina ha sostenido “(.) el Juez tiene amplias facultades de ponderación en base al caso concreto, lo que pone de manifiesto un importante componente subjetivo en los márgenes de juzgamiento a tales efectos. Para ello, deberán tenerse en consideración fundamentalmente, las circunstancias personales del imputado relativas a su núcleo familiar, lugar de residencia, oficio, profesión o empleo que desempeña, su comportamiento procesal demostrado hasta ese momento, y demás circunstancias análogas.” ( Eduardo M.Jauchen, Comentario sobre el Código Procesal de Santa Fe páginas 346 y 347, editorial Rubinzal Culzoni, edición del año 2003).

Es cierto que la pena en expectativa coloca al acusado, de ser condenado, en la situación de tener que cumplir pena de prisión efectiva y, además de ello, entiendo que las morigeraciones deben ser cumplidas con total seriedad lo que ha sido el criterio del Magistrado al no hacerla efectivo hasta que no se cumpla con los requisitos exigidos, en este caso la fianza.

La expectativa de pena es de suma importancia a los fines de otorgar o denegar la prisión preventivo o la libertad, pero no debe ser la única circunstancia porque en ese caso estaríamos legislativamente ante la presencia de delitos no excarcelables lo que es opuesto a los principios que surgen de la reforma procesal y de la legislación nacional e internacional.

En este caso el único elemento a examinar en perjuicio del encausado ha sido la pena en expectativa -más allá de las declaraciones de la víctima y su madre sobre las que posteriormente volveré a referirme-, por lo que creo que el Magistrado ha decidido de manera correcta. Además fue estricto al momento de fijar las condiciones para la morigeración en la búsqueda de que las garantías exigidas hagan real el cumplimiento de lo establecido, demostración de ello es que no otorgó la morigeración hasta tanto no se cumplió con la caución y la asunción de responsabilidades por parte de C.F.V. y S.B.B.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la salida establecida por el Magistrado es laboral y por horas regresando al lugar donde cumple la prisión preventiva.Además, la propia empleadora es responsable de ir a buscarlo y reintegrarlo a ese sitio y para completar ello exigió una caución lo que evidentemente haría pensar al imputado los perjuicio que su incumplimiento acarrearía.

Conforme a todo lo manifestado entiendo que se deben rechazar los agravios de la Fiscalía de Cámaras y confirmarse la resolución del Juez de Primera Instancia.

Más allá de lo antedicho, y ante la posibilidad de que el encausado haya violado las condiciones establecidas para la morigeración, considero que se debe ordenar al Juez de Primera Instancia que tenga al imputado a su disposición para ponerlo en conocimiento de los testimonios agregados al incidente a la Fiscalía de distrito y efectuar una investigación al respecto como asimismo una mera evaluación del status coercitivo del imputado.

Voto del Dr. Carlos Chasco

1. Con el mayor de los respetos vengo a plantear mi disidencia con la opinión vertida por los otros distinguidos vocales.

A mi criterio el auto debe ser revocado receptándose la postura del actor penal.

Tal como lo expresa el Sr. Fiscal de Cámaras, sosteniendo el planteo inicial del Sr. Fiscal de primera instancia, nuestro Alto Tribunal Provincial tiene dicho que la magnitud de la pena en expectativa no constituye una pauta inválida para apreciar la peligrosidad procesal y, más concretamente, el peligro de fuga del procesado.

En efecto, la Corte Provincial ha admitido que “.el criterio basado en la magnitud y la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena en expectativa no constituye una pauta inválida para apreciar la peligrosidad procesal, y más concretamente el peligro de fuga del acusado, en tanto la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que debe considerarse para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la Justicia” – Informe 2/97 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – (CSJSF, A. y S. T. 229, pág. 443, 23.12.2008).

2.Analizada la cuestión, y aún dentro del marco de la sistemática del Código que se centra en la idea de libertad mientras se sustancia un proceso penal, entiendo que debe revocarse la decisión sub-examine.

Desde ya dejo en claro que para decidir en la dirección anunciada, no tengo en consideración los aportes probatorios que no fueran conocidos por el Magistrado de grado al resolver esta incidencia por haberse colectado con posterioridad a su decisión. Evalúo con los mismos elementos que tuvo en aquel momento el A-quo.

3. Para abonar mi postura sostengo que no puede dejar de considerarse que el derecho y principio de la libertad del imputado, acepta y admite excepciones de muy variada índole, en tanto no hay derechos absolutos, sino que su ejercicio está sometido a límites y reglamentaciones en relación a otros; y entre ellos, no puede dejar de destacarse que todo ordenamiento procesal, provincial o nacional, como también de orden internacional, igualmente decisiones judiciales, prevén, a partir de un test de necesidad, racionalidad y razonabilidad, la posibilidad de imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad personal, cuando sean necesarias para asegurar la realización del juicio, la ejecución de la sanción que eventualmente se imponga, evitando que en el decurso del proceso se pueda interferir la investigación o la colecta probatoria, tal como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 316:1947), Tribunal que ha reconocido la raigambre constitucional de la prisión preventiva.

También ha dicho el Alto Tribunal Federal que no puede excluirse el legítimo derecho de la sociedad también, a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no solo para asegurar el éxito de la investigación, sino también para garantizar en casos graves -los aquí investigados lo son-, que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparencia del reo; tratándose en definitiva, de conciliar el derecho del individuo con el interés general de no facilitar la impunidad de la delincuencia (Fallos280:297).

Consecuentemente, debe analizarse en cada caso, una ponderación de los elementos que concurren objetiva y subjetivamente, pero racionalmente, con fundamento en hechos y circunstancias concretas, que nos permitan una adecuada prognosis si es posible mantener la morigeración otorgada para así poder sostener si en caso de accederse habrá un concreto riesgo de fuga o entorpecimiento o no sometimiento al proceso, y de acuerdo a las pautas establecidas en los artículos 329 y 329 II del CPP.

Analizado el caso concreto del imputado, se evidencia notoriamente que no hay nada que permita admitir que en caso de mantener su salida laboral -de la cual no existen datos concretos más que el acta escuetamente redactada-, y encarcelamiento nocturno se someterá al proceso, y no tratará de fugar.

En el estado actual de la causa en mi sentir no corresponde la morigeración o atenuación otorgada, ya que ella podrá ser procedente, cuando pudieran razonablemente evitarse la peligrosidad procesal, lo que no avizoro en este momento máxime cuando la pena privativa de libertad que le pudiera corresponder -como lo sostiene el Fiscal de primera instancia- será de ejecución efectiva.

Por todo ello voto por la revocación del decisorio alzado. (VOTO DEL DR. CHASCO).

En definitiva, oídas que han sido las partes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto RESUELVE POR MAYORÍA: 1) Confirmar el decisorio recurrido en cuanto fue motivo de agravios 2) Ordenar al Juez de Primera Instancia que tenga a su disposición al imputado poner en conocimiento de los testimonios agregados al incidente a la Fiscalía de distrito y efectuar una investigación al respecto, como asimismo una mera evaluación del status coercitivo del imputado.

Insértese, Hágase saber y bajen.

FDO: DRES. FERNANDO VIDAL – TOMÁS GABRIEL ORSO – CARLOS ALBERTO CHASCO (VOTO EN DISIDENCIA).

 

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