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Procesan a los imputados por el delito de trata de personas al verificarse la configuración de arbitrariedad en la valoración de la prueba

shutterstock_146428322Partes: C. M. del C. y otros s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 4-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-79857-AR | MJJ79857 | MJJ79857

Se anuló la decisión de Cámara que revocó los procesamientos de los imputados por el delito de trata de personas al verificarse la configuración de arbitrariedad en la valoración de la prueba.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y por mayoría, anular la decisión que revocó el procesamiento dictado, ordenándose remitir las actuaciones a la Cámara a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, pues proporcionar al autor los medios necesarios para la comisión del delito de trata de personas constituye una forma de participación y de grado esencial, lo cual ha sido soslayado por la resolución en crisis, presentándose el análisis de dicha circunstancia como imperativa, máxime al advertirse la contradicción en la valoración de la situación de los diversos imputados; respecto de unos se consideró suficiente para cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos de las figuras imputadas -arts. 127 y 145 bis del CPen.-, mientras que respecto de otros se sostuvo lo contrario.

2.-La arbitrariedad debe entenderse como graves defectos de motivación de una resolución o sentencia que en cuanto al contenido, ésta debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. Es esta última de las exigenciasmencionadas es la que comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión (en el caso, se hizo lugar al recurso de casación promovido por la Fiscalía y por mayoría se anuló la revocación del procesamiento).

3.-Los elementos de juicio satisfacen el grado de probabilidad que exige el art. 306 del C.P.P.N. para convalidar el auto de procesamiento ordenado, pues una de las imputadas resulta ser la propietaria del local en el que su tío llevaba a cabo la actividad prostibularia constatada, en tanto su esposo es presidente de la sociedad en la que este es Director suplente, resultando relevante que el hotel en el que eran alojadas mujeres de nacionalidad paraguaya que eran explotadas sexualmente pertenecía a la sociedad (del voto del Dr. Borinsky).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 55/62 de la presente causa Nro. 316/13 del Registro de esta Sala, caratulada: «C., M. del C. y otros s/recurso de casación»; de la que RESULTA:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, resolvió -en lo que aquí interesa- revocar la resolución dictada por el juez de grado, en tanto decretó el procesamiento de A. R. . S. y M. del C. C. por encontrarlos coautores prima facie responsables de los delitos previstos en los arts. 145 bis, incisos 2º y 3º, 127, 45 y 54, todos del Código Penal, arts. 117, 119 y 120 de la ley 25.871 y art. 17 de la ley 12.331 y declarar la falta de mérito tanto para procesar como para sobreseer a los nombrados del hecho que les fuera imputado (cfr. fs. 42/51 – punto dispositivo II).

II. Que contra lo decidido, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación (fs. 55/62), el que fuera denegado a fs. 63, y concedido por esta Sala IV tras la interposición de la vía directa correspondiente (Reg. Nro. 2446/12, rta. el 17/12/12, cfr. 100/100vta.).

III.Que el recurrente encarriló sus agravios en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, puesto que consideró que la sentencia recurrida resulta arbitraria, tanto por sus graves defectos de motivación, como por haber omitido la subsunción del caso en las reglas de participación criminal.

Respecto a la arbitrariedad invocada, la parte recurrente señaló que el a quo prescindió de valorar elementos causídicos determinantes para la debida resolución de caso y, a REGISTRO NRO. 915/13su vez, realizó una fundamentación aparente para resolver respecto de la responsabilidad de C. y S. en el delito de trata con fines de explotación sexual.

En efecto, el impugnante alegó que, de acuerdo al pensamiento de los Señores Jueces de Cámara, los imputados sólo se habían limitado a alquilar las habitaciones del Hotel «El Paraíso» a J. C. M., lo que revelaría una conducta jurídicamente neutra.

De esta manera, concluyó el recurrente, se estaría omitiendo valorar que, más allá de M., habría un grupo organizado de personas que se dedicaron a traficar mujeres desde la República del Paraguay para ser sometidas sexualmente en Argentina.

Al respecto, el agraviado señaló que en la resolución no se consideraron algunos aportes realizados por los imputados, por caso, que el bar «La Posada» donde las mujeres eran prostituidas y ofrecidas por M. con fines de explotación sexual -conforme lo tuviera por acreditado el tribunal a quo- pertenecía a la sobrina del imputado, M. del C. C.

Dicho extremo acreditaría el indudable conocimiento y voluntad que ésta tenía sobre la situación, máxime teniendo en cuenta lo ostensible de la actividad prostibularia que se desarrollaba.

Afirmar lo contrario, según la parte recurrente, «…desafía seriamente las reglas del sentido común y la lógica y subestima la capacidad de intelección de la imputada…» (ver fs.59).

En tal sentido, el impugnante sostuvo que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata yerra al afirmar que el hotel «El paraíso» era propiedad de S. y C., cuando en realidad pertenecía a la sociedad «Dieluc», conformada tanto por S. -Presidente de la misma- como por M. -quien revestía el cargo de Director suplente-, la que además era titular de la camioneta en la que ingresaban mujeres desde la República del Paraguay.

A ello, suma el agraviado que el domicilio denunciado por los imputados S. y M. era el mismo y que coincidía con la residencia de este último.

Por otro lado, el impugnante observó la autocontradicción en la que incurrió la resolución recurrida, puesto que mientras se valoró en contra de Spaltro la utilización de la camioneta Hilux de la sociedad «Dieluc», no se hizo lo mismo con S., quién resulta Presidente de dicha sociedad, lo que revela que se sancionó a quien realizó un aporte material a la conducta pero no a quién la sostuvo económicamente.

Asimismo, la parte recurrente señaló que A. R. R. S., alias «Pepe», fue sindicado por varias de las mujeres víctimas del delito de trata como dueño de la explotación ilícita, por las tareas de inteligencia y por varios consortes de causa (se citaron al respecto las declaraciones de Carmona, Patroni y Scarpetta).

De este modo, el Ministerio Público concluyó que en el sub examine se investigaba una organización en la que existían varios coautores y que el aporte de C. y S. consistió en hacer todas las inversiones necesarias en infraestructura y medios materiales para obtener el desplazamiento territorial de las mujeres tratadas, lo que les otorga en la complejidad del delito investigado, una actividad distinta a la mera ejecución de la conducta de mano propia.

Por otro lado, el impugnante entendió que se prescindió de considerar a las conductas atribuidas a S. y C. como una participación primaria en los hechos imputados a J. C.M.

En efecto, el recurrente señaló que el fallo aplicó erróneamente el derecho penal de fondo, puesto que mientras declara la falta de mérito de los imputados en relación a la categoría de coautor, prescinde de considerar que las conductas de ambos implicaron una contribución necesaria para los hechos imputados a M.

Así pues, el agraviado cuestiona que mientras a los imputados Spaltro, Scarpetta y Patroni se le abordó específicamente la cuestión de la autoría criminal, no ocurrió lo mismo con S. y C., quienes a entender del Ministerio Público Fiscal aportaron el bar «La Posada» y el hotel «El Paraíso», para que se lleve a cabo la explotación sexual de dieciséis mujeres.

Dicho aporte fue, según el recurrente, claramente intencional. Para ello, resaltó el parentesco entre M., C. y S., su vinculación societaria, lo ostensible de la actividad que desplegaban y los réditos económicos que de ella obtenían.

Finalmente, efectuó expresa reserva del caso federal.

IV. Que realizada la audiencia prevista en el artículo 465 bis, en función del artículo 454 del C.P.P.N. (según ley 26.374), de lo que se dejó constancia a fs. 127, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I. En cuanto a la admisibilidad del recurso articulado, cabe señalar que tal como sostuvo este Tribunal al momento de hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 93/95vta., si bien la decisión recurrida no puede reputársela sentencia definitiva en los términos del art.457 del código adjetivo, puesto que no pone fin al juicio, ni se pronuncia de modo final sobre el hecho imputado, resulta equiparable a tal, por la naturaleza federal del agravio que ha sido debidamente fundado y además puesto que la omisión de su examen, podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (confr. Fallos: 333:2017 , entre muchísimos otros).

II. Sorteado el test de admisibilidad, habré de adentrarme en el análisis de los agravios introducidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Pues bien, en el presente caso se advierte que al analizar la situación de M. del C. C. y A. R. R. S., el a quo sólo cuestionó la valoración jurídica realizada por el juez de grado para delimitar la conducta de los imputados, sin adentrarse en cuestiones que le son propia a la instancia, como lo es el confronte de la prueba reunida.

En efecto, sostuvo el a quo que «…[d]e las constancias de la causa surge que los encartados construyeron un hotel, obtenían el producido económico del mismo (el alquiler de las habitaciones), que M. del C. C. es sobrina y alquilaba el local la Posada a J. C. M. y que éste último forma parte junto con S.de la firma Dieluc S.A….».

Sobre estos elementos, construyó su crítica a la adopción por parte del juez de grado quién sostuviera que el accionar de los nombrados no se correspondía con las expectativas y el rol social que se esperaba de ellos en el caso concreto.

Así, sostuvo que la determinación de un rol no se adecua a nuestro sistema constitucional-penal (puntualmente los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional) en tanto carece de fundamento normativo y que sólo se había reemplazado la prohibición prevista en el tipo penal por la infracción a un rol social no previsto legalmente.

Acto seguido, consideró que definir a los encartados como financista era una tesis prematura y que el criterio de imputación venía a subsanar el déficit probatorio respecto del aspecto subjetivo del tipo penal.

Pues bien, entiendo que más allá de la disquisición jurídica efectuada, lo cierto es que se decretó la falta de mérito de los imputados sin adentrarse en cuestiones probatorias que sustentaran dicha resolución.

En tal dirección, no luce suficiente que se exhorte al juez de grado a continuar con la investigación sin precisar qué medidas de prueba son aquellas que podrían profundizarla.

Ello además, cobra especial relevancia en la medida que la base fáctica brindada por el mismo tribunal resulta prima facie susceptible de una valoración a la luz de las reglas de participación, tal como lo señala el Ministerio Público.

Nótese en tal dirección que, efectivamente, el hecho de proporcionar al autor los medios necesarios para la comisión del delito es una forma de participación y de grado esencial, lo cual ha sido soslayado por la resolución puesta en crisis, puesto que más allá de corresponder o no, a luz de la plataforma fáctica reseñada, el análisis de dicha circunstancia aparece como imperativo.

A tales fines, resulta relevante también la c ontradicción entre la valoración de la situación de M.y los aquí epigrafiados ya que mientras por un lado se consideró suficiente para cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos de las figuras imputadas (artículos 127 y 145 bis del Código Penal) respecto del primero, no fue así con S. y C.

En efecto, respecto de M. se sustentó la confirmatoria en que el mentado «…era dueño… del hotel en el que varias mujeres víctimas del delito de trata de personas dormían y atendían a los clientes de la actividad sexual, asistía diariamente al lugar, daba las órdenes, tenía trato directo y era uno de los que recibía los importantes beneficios económicos de la explotación sexual de las mujeres. Aportó la camioneta de la sociedad para un viaje al Paraguay para traer a las presuntas víctimas.».

Ante este cuadro de situación, se advierten diferencias de criterio sobre plataformas fácticas similares, lo que deriva en un razonamiento arbitrario.

Al respecto, vale señalar sobre la arbitrariedad por graves defectos de motivación de una resolución o sentencia que en cuanto al contenido, ésta debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. Es esta última de las exigencias mencionadas la que comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión.

Ello es así, toda vez que el tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales que determinan el fallo, dentro de las cuales se encuentran los argumentos substanciales para la decisión presentados por la acusación o la defensa, entendiéndose por tales las cuestiones fundamentales sometidas a decisión del juez.

De tal modo, el resolutorio puesto en crisis adolece del desarrollo de los argumentos que determinaron la decisión, de manera que fuera controlable el iter lógico seguido para arribar a la conclusión, evidenciando así una tacha de ilogicidad que lo torna arbitrario.

Sobre estos presupuestos entonces, la decisión recurrida, en este punto, no satisface las exigencias del art. 123 del C.P.P.N.y por tanto, debe ser sancionada con la nulidad de la misma.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 55/62 por los Dres. Daniel Eduardo Adler y Marcelo Colombo y consecuentemente ANULAR el punto II del dispositivo de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo resolutorio conforme a las pautas aquí expuestas.

Tal es mi voto.- El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Coincido en lo sustancial con las consideraciones efectuadas en el voto precedente, por lo que adhiero a la solución allí propuesta.

En efecto, comparto los argumentos desarrollados por el Dr. Gemignani en punto a que la resolución puesta en crisis es portadora de vicios que resienten su fundamentación, descalificándola como acto jurisdiccional válido.

En tal dirección, compulsado el pasaje pertinente del pronunciamiento recurrido, advierto que al momento de dar tratamiento a la situación procesal de los imputados S. y C. -fs. 49 vta./51- la Alzada se ciñó a formular diversas consideraciones de carácter dogmático en punto a la significación jurídica del suceso -que a esta altura del proceso reviste carácter provisorio-, omitiendo profundizar en la valoración de la prueba colectada, tarea que luce imprescindible a fin de dotar de debida fundamentación al cambio de temperamento adoptado.

También soslayó el tribunal de a-quo indicar cuáles son concretamente las diligencias probatorias que estima pertinente producir a fin de profundizar la pesquisa, no resultando suficiente a tal fin la genérica instrucción al juez de grado de «continuar con la investigación» -ver fs.50 vta.- Dichas omisiones privan de motivación suficiente al decisorio, tornándolo arbitrario tal como lo pone de resalto el recurrente, cuyo remedio debe tener favorable acogida.

Es que tal como señalara esta Sala en anterior ocasión, no basta con afirmar que se evaluaron los elementos de convicción, sino que es preciso exponer en forma clara, completa, legítima y lógica, la ponderada justificación de las cuestiones de hecho y de derecho extraídas de ellos, dando razones suficientes del procedimiento intelectual seguido por el juez para adoptar su decisión; la fundamentación de una sentencia no puede ser implícita sino explícita, más cuando la apreciación fáctica puede comprender cuestiones relativas a la calificación legal del hecho que en definitiva se tenga por acreditado (confr., causa nro. 358 «Palacio Benitez, Hugo R. s/recurso de casación», registro nro. 612 del 25/6/96).

Con estas breves consideraciones, adhiero al voto del Dr. Gemignani y emito el mío en igual sentido.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Que por compartir en lo sustancial las consideraciones efectuadas por el distinguido colega que lidera el acuerdo, Dr. Juan Carlos Gemignani, que lleva la adhesión fundada del Dr. Gustavo M. Hornos, adhiero a su voto y a la solución que propicia de hacer lugar al recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (art. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Sólo considero oportuno agregar, a partir de la etapa procesal por la que transita la causa, que los elementos de juicio con los que cuenta el legajo satisfacen el grado de probabilidad que exige el art. 306 del C.P.P.N., para convalidar el auto de procesamiento ordenado por el magistrado de grado (cfr. fs. 3/41). Ello es así, no bien se advierte, sin que se encuentre controvertido en la causa, que M. de C. C., resulta ser la propietaria del local denominado «La Posada» en el que su tío, J. C.M., llevaba a cabo la actividad prostibularia constatada provisionalmente en la causa.

En la misma dirección, cabe señalar que también se encuentra comprobado en autos que A. R. S. -esposo de M. del C. C.-, resulta Presidente de la sociedad «Deliuc», en la que J. C. M., resultaba Director suplente. Lo relevante del caso, es que el hotel denominado «El Paraíso», en el que eran alojadas mujeres de nacionalidad paraguaya que eran explotadas sexualmente por J. C. M., pertenecía a la sociedad que unía a S. y a M.

Tampoco puede soslayarse, asimismo, que a nombre de dicha sociedad, se encontraba registrada una camioneta Toyota Hillux, utilizada presuntamente para ingresar mujeres al país proveniente de la República del Paraguay.

Frente a dicho cuadro de situación, corresponde hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada, debiéndose estar al auto de procesamiento dictado por el magistrado de grado que luce a fs. 3/41 de la presente incidencia; sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal; RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 55/62 por la representación del Ministerio Público Fiscal, sin costas, y, por mayoría, ANULAR el punto II del dispositivo de la resolución obrante a fs. 42/51 de la presente y REMITIR las presentes actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a las pautas aquí establecidas (arts. 471, 530 y 532 del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal invocado por la defensa a fs. 122 (art. 14 ley 48).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Nación (Acordada 15/13, CSJN) y remítase la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

JUAN CARLOS GEMIGNANI

MARIANO HERNÁN BORINSKY

GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:

 

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